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AS 873/2017

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 21 de agosto de 2017

Deja sin efecto el auto de vista

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
21 de agosto de 2017
Recurso
Recurso de revisión de sentencia
Magistrado relator
Dra. Rita Susana Nava Durán

Doctrina

Derecho Sustantivo Civil/ Contrato de compraventa/ Nulidad/ Improcedencia/ Por cuestiones sobrevinientes a la formación del contrato que impiden al comprador ejercer la posesión del inmueble.

Por el acta de inspección judicial, se tiene acreditado la existencia física del inmueble en cuestión, por tanto determinado el derecho propietario de los demandantes, en cuanto a la imposibilidad de ejercicio del derecho propietario por parte de los compradores, ya que estos no podrían entrar en posesión del inmueble, dicho aspecto no condice con una causal o vicio que se haya producido a tiempo de la formación del contrato para determinar su invalidez, al contrario representa una cuestión sobreviniente a la formación del contrato y su cumplimiento, por lo que dicho aspecto no puede representar un motivo para determinar la nulidad del contrato.

“En el caso de autos de la revisión de la prueba aportada al proceso, en base a los lineamientos establecidos en el punto III.3 de la doctrina aplicable, se tiene que si bien existe de fs. 1233 a 1235 la Escritura Pública Nº 547/1972, por el que el demandante junto a dos representantes del Sindicato de calzados Morales-Varela, habrían transferido supuestamente el inmueble en favor de Demetrio Murillo Averanga, no es menos evidente que en obrados también cursan antecedentes del proceso de cancelación de anotación preventiva de fs. 328 a 539 y de fs. 654 a 792 contra Humberto Barrón Gumiel y Demetrio Murillo Averanga, por el que mediante Sentencia Nº 124/2014 (fs. 481 a 483) ejecutoriada y registrada en Derechos Reales (fs. 486 vta. y fs. 1144 a 1160).

Sentencia por la que se rehabilito el derecho propietario de los demandados manteniendo vigente la inscripción correspondiente al libro 1 de propiedades de la capital, fs. 77, número 166 del año 1970, a favor de pedro Gonzales, conforme se tiene acreditado por el folio real de fs. 104 y vta., ya que dicho registro de derecho propietario de los demandados había sido dejado sin efecto por sentencia de nulidad de venta emitida por un Juez de mínima cuantía conforme se tiene de fs. 511 a 514; no existiendo en obrados prueba alguna que acredite eficazmente que la Sentencia Nº 124/2014 haya quedado sin efecto; de dicho análisis se concluye que a tiempo de la suscripción de la minuta de transferencia de la cual se pretende la nulidad que data de fecha 26 de febrero de 2015 (fs. 72 a 73 vta.), el derecho propietario de los 61 SALA CIVIL demandados se encontraba vigente -desde el 21 de enero de 2015- conforme se tiene a fs. 104 y vta., como también se tiene señalado en cláusula primera de la minuta de 26 de febrero de 2015, concluyendo en consecuencia que el contrato del cual se pretende la nulidad tiene objeto, que en el caso de autos resulta ser el derecho propietario transferido por Pedro Gonzales Flores y Antonia Morales Pinto de Gonzales en favor de Adolfo Mariscal Espada y Nieves Jael Vildozo Buitrago de Mariscal.

Respecto a la causal contenida en el inc. 2) del art. 549 del CC; por el acta de inspección judicial de fs. 1276 y vta., se tiene acreditado la existencia física del inmueble en cuestión, por tanto determinado el derecho propietario de los demandantes, en cuanto a la imposibilidad de ejercicio del derecho propietario por parte de los compradores, ya que estos no podrían entrar en posesión del inmueble, dicho aspecto no condice con una causal o vicio que se haya producido a tiempo de la formación del contrato para determinar su invalidez, al contrario representa una cuestión sobreviniente a la formación del contrato y su cumplimiento, por lo que dicho aspecto no puede representar un motivo para determinar la nulidad del contrato, por otra parte al existir el objeto del contrato, el fundamento de que la ilicitud del objeto y del contrato radicaría en el hecho de haberse transferido un inmueble del cual no se tenía el derecho propietario deja de tener sentido y fundamento; por lo que tampoco resulta procedente la causal contenida en el art. 549 inc. 2) del CC.

En el caso de la causal contenida en el art. 549 inc. 3) del CC, corresponde precisar que conforme se desarrolló en el punto III.2 de la doctrina aplicable, un contrato con causa ilícita es aquel por el que las partes persiguen una finalidad económico-práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra en la voluntad de la partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo; en dicho entendido se debe tener presente que la causa en el contrato tuvo la finalidad de transferir el derecho propietario del inmueble en cuestión a los ahora demandantes, finalidad que no decanta en un contrato ilegal o prohibido, siendo el motivo que llevo a las partes a suscribir el contrato la disposición del inmueble en cuestión a cambio del precio en dinero para los compradores y la adquisición del derecho propietario para los compradores, por lo que el elemento subjetivo que motivo a los partes para la suscripción de la minuta de transferencia tampoco resulta ilegal o contrario al orden público o las buenas costumbres; resultando errado el criterio de que el hecho de que se habría vendido un inmueble sin tener derecho propietario acredita la causa y motivo ilícito, cuando conforme ya se explicó supra dichos aspectos se enfocan a la finalidad que las partes perseguían en la suscripción del contrato; razones por las que no resulta procedente la causal contenida en el inc. 3 del art. 549 del CC; resultando en consecuencia errado el criterio de los jueces de instancia para determinar la nulidad de la minuta de 26 de febrero de 2015, ya que conforme se fundamentó supra la transferencia en cuestión tiene objeto, resultado evidentes los reclamos de fondo acusados por los recurrentes.

62 SALA CIVIL

En tal entendido toda vez que la pretensión de nulidad del contrato de 26 de febrero de 2015, no resulta procedente en razón a los fundamentos expuestos supra, tampoco corresponde el pago de daños y perjuicios, dispuesto por los jueces de instancia emergente de la declaración de nulidad del contrato antes referido”.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

Qué resolvió el Tribunal

Casa.

63 SALA PENAL Sala Penal

Dra. Maritza Suntura Juaniquina

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 873/2017 de 21 de agosto. Magistrada Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.

POR TANTO

Casa.

63 SALA PENAL Sala Penal

Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Sala Penal

Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán

Magistrada Presidenta Sala Penal 65 SALA PENAL Auto Supremo: 118/2016-RRC de 21 de febrero. Delito: Uso Indebido de Influencias.

Magistrada Relatora: Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán.

Derecho Procesal Penal/ Elementos comunes de procedimiento/ Principios/ Inmediación y continuidad/ Para su nulidad debe demostrarse que la suspensión ocasiona la dispersión de la prueba.

Debe demostrarse de manera indubitable que en efecto las suspensiones alegadas ocasionaron verdaderamente dispersión de la prueba; y por ende, la decisión final se vio afectada por dicho defecto.

“Acusa que el Auto de Vista recurrido, se habría pronunciado respecto a la denuncia de vulneración de los principios de inmediación y continuidad, sin una debida motivación y fundamentación, además de no ajustarse a derecho; por cuanto, no es evidente la afirmación del Tribunal de alzada, en sentido que las 22 audiencias interrumpidas hubieren sido suspendidas por la recargada labor de los jueces, ni mucho menos por la enfermedad de uno de los jueces ciudadanos, además indica que las dos causas señaladas por el Tribunal de alzada no se hallan prescritas como causales de suspensión, por los arts. 335 y 336 del CPP; por lo que, a decir del recurrente, al no haberse desarrollado el juicio de forma ininterrumpida, se habría vulnerado el debido proceso y el principio de legalidad…”.

(…)

“…respecto del recurso de alzada de David Huayllani Copa, si bien en dicho memorial relacionó de manera más detallada y precisa, las fechas y motivos de las suspensiones determinadas durante la realización de la audiencia de juicio oral; sin embargo; tampoco, dicho requisito resulta suficiente, pues tal como se estimó en la doctrina legal aplicable de ultima ratio y que fue glosada en los fundamentos desarrollados precedentemente, es necesario que el Tribunal de alzada tenga los insumos necesarios, para determinar que las reiteradas suspensiones provocaron indefensión a las partes, así como dispersión de la prueba por violación del principio de inmediación, lo que tampoco ocurrió con relación a David Huayllani Copa, no siendo suficiente aclarar que el juicio oral `se efectuó en franca violación del principio de continuidad y celeridad ocasionando dispersión de la prueba y dificultando su valoración´ (sic), pues debe demostrarse de manera indubitable que en efecto las suspensiones alegadas ocasionaron verdaderamente dispersión de la prueba; y por ende, la decisión final se vio afectada por dicho defecto; de lo contrario, no se puede establecer la nulidad por nulidad, por motivos formales, priorizando la justicia formal por encima de la material, extremo inconcebible para el actual sistema procesal penal”.

Por tanto: Deja sin efecto.

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2017.pdf · páginas 60 a 65.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3e2fa97565dc63c989c0cf82e25fcd51bf7d8cbe4246a13959c9c399dd9e7834

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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