Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de octubre de 2015
Deja sin efecto el auto de vista
Nulidad Procesal/ Principios/ Principio de causalidad/ Debe anularse solo los actos independientes que no afectaron el resto de la secuencia procesal.
Los actos de quien actuó sin personería que no afecta el normal desarrollo del proceso, se consideran independientes del resto de los actos procesales; por lo cual, bajo el principio de causalidad debe mantenerse toda la secuencia procesal y anular solo las peticiones y resoluciones emergentes de ese apersonamiento que no acreditó su sucesión procesal.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
Auto Supremo: 990/2015-L de 28 de octubre. Magistrado Relator: Dr. Rómulo Calle Mamani.
“…acusa la representación de INVERSIONES PIRAI S.A. arguyendo que con dicha entidad no tiene relación contractual pues en el instrumento de cesión no figura el nombre del recurrente.
La acusación descrita apunta a la legitimación de INVERSIONES PIRAI S.A. para participar en la presente causa. Para el mismo corresponde señalar que la ´sucesión procesal´ es un instituto doctrinario por el cual se entiende la relación de reemplazo de actuación procesal que se produce cuando el que tiene el ejercicio de las funciones procesales de la parte material es sustituido por otra quien asumirá las consecuencias emitidas por la decisión judicial, esta sucesión tiene que ver con el reemplazo de una persona por otra, respecto al mismo derecho litigado y sobre la misma controversia sustantiva, de acuerdo a las modalidades de la sucesión procesal existen las que son: por causa de muerte, por transmisión de la cosa litigiosa y por disolución de personas jurídicas. La sucesión procesal por sucesión de la cosa litigiosa, tiene que ver con la enajenación de la cosa que se litiga, durante la sustanciación del proceso, por lo que bajo este aporte dogmático corresponderá verificar si en el caso presente se ha generado correctamente la sucesión procesal.
Ahora analizando el reclamo del recurrente, se dirá que de fs. 21 a 42 vta., cursa el instrumento de cambio de objeto y razón social y consecuente modificación de estatutos de la Financiera ACCESO S.A. F.F.P., en cuya cláusula primera se describe los antecedentes relativos a la constitución de sociedad y las modificaciones dentro del rubro de una entidad de intermediación financiera, posteriormente en la cláusula segunda se señala que el objeto social fuera de cobranza (ejecución de cobranza de créditos), con el nombre de ´SERVICIOS DE COBRANZA ACCESO S.A.´, por lo que en fs. 25 vta. se dispuso efectuar la devolución de la licencia de funcionamiento a la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, por lo que a partir del 15 de diciembre de 2004 (fecha de registro en FUNDEMPRESA), la actividad de ACCESO S.A. se encontraría regulada dentro de la actividad general de comercio. Posteriormente, mediante testimonio de la E.P. Nº 650 de 30 de mayo de 2007 (fs. 153 a 172 vta.) relativo a la protocolización del contrato de venta de cartera crediticia (cesión de crédito y otros derechos) suscrito por la Empresa de Servicios de Cobranza ACCESO S.A. en favor de Empresa INVERSIONES PIRAI S.A., en cuyo contenido de forma general se refiere a una cesión de créditos en cuya cláusula quinta señala la transferencia de 14 lotes (fs. 157), refiriendo en la cláusula tercera que el objeto de la cesión fueran los créditos (con y sin ejecución judicial), posteriormente en la descripción del anexo 1 (fs. 162) se hace constar los lotes de forma genérica, sin que se efectúe la descripción (individualización) de los deudores o el número de la operación crediticia como para identificar a los obligados del crédito; por lo que, no se tiene la certeza que el crédito adeudado por el recurrente haya sido objeto de cesión en favor de INVERSIONES PIRAI S.A.; pues ni siquiera se adjunta las publicaciones descritas en la cláusula novena menos una notificación al deudor por la que se le haga conocer que el crédito haya sido cedido a INVERSIONES PIRAI S.A., como lo exige el art. 389 del Código Civil, por lo que al no estar acreditado la cesión del crédito en favor de esta entidad financiera, no podía el Juez admitir la sucesión procesal de ACCESO S.A. a INVERSIONES PIRAI S.A., por lo que la legitimación en la causa de ésta entidad comercial no se encuentra acreditada en la presente causa.
Corresponde señalar que en materia de nulidades procesales se encuentra vigente el art. 109 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, conforme a la disposición transitoria segunda, la misma que señala lo siguiente: ´(EXTENSIÓN DE LA NULIDAD). I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los anteriores ni de los posteriores que sean independientes de aquel. Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración de nulidad, de oficio serán declarados nulos. II. La nulidad de un acto especifico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo que la Ley disponga lo contrario. III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo.´
La extensión de la nulidad es conocida en la doctrina procesal peruana como el principio de causalidad que rige las nulidades procesales, en ese sentido se debe describir si el acto viciado de nulidad - suscitado en la secuencia procesal- podía alterar o modificar los actos anteriores o posteriores al acto viciado, en otras palabras si el acto viciado podía alterar el normal procedimiento desarrollado que afecte los derechos debatidos en la litis. Dicho ello se tiene que el proceso actual se instauró sobre la base de la pretensión de los actores Macario Rodríguez Mendoza y Martina Mamani de Rodríguez en contra de Servicios de Cobranza Acceso S.A., entidad que se apersonó al proceso y asumió defensa en la misma, posteriormente luego de la clausura del período probatorio y los alegatos se apersona INVERSIONES PIRAI S.A. adjuntando la documental de fs. 153 a 183 (personería del apoderado y la compra del crédito), posteriormente se observa la participación de esta entidad comercial y luego de ello se pronuncia la sentencia de fondo. Una vez dictada la sentencia los actores deducen recurso de apelación y emitido el Auto de Vista los mismos recurren de casación, para los cuales INVERSIONES PIRAI S.A. solo contestó los recursos formulados, por lo que las fases de la pretensión principal no fueron alteradas en perjuicio de los recurrentes (parte actora).
Por lo que conforme al principio de causalidad, se reitera, que los actos generados con el apersonamiento de INVERSIONES PIRAI S.A. no afectaron el normal desarrollo del proceso, por lo que solo corresponde anular el decreto de fs. 187, y los proveídos generados como consecuencia de los escritos presentados por INVERSIONES PIRAI S.A., que no afecta a los actos anteriores al apersonamiento de fs. 184 a 186 vta., ni los actos procesales posteriores a dicho apersonamiento que fueron formulados por los actores (recurso de apelación, recurso de casación y otros) y los actos de los operadores judiciales (Sentencia, traslado de apelación, Auto de concesión de recurso de apelación, Auto de Vista, Auto de concesión de recurso de casación y otros) generados luego del apersonamiento -que este Tribunal los considera independientes del resto de los actos procesales- manteniendo toda esa secuencia procesal excepto las peticiones de INVERSIONES PIRAI S.A. sin que ello signifique -que una vez regularizada la observación- pueda solicitar la sucesión procesal, que puede ser invocada en cualquier fase del proceso inclusive en ejecución de sentencia, manteniendo el apersonamiento de ACCESO S.A”.
Por tanto: Anula únicamente los proveídos emergentes del apersonamiento y memoriales presentados por INVERSIONES PIRAI S.A.
Sala Penal
Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán Dra. Maritza Suntura Juaniquina Magistrada Sala Penal
Magistrada Sala Penal
SALA PENAL Auto Supremo: 025/2015-RRC de 13 de enero.
Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina
Derecho Penal/ Derecho Procesal Penal/ Recursos/ Apelación restringida/ Resolución/ Ilegal/ No se puede imponer cargas o procedimientos no previstos por la ley a los litigantes.
La no constancia de notificación con la sentencia, no puede ser atribuida a la parte apelante y menos restringirse su derecho a recurrir porque no hubiese presentado memorial de ratificación del recurso de apelación restringida, al no ser exigible por la norma.
“De los antecedentes referidos, se concluye que la apelación restringida presentada por el imputado Santiago Javier Mamani Mendoza, fue formulada sin que se le hubiere notificado con la Sentencia; sin embargo, no obstante dicha omisión, el recurrente interpuso recurso de apelación restringida. Ahora bien, a efectos de determinar si activó el recurso de apelación dentro del plazo legal, cumple a este Tribunal considerar que de obrados se evidencia que la audiencia de lectura de la Sentencia se la realizó el 26 de agosto de 2010 (fs. 217 y vta.), se notificó con la Sentencia al representante del Ministerio Público el 31 de agosto de 2010 (fs. 218); en tanto que recién el 21 de abril de 2011 se intentó notificar con la Sentencia al coimputado Julio Samo, según informe del Oficial de la Central de Notificaciones, finalidad que no fue cumplida; empero, el recurrente formuló recurso de apelación el 12 de mayo de 2011; es decir, dentro del plazo de los quince días, de haberse intentado notificar a uno de los coimputados; parámetro que bajo el principio pro actione resulta válido para realizar el cómputo del plazo y comprender que el recurrente ejerció su derecho de impugnar la sentencia conforme a ley; por lo que habiéndose ya remitido los actuados ante el Tribunal de apelación, resultaba innecesario ordenar se notifique al recurrente con la sentencia, cuando éste ya formuló su recurso de apelación; en el que además dejó constancia que lo hacía en tiempo hábil y oportuno, en el entendido que independientemente que el acto de notificación con la sentencia, no se hubiere realizado, en la causa en análisis se cumplió con la finalidad; cual es, que el recurrente ejerció su derecho de impugnar la sentencia condenatoria que fue pronunciada en su contra.
Lo precedentemente razonado, concuerda con la postura asumida por esta Sala en etapa de admisibilidad de los recursos de casación. Así se tiene el Auto Supremo 255/2013 de 7 de octubre que en forma expresa señaló: `En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que pronunciado el Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada dispuso la emisión de orden instruida para la notificación personal del recurrente (fs. 99), sin que conste la diligencia respectiva; sin embargo, no es menos 88 SALA PENAL cierto, que el recurrente en el memorial de recurso, hace expresa mención de que fue legalmente notificado con el Auto de Vista de 20 de noviembre de 2012 mediante despacho instruido y que en término legal formula el presente recurso de casación; por lo que estando cumplida la finalidad de la comunicación con la citada Resolución judicial resulta innecesaria una nueva diligencia; en cuyo mérito, se tiene que el recurso fue presentado dentro del plazo legal y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, cumpliéndose de esta manera con el art. 417 del CPP.´
En consecuencia, si bien en obrados no consta la notificación con la Sentencia al imputado, esta omisión no puede serle atribuida, menos restringir su derecho a recurrir de la Sentencia, porque no hubiere presentado memorial de ratificación del recurso de apelación restringida que formuló, exigencia que además de no encontrarse prevista en el procedimiento penal, ha impedido en forma ilegal el ejercicio del derecho fundamental a recurrir y contrariado la doctrina legal de este Tribunal Supremo, quebrantando su deber de cuidado de no asumir decisiones que anulen o impidan el uso de los medios de impugnación, circunstancia en la que se incurre al imponer cargas o procedimientos no previstos por ley a los litigantes; en la causa, la de exigir el memorial de ratificación de su recurso de apelación restringida, porque no existiría en obrados los actuados correspondientes al acto de notificación con la sentencia, omisión que pretendió ser subsanada en forma innecesaria por el Tribunal de Alzada, que devolvió obrados para que se practique el acto de notificación y obligar que el recurrente ratifique su recurso de apelación restringida, cuando éste formuló su recurso dentro del plazo legal. De tal forma que el Tribunal de alzada al haber declarado inadmisible el recurso de apelación restringida, vulneró los derechos a recurrir, de defensa, acceso a la justicia y debido proceso del recurrente; puesto que debió ingresar al análisis de fondo y resolver con la facultad conferida por el art. 398 del CPP; por lo expuesto y evidenciándose que el reclamo del recurrente es evidente y tiene mérito, corresponde a esta Sala dejar sin efecto la Resolución impugnada, con las consecuencias previstas en el art. 419 del CPP”.
Por tanto: Deja sin efecto.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2015.pdf · páginas 83 a 88.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7a38ec867dd2c25b85f5a1cfa84abdcd20319ea653fe1016d094a7ddb2c3265f
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