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AS 209/2014

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 14 de enero de 1983

Improcedente

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
14 de enero de 1983
Recurso
Recurso de casación
Magistrado relator
Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Doctrina

Proceso ordinario sobre Divorcio.

Asistencia familiar tiene entre sus caracteres el ser provisional, pues, su variabilidad está sometida a los parámetros que señala el artículo 28 del Código de Familia consiguientemente no es susceptibles de recurso de casación.

•

Por disposición del artículo 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación es improcedente en los casos previstos por el artículo 262 del mismo Código Adjetivo Civil. Por su parte esta última normativa legal es decir el articulo 262 numeral 3) del referido Código de Procedimiento Civil, dispone que el Tribunal de segundo grado tiene el deber de negar la concesión del recurso de casación y declarar la ejecutoria de la sentencia o auto recurrido, entre otros, cuando no se encuentre previsto en los casos señalados por el artículo 255 Ibídem. Lo cual implica que el Tribunal de casación previamente debe efectuar un juicio de admisibilidad o de procedencia del recurso, pues la apertura de la competencia del Tribunal de casación, para ingresar a resolver sobre el fondo del recurso, depende de que el recurso supere dicho juicio. De lo anotado precedentemente, conforme a la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia las mismas que comparte este Tribunal Supremo debemos señalar que las determinaciones sobre asistencia familiar, por su naturaleza, no causan firmeza y son revisables en cualquier tiempo, por cuanto la asistencia tiene entre sus caracteres el ser provisional, pues, su variabilidad está sometida a los parámetros que señala el artículo 28 del Código de Familia concordante con el artículo 148 del mismo Código, consiguientemente las resoluciones que sobre ella recaigan no son susceptibles de recurso de casación, por no estar inscritas en la previsión del artículo 255 del Adjetivo Civil.” Por tanto: Improcedente.

“Que, el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación, la revisión de las actuaciones procesales de oficio, es decir, es la facultad de anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Auto Supremo: 255 de 27 de junio de 2014. Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Demanda de nulidad de documento de compra y venta de bien inmueble. No puede plantearse una demanda de nulidad de un acto jurídico con fundamentos que hacen a la anulabilidad del contrato.

•

Con esa facultad, ingresando a la revisión de actuados procesales, más concretamente en lo que se refiere a la admisión de la demanda, se tiene lo siguiente: Leída la demanda de fojas 15 a 16 vuelta y 42, es evidente que la misma contiene graves defectos que concluyen perjudicando a la propia actora. Al respecto, la presentación y admisión de una demanda está sujeta a determinados controles ejercitados tanto por el personal del juzgado, el Juez y las propias partes en observancia de lo dispuesto en el artículo 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se establecen los requisitos que debe contener el memorial de demanda al momento de su presentación, así como la facultad otorgada al juzgador cuando una demanda no se ajuste a estas reglas, tal cual prevé el artículo 333 (demanda defectuosa) del mismo adjetivo civil que dispone que el Juez ordene de oficio se subsanen los defectos dentro de un plazo prudencial bajo pena de tenerla como no presentada, sin que esto signifique una negación al derecho que tiene toda persona legalmente capaz de intervenir en el proceso y pedir la protección jurídica del Estado, ejercitando la acción que le permite el ordenamiento jurídico según sea la naturaleza del derecho que invoca. En el caso analizado, la actora pretende fundamentalmente a través de la presente demanda `LA NULIDAD del documento de fecha 14 de enero de 1983 por el que ESTEBAN JIMENEZ MOYA aparece vendiendo´ el lote de terreno objeto de litigio `en favor de los esposos: CECILIO PEZO NUÑEZ y JULIA SALVATIERRA DE PEZO´. Sin embargo, pese a la exposición de los hechos, en sentido que el propietario `aparece vendiendo´, causal de anulabilidad del contrato por falta de consentimiento para su formación conforme al artículo 554 numeral 1) del Código Civil; la demandante de forma incoherente e imprecisa funda su pretensión en el artículo `549´ del Código Civil, que se refiere a los casos de nulidad del contrato; sobre el particular, la anterior Corte Suprema de Justicia estableció que `no puede plantearse una demanda de nulidad de un acto jurídico con fundamentos que hacen a la anulabilidad del contrato, tomando en cuenta que, por la nulidad se cuestiona la existencia del acto jurídico, mientras que la pretensión de anulabilidad reconoce implícitamente que el acto jurídico cuestionado existe pero con vicios de validez. Asimismo, de aceptarse esta confusión, se generaría un atentado al carácter de prescriptibilidad o imprescriptibilidad de ambas acciones. De ahí que, resulta importante la precisión en la demanda cuando de nulidad o anulabilidad de un acto jurídico se trata, a fin que el fallo que recaiga sobre la acción interpuesta genere la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel´ (Auto Supremo Nº 199 de 30 de Mayo de 2011). Por ello, la relación de los hechos y el petitorio expresados, carecen del derecho expuesto sucintamente, en la demanda de la actora. Bajo este razonamiento, correspondía al Juez de primera instancia aplicando lo previsto en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, observar la misma en cuanto a los defectos señalados y en caso de no ser subsanados declarar la no presentación de la demanda. Esta negligencia del juzgador, ha ocasionando un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que fue admitida y tramitada de forma irregular, en perjuicio de las partes, causando inseguridad jurídica y negación a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho aquellas. En otros términos, se ha tramitado un proceso en base a una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en los incisos 5), 6), 7) y 9) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, según el tratadista Alsina, la acción y la demanda son conceptos distintos; así, la demanda, es efectivamente, la forma corriente y hasta más visible del ejercicio de la acción, la cual debe reunir los requisitos formales previstos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, para que se abra la instancia, en tanto que en la acción deben coincidir requisitos de fondo para que sea admitida en la Sentencia (cita el ex Ministro de la Corte Suprema, Dr. José Decker Morales, en su Código de Procedimiento Civil, concordado y comentado). Por otro lado, cabe mencionar que, independientemente del aforismo jurídico `iura novit curia´, es obligación de las partes a tiempo de exponer los hechos que hagan sostenible su pretensión, la mención de las disposiciones legales aplicables al caso que exponen, aspecto que como se dijo precedentemente, no se ha cumplido en el caso concreto. Por consiguiente, al no haber sido observada de oficio la demanda por el Juez de primera instancia en el momento de su presentación, pese a sus defectos formales, ha originado un error de procedimiento que ha culminado en una resolución basada en fundamentos inadecuados en franca vulneración del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia, en su momento, no fue debidamente observada por el Tribunal Ad quem, cual era su deber, en franca omisión de su obligación. Por lo que, tomando en cuenta que las reglas procesales son de orden público y de observancia obligatoria como lo manda imperativamente el artículo 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, por consiguiente corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, ambos del mencionado Código Adjetivo Civil.”

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

Qué resolvió el Tribunal

Anula.

“De lo expuesto se evidencia que la ganancialidad sobre el inmueble ubicado en la avenida Muñoz Reyes N° 460 Zona Cota Cota, hipotecado por la esposa del actor, constituyen, la base legal para accionar la nulidad del contrato de préstamo contenida en Escrituras Pública demandada, solicitando también su reconocimiento de derecho propietario, por lo que el tema desidendum en la sub lite, está orientado a definir fundamentalmente el referido al derecho ganancial alegado, de cuyo resultado puede o no, emerger la nulidad invoca, en la forma como fue demandada por la parte actora, correspondiendo dicha declaratoria a la competencia del Juez en Materia de Familia, por expresa determinación del artículo 380 del Código de Familia, que determina que: `En caso de plantearse una cuestión Civil que dependa de otra familiar, será competente para conocer de ella el Juez de familia´. En consecuencia, el Juez decimocuarto de Partido en lo Civil y Comercial, ante quien se tramitaba la causa, estaba en la ineludible obligación de declarar su incompetencia para conocer la causa y orientar a la parte demandante para que acuda ante el Juez de Partido de turno en lo Familiar o en su defecto una vez presentada la demanda declinar competencia ante dicha autoridad, más de Auto Supremo: 521/2014 de 31 de octubre. Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Proceso ordinario Reconocimiento de Derecho Propietario y Nulidad de contrato.

Cuando en la pretensión este inmerso derechos gananciales, corresponde la competencia del Juez en Materia de Familia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 209/2014 de 12 junio . Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

POR TANTO

Anula.

“Que, el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación, la revisión de las actuaciones procesales de oficio, es decir, es la facultad de anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las Auto Supremo: 276 de 4 de julio de 2014. Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Demanda de litisconsorcio. Obligación del juez de integrar a la litis a quien corresponda, para no generar indefensión.

• resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel. Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes. Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto. Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que de fojas 38 a 40, María del Carmen Lora Zamora interpuso demanda sobre indemnización por enriquecimiento ilegítimo, pago de frutos, más pago de daños y perjuicios, dirigiendo su acción en contra de la empresa El Diario S.A., demanda que fue admitida por el Juez de la causa el 16 de agosto de 2006, conforme consta a fojas 41. En la misma demanda, la actora inscribe respecto el inmueble en litis que `En fecha 19 de octubre de 2000 por E.P. 213/2000 he adquirido del señor Rómulo Carrasco Altieri, la propiedad´. Posteriormente, a fojas 45 y de 28 a 31 vuelta, la empresa demandada reconviene que `el supuesto ‘vendedor’ Sr. Rómulo Carrasco Altieri había efectuado la transferencia de 33% de acciones y derechos del edificio ubicado en la calle Loayza No. 118 a favor de la empresa EL DIARIO S.A. con anterioridad, mediante Escritura Pública No. 036/1995 de 25 de julio de 1995´; del mismo modo, a fojas 153 cursa testifical de Rómulo Ricardo Carrasco Altieri quien señala que `yo jamás firme una transferencia´. Que, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas. Que, de lo expuesto, se tiene que la demanda de fojas 38 a 40, fue interpuesta exclusivamente en contra de la empresa El Diario S.A., sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de Rómulo Ricardo Carrasco Altieri, de ahí que correspondía al Juez a quo integrarle a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de Rómulo Ricardo Carrasco Altieri, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil. Que, los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados importa que deban ser sometidos al proceso, además que debe ser tarea no sólo de las partes, sino del Juez a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.”

POR TANTO

Anula.

”…que en la administración de justicia corresponde aplicar el principio de verdad material a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es el de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez. De lo señalado, se colige que ambas partes dieron por bien hechas dichas actuaciones procesales, al no observar oportunamente a través de los Auto Supremo: 498/2014 de 24 de octubre. Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Nulidad de obrados.

Un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso y le causo indefensión, razonando en contrario, no se puede proceder a anular obrados cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa dentro del mismo y no se hizo valer oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado.

• recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos, más cuando ambas partes tuvieron conocimiento del proceso y asumieron defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso y dándose por notificados con las actuaciones procesales, convalidando los mismos. De este modo, las nulidades procesales respecto a notificaciones ilegales o a falta de estas no proceden por ausencia de un mero cumplimiento de formalidades cuando las mismas cumplieron su finalidad, sino más bien para subsanar estados de indefensión absoluta, hecho no acontecido en la presente causa, comprendiéndose que las nulidades procesales no pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales por una elemental constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna relación con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, lo contrario sería retornar a la anterior administración de justicia y modelo de Estado ya superados”.

POR TANTO

Anula.

“De lo expuesto se evidencia que la ganancialidad sobre el inmueble ubicado en la avenida Muñoz Reyes N° 460 Zona Cota Cota, hipotecado por la esposa del actor, constituyen, la base legal para accionar la nulidad del contrato de préstamo contenida en Escrituras Pública demandada, solicitando también su reconocimiento de derecho propietario, por lo que el tema desidendum en la sub lite, está orientado a definir fundamentalmente el referido al derecho ganancial alegado, de cuyo resultado puede o no, emerger la nulidad invoca, en la forma como fue demandada por la parte actora, correspondiendo dicha declaratoria a la competencia del Juez en Materia de Familia, por expresa determinación del artículo 380 del Código de Familia, que determina que: `En caso de plantearse una cuestión Civil que dependa de otra familiar, será competente para conocer de ella el Juez de familia´. En consecuencia, el Juez decimocuarto de Partido en lo Civil y Comercial, ante quien se tramitaba la causa, estaba en la ineludible obligación de declarar su incompetencia para conocer la causa y orientar a la parte demandante para que acuda ante el Juez de Partido de turno en lo Familiar o en su defecto una vez presentada la demanda declinar competencia ante dicha autoridad, más de Auto Supremo: 521/2014 de 31 de octubre. Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Proceso ordinario Reconocimiento de Derecho Propietario y Nulidad de contrato.

Cuando en la pretensión este inmerso derechos gananciales, corresponde la competencia del Juez en Materia de Familia.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 271 a 276.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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