Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 8 de septiembre de 2014
Recurso infundado
Nulidad Procesal. Ley Nº 439 N.C.P.C.
Sólo será factible si aquel acto afectó al debido proceso, en su elemento derecho a la defensa, y no operará cuando se busca el simple cumplimiento de fórmulas ritualistas
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
Auto Supremo: 514/2014 de 8 de septiembre. Magistrado Relator: Dr. Rómulo Calle Mamani.
• para que opere la nulidad poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto. En esa lógica, la nulidad procesal, como sanción, solo será factible si aquel acto afectó el debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, y no operará cuando se busca el simple cumplimiento de fórmulas ritualistas, garantizando de esa forma el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que postula el art. 115-II de la Constitución Política del Estado”.
Principio de finalidad del acto procesal.
Es válido si el acto aparentemente anómalo cumple con su objetivo.
“En relación a la acusación de indefensión de Elvia Vianey Bishop Urzagaste por no notificarla con el auto de apertura de término de prueba; al particular se debe indicar que conforme acreditan los actos procesales desarrollados, a fs. 640 se dictó Auto de relación procesal, calificación del proceso y apertura del término de prueba misma que fue notificada a las partes a fs. 641, donde evidentemente se notificó a la defensora de oficio sin constar el nombre del testigo, sin embargo ese acto aparentemente anómalo cumplió con su objetivo de hacer conocer a la demandante Elvia Vianey Bishop Urzgasate ese acto procesal, que por el principio de finalidad del acto procesal, la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal, en el caso de comunicación; además cabe resaltar que la recurrente no reclamo oportunamente el vicio, ahora expuesto, convalidando con ese accionar cualquier defecto procesal suscitado en la tramitación de la causa”.
Contrato.
Requisitos de formación / Consentimiento y los vicios que afectan a este en la formación del contrato.
“El contrato, de manera general, es un acuerdo de voluntades del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, regulado por ley y con consecuencias jurídicas. Conforme señala el art. 452 del Código Civil son requisitos de formación de los contratos: el consentimiento de las partes, el objeto, la causa, la forma, siempre que sea legalmente exigible; por lo que podemos inferir que el contrato necesariamente debe contar con estos requisitos en su formación para ser útil; elementos que deben acudir al contrato de forma válida, dentro los parámetros establecidos por ley, para la eficacia jurídica del acto.
La doctrina ha vinculado la ineficacia estructural a los casos de nulidad, teniendo como premisa siempre la fase de formación del contrato, es decir el vicio debe encontrarse coetáneo a la celebración del contrato. Al respecto, Compagnucci de Caso (El Negocio Jurídico, 1992, pág. 508) señala que ‘Es nulo un negocio que tiene un defecto genético e intrínseco que lo hace ineficaz.
Como lo destacamos en el título, se trata de ineficacia de mayor grado que se encuentra en la estructura del negocio, y de allí sus carácter de intrínseca, y cuya causa se ubica en la génesis del acto’. Respecto al consentimiento y los vicios que afectan a éste en la formación del contrato, el art. 473 del Código de Procedimiento Civil indica que: ‘No es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo’, situación normativa que se correlaciona con la sanción impuesta a esta forma de obtener el consentimiento sancionada con anulación del contrato conforme precisa el art. 554-4 de la misma norma sustantiva.
En la misma línea de análisis, encontramos sobre la violencia ejercida al obtener el consentimiento, se debe distinguir la violencia física, que se concreta con el empleo de una fuerza material sobre el sujeto que queda subyugado a la voluntad del otro, y la violencia moral que consiste en inspirar por medio de amenazas o por otro medio un temor que suprima la libre voluntad. Analizando éste último, la violencia moral actúa por la intimidación que altera la normal declaración de la voluntad que vicia el consentimiento, siempre que la amenaza sea injusta, es decir que la intimidación tiene que ser promovida sin derecho e importar la comisión de un acto ilícito; en contrario sensu, cuando aquella intimidación resulta del ejercicio de derechos propios, no puede ser considerada como violencia moral que vicie el consentimiento y de lugar a la anulación del contrato. El art. 481 del Código Civil regla que: ‘El uso o amenaza de hacer valer una vía de derecho sólo invalida el consentimiento cuando está dirigida a conseguir ventajas injustas’, por lo que el uso de hacer valer los derechos propios no invalida el consentimiento, salvo que en ese acto jurídico se haya conseguido ventajas injustas, entendiendo que esa ventaja injusta sea inherente al derecho que se pretende”.
Contrato / Anulación .
No procede al no existir el elemento fáctico para fundar la pretensión.
“…tiene como pretensión principal la anulación de la minuta de 14 de junio de 2000, bajo el fundamento que la Cooperativa San Pedro Ltda. en un proceso coactivo se encontraba usando una vía de derecho poniendo en peligro jurídico el único bien inmueble que tenían, que con el uso de ésta violencia moral se les obligó a suscribir un documento con falsedad ideológica transformándolos de garantes en deudores directos de una obligación que no recibieron, por lo que esa vía de derecho deslegitimizaba e invalidaba su consentimiento prestado.
Conforme lo expresado, la pretensión del proceso se circunscribía a la anulación del contrato de 14 de junio de 2000 por aparente vicio del consentimiento, que habría resultado de la presión en la vía de derecho por el proceso coactivo seguido a ellos como garantes; en tal mérito se debe indicar que el proceso coactivo y la iniciación de éste no se considera como una violencia injusta, per se, ejercida por la Cooperativa San Pedro Ltda., pues ejerciendo un derecho propio se encontraba facultada para ejercitar la acción de ejecución contra la deudora principal y los garantes, ahora recurrentes.
Ahora bien, al circunscribir la pretensión de anulación a un vicio de consentimiento es lógico establecer que sólo el consentimiento en el contrato de referencia se encontraba con vicio, entendiendo que los otros requisitos de validez presentes (objeto, causa y forma) eran útiles, por ello se entiende que el contrato que es anulable puede ser confirmado, por cuanto si el vicio en la voluntad se salva y los demás requisitos de validez están presentes, entonces el contrato puede ser confirmado y tener la eficacia requerida, empero tal razonamiento no tendría asidero si en el contrato los demás requisitos no se acomodan a los requerimientos que la ley impone. Bajo lo impreso, si bien la pretensión fue de anulación del contrato de 14 de junio de 2000 por violencia moral, el elemento fáctico para fundar tal pretensión es contradictorio, porque señala que en el contrato firmado no existía ningún préstamo, es decir que la obligación estaba ausente en el acto jurídico increpado, en tal razón no existía el objeto del mismo, por lo que en función a los hechos que el actor estableció a momento de fundar la demanda no se establecía la anulación por violencia moral.
En el recurso, más allá de los antecedentes que se describe con abundante detalle, se hizo mucho énfasis en la teoría de las obligaciones, precisando las instituciones de la novación, expromisión y subrogación, sin embargo tales conceptualizaciones son irrelevantes para establecer el objeto mismo de la controversia-la anulación de contrato- pues toda esa teoría no coadyuva en nada a probar al aparente vicio del consentimiento, sino que solo atañe a la naturaleza de obligaciones que supuestamente emergieron de una obligación, anterior del contrato, cuestión no discutida en el presente proceso”.
Por tanto: Infundado.
“La invalidez de los actos vía nulidad importa, conforme doctrina, una sanción legal con la cual el contrato pierde sus efectos en virtud de una causa originaria, es decir establecido en su celebración, referida también como ineficacia estructural, infiriendo tres características de la sanción: a) la nulidad debe ser expresa, b) deja sin sus efectos propios, y, c) su causa es contemporánea a la celebración del acto, es decir es un vicio congénito.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 42 a 45.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9
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