B.IA.LEGAL

AS 656/2014

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 18 de diciembre de 2014

Deja sin efecto el auto de vista

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
18 de diciembre de 2014
Recurso
Recurso de revisión de sentencia
Magistrado relator
Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Doctrina

Usucapión decenal, debe ser interpuesta contra el verdadero propietario del inmueble.

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Sala Civil Liquidadora observado por el juez de instancia, no hizo cumplir a cabalidad la exigencia de la norma, dejando que continúe el proceso, vicio procesal pasado por alto por el tribunal de azada, dándose lugar a una demanda defectuosa, vulnerando de esta manera a la garantía constitucional que proclama el derecho de defensa reconocido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado; así como al derecho fundamental de una persona como es el derecho constitucional a la propiedad privada previsto en su artículo 56. Como se describe del Auto Supremo: Nº 220 de 24 de Junio de 2010 en el que se ha desarrollado la siguiente jurisprudencia: `…no habiéndose acreditado por ningún medio la titularidad de ese inmueble, razón por la cual resulta imposible establecer de qué forma los Tribunales de instancia analizaron y establecieron que el bien inmueble objeto de la litis es un bien susceptible de usucapir por encontrarse dentro del dominio privado, y de ser así, quién el titular del mismo, a efectos de determinar la legitimación pasiva. El actuar de los jueces A quo y Ad quem, vicia de nulidad todo el proceso, pues la resolución que en él se dicte será ineficaz en derecho y de ninguna manera otorgará la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél…´. Que al haberse admitido una demanda de esta naturaleza, ciertamente se ha atentado contra los artículos 327 y 333 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando de esta manera a la garantía constitucional que proclama el derecho de defensa, al debido proceso reconocido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado; así como al derecho fundamental de una persona como es el derecho constitucional a la propiedad privada previsto en su artículo 56; razón por la que se aplica la nulidad de obrados. ”Por tanto: Anula.

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Pala Pocial y Administrativa Liquidadora

Sala Civil

“En la litis, se verifica que la parte recurrente deduce el recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista anulatorio de fojas 230 y vuelta, acción totalmente incorrecta…” En ese sentido, ante la solicitud de que se case el Auto de Vista recurrido, es manifiesto el desconocimiento de la naturaleza del fallo, deduciendo equivocadamente la impugnación por este medio, por lo que este Tribunal Supremo, se halla imposibilitado de deliberar en el fondo sobre la base de una Resolución anulatoria de obrados. Que, la línea jurisprudencial asumida en ese sentido se justifica plenamente en razón a que cuando el Tribunal de Alzada anula obrados, lo que hace es examinar los actos procesales realizados en primera instancia y en esa labor, no ingresa a resolver el fondo de la controversia planteada, sino, simplemente, en consideración de la normativa adjetiva, revisa el orden del proceso y en caso de advertir error en su sustanciación, al emitir la Resolución de Alzada anulatoria de obrados, que deberá ser cuestionada necesariamente mediante el recurso de casación en la forma. Por tanto: Improcedente.

“…Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la Ley Nº 1178, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal.” El coactivado recurre de casación expresando que, no habiéndose realizado actuado procesal alguno durante más de diez años, situación contemplada en el artículo 40 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, el Juez dictó Sentencia omitiendo analizar que el hecho que dio lugar a la responsabilidad civil o daño económico es anterior a ese año, habiendo desde la fecha del informe de auditoría hasta el Auto de admisión de demanda el 3 de febrero de 2006 transcurrido más de 17 años.

Auto Supremo: 06, de 18 de agosto de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Contra una resolución de alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo.

Auto Supremo: 008, de 18 de agosto de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Nuñez Villegas.

Prescripción en materia coactivo fiscal. opera a los diez años.

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Sala Civil

Bajo estas premisas, (…) en concordancia con lo dispuesto por los artículos 1503 y 1505 del Código Civil, a los que nos remite el artículo 40 de la Ley SAFCO, que la notificación con una demanda judicial, la constitución del deudor en mora y el reconocimiento por parte del deudor, agotan las posibilidades de interrupción de la prescripción por parte del titular del derecho de crédito -la Administración Pública-. En tal sentido, el plazo de prescripción de la responsabilidad civil por la función pública recién se interrumpe con la notificación al demandado con la Nota de Cargo, conforme sale de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, con el reconocimiento expreso o tácito que formule el involucrado en el proceso de aclaración previsto en el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 23215 o con el reconocimiento que formule éste en cualquier circunstancia o mediante cualquier instrumento. Haciendo el cómputo respectivo desde el último actuado procesal acaecido en fecha 17 de abril de 1995 (fojas 175) hasta la admisión de la demanda de 3 de febrero de 2006 (fojas 233) se advierte que transcurrieron 10 años, 9 meses y 17 días aproximadamente, sin que la parte actora hubiera realizado actuación procesal válida a efectos de interrumpir la prescripción que se operaba el 17 de abril de 2005, aspecto que no fue apreciado correctamente por los Tribunales de instancia, por cuanto se cumplió con lo previsto en el artículo 40 de la Ley SAFCO, norma aplicable al caso concreto, por cuanto estuvo vigente al momento de la comisión del hecho denunciado supuestamente como irregular, y por cuyo resultado la Contraloría General de la República encontró indicios de responsabilidad civil, por lo que, este Tribunal colige que la denuncia formulada al respecto resulta ser fundada. Por tanto: Casa y declara la prescripción de la acción.

La uniforme jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo, se ha establecido que por el principio de protección y de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se interrumpe la prescripción en materia social, por cualquier misiva o nota dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo o la presentación de la demanda judicial no importando que ésta sea legalmente notificada al empleador, por cuanto se observa para su aplicación el principio proteccionista relacionado con otros principios como ser: el principio pro operario, expresada en la regla de aplicación de la norma más favorable y la regla de condición más beneficiosa; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos; el principio de la primacía de la realidad; el principio de la razonabilidad; el de buena fe, entre otros; es decir, que en derecho laboral, la prescripción tiene su interpretación restrictiva, ya que Auto Supremo: 20, de 19 de febrero de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

La prescripcion se interrumpe con cualquier reclamo incluso en la via administrativa.

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Sala Civil previene la conservación del derecho, la subsistencia del derecho del trabajador y en definitiva, el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas y no a su pérdida por la vía de la prescripción En el presente caso el reclamo que realizó la actora ante el Ministerio del Trabajo en junio de 2004 y la posterior declinatoria de competencia al Juzgado Séptimo de Trabajo habiéndose radicado la causa en fecha 24 de septiembre de 2005, momento en que la actora ya había activado la vía judicial para el reclamo de sus derechos laborales, en base a ese reclamo simplemente le quedaba formalizar su demanda porque ya no le corría plazo para la prescripción. La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia expresada en el Auto Supremo Nº 258 de 9 de noviembre de 2009 de la Sala Social y Administrativa Primera, señala: “… del principio protectorio adoptado por la legislación vigente, una vez interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda en sede judicial, ya no se puede operar la prescripción …”. Asimismo el Auto Supremo Nº 126 de 17 de marzo de 2004 de la Sala Social y Administrativa, expresa que: “La prescripción en materia social, conforme se anotó en la jurisprudencia sostenida por ésta Corte, puede interrumpirse por reclamo, ya sea directamente ante el deudor, o ante la vía jurisdiccional, pues, el artículo 120 de la Ley General del Trabajo y el artículo 163 de su Decreto Reglamentario regulan la prescripción extintiva de un derecho y no precisamente de una obligación, de modo que su tratamiento tiene referencia en las normas de naturaleza laboral, como el artículo 126 del Código Procesal del Trabajo, cuando hace referencia a que, “la interrupción de la prescripción por la presentación de la demanda por carta del trabajador...”, admitiendo expresamente que la prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda”. En igual caso el Auto Supremo Nº 147 de 7 de abril de 2004 entre otros. Por tanto: Infundado.

...,en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar las sanciones pertinentes, o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, la nulidad de obrados en aplicación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra Auto Supremo: 059, de 16 de septiembre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

De la obligación del juzgador de examinar el proceso, para subsanar de oficio o mandar subsanar cualquier defecto procesal.

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Sala Civil dice: “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.” Norma que se aplica en concordancia con el artículo 90 del mismo cuerpo legal que dispone que: “I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”. Es la especie el proceso es un conjunto sistematizado de actos concatenados entre sí, que se desenvuelven progresivamente con el objeto de llegar a una Sentencia. Al efecto, la ley procesal configura toda una arquitectura de proceso, detallando patrones de los actos a desarrollarse que servirán de modelo en un proceso dado, por lo que, a priori la ley concibe un presupuesto válido de actos procesales ejecutados de manera regular produciendo el efecto requerido que permite llegar a la Sentencia. Se debe considerara que el incumplimiento de algún requisito, forma o procedimiento en el acto procesal, dispuesto por el modelo legal, genera un vicio que no siempre es el mismo en cada caso susceptible de obtener una sanción procesal diversa, entre los que se encuentra la nulidad procesal, que conforme la Sentencia Constitucional Nº 1644/2004-R de 11 de octubre, señala que la nulidad “... consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.” Reviste importancia la nulidad procesal, por el efecto que éste tiene en el transcurrir del proceso considerando los derechos y garantías que podrían ser afectados, situación que se amplifica cuando su aplicación emerge a instancia del juzgador, o sea, de oficio. Argumentando en relación a la nulidad de oficio, se indica que, la procedencia de este por atribución del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, exige la obligación a los jueces y tribunales de alzada y casación, de revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, a objeto de verificar si los juzgadores y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, donde la sanción pertinente siempre es la nulidad de obrados; por lo cual ésta tarea asignada por ley, si bien guarda las formas establecidas en el proceso, empero en muchos casos es pretexto para emprender nulidades inconsistentes, soslayando derechos inherentes a las partes y contraviniendo los principios procesales al tema.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

Qué resolvió el Tribunal

Anula.

“La admisión en el ámbito laboral es formal, toda vez que el único requisito que precisa cumplir el actor trabajador es acomodar su pretensión a la norma que subyace en el art. 117 del Código Procesal del Trabajo, lo cual no inhibe a que en Sentencia el Juez de la causa desestime su pretensión por considerarse incompetente, si de los datos del proceso se llega a tal conclusión, aspectos que emergen de lo previsto en el art. 47 del Código Procesal del Trabajo que dispone: “Cuando un Juez se estime incompetente para conocer por razón de la materia, dictará auto motivado, acto seguido a la presentación de la demanda, declarándolo así, previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. Igual declaración hará al dictar Sentencia absteniéndose en tal caso de entrar en conocimiento del fondo del asunto (…)’”. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: 150, de 18 de junio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Excepción Previa de incompetencia.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

Si bien en los contratos de prestación de servicios se especificó su naturaleza civil y la inexistencia de relación laboral, empero, se colige que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación. Al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ello es así porque de antecedentes se evidencia que los demandantes prestaron sus servicios bajo dependencia y subordinación, trabajaron por cuenta ajena, es decir, como comercializadores de productos de ENTEL por cuenta de ASFADE INTEGRAL SRL., cancelándoseles una remuneración mensual en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se les impuso. Por otra parte, es preciso recordar que los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables y es nula cualquier convención en contrario, conforme establece el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, prohibición que conforme a la nueva visión de la justicia boliviana implementada por el Estado Plurinacional de Bolivia fue normada, habiéndose emitido varias normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico de la nación, encontrándose entre ellas el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo artículo 5 prevé: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”. Por tanto: Infundado.

“La concurrencia de las características esenciales en un contrato de venta de servicios profesionales, contenidas en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, hacen que éste sea un contrato laboral..”

Auto Supremo: 171 de 27 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

Caracteristicas esenciales de la relacion laboral establecida en el artículo 1 del Decreto Supremo 23570.

Auto Supremo: 172, de 27 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Contratos de venta de servicios profesionales.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

Los contratos de servicios profesionales suscritos por el demandante con la Empresa de Servicios Especiales de Aeropuerto (SEA), especifican la inexistencia de relación obrero patronal, así como la naturaleza civil al señalar “al tratarse de un contrato de venta de servicios profesionales, SEA no tiene obligación ni responsabilidad social y/o laboral alguna con el PROFESIONAL”; sin embargo, en aplicación del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, se determinó que la prestación de servicios se desarrolló bajo una relación obrero patronal, toda vez que concurrieron las características esenciales, previstas en las disposiciones legales citadas. Si bien en los contratos de prestación de servicios profesionales se especificó su naturaleza civil y la inexistencia de relación laboral; empero, se demostró que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral, características que hacen a un contrato laboral, no pudiéndose argüir que se trata de contratos de carácter civil. Por tanto: Infundado.

Que la falta de pago oportuno de salarios no se constituye en causal de retiro indirecto, cabe manifestar que si bien el artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937 establece que en caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, entendiendo por ello que se produce el despido indirecto del trabajador, así también dicho despido indirecto se configura en función a que por culpa atribuible al empleador que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modifica de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o impago del salario. Que ante la falta oportuna del pago de salarios al trabajador, se produjo su despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible a la entidad demandada, pues la doctrina señala que no solamente la rebaja de salarios se constituye en causal de aplicación del artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, sino también cualquier otro hecho que altere las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo, tal es el caso en el presente proceso por el impago al trabajador durante los periodos demandados. Al respecto, debe puntualizarse que los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la Auto Supremo: 189, de 17 de junio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

Salarios devengados, despido indirecto.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con los principios proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral, más aún al tratarse del salario, el cuál conforme al artículo 52 de la Ley General del Trabajo se otorga por el pago del trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde. Por tanto: Infundado.

“… que la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo conforme se desprende de lo previsto en el artículo 109 de la Ley Nº 2492, en relación con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil”. De lo anotado, no se evidencia que el Tribunal Ad quem al confirmar la resolución emitida por el Juez A quo le hubiese denegado el acceso a la justicia o hubiese violado derechos o garantías constitucionales, por cuanto el actor tenía expeditas las vías administrativas para interponer demanda contencioso tributaria, lo cual no ha ocurrido, de ahí que el Tribunal de segunda instancia de manera correcta precisó que el recurrente a través de la presente demanda no está persiguiendo la impugnación de ninguna resolución que determine tributos o aplique sanciones, sino de un proveído emitido en fase de cobranza coactiva, además cabe aclarar que la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo conforme se desprende de lo previsto en el artículo 109 de la Ley Nº 2492, en relación con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto: Infundado.

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Auto Supremo: 192, de 6 de noviembre de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Etapa de cobranza coactiva.

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Auto Supremo: 204, de 11 de noviembre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Reincorporacion en contratos de consultoria.

Sala Social y Administrativa Liquidadora

“Los contratos de consultoría suscritos en base a las Normas Básicas para el del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, no pueden ser sometidos a las leyes laborales, porque se encuentran sujetos a la Ley 1178 y es aplicable el artículo 6 de la Ley del Funcionario Público” El demandante suscribió “Contratos de Consultoría” con FONDESIF desde el 21 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que concluyó dicho contrato, por lo cual solicita su reincorporación; su primer contrato fue por tres meses, los posteriores contratos estaban sujetos a Convocatorias Públicas que lanzó la institución en base a las Normas Básicas para el del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 25964 de 21 de octubre de 2000 y la normativa prevista en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Es decir, se incorporó cuando ya estaba vigente la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario de 27 de octubre de 1999, que entró en vigencia por Ley Nº 2104, de 21 de junio de 2000, por lo cual sus contratos estaban sujetos a la normativa civil y administrativa, no pudiendo aplicarse las normas laborales porque el demandante no se encontraba sujeto a esas disposiciones; y aclarar que el demandante no fue destituido de manera intempestiva toda vez que concluyó sus contrato el 31 de diciembre de 2006, lo que no significa un despido, puesto que al momento de suscribir los contratos se tenía conocimiento de la fecha de conclusión. Por tanto: Infundado

“Que, el art. 48 Parág. III) de la Constitución Política del Estado (2009), dispone: ‘Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos’; es así que bajo este lineamiento constitucional, no pueden negarse derechos adquiridos de los trabajadores que pertenezcan al sector público y privado. Correspondiendo ordinariamente a la categoría de beneficios la indemnización y el desahucio, mientras que entre los principales derechos se encuentran los salarios, las vacaciones y los aguinaldos, denominados también por la doctrina como los ‘derechos adquiridos’. En ese sentido, todos los derechos adquiridos se encuentran consolidados a favor de los trabajadores como los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones, porque son derechos de carácter social que alcanzan a todo trabajador, aunque no se encuentren bajo el régimen de la Ley General del Trabajo; por ello, cuentan con la protección de nuestra Ley Fundamental, al constituir el trabajo la base del orden social y económico del Estado, siendo nulas las Convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos conforme lo dispone el art. 48 Párag. I) y II) de la Constitución Política del Estado”. Por tanto: Infundado

Auto Supremo: 209, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso

Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

“Además, la prueba ya fue valorada en sus respectivas instancias procesales, por tanto se olvida la Fundación recurrente que la valoración de la prueba conforme lo señala el art. 3-j) del Código Procesal del Trabajo, está a cargo de los jueces de instancia, sujeta a la libre apreciación y valoración con amplio margen de libertad y conforme a la sana lógica y a los principios laborales que rigen la materia, por tanto, se constituye en una facultad privativa en esas instancias e incensurable en Casación, por lo que el Tribunal supremo no puede fungir como un tribunal más de hecho”. Por tanto: Infundado.

“…debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del Código Procesal del Trabajo. Asimismo, conforme lo determina el art. 3-j) del Código Procesal del Trabajo, uno de los Principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: ‘ Libre Apreciación de la Prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados’, debiéndose considerar que, cuando en el Recurso de Casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los Tribunales de Instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de Autos”. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: Nº 241, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Valoración de la prueba en el recurso de Casación.

Auto Supremo: Nº 247, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Libre apreciación de la prueba.

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Pala Penal Liquidadora

Sala Penal Liquidadora

“…El Código Penal de 1972 se refería en su artículo 17 numeral 4), que constituía causal de inimputabilidad la Embriaguez, cuando esta sea plena y fortuita. Este entendimiento ha sido superado por la reforma de 1997, que formula la inimputabilidad como una causal que excluye la culpabilidad del delito siempre que en el momento del hecho el imputado se encuentre con una grave perturbación de la conciencia que no le permita comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esa comprensión. En el caso presente se afecta la vida de una persona y se juzga al imputado por el delito de tentativa de homicidio, en consecuencia la doctrina legal aplicable no es pertinente ya que la prueba propuesta por el imputado (pericias y declaraciones testificales) no es conducente al descubrimiento de la verdad histórica del delito. De igual forma el imputado no solicito la producción para demostrar esa inimputabilidad sino más bien para demostrar que la herida de bala no era grave y por tanto no podría haber causado la muerte de la víctima. La defensa sostiene que el imputado se encontraba afectado en su conciencia y que no podía conducirse conforme esa comprensión porque había consumido bebidas alcohólicas hasta un grado tal que no podía conducirse normalmente. En ese sentido es importante establecer que para la doctrina penal, entre ellos el Profesor Boliviano Jorge Frias Caballero, que define con claridad esta situación al establecer que: `La embriaguez relativa, semiplena, incompleta escapa por cierto, por definición a la inimputabilidad ya que los problemas que pueden plantearse al respecto se refieren estrictamente a la medida de la pena y dependen de las soluciones que en cada caso estén previstas por las leyes. Algunas opiniones y hasta ordenamientos legales prevén alguna suerte de atenuación y hasta existen dispositivos referidos a la imputabilidad disminuida. No obstante, debe entenderse que en esto casos no debe corresponder disminución alguna ni mucho menos que se pueda apelar a un instituto tal como en la `imputabilidad disminuida´. En efecto, el que delinque bajo un imperio de una perturbación alcohólica que no excluye la imputabilidad debe responder en igualdad de condiciones con cualquier otro caso concreto, en base al dolo o la culpa puesta de manifiesto en el momento del hecho. La ebriedad asume relevancia en cuanto a la responsabilidad sólo cuando es absoluta, total, plena, completa. Es así, que la primera hipótesis a la cual corresponde la inimputabilidad es la intoxicación crónica Auto Supremo: 227, de 25 de agosto de 2014. Magistrado Relator: Dr. Iván Lima Magne.

Derecho Penal Sustantivo / Delitos / Aspectos generales / Exención de responsabilidad.

La embriaguez para que constituya una causa de inimputabilidad debe ser de tal intensidad que quite el uso de la razón, si ello no sucede, la comprensión de la criminalidad o la dirección libre de la voluntad no se habrá perdido, y el sujeto seguirá ejerciendo la posibilidad concreta de distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, o en hacer lo que se quiere.

Sala Penal Liquidadora

– alcoholismo; estado del alcoholista crónico – siempre que concurra en el momento del hecho algunas de las exigencias alternativas de la fórmula mixta. `No existe fundamento válido alguno para excluir este estado patológico de la inimputabilidad: frente a la personalidad morbosamente alterada de intoxicado crónico resulta bizantino perderse en cavilaciones sobre si la ingestión alcohólica (con embriaguez consecuente) fue o no voluntaria. Todo esto con prescindencia de que poco o nada tiene que hacer aquí la pena retributiva ni finalista. Muy al contrario, ella resultará perjudicial, ya que el simple encierro, con la privación ajena, únicamente desencadenará los tremendos fenómenos de carencia que gravarán su anormalidad necesitada de tratamiento médico antes que penal …Fuera de estos casos la intoxicación crónica suele condicionar graves alteraciones morbosas, verdaderas psicosis de carácter más o menos durable o permanente que acarrean la inimputabilidad. Entre ellas corresponde destacar: el delirium tremens, el síndrome alucinatorio (alucinosis), agudo o crónico; el amnésico (psicosis o enfermedad de Korsakoff) y el síndrome paralítico o seudodemencial (demencia alcohólica). A ellos cabe sumar, entre otras manifestaciones patológicas, la dipsomanía y el delirio celotípico propio del bebedor´ (Cfme. Jorge Frías Caballero `Capacidad de culpabilidad penal. La imputabilidad según el art. 34 inc. 1º del Código Penal´ Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1994, ps. 297/299). De acuerdo a la cita expuesta, la embriaguez para que constituya una causa de inimputabilidad debe ser de tal intensidad que quite el uso de la razón si ello no sucede, la comprensión de la criminalidad o la dirección libre de la voluntad no se habrá perdido, y el sujeto seguirá ejerciendo la posibilidad concreta de distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, o en hacer lo que se quiere, aspectos que se dan en el caso concreto pues los tiempos transcurridos entre el disparo, la salida del local y la entrega a la policía demuestran que el imputado no se encontraba en una situación de ebriedad absoluta, total, plena y completa como exige nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina”. Por tanto: Infundado

“Con el fin de establecer la doctrina legal vinculante en relación al delito de alzamiento de bienes o falencia civil, es necesario analizar los elementos del tipo penal objetivo, subjetivo, la antijuricidad de la acción y compatibilizar Auto Supremo: 241, de 29 de agosto de 2014. Magistrado Relator: Dr. Iván Lima Magne.

Derecho Penal Sustantivo / Delitos / Alzamiento de bienes o falencia civil / Elementos / Objetivo y Subjetivo Para la configuración del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, además de los elementos objetivos del tipo penal, debe considerarse el tipo subjetivo, es decir, para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deuda por la vía penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, es necesario que exista dolo directo y no eventual.

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Sala Penal Liquidadora la interpretación judicial con la legislación vigente. El delito se tipifica por el artículo 344 del Código Penal: “El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a sus acreedores…” El alzamiento de bienes consiste en transferir los bienes propios y evitar de esta forma la acción de los acreedores, impidiendo a éstos a cobrar sus créditos. Este derecho de los acreedores se basa en la responsabilidad universal consagrado por el art. 1335 del Código Civil Boliviano que señala: “Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables.” Las obligaciones pecuniarias que se generan en un contrato civil, no pueden ser sancionadas por la vía penal, porque existe una prohibición constitucional expresa señalada por el artículo 117 numeral III de nuestra Constitución que indica: “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u OBLIGACIONES PATRIMONIALES, excepto en los casos establecidos por la ley.” Estas excepciones determinadas por la Ley son las que determina la Ley 1602 de 15 de noviembre de 1994 (Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales), y son únicamente las referidas en su artículo 11 sobre la asistencia familia y artículo 12 en materia de seguridad social y sentencias laborales. En general la prohibición de perseguir penalmente el cumplimiento de obligaciones patrimoniales, definido por el artículo 117 numeral III de la Constitución, encuentra su fundamento en la revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este principio, encuentra su fundamento constitucional por derivación al ser parte del Bloque de Constitucionalidad del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”; y por el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. De esta forma se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla es el caso de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, inclusive es discutible el apremio en relación a obligaciones derivadas de sentencias laborales y de seguridad social.” (..) “TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES O FALENCIA CIVIL. Los elementos del tipo objetivo exigen: (1) Que el imputado no actué como comerciante, esto porque el legislador sanciona la misma acción de los comerciantes bajo el delito de quiebra fraudulenta. El Código de Comercio, en su artículo 4 sostiene que es comerciante la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro; en concordancia con esta norma los artículos 7 y 9 nos refieren a los actos comerciales por conexión y los actos comerciales mixtos. El análisis a realizar por el derecho penal, debe ser realizado por exclusión si la acción de fraude no puede ser perseguida bajo el tipo penal de quiebra, será posible perseguir al imputado por el delito de alzamiento de bienes. El derecho penal se rige por el principio de legalidad y taxatividad de la norma penal, por ello no es posible acudir a las normas comerciales, civiles o tributarias para sancionar el delito. El ciudadano frente a la lectura de la norma debe tener certeza de la acción que no puede realizar. Bajo esa premisa se debe tener presente que en nuestro país esta proscrito el Sala Penal Liquidadora cobro de deudas por la vía penal, el delito de alzamiento de bienes no puede sustituir al sistema civil de cobro de deudas, por ello es central precisar que el tipo objetivo exige la insolvencia de un deudor que no sea comerciante. La insolvencia y la calidad personal de no ser comerciante, serán afirmadas por el querellante (pues se trata de un delito de acción privada) y deberán probarse en el juicio simultáneamente. No es evidente que el imputado deba actuar como no comerciante en el acto fraudulento y ser comerciante en otras actividades (como ocurre en el presente caso); determinada la insolvencia será necesario que el querellante acredite que los actos de defraudación, que llevan a la insolvencia no fueron realizados en el marco de una actividad comercial que pueda ser sometido a un proceso de quiebra fraudulenta; situación que se presenta con el imputado en este caso y por tanto el reclamo del imputado sobre su calidad de comerciante es infundado. (2) Debe existir un derecho de crédito por parte del acreedor-querellante, el crédito puede corresponder a una persona natural, jurídica privada o pública; en este caso existe una relación jurídica validad que ha sido sometida por las partes a acciones por estelionato y acción pauliana; las cuales son objetivamente posibles debido a que este tipo penal no es incompatible, ni requiere que la víctima concluya con el juicio que defina sus derechos y por tanto el reclamo del imputado es infundado (3) El contenido de la obligación debe ser una prestación económicamente evaluable, la obligación no puede entenderse derivada únicamente de un contrato de préstamo, la obligación y la calidad de acreedor es la que se genera conforme a los artículos 291, 293 y 294 del Código Civil; en consecuencia la relación existente por mandato del artículo 614 del Código Civil genera el contenido de obligación, el cual ha sido probado en la causa y evaluado adecuadamente bajo las reglas de la sana critica tanto por la sentencia como por el Auto de Vista, por lo que el reclamo del imputado es infundado en relación a la indebida valoración de fundamentación insuficiente y la falta de valoración legal de la prueba. (4) La ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes (los bienes deben ser de propiedad del deudor), simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes del pago al acreedor, si bien esta acción fue objetivamente realizada existe una errónea aplicación de la ley en cuanto al tipo penal subjetivo que sanciona el delito, el cual debe ser revisado en casación, porque el Auto de Vista no analizo debidamente si la conducta del imputado fue dolosa. TIPO SUBJETIVO.-Para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deudas por la vía penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, conforme expresamos anteriormente. Por ello es necesario que exista dolo directo y no eventual, el imputado debe tener conocimiento de que los bienes ocultados están sujetos al cumplimiento de obligaciones y que su conducta es idónea para causar el perjuicio al acreedor. La conciencia de alzarse, de ocultar sus bienes y además la voluntad de quedar como insolvente. El elemento subjetivo específico, es la intención de causar perjuicio al acreedor y defraudar su legítimo derecho de cobro. El delito no puede ser cometido dolosamente si es que el deudor directamente obligado paga otras deudas, ya que el modo de pago es una decisión estratégica, libre y voluntaria que esta definida por sus mejores intereses, en otras palabras solo el deudor es responsable del pago, su forma, tiempo y prioridad; decir lo contrario sería expropiar su derecho a la libertad contractual y el ejercicio de su libertad de decisión en el manejo de sus negocio y su vida. Esta afirmación solo encuentra un límite en que a las personas que pague sean acreedores legítimos, y que no exista una orden legal de prelación, grados, preferidos o legal establecida para el pago. Por ello Sala Penal Liquidadora si bien las acciones del tipo objetivo configuran el tipo penal y el imputado los ha cometido, no podemos olvidar que también la ley protege al deudor para los casos en que realmente su conducta no constituya el delito de alzamiento de bienes, por no existir el dolo o intensión de defraudar aspecto que ocurre en el presente caso, porque en el proceso se ha establecido que la relación jurídica derivada de la venta de un inmueble (como acción que origina el crédito), genero una obligación a favor del acreedor-querellante, sin embargo no se ha demostrado en el proceso que los actos de insolvencia (ventas) fueran dolosos, porque contrariamente se ha demostrado que los mismos se destinaron al pago de otras obligaciones. El acreedor, busca asegurar el pago del daño que ha sufrido y el pago del resarcimiento civil respectivo, esa obligación civil no puede ser perseguida como fraudulenta, el acreedor en su querella y a lo largo del juicio no sólo debió demostrar la existencia de ventas, sino mas bien debió demostrar que esas ventas fueron dolosas, con dolo directo referido a causarle defraudación aspecto que en el caso no fue demostrado. El acreedor querellante estaba facultado a perseguir la acción penal por estelionato y la acción pauliana civil, las cuales se rigen por sus propias reglas y no afectan a este proceso; sin embargo es necesario que en este proceso no confunda su derecho a ser protegido de un fraude, con un derecho –que no existe- de cobrar deudas por la vía penal. En conclusión el acreedor-querellante no ha demostrado en la causa que la insolvencia fuera dolosa y por tanto corresponde declarar fundado el recurso de casación; extremo que a su vez, demuestra que el Auto de Vista recurrido contradice el invocado precedente en relación al principio de inocencia y la debida fundamentación de la sentencia condenatoria, en cuyo mérito, el motivo alegado por la recurrente en el presente recurso de casación, deviene en fundado, correspondiendo dejar sin efecto aquella Resolución, a los fines de que el Tribunal de apelación, emita nueva Resolución, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el numeral 6 de este fallo, que se constituyen en la doctrina legal aplicable, de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 419 del Código Procesal de la materia.” Por tanto: Deja sin efecto

“De acuerdo al entendimiento de éste máximo Tribunal de Justicia, las garantías establecidas por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y la Ley Adjetiva Penal delimitan el accionar de los Jueces y Tribunales del Estado en relación al principio del non bis in ídem estableciendo la prohibición de una nueva persecución penal cuando una Sentencia Absolutoria ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, Auto Supremo: 244/2014 de 29 de agosto. Magistrada Relatora: Silvana Rojas Panoso.

Principio Non Bis Ídem

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Sala Penal Liquidadora aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias (art. 4 del Código de Procedimiento Penal). El límite establecido a la competencia del Tribunal de Alzada en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal no permite fundamentar otra decisión que no esté relacionada a los agravios llevados en Apelación, en concordancia con lo establecido por el art. 17-II) de la Ley 025, lo contrario significaría actuar más allá de lo pedido al resolver sobre cuestiones que no fueron motivo de agravio siendo así incongruente y lesionando las Garantías del Debido Proceso y la Seguridad Jurídica”.

Por tanto: Deja sin efecto.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. Las hojas 280 a 296 del PDF son imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

Auto Supremo: 656/2014 de 18 de diciembre. Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

POR TANTO

Casa.

Auto Supremo: 82, de 23 de septiembre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Importancia de las pruebas testificales.

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Sala Civil

“la declaración testifical de un testigo, no puede ser determinante en la decisión de un caso conforme lo dispone el artículo 178 del Código Procesal de Trabajo” La afirmación del recurrente de que no se consideró para la emisión del fallo la prueba testifical presentada, el artículo 178 del Código Procesal de Trabajo, dispone: “Un testigo no puede formar por si solo plena prueba, pero sí presunción cuando es hábil, o indicio cuando su declaración se relacione con otros medios de prueba”, asimismo el numeral II del artículo 477 del Código de Procedimiento Civil señala: “Una sola presunción podrá constituir prueba cuando a juicio del juez tuviere caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento”; si bien la declaración el testigo de la parte demandada tiene estricta relación y coherencia con la inspección de visu, tratándose de datos estrictamente técnicos, el juzgador al determinar que éste hecho debería ser sometido y comprobado mediante una prueba pericial obró conforme su sana crítica y en aplicación del artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos especializados…”, concordante con el artículo 188 del Código Procesal del Trabajo que dice: ”Para apreciar o evaluar hechos de carácter científico, artístico o práctico, en primera o segunda instancia, el tribunal podrá recurrir a peritos aunque no lo pidan las partes”. Por tanto: Infundado.

“Respecto a las alegaciones de nulidad de acuerdo a los artículos 1, 2, 4 y 11 Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería, Ley N° 1449,” se establece que en observancia del inciso 3) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252.”, además es importante mencionar que el artículo 67 del Código Procesal del Trabajo, señala: “En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendencia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras iniciadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral.” Consecuentemente resulta ocioso referirse a otros temas. Por tanto: Infundado.

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Auto Supremo: 085, de 23 de septiembre de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Importancia del artículo 67 del Código Procesal del Trabajo.

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Sala Civil

“Los actos de la Administración por los que se determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo…” Continuando con la relación anterior, si el plazo otorgado por ley es de 15 días, pero a través de un acto administrativo de alcance particular, la Administración Tributaria le hace conocer al contribuyente que tiene un plazo de 20 días, indudablemente le indujo a error; pero además, reiterando el carácter de orden público de los plazos procesales, siendo nula cualquier estipulación en contrario, la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada fue correcta, pues lo contrario significaría poner en riesgo el derecho del contribuyente al debido proceso y consecuentemente a su derecho a la legítima defensa. Por lo expresado, no puede desconocerse lo expresado con la pretendida invocación del principio de publicidad, que tiene una significación distinta de la aspirada por el recurrente, confundida quizá con el carácter público de la norma; no obstante, se reitera que en el caso presente, la Resolución Sancionatoria Nº 490/06 se constituye en una acto administrativo de alcance particular, que como acertadamente señaló el Auto de Vista impugnado, indujo a error al contribuyente. Es oportuno aclarar que el cumplimiento de la ley no se basa en presunciones; lo alegado por el recurrente respecto de la presunción juris et de jure, tiene relación con el mandato de la ley, en virtud de lo cual, por imperio de ella, no se admite prueba en contrario. En el presente caso no se encuentra en duda y menos en discusión el plazo señalado por ley para la interposición de la demanda contenciosa tributaria, sino que evidentemente la Administración Tributaria indujo a error al demandante al señalarle un plazo precisamente distinto del que la ley establece. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: 95, de 01 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Acto administrativo indujo a error.

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Sala Civil

“…corresponde tomar en cuenta, la norma contenida en el artículo 1333 del mismo cuerpo legal, que dispone claramente: “El juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias.” La disposición señalada establece que el juzgador no se encuentra obligado a sujetarse a las conclusiones de los peritos y la apreciación de la prueba pericial, está sometido a las reglas de la sana crítica…” Sobre la acusación de vulneración del artículo 1296 del Código Civil (despachos, títulos y certificados públicos), al no atribuir el valor legal que corresponde a los Informes del Auditor Técnico del Juzgado donde se tramitó la causa corresponde tomar en cuenta, la norma contenida en el artículo 1333 del mismo cuerpo legal, que dispone claramente: “El juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias.” La disposición señalada establece que el juzgador no se encuentra obligado a sujetarse a las conclusiones de los peritos y la apreciación de la prueba pericial, está sometido a las reglas de la sana crítica, lo que en el caso de autos evidentemente sucedió, pues fundamentó su resolución señalando que la documentación que fue complementada posteriormente fue insuficiente para levantar los cargos formulados por la auditoría gubernamental, contrariamente a lo que afirma el A quo en su Sentencia al reducir el cargo en el monto de Bs. 276.438.-, precisamente al no estar demostrada la efectiva contraprestación del bien o servicio para los cuales se dispuso el gasto, razón por la cual la responsabilidad civil de la coactivada quedó determinada en su integridad en aplicación del artículo 31 de la Ley Nº 1178, lo que equivale a afirmar que un informe pericial puede probar o no aquello que fue sometido a su consideración, teniendo el mismo valor en ambos casos, siendo que la facultad legal de decidir corresponde al juzgador, con la única condición que la misma no ingrese al ámbito discrecional, lo que en el caso sub lite no fue demostrado; consecuentemente, no se evidencia la vulneración acusada ni error de hecho ni de derecho en la valoración de la prueba. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: 103, de 2 de octubre de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Valor legal de los informes del auditor técnico.

Auto Supremo: 107, de 03 de octubre de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Contravencion del artículo 160 inciso 1) del Código Tributario, Ley N° 2492.

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Sala Civil

“…la alegación del recurrente de que cuenta con un capital que esta dentro el marco del Régimen Simplificado y conforme a la norma tributaria vigente…” Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba procedió a investigar la actividad comercial de venta de carne que realiza la contribuyente Mery Palma Marquina, de acuerdo a las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario vigente, (Ley Nº 2492), que en fecha 9 de septiembre de 2006, verificaron y evidenciaron que la venta efectuada superaba los parámetros definidos en el artículo 2 numeral 2 del Decreto Supremo Nº 27924, que en consecuencia corresponde que la contribuyente este inscrita en el Régimen General y no así en el Régimen Tributario Simplificado en la que se encuentra registrada, de tal manera incurrió en contravención establecida en el artículo 160 inciso 1) del Código Tributario, Ley N° 2492, el que señala que son contravenciones tributarias: “Omisión de inscripción en los registros tributarios”. Por tanto: Infundado.

... se cumple lo ordenado en fecha 15 de octubre de 2008 y mediante Auto de fecha 17 de octubre de 2008, se admite la demanda en mérito al Testimonio Poder referido, en el cual se tiene por apersonado a Gonzalo Molina Sardán en representación de PISABOL S.R.L., siendo resuelta la excepción por la improcedencia debido a que la Jueza admitió el Poder ahora objetado y al declararse probada la excepción, viola el principio de preclusión, agrega que el proceso contencioso tributario se estructura en torno al principio de preclusión por lo que las partes deben ejercer sus facultades procesales dentro de los precisos momentos que marca la ley. La accesibilidad a la justicia y al proceso ha sido reconocido en el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado de 2009 y en el inciso 9) del artículo 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, que se encuentra en plena vigencia. Este principio es un elemento integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, específicamente al derecho de acceso a la justicia, pues debe garantizarse a todo ciudadano que desee someter un asunto a los órganos jurisdiccionales, que obtendrá una respuesta motivada, proporcionada y conforme al ordenamiento legal preexistente. Es necesario hacer notar que es obligación de las partes en un proceso, actuar con lealtad procesal, evitando los fraudes emergentes de un cálculo meditado y abusivo de las falencias del sistema procesal, para provocar dilaciones que luego Auto Supremo: 140, de 16 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

De la preclusión de la fase de subsanaciones sobre la excepción de falta de personería interpuesta por la administración tributaria.

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Sala Civil pretendan imputarse a la administración de justicia, los jueces u operadores, para generar causales de nulidad o de pretendidas vulneraciones a los derechos procesales. Así se pronuncia la Sentencia Constitucional Nº 0239/2007-R de 10 de abril de 2007 reiterando lo expresado en la Sentencia Constitucional Nº 1138/2005-R de 19 de septiembre de 2005, razonamiento aplicable al caso concreto, pues la Administración Tributaria reconoce la personería de Gonzalo Molina Sardán, así como en el certificado de fojas 6, para representar a la empresa PISABOL S.R.L. en sede administrativa; pero en sede judicial observa y cuestiona la personería, lo cual de consumarse degradaría el sistema de valores que protege la Constitución Política del Estado. En síntesis, no basta que la demanda le sea propuesta al juez por una persona cualquiera, sino que es necesario que lo sea por aquella persona a la que la ley considera idónea para estimular, en el caso concreto, la función jurisdiccional, como bien ha reconocido la propia Administración Tributaria demandada durante todo el proceso administrativo de determinación, desconociendo el principio de lealtad procesal, al oponer excepción en sede judicial cuestionando dicha legitimación. La persona que pide la sentencia judicial y aquella respecto de la cual se pide, se encuentran, con relación al hecho invocado, en un situación individual que las hace aparecer como especialmente calificadas para afirmar y contradecir respecto de la materia en cuestión.

POR TANTO

Anula.

“La admisión en el ámbito laboral es formal, toda vez que el único requisito que precisa cumplir el actor trabajador es acomodar su pretensión a la norma que subyace en el art. 117 del Código Procesal del Trabajo, lo cual no inhibe a que en Sentencia el Juez de la causa desestime su pretensión por considerarse incompetente, si de los datos del proceso se llega a tal conclusión, aspectos que emergen de lo previsto en el art. 47 del Código Procesal del Trabajo que dispone: “Cuando un Juez se estime incompetente para conocer por razón de la materia, dictará auto motivado, acto seguido a la presentación de la demanda, declarándolo así, previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. Igual declaración hará al dictar Sentencia absteniéndose en tal caso de entrar en conocimiento del fondo del asunto (…)’”. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: 150, de 18 de junio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Excepción Previa de incompetencia.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

Si bien en los contratos de prestación de servicios se especificó su naturaleza civil y la inexistencia de relación laboral, empero, se colige que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación. Al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ello es así porque de antecedentes se evidencia que los demandantes prestaron sus servicios bajo dependencia y subordinación, trabajaron por cuenta ajena, es decir, como comercializadores de productos de ENTEL por cuenta de ASFADE INTEGRAL SRL., cancelándoseles una remuneración mensual en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se les impuso. Por otra parte, es preciso recordar que los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables y es nula cualquier convención en contrario, conforme establece el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, prohibición que conforme a la nueva visión de la justicia boliviana implementada por el Estado Plurinacional de Bolivia fue normada, habiéndose emitido varias normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico de la nación, encontrándose entre ellas el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo artículo 5 prevé: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”. Por tanto: Infundado.

“La concurrencia de las características esenciales en un contrato de venta de servicios profesionales, contenidas en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, hacen que éste sea un contrato laboral..”

Auto Supremo: 171 de 27 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

Caracteristicas esenciales de la relacion laboral establecida en el artículo 1 del Decreto Supremo 23570.

Auto Supremo: 172, de 27 de octubre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Contratos de venta de servicios profesionales.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

Los contratos de servicios profesionales suscritos por el demandante con la Empresa de Servicios Especiales de Aeropuerto (SEA), especifican la inexistencia de relación obrero patronal, así como la naturaleza civil al señalar “al tratarse de un contrato de venta de servicios profesionales, SEA no tiene obligación ni responsabilidad social y/o laboral alguna con el PROFESIONAL”; sin embargo, en aplicación del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, se determinó que la prestación de servicios se desarrolló bajo una relación obrero patronal, toda vez que concurrieron las características esenciales, previstas en las disposiciones legales citadas. Si bien en los contratos de prestación de servicios profesionales se especificó su naturaleza civil y la inexistencia de relación laboral; empero, se demostró que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral, características que hacen a un contrato laboral, no pudiéndose argüir que se trata de contratos de carácter civil. Por tanto: Infundado.

Que la falta de pago oportuno de salarios no se constituye en causal de retiro indirecto, cabe manifestar que si bien el artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937 establece que en caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, entendiendo por ello que se produce el despido indirecto del trabajador, así también dicho despido indirecto se configura en función a que por culpa atribuible al empleador que incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modifica de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o impago del salario. Que ante la falta oportuna del pago de salarios al trabajador, se produjo su despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible a la entidad demandada, pues la doctrina señala que no solamente la rebaja de salarios se constituye en causal de aplicación del artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, sino también cualquier otro hecho que altere las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo, tal es el caso en el presente proceso por el impago al trabajador durante los periodos demandados. Al respecto, debe puntualizarse que los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la Auto Supremo: 189, de 17 de junio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García.

Salarios devengados, despido indirecto.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con los principios proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral, más aún al tratarse del salario, el cuál conforme al artículo 52 de la Ley General del Trabajo se otorga por el pago del trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde. Por tanto: Infundado.

“… que la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo conforme se desprende de lo previsto en el artículo 109 de la Ley Nº 2492, en relación con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil”. De lo anotado, no se evidencia que el Tribunal Ad quem al confirmar la resolución emitida por el Juez A quo le hubiese denegado el acceso a la justicia o hubiese violado derechos o garantías constitucionales, por cuanto el actor tenía expeditas las vías administrativas para interponer demanda contencioso tributaria, lo cual no ha ocurrido, de ahí que el Tribunal de segunda instancia de manera correcta precisó que el recurrente a través de la presente demanda no está persiguiendo la impugnación de ninguna resolución que determine tributos o aplique sanciones, sino de un proveído emitido en fase de cobranza coactiva, además cabe aclarar que la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo conforme se desprende de lo previsto en el artículo 109 de la Ley Nº 2492, en relación con lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto: Infundado.

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Auto Supremo: 192, de 6 de noviembre de 2014. Magistrado Relator: Dr. D. Humberto Betancourt Chinchilla.

Etapa de cobranza coactiva.

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Auto Supremo: 204, de 11 de noviembre de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Carmen Núñez Villegas.

Reincorporacion en contratos de consultoria.

Sala Social y Administrativa Liquidadora

“Los contratos de consultoría suscritos en base a las Normas Básicas para el del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, no pueden ser sometidos a las leyes laborales, porque se encuentran sujetos a la Ley 1178 y es aplicable el artículo 6 de la Ley del Funcionario Público” El demandante suscribió “Contratos de Consultoría” con FONDESIF desde el 21 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que concluyó dicho contrato, por lo cual solicita su reincorporación; su primer contrato fue por tres meses, los posteriores contratos estaban sujetos a Convocatorias Públicas que lanzó la institución en base a las Normas Básicas para el del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 25964 de 21 de octubre de 2000 y la normativa prevista en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Es decir, se incorporó cuando ya estaba vigente la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario de 27 de octubre de 1999, que entró en vigencia por Ley Nº 2104, de 21 de junio de 2000, por lo cual sus contratos estaban sujetos a la normativa civil y administrativa, no pudiendo aplicarse las normas laborales porque el demandante no se encontraba sujeto a esas disposiciones; y aclarar que el demandante no fue destituido de manera intempestiva toda vez que concluyó sus contrato el 31 de diciembre de 2006, lo que no significa un despido, puesto que al momento de suscribir los contratos se tenía conocimiento de la fecha de conclusión. Por tanto: Infundado

“Que, el art. 48 Parág. III) de la Constitución Política del Estado (2009), dispone: ‘Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos’; es así que bajo este lineamiento constitucional, no pueden negarse derechos adquiridos de los trabajadores que pertenezcan al sector público y privado. Correspondiendo ordinariamente a la categoría de beneficios la indemnización y el desahucio, mientras que entre los principales derechos se encuentran los salarios, las vacaciones y los aguinaldos, denominados también por la doctrina como los ‘derechos adquiridos’. En ese sentido, todos los derechos adquiridos se encuentran consolidados a favor de los trabajadores como los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones, porque son derechos de carácter social que alcanzan a todo trabajador, aunque no se encuentren bajo el régimen de la Ley General del Trabajo; por ello, cuentan con la protección de nuestra Ley Fundamental, al constituir el trabajo la base del orden social y económico del Estado, siendo nulas las Convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos conforme lo dispone el art. 48 Párag. I) y II) de la Constitución Política del Estado”. Por tanto: Infundado

Auto Supremo: 209, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso

Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

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Sala Social y Administrativa Liquidadora

“Además, la prueba ya fue valorada en sus respectivas instancias procesales, por tanto se olvida la Fundación recurrente que la valoración de la prueba conforme lo señala el art. 3-j) del Código Procesal del Trabajo, está a cargo de los jueces de instancia, sujeta a la libre apreciación y valoración con amplio margen de libertad y conforme a la sana lógica y a los principios laborales que rigen la materia, por tanto, se constituye en una facultad privativa en esas instancias e incensurable en Casación, por lo que el Tribunal supremo no puede fungir como un tribunal más de hecho”. Por tanto: Infundado.

“…debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del Código Procesal del Trabajo. Asimismo, conforme lo determina el art. 3-j) del Código Procesal del Trabajo, uno de los Principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: ‘ Libre Apreciación de la Prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados’, debiéndose considerar que, cuando en el Recurso de Casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los Tribunales de Instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de Autos”. Por tanto: Infundado.

Auto Supremo: Nº 241, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Valoración de la prueba en el recurso de Casación.

Auto Supremo: Nº 247, de 23 de julio de 2014. Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Libre apreciación de la prueba.

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Pala Penal Liquidadora

Sala Penal Liquidadora

“…El Código Penal de 1972 se refería en su artículo 17 numeral 4), que constituía causal de inimputabilidad la Embriaguez, cuando esta sea plena y fortuita. Este entendimiento ha sido superado por la reforma de 1997, que formula la inimputabilidad como una causal que excluye la culpabilidad del delito siempre que en el momento del hecho el imputado se encuentre con una grave perturbación de la conciencia que no le permita comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esa comprensión. En el caso presente se afecta la vida de una persona y se juzga al imputado por el delito de tentativa de homicidio, en consecuencia la doctrina legal aplicable no es pertinente ya que la prueba propuesta por el imputado (pericias y declaraciones testificales) no es conducente al descubrimiento de la verdad histórica del delito. De igual forma el imputado no solicito la producción para demostrar esa inimputabilidad sino más bien para demostrar que la herida de bala no era grave y por tanto no podría haber causado la muerte de la víctima. La defensa sostiene que el imputado se encontraba afectado en su conciencia y que no podía conducirse conforme esa comprensión porque había consumido bebidas alcohólicas hasta un grado tal que no podía conducirse normalmente. En ese sentido es importante establecer que para la doctrina penal, entre ellos el Profesor Boliviano Jorge Frias Caballero, que define con claridad esta situación al establecer que: `La embriaguez relativa, semiplena, incompleta escapa por cierto, por definición a la inimputabilidad ya que los problemas que pueden plantearse al respecto se refieren estrictamente a la medida de la pena y dependen de las soluciones que en cada caso estén previstas por las leyes. Algunas opiniones y hasta ordenamientos legales prevén alguna suerte de atenuación y hasta existen dispositivos referidos a la imputabilidad disminuida. No obstante, debe entenderse que en esto casos no debe corresponder disminución alguna ni mucho menos que se pueda apelar a un instituto tal como en la `imputabilidad disminuida´. En efecto, el que delinque bajo un imperio de una perturbación alcohólica que no excluye la imputabilidad debe responder en igualdad de condiciones con cualquier otro caso concreto, en base al dolo o la culpa puesta de manifiesto en el momento del hecho. La ebriedad asume relevancia en cuanto a la responsabilidad sólo cuando es absoluta, total, plena, completa. Es así, que la primera hipótesis a la cual corresponde la inimputabilidad es la intoxicación crónica Auto Supremo: 227, de 25 de agosto de 2014. Magistrado Relator: Dr. Iván Lima Magne.

Derecho Penal Sustantivo / Delitos / Aspectos generales / Exención de responsabilidad.

La embriaguez para que constituya una causa de inimputabilidad debe ser de tal intensidad que quite el uso de la razón, si ello no sucede, la comprensión de la criminalidad o la dirección libre de la voluntad no se habrá perdido, y el sujeto seguirá ejerciendo la posibilidad concreta de distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, o en hacer lo que se quiere.

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– alcoholismo; estado del alcoholista crónico – siempre que concurra en el momento del hecho algunas de las exigencias alternativas de la fórmula mixta. `No existe fundamento válido alguno para excluir este estado patológico de la inimputabilidad: frente a la personalidad morbosamente alterada de intoxicado crónico resulta bizantino perderse en cavilaciones sobre si la ingestión alcohólica (con embriaguez consecuente) fue o no voluntaria. Todo esto con prescindencia de que poco o nada tiene que hacer aquí la pena retributiva ni finalista. Muy al contrario, ella resultará perjudicial, ya que el simple encierro, con la privación ajena, únicamente desencadenará los tremendos fenómenos de carencia que gravarán su anormalidad necesitada de tratamiento médico antes que penal …Fuera de estos casos la intoxicación crónica suele condicionar graves alteraciones morbosas, verdaderas psicosis de carácter más o menos durable o permanente que acarrean la inimputabilidad. Entre ellas corresponde destacar: el delirium tremens, el síndrome alucinatorio (alucinosis), agudo o crónico; el amnésico (psicosis o enfermedad de Korsakoff) y el síndrome paralítico o seudodemencial (demencia alcohólica). A ellos cabe sumar, entre otras manifestaciones patológicas, la dipsomanía y el delirio celotípico propio del bebedor´ (Cfme. Jorge Frías Caballero `Capacidad de culpabilidad penal. La imputabilidad según el art. 34 inc. 1º del Código Penal´ Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1994, ps. 297/299). De acuerdo a la cita expuesta, la embriaguez para que constituya una causa de inimputabilidad debe ser de tal intensidad que quite el uso de la razón si ello no sucede, la comprensión de la criminalidad o la dirección libre de la voluntad no se habrá perdido, y el sujeto seguirá ejerciendo la posibilidad concreta de distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, o en hacer lo que se quiere, aspectos que se dan en el caso concreto pues los tiempos transcurridos entre el disparo, la salida del local y la entrega a la policía demuestran que el imputado no se encontraba en una situación de ebriedad absoluta, total, plena y completa como exige nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina”. Por tanto: Infundado

“Con el fin de establecer la doctrina legal vinculante en relación al delito de alzamiento de bienes o falencia civil, es necesario analizar los elementos del tipo penal objetivo, subjetivo, la antijuricidad de la acción y compatibilizar Auto Supremo: 241, de 29 de agosto de 2014. Magistrado Relator: Dr. Iván Lima Magne.

Derecho Penal Sustantivo / Delitos / Alzamiento de bienes o falencia civil / Elementos / Objetivo y Subjetivo Para la configuración del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, además de los elementos objetivos del tipo penal, debe considerarse el tipo subjetivo, es decir, para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deuda por la vía penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, es necesario que exista dolo directo y no eventual.

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Sala Penal Liquidadora la interpretación judicial con la legislación vigente. El delito se tipifica por el artículo 344 del Código Penal: “El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a sus acreedores…” El alzamiento de bienes consiste en transferir los bienes propios y evitar de esta forma la acción de los acreedores, impidiendo a éstos a cobrar sus créditos. Este derecho de los acreedores se basa en la responsabilidad universal consagrado por el art. 1335 del Código Civil Boliviano que señala: “Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables.” Las obligaciones pecuniarias que se generan en un contrato civil, no pueden ser sancionadas por la vía penal, porque existe una prohibición constitucional expresa señalada por el artículo 117 numeral III de nuestra Constitución que indica: “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u OBLIGACIONES PATRIMONIALES, excepto en los casos establecidos por la ley.” Estas excepciones determinadas por la Ley son las que determina la Ley 1602 de 15 de noviembre de 1994 (Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales), y son únicamente las referidas en su artículo 11 sobre la asistencia familia y artículo 12 en materia de seguridad social y sentencias laborales. En general la prohibición de perseguir penalmente el cumplimiento de obligaciones patrimoniales, definido por el artículo 117 numeral III de la Constitución, encuentra su fundamento en la revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este principio, encuentra su fundamento constitucional por derivación al ser parte del Bloque de Constitucionalidad del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”; y por el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. De esta forma se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla es el caso de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, inclusive es discutible el apremio en relación a obligaciones derivadas de sentencias laborales y de seguridad social.” (..) “TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES O FALENCIA CIVIL. Los elementos del tipo objetivo exigen: (1) Que el imputado no actué como comerciante, esto porque el legislador sanciona la misma acción de los comerciantes bajo el delito de quiebra fraudulenta. El Código de Comercio, en su artículo 4 sostiene que es comerciante la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro; en concordancia con esta norma los artículos 7 y 9 nos refieren a los actos comerciales por conexión y los actos comerciales mixtos. El análisis a realizar por el derecho penal, debe ser realizado por exclusión si la acción de fraude no puede ser perseguida bajo el tipo penal de quiebra, será posible perseguir al imputado por el delito de alzamiento de bienes. El derecho penal se rige por el principio de legalidad y taxatividad de la norma penal, por ello no es posible acudir a las normas comerciales, civiles o tributarias para sancionar el delito. El ciudadano frente a la lectura de la norma debe tener certeza de la acción que no puede realizar. Bajo esa premisa se debe tener presente que en nuestro país esta proscrito el Sala Penal Liquidadora cobro de deudas por la vía penal, el delito de alzamiento de bienes no puede sustituir al sistema civil de cobro de deudas, por ello es central precisar que el tipo objetivo exige la insolvencia de un deudor que no sea comerciante. La insolvencia y la calidad personal de no ser comerciante, serán afirmadas por el querellante (pues se trata de un delito de acción privada) y deberán probarse en el juicio simultáneamente. No es evidente que el imputado deba actuar como no comerciante en el acto fraudulento y ser comerciante en otras actividades (como ocurre en el presente caso); determinada la insolvencia será necesario que el querellante acredite que los actos de defraudación, que llevan a la insolvencia no fueron realizados en el marco de una actividad comercial que pueda ser sometido a un proceso de quiebra fraudulenta; situación que se presenta con el imputado en este caso y por tanto el reclamo del imputado sobre su calidad de comerciante es infundado. (2) Debe existir un derecho de crédito por parte del acreedor-querellante, el crédito puede corresponder a una persona natural, jurídica privada o pública; en este caso existe una relación jurídica validad que ha sido sometida por las partes a acciones por estelionato y acción pauliana; las cuales son objetivamente posibles debido a que este tipo penal no es incompatible, ni requiere que la víctima concluya con el juicio que defina sus derechos y por tanto el reclamo del imputado es infundado (3) El contenido de la obligación debe ser una prestación económicamente evaluable, la obligación no puede entenderse derivada únicamente de un contrato de préstamo, la obligación y la calidad de acreedor es la que se genera conforme a los artículos 291, 293 y 294 del Código Civil; en consecuencia la relación existente por mandato del artículo 614 del Código Civil genera el contenido de obligación, el cual ha sido probado en la causa y evaluado adecuadamente bajo las reglas de la sana critica tanto por la sentencia como por el Auto de Vista, por lo que el reclamo del imputado es infundado en relación a la indebida valoración de fundamentación insuficiente y la falta de valoración legal de la prueba. (4) La ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes (los bienes deben ser de propiedad del deudor), simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes del pago al acreedor, si bien esta acción fue objetivamente realizada existe una errónea aplicación de la ley en cuanto al tipo penal subjetivo que sanciona el delito, el cual debe ser revisado en casación, porque el Auto de Vista no analizo debidamente si la conducta del imputado fue dolosa. TIPO SUBJETIVO.-Para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deudas por la vía penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, conforme expresamos anteriormente. Por ello es necesario que exista dolo directo y no eventual, el imputado debe tener conocimiento de que los bienes ocultados están sujetos al cumplimiento de obligaciones y que su conducta es idónea para causar el perjuicio al acreedor. La conciencia de alzarse, de ocultar sus bienes y además la voluntad de quedar como insolvente. El elemento subjetivo específico, es la intención de causar perjuicio al acreedor y defraudar su legítimo derecho de cobro. El delito no puede ser cometido dolosamente si es que el deudor directamente obligado paga otras deudas, ya que el modo de pago es una decisión estratégica, libre y voluntaria que esta definida por sus mejores intereses, en otras palabras solo el deudor es responsable del pago, su forma, tiempo y prioridad; decir lo contrario sería expropiar su derecho a la libertad contractual y el ejercicio de su libertad de decisión en el manejo de sus negocio y su vida. Esta afirmación solo encuentra un límite en que a las personas que pague sean acreedores legítimos, y que no exista una orden legal de prelación, grados, preferidos o legal establecida para el pago. Por ello Sala Penal Liquidadora si bien las acciones del tipo objetivo configuran el tipo penal y el imputado los ha cometido, no podemos olvidar que también la ley protege al deudor para los casos en que realmente su conducta no constituya el delito de alzamiento de bienes, por no existir el dolo o intensión de defraudar aspecto que ocurre en el presente caso, porque en el proceso se ha establecido que la relación jurídica derivada de la venta de un inmueble (como acción que origina el crédito), genero una obligación a favor del acreedor-querellante, sin embargo no se ha demostrado en el proceso que los actos de insolvencia (ventas) fueran dolosos, porque contrariamente se ha demostrado que los mismos se destinaron al pago de otras obligaciones. El acreedor, busca asegurar el pago del daño que ha sufrido y el pago del resarcimiento civil respectivo, esa obligación civil no puede ser perseguida como fraudulenta, el acreedor en su querella y a lo largo del juicio no sólo debió demostrar la existencia de ventas, sino mas bien debió demostrar que esas ventas fueron dolosas, con dolo directo referido a causarle defraudación aspecto que en el caso no fue demostrado. El acreedor querellante estaba facultado a perseguir la acción penal por estelionato y la acción pauliana civil, las cuales se rigen por sus propias reglas y no afectan a este proceso; sin embargo es necesario que en este proceso no confunda su derecho a ser protegido de un fraude, con un derecho –que no existe- de cobrar deudas por la vía penal. En conclusión el acreedor-querellante no ha demostrado en la causa que la insolvencia fuera dolosa y por tanto corresponde declarar fundado el recurso de casación; extremo que a su vez, demuestra que el Auto de Vista recurrido contradice el invocado precedente en relación al principio de inocencia y la debida fundamentación de la sentencia condenatoria, en cuyo mérito, el motivo alegado por la recurrente en el presente recurso de casación, deviene en fundado, correspondiendo dejar sin efecto aquella Resolución, a los fines de que el Tribunal de apelación, emita nueva Resolución, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el numeral 6 de este fallo, que se constituyen en la doctrina legal aplicable, de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 419 del Código Procesal de la materia.” Por tanto: Deja sin efecto

“De acuerdo al entendimiento de éste máximo Tribunal de Justicia, las garantías establecidas por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y la Ley Adjetiva Penal delimitan el accionar de los Jueces y Tribunales del Estado en relación al principio del non bis in ídem estableciendo la prohibición de una nueva persecución penal cuando una Sentencia Absolutoria ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, Auto Supremo: 244/2014 de 29 de agosto. Magistrada Relatora: Silvana Rojas Panoso.

Principio Non Bis Ídem

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Sala Penal Liquidadora aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias (art. 4 del Código de Procedimiento Penal). El límite establecido a la competencia del Tribunal de Alzada en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal no permite fundamentar otra decisión que no esté relacionada a los agravios llevados en Apelación, en concordancia con lo establecido por el art. 17-II) de la Ley 025, lo contrario significaría actuar más allá de lo pedido al resolver sobre cuestiones que no fueron motivo de agravio siendo así incongruente y lesionando las Garantías del Debido Proceso y la Seguridad Jurídica”.

Por tanto: Deja sin efecto.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 278 a 302.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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