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AS 560/2014

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 3 de octubre de 2014

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
3 de octubre de 2014
Magistrado relator
Dra. Rita Susana Nava Durán

Doctrina

Usucapión / Tipos / Usucapión Quinquenal u Ordinaria.

Procedencia.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 560/2014 de 3 de octubre. Magistrada Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.

•

“Que en el marco del recurso, resulta pertinente referir que la usucapión constituye una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala, es decir que quien ha poseído un inmueble durante el tiempo dispuesto por la ley, adquiere sobre él, derecho propietario.

El Código Civil regula dos tipos de usucapión sobre bienes inmuebles: la usucapión ordinaria o quinquenal y la extraordinaria o decenal; establecidos estos institutos en los arts. 134 y 138 de la norma sustantiva, procedente la primera, para quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, bastando que posea el mismo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito para que proceda la usucapión en su favor; la segunda, prevé que también puede adquirirse la propiedad por la simple posesión de diez años, con la condición imprescindible del cumplimiento de ciertos requisitos relativos a la posesión, lo que determinará en última instancia que opere la usucapión en su favor.

El texto del Art. 134 del Código Civil, señala: ‘(Usucapión quinquenal u ordinaria) Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito’, como se infiere, esta forma de adquirir el derecho de propiedad requiere de un título idóneo por el que se transfiera el derecho de propiedad, la buena fe del adquiriente y la posesión pacifica e ininterrumpida por cinco años, por lo que cabe remarcar que el requisito imprescindible para su procedencia, es la existencia de título idóneo y que el mismo esté inscrito en el registro pertinente, lo que le otorga la publicidad, además de la posesión pacífica y continuada por cinco años, acción que imperativamente debe estar dirigida contra quien ostenta título como verdadero propietario del bien y reclama ese derecho, precisamente porque el título del usucapiente resulta frágil y vulnerable frente al del usucapido, lo que no quiere decir que se trate de un título falso, sino más bien idóneo pues debe mediar además la buena fe, es decir que quien demanda la usucapión ordinaria, se supone que compró creyendo que su transferente era el verdadero titular, requisitos establecidos por la norma y que se entiende, deben ser comprobados judicialmente para favorecerse de ella, así el título idóneo o justo título, según el Dr. Guillermo Borda en su obra ‘Tratado de Derecho Civil’ señala que es el suficiente para la transmisión del dominio, es decir, se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a tal punto que de haber emanado de su verdadero propietario, la transmisión seria perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría ese título para adquirir el dominio, conforme la noción que refiere sobre la venta el art. 584 del Código Civil, de lo que se infiere que la usucapión quinquenal resulta procedente cuando el transferente no tiene verdadero derecho de propiedad sobre el bien que ha transferido, ahí la trascendencia del justo título que permite además la constatación de la buena fe por parte del adquirente la misma que conforme el art. 93 del Código Civil dispone: ‘I. El poseedor es de buena fe cuando cree haber adquirido del verdadero propietario o titular la cosa o el derecho.

II. La buena fe se presume; y quien alega que hubo mala fe, debe probarla.

III. Para los efectos de la posesión sólo se tomará en cuenta la buena fe inicial III. Para los efectos de la posesión sólo se tomará en cuenta la buena fe inicial.’ a lo que debe sumarse el cumplimiento inexcusable de los requisitos de validez intrínsecos y extrínsecos para su formación.”

Principios orientadores de la función jurisdiccional.

Principios Constitucionales que no pueden ser ignorados por las autoridades jurisdiccionales a tiempo de administrar justicia, so pretexto de exacerbados rigorismos formales que obstan el fin primario de la justicia para la procedencia de las acciones incoadas por las partes.

“Ahora bien, remitiéndonos al Testimonio que corre de fs. 17 a 26 de obrados, presentado por el demandante Marcos Chilo Osinaga, referido al proceso de Nulidad de Transferencia de fecha 14 de febrero de 1993, seguido por el actor en contra Benjamín Ribera Candía que acredita que la misma fue declarada probada y en consecuencia declarada nula la referida transferencia de fecha 14 de febrero de 1993 por la que Benjamín Ribera Candía habría adquirido el predio del cual deviene el bien objeto de litis, documento que efectivamente acredita que el actor Marcos Chilo Osinaga es el verdadero titular del lote en litigio; sin embargo este mismo testimonio, acredita también el antecedente del cual deviene el título de propiedad de Jesús Lijerón en consecuencia su buena fe, además del tiempo de su posesión, la misma que computada desde la fecha de su inscripción en Derechos Reales el 10 de agosto de 1995 a la fecha de la ejecutoria de la Sentencia del proceso de nulidad el 26 de septiembre de 2007, la misma excede superabundantemente al tiempo establecido por el art. 134 del Código Civil, haciendo viable y procedente la usucapión quinquenal a favor del reconviniente. Aspectos que debieron haber sido analizados y considerados por los jueces de instancia, máxime cuando la Constitución Política del Estado bajo una nueva concepción en la que rige el estado constitucional de derecho, promueve los principios en los que se sustenta el Estado boliviano, entre algunos de ellos, la justicia social y la promoción de la cultura de la paz y del derecho a la paz, establecidos en los artículos 8 y 10 de la norma constitucional, consecuentemente, la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de celeridad, eficacia, eficiencia y verdad material entre otros, con relación al principio de eficacia y verdad material, la SC 0210/2010 de 24 de mayo, señaló: ‘El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura’, principios constitucionales que no pueden ser ignorados por las autoridades jurisdiccionales a tiempo de administrar justicia, so pretexto de exacerbados rigorismos formales que obstan el fin primario de la justicia para la procedencia de las acciones incoadas por las partes, que les conducen a erróneas interpretaciones a lo que se suma la poca exhaustividad de parte de los jueces de instancia en la revisión de los antecedentes y pruebas aportadas por las partes, como en el caso de Autos cuando primero el A quo realiza consideraciones impertinentes al proceso como el referido al art. 89 del Código Civil, respecto a cómo se transforma la detentación en posesión, sobre la posesión viciosa para decantar en que el reconvencionista no ha tenido quieta y pacífica posesión sobre el inmueble por la documental de fs. 64 a 69 presentada por el demandado, referida a una denuncia por allanamiento de su domicilio, sin reparar que la misma data de fecha 03 de octubre de 2012, cuando ya había operado mucho antes la prescripción extintiva para el actor y la prescripción adquisitiva para el reconviniente y ningún acto ya podría destruir la misma, pues la interrupción solo opera respecto de un plazo que está en curso, no cuando éste ya ha operado aspectos trascendentales que tampoco han sido advertidos por el Ad quem que dio por bien hecho lo dispuesto por el juez de instancia sin la revisión de los antecedentes de obrados, añadiendo que el apelante nada había dicho respecto a la interrupción de la posesión, cuando de los antecedentes que cursan en obrados se advierte la veracidad de los hechos fácticos que se subsumen a la pretensión del reconviniente haciendo procedente lo reclamado, sin que la decisión asumida en este caso, en prevalencia de los principios, derechos y garantías constitucionales, quebrante la norma ni las reglas establecidas para la procedencia de la acción de usucapión quinquenal a favor del reconviniente”.

Por tanto: Infundado en la forma y Casa Parcialmente en el fondo.

“La división clásica de las garantías en personales y reales, tiene su origen en la naturaleza del derecho otorgado al acreedor; así, cuando el derecho de crédito se establece en función de una persona que no es el deudor, se dice que estamos frente a una garantía personal o fianza. Cuando este derecho de crédito afecta a un bien determinado se dice que la garantía es real o Auto Supremo: 562/2014 de 3 de octubre.

Magistrada Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.

Garantías Personales y Reales.

Diferenciación y efectos.

• hipotecaria. La garantía personal faculta al acreedor accionar no solo contra su deudor sino contra una tercera persona que es el fiador personal, en cambio en una garantía real, el acreedor tiene el derecho de persecución contra el tercero adquirente y preferencia con relación a los demás acreedores.

Por su parte la hipoteca es un derecho real accesorio, a favor del acreedor que le confiere el derecho de preferencia y el derecho de persecución contra el propietario o detentador de la cosa hipotecada. La hipoteca también puede ser constituida por el propietario para garantizar la deuda de un tercero, en cuyo caso nos encontramos frente a la fianza o caución real”.

La Fianza o Garantía Personal.

El auténtico sentido de la fianza es que se trata de una garantía personal que asume el fiador en favor del deudor y frente al acreedor, para el caso de incumplimiento por parte del deudor principal por eso es que se la constituye mediante un contrato accesorio o subordinado al contrato u obligación principal, que es precisamente lo que se pretende afianzar, resultando intrascendente para constituir fianza, el consentimiento expreso del deudor principal porque la relación obligatoria se establece entre el fiador y el acreedor.

“La fianza o garantía personal se halla recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 916 del Código Civil, en el Libro Tercero, Parte Segunda, en el Capítulo XII, del Título II bajo el denominativo ‘De los contratos en particular’, norma legal que prevé ‘I. La fianza es el contrato en el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra..’, entendida la misma entonces como la garantía personal que otorga una persona que se constituye en fiador del deudor principal, por la cual se compromete a cumplir una obligación en lugar de la misma ante el acreedor, en el caso de que el afianzado no lo haga; asimismo, debe establecerse que se trata de un contrato accesorio de otro principal pues la fianza no puede concebirse aisladamente, sino condicionada a la existencia de una obligación que delimite el contenido de la misma garantía y no puede exceder a lo que debe el deudor ni resultar más onerosa para el fiador, pues al ser accesoria, el fiador sólo se obliga para el caso en que el deudor principal no cumpla su obligación, quedándole al fiador además, el beneficio de excusión es decir que éste responde sólo en caso de que el deudor principal carezca de bienes y que le permite al fiador eludir el pago, mientras no se demuestre la insolvencia del deudor de tal modo que primero se va al patrimonio del deudor y luego recién al del fiador, con las previsiones que establecen los artículos 925 y siguientes del Código Civil, además del beneficio del fiador de pedir la repetición al deudor principal en la forma establecida en el art. 933 del Código Civil. Corresponde asimismo señalar que la fianza se extingue por las siguientes causas: Por las mismas causas que las demás obligaciones. (art. 939 CC.); porque el acreedor por un hecho propio ha determinado que no pueda tener efecto la subrogación de fiador en los derechos, la prenda, las hipotecas, la anticresis o los privilegios del acreedor’ (art. 940 CC.); porque el acreedor voluntariamente acepta como pago por la deuda principal una cosa inmueble o de cualquier otro efecto; porque sin

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 74 a 77.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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