B.IA.LEGAL

AS 78/2014

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de marzo de 2014

Anula obrados

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
17 de marzo de 2014
Recurso
Nulidad
Magistrado relator
Dra. Rita Susana Nava Durán

Doctrina

Nuevo Régimen de la Nulidad Procesal

Son de última ratio y sólo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar al proceso.

arts.105 al 109 y vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4), previsiones legales que en lo posterior deben ser tomadas en cuenta por los jueces y tribunales de instancia a la hora de decretar la nulidad de obrados.

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esa situación, se debe procurar siempre en resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.

Con la Ley Nº 025 y la Ley Nº 439 nuevo Código Procesal Civil (esta última aun no vigente en su integridad) se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente”.

“En el caso presente, el Ad quem encuentra como único vicio procesal, defectos en la interposición de la demanda reconvencional de fs. 77-81, indicando que los demandados al haber reconvenido por la nulidad de la Escritura Pública Nº 244/85 de fecha 20 de agosto de 1985 y de acuerdo a sus pretensiones efectuadas en la misma, correspondería la conformación del litis consorcio necesario con las partes que intervinieron en la suscripción de la referida escritura pública conforme señala el art. 67 del Cód. Pdto. Civ., aspecto que no habría sido observado por el A quo dentro de los alcances del art. 333 del mismo cuerpo normativo; en criterio del Tribunal, en caso de conformarse el litis consorcio necesario, tendría que modificarse también la demanda o caso contrario determinar la autoridad jurisdiccional lo que en derecho corresponda; en base a esos fundamentos procedió de oficio a anular obrados hasta fs. 81 vlta., es decir hasta la admisión de la demanda reconvencional. Siendo ese el fundamento del Ad quem para disponer la nulidad de obrados basado esencialmente en la falta de conformación del litis consorcio necesario, y tomando en cuenta la brevedad con la que se encuentra redactada la norma Litisconsorcio / Clasificación.

Litisconsorcio Facultativo y Litisconsorcio Necesario / Definición.

legal del art. 67 del Cód. Pdto. Civ. que regula el litisconsorcio, se hace necesario recurrir al apoyo de la doctrina, la misma que clasifica al litis consorcio en activo, pasivo, mixto, necesario y facultativo; lo que nos interesa para el caso de autos son las dos últimas clasificaciones señaladas, respecto a los cuales el tratadista Enrique Lino Palacios en su obra ‘Derecho Procesal Civil’ Tomo III, indica: ‘El litisconsorcio es facultativo cuando su constitución obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando la pluralizada de sujetos se halla impuesta por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión procesal’. En otra parte de su obra, ampliando el criterio doctrinario manifiesta: ‘Existe litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas, o frente a varias personas, o, simultáneamente, por o frente a varias personas’. En cuanto al litisconsorcio facultativo, indica que éste, ‘… se caracteriza por el hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Por lo tanto, no viene impuesto por la ley o por la naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se halla autorizado por razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho, es decir, respectivamente, sea para evitar la dispersión de la actividad procesal o el pronunciamiento de sentencias contradictorias’. En el caso de autos, debe tenerse presente que la Escritura Pública Nº 244/85 (fs. 14-21) que fue objeto de nulidad a través de la demanda reconvencional por parte de los hoy recurrentes, se trata de un documento de adjudicación por compensación que realizó la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz en favor de 25 personas que figuran como beneficiarias en dicho documento entre las cuales se encuentra la actora principal; en tanto que los hoy recurrentes no figuran como beneficiarios de esas adjudicaciones y por lo tanto no se constituyen en parte integrante de la suscripción de dicho documento, aspecto que tiene su incidencia para el caso de autos en cuanto a la necesidad o no de conformar el litisconsorcio extrañado por el Ad quem. Ante la interposición de la demanda reconvencional de nulidad de la Escritura Pública Nº 244/85, la actora principal Bertha Suarez al haber sido citada con la misma, en el ejercicio de su defensa tenía como una de las alternativas el de hacer valer la excepción de evicción conforme señala el art. 627 del Código Civil y pedir primeramente que se llame al Gobierno Municipal de La Paz para que se integre al proceso y asuma defensa a su favor, toda vez que en la Cláusula Tercera de la Escritura Pública 244/85 se establece de manera expresa las garantías de evicción y saneamiento que debe otorgar la Alcaldía Municipal a favor de los adjudicatarios, o por el contrario ejercer su defensa de manera personal y directa sin la intervención del Gobierno Municipal como decidió hacerlo en el caso presente. Si la actora principal habría optado por hacer valer la excepción de evicción estamos frente a la necesidad de conformar el litis consorcio facultativo con la indicada Institución y no así el litisconsorcio necesario como incorrectamente lo entiende el Ad quem, toda vez que el primero se constituye precisamente como consecuencia de la sola voluntad de la parte litigante que tiene la facultad de pedir o no la conformación del litis consorcio conforme se tiene señalado en la precedente cita doctrinaria, por eso se denomina facultativo. En el caso presente, la actora principal en ejercicio de su derecho a la defensa frente a la demanda reconvencional, resolvió no hacer uso de esa opción o alternativa que la ley le otorga cual es la excepción de evicción y decidió asumir defensa sin la intervención del Gobierno Municipal, descartándose de esta manera la conformación del litis consorcio facultativo.

En el caso presente, el litis consorcio necesario extrañado por el Ad quem podría justificarse siempre y cuando la demanda reconvencional de nulidad hubiere sido interpuesta por los adjudicatarios suscribientes de la Escritura Pública Nº 244/85, caso en el cual sí habría sido necesaria la intervención en el proceso en calidad de litis consorcio necesario de la otra parte contratante que es el Gobierno Municipal de La Paz; aspecto que no ocurre en el caso de autos toda vez que son terceras personas que no forman parte del documento contractual que vienen a ser los recurrentes, quienes interpusieron la demanda reconvencional de nulidad de dicho contrato de adjudicación, con el objeto de atacar al derecho adquirido por la actora, sin que ello suponga generar efectos jurídicos en contra de las partes que intervinieron en ese contrato sino únicamente en el derecho adquirido por la adjudicataria, descartándose de esta manera la conformación del litis consorcio necesario extrañado por el Ad quem por las razones anteriormente expuestas.

Por otro lado, se debe tener presente que de acuerdo al art. 194 del adjetivo civil, la sentencia solo comprende a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas; en el caso presente, como consecuencia de la emisión de la sentencia de primera instancia, ésta no genera directamente ningún efecto contra la Alcaldía Municipal de La Paz.

Si bien la Ley faculta a los jueces y tribunales actuar de oficio en determinados casos, pero esa actuación debe ser dentro de los límites que establece la propia Ley; en el caso presente, el Ad quem en su labor fiscalizadora incurrió en exceso al disponer la nulidad de obrados hasta fs. 81 vlta (admisión de la demanda reconvencional), decisión que no se justifica, por el contrario se encuentran al margen de los alcances que disponen los arts. 16 y 17.III de la Ley 025 del Órgano Judicial, aspecto que va en contra de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, haciéndose por tanto atendible el reclamo del recurrente respecto a la nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada bajo el argumento de no haberse producido el litis consorcio necesario con la participación del Gobierno Municipal”.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

Qué resolvió el Tribunal

Anula

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“… conviene precisar que conforme los términos expuestos en el recurso de casación, el tema de debate se centra en establecer si la citación practicada en el proceso de reivindicación inicialmente intentado por Felicia Flores Albis y Wenseslao Bonifaz Flores contra Victoriano Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa, resultó eficaz para interrumpir la prescripción argüida por éstos últimos en la presente causa como acción reconvencional de usucapión quinquenal.

Al respecto diremos que conforme prevé el art. 134 del Código Civil, ‘Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito’. La prescripción adquisitiva, conforme señala el autor Arturo Alessandri, en su obra Tratado de los Derechos Reales, supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, su no reclamación oportuna. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil.

Siguiendo a Planiol podríamos definir a la interrupción de la prescripción adquisitiva como todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Este queda definitivamente perdido y no se puede computar en el cálculo del plazo de prescripción.

De lo manifestado precedentemente diremos que la actividad del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad, trae la interrupción civil de la prescripción. En ese sentido producirá la interrupción civil de la prescripción, conforme prevé el art. 1503-I del Código Civil, una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. En otras palabras, ‘produce la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, toda petición, toda acción hecha valer ante los Tribunales encaminada a resguardar un derecho amagado, manifestándose clara la voluntad del actor o peticionario de conservarlo y no abandonarlo.’ (Arturo Alessandri R. en Tratado de Los Derechos Reales).

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 1846/2004-R de 30 de noviembre, sobre la diversidad de métodos de interpretación de las normas, entre ellas la sistemática, ha señalado lo siguiente: ‘En este orden, conviene Auto Supremo: 108/2014 de 27 de marzo.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 78/2014 de 17 de marzo. Magistrada Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.

POR TANTO

Anula

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“… conviene precisar que conforme los términos expuestos en el recurso de casación, el tema de debate se centra en establecer si la citación practicada en el proceso de reivindicación inicialmente intentado por Felicia Flores Albis y Wenseslao Bonifaz Flores contra Victoriano Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa, resultó eficaz para interrumpir la prescripción argüida por éstos últimos en la presente causa como acción reconvencional de usucapión quinquenal.

Al respecto diremos que conforme prevé el art. 134 del Código Civil, ‘Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito’. La prescripción adquisitiva, conforme señala el autor Arturo Alessandri, en su obra Tratado de los Derechos Reales, supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, su no reclamación oportuna. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil.

Siguiendo a Planiol podríamos definir a la interrupción de la prescripción adquisitiva como todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Este queda definitivamente perdido y no se puede computar en el cálculo del plazo de prescripción.

De lo manifestado precedentemente diremos que la actividad del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad, trae la interrupción civil de la prescripción. En ese sentido producirá la interrupción civil de la prescripción, conforme prevé el art. 1503-I del Código Civil, una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. En otras palabras, ‘produce la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, toda petición, toda acción hecha valer ante los Tribunales encaminada a resguardar un derecho amagado, manifestándose clara la voluntad del actor o peticionario de conservarlo y no abandonarlo.’ (Arturo Alessandri R. en Tratado de Los Derechos Reales).

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 1846/2004-R de 30 de noviembre, sobre la diversidad de métodos de interpretación de las normas, entre ellas la sistemática, ha señalado lo siguiente: ‘En este orden, conviene Auto Supremo: 108/2014 de 27 de marzo.

Magistrado Relator: Dr. Rómulo Calle Mamani.

Prescripción.

Interrupción Civil de la Prescripción Adquisitiva.

precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la Constitución…”.

“... habrá que considerar que en materia de prescripción, existen supuestos expresamente normados en la ley que determinan la ineficacia de la interrupción de la prescripción, así en nuestro Código Civil encontramos las previsiones establecidas en el art. 1504, por lo que no se puede hablar de la interrupción al término a la prescripción conforme al art. 1503 del Código Civil, en forma aislada, sino que si dicha interrupción hubiera sido o no afectada con la ineficacia de dicha interrupción al tenor del art. 1504 del Código Civil, esto en procura de interpretar la norma acusada de infringida conforme al principio de verdad material que rige la administración de justicia ordinaria establecida en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

En el marco anterior, diremos que en el caso de autos el inicio de la prescripción adquisitiva ordinaria reconvenida por Victoriano Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa, se determina desde la fecha en que el título de propiedad fue inscrito, es decir desde el 10 de noviembre del 2000.

A fs. 153 de obrados cursa fotocopia de la diligencia de citación que en el inicial proceso de reivindicación se habría practicado a Victoriano Buezo y Valentina Durán (Clementina Durán), en fecha 23 de julio de 2003, consiguientemente al tenor de lo previsto por el art. 1503-I del Código Civil, que dispone que: ‘La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente’, se entendería que la prescripción iniciada el 10 de noviembre de 2000 se interrumpió el 23 de julio de 2003 por efecto de la citación practicada. Sin embargo, antes de arribar a esa conclusión, corresponde analizar que, conforme los antecedentes de ese inicial proceso, en grado de apelación se emitió el Auto de Vista Nº SCII-156/2006, de 15 de marzo de 2006, anulando todo lo obrado hasta fs. 6 inclusive, es decir hasta el estado en que el referido proceso sea admitido por el Juez Tercero de Instrucción Civil, nulidad que tuvo en cuenta la competencia del Juez ante quien se sustanció dicho proceso y no la falta de forma o falsedad de la citación practicada (eso conforme al análisis de la prueba en forma parcial), empero de ello analizando la integridad de la prueba aparejada, relativo a la sustanciación de un anterior proceso de reivindicación intentado por los ahora recurrentes se evidencia que en dicha causa se ha generado la perención de la instancia (entendida como Prescripción.

Supuestos en los que la interrupción de la prescripción resulta ineficaz.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 14 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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