Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 8 de julio de 2022
Recurso infundado
LOS TERCEROS PERJUDICADOS CON LA SIMULACIÓN PUEDEN
DEMANDAR LA NULIDAD
La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios, por lo que compele que todas las pruebas presentadas sean evaluadas y ponderadas en base a la sana crítica de los administradores de justicia, quienes según sea su discernimiento emitirán la resolución que corresponda, empero otorgado a las partes la posibilidad de que las pruebas presentada sean evaluadas, estableciendo que al no intervenir el heredero en el acto simulado y por el perjuicio de este, tiene calidad de tercero afectado y deben ser consideradas todas las pruebas opuestas.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO N° 480/2022 de 08 de julio MAGISTRADO RELATOR: Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina
La parte recurrente señalo que el tribunal de alzada no observó lo establecido por el art. 524 del Código Civil y vulneró el art. 545.II de la referida norma, pues se encuentra claramente establecido que la simulación solo puede hacerse mediante un contradocumento o prueba escrita, aspecto que no ocurre en el caso de litis. La existencia de vulneración del principio de verdad material, ya que el Tribunal de apelación defiriendo aplicar ese principio, no consideró lo establecido en los arts. 524 y 545.II del Código Civil, respecto al contradocumento como prueba idónea para acreditar la simulación, tampoco se consideró el art. 145.I del Código Procesal Civil, sobre la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas, aspecto que no ocurrió, porque se limitaron a valorar solamente algunas pruebas de cargo. Sobre el error de derecho en la valoración de las pruebas y vulneración del art. 145.III del Código Civil. Expresó que se infringió el art. 213.III del Código Procesal Civil, pues el Tribunal de apelación al momento de emitir su Auto de Vista vulneró el principio de congruencia por haber incorporado hechos que no fueron invocados en la demanda principal, ni en la demanda acumulada de nulidad de contrato por simulación del documento de 15 de diciembre de 2010 contenido en la Escritura Pública N° 769/2010 de 08 de agosto, por lo que el Ad quem incorporó el hecho de que se hubiere simulado el contrato con la finalidad de proteger un bien inmueble en la ciudad de Cochabamba.
“…Se debe establecer que la norma pretende una protección al heredero cuando es afectado por la simulación, estableciendo una excepción a la transmisión del patrimonio sucesorio. Cabe aclarar que la necesidad del contradocumento fue establecida en el marco del principio de seguridad jurídica para que los actos jurídicos serios y veraces no sean cuestionados por las partes celebrantes; entonces, la permisión descrita supra únicamente es viable, conforme se analizó, cuando el heredero actúa con un interés contrario al de su causante -perjuicio cierto-, considerándosele tercero, más no cuando sigue el interés de su antecesor; debiendo el juzgador apreciar de manera objetiva esta diferencia para establecer la posición del heredero frente al acto jurídico estimado de simulado. La interpretación normativa de los arts. 544.II y 545.I y II del Código Civil brindada, es una modificación al criterio emplazado en los Autos Tribunal Supremo de Justiciassssc Resúmenes de Jurisprudencia 2022
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Supremos N° 696/2020 y N° 649/2020, interpretación de la norma ordinaria, conforme ya se explicó, más favorable al heredero respecto a su derecho fundamental de sucesión hereditaria, establecida en el art. 56.III de la Constitución Política del Estado, por la afectación ocurrida con el contrato simulado, y del derecho a la tutela judicial efectiva, pues de otro modo se restringe dicha tutela al solicitarle un contradocumento o prueba escrita que no le es posible presentar. Además, la interpretación esbozada se acomoda también al criterio considerado por el Tribunal Constitucional Plurinacional con entendimiento semejante en caso análogo, aunque su interpretación partió de la permisión de la prueba pero decantó en una solución normativa, así la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0965/2015-S2 de 6 de octubre estableció: “Efectuando una lectura de lo acontecido, se concluye que Mario Alfredo, Ana María y Mercedes Ingrid, todos Peláez Descarpontriez, respecto a la nulidad de documento por simulación que se pretende, no tienen la calidad de partes sino de terceros afectados por su condición de herederos por los efectos del contrato simulado, por cuanto no intervinieron a título personal el primero y los segundos menos en la suscripción del contrato de 25 de septiembre de 2000 ni en el documento aclaratorio, por lo que resulta aplicable a su caso el precepto normativo contenido en el art. 545.I del CC, que establece que la prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios, por lo que compele que todas las pruebas presentadas sean evaluadas y ponderadas en base a la sana crítica de los administradores de justicia, quienes según sea su discernimiento emitirán la resolución que corresponda, empero otorgado a las partes la posibilidad de que las pruebas presentada sean evaluadas”, estableciendo la jurisprudencia constitucional que al no intervenir el heredero en el acto simulado y por el perjuicio de este, tiene calidad de tercero afectado y deben ser consideradas todas las pruebas opuestas, en el encuadre del art. 545.I del Código Civil.
Auto Supremo Nº 618/2020 de 01 de diciembre
Auto Supremo N° 696/2020 de 11 de diciembre
Auto Supremo N° 649/2020 de 04 de diciembre
Artículo 545.I del Código Civil
DERECHO CIVIL/ DERECHO PROCESAL CIVIL/ ELEMENTOS COMUNES DE PROCEDIMIENTO/ PRUEBA/ MEDIOS PROBATORIOS/ TESTIFICAL
LA DECLARACIÓN DE TERCEROS QUE ACUSAN SIMULACIÓN DE CONTRATO CONSTITUYE PRESUNCIÓN JUDICIAL QUE PERMITE APRECIAR LOS HECHOS
INFUNDADO
A L A C I V I L AUTO SUPREMO N° 342/2022 de 23 de mayo MAGISTRADO RELATOR: Dr. Juan Carlos Berrios Albizu
Modalidad a través del cual una de las partes reconoce en favor de la otra con carácter exclusivo e irrevocable, la facultad de aceptar una prestación en su favor o de un tercero en las condiciones convenidas y en el plazo acordado, siendo la misma norma legal la que se encarga de establecer de manera expresa que dicho plazo no debe exceder de dos años.
La parte recurrente acusó que existe imprecisión en la demanda, pues los demandantes pretenden restituir el bien inmueble, es decir, la casa, cuando en realidad solo se les entregó una habitación; por lo que la demanda es confusa y contradictoria. Denunció la transgresión de los arts. 568.I y 573 del Código Civil, ya que la demanda de cumplimiento de obligación solo es viable cuando la parte que ha cumplido con su obligación o promete hacerlo, tiene derecho a exigir la obligación de la contraparte, motivo por el cual opuso excepción previa de oscuridad e imprecisión en la demanda, la cual debió ser declarada probada. Alegó que en el contrato de anticrético también se pactó una opción de venta a favor de los anticresistas, acto jurídico que fue considerado por el Tribunal de alzada como un contrato unilateral porque únicamente obliga al vendedor a realizar la venta en el plazo estipulado dejando al optante a formalizar o no la compraventa; argumento que es acusado de errático y vulneratorio del art. 464 del Código Civil, por cuanto la opción de venta es un contrato bilateral, porque el vendedor asume la obligación de vender al optante en el plazo pactado, siendo diferente que este ejerza o no su derecho a comprar, por lo tanto, mientras no señale expresamente si ejercerá o no su opción el contrato vincula a ambas partes, empero, como la parte actora omitió referirse a este contrato, no podían iniciar la demanda únicamente para exigir el cumplimiento, porque dentro de esta se encuentra inmersa el contrato de opción de venta, sobre cuyo derecho y obligación debieron referirse al momento de interponer la demanda.
“…el Tribunal de alzada, contrariamente a lo acusado por el recurrente, no vulneró el art. 464 del Código Civil, ya que, por lo ampliamente expuesto ut supra, el contrato de opción es unilateral, pues obliga al vendedor a realizar la venta en las condiciones y plazo estipulado, en cambio la otra parte, simplemente se encuentra facultada de aceptar o no la prestación en su favor o en la de un tercero, y solo cuando manifiesta su aceptación esta se vuelve bilateral. En ese contexto, conforme se tiene de las cláusulas cuarta y quinta del contrato de anticresis de acciones y derechos con opción a compra venta, suscrito en fecha 20 de junio de 2014 entre Lucio Lucas López Colque en su calidad de propietario y Silvestre Mendoza Kasa y Sinforosa Gutiérrez Villca como anticresistas, se observa que el propietario asumió la obligación de respetar el derecho de opción para la compraventa de los derechos que tiene sobre el
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2022.pdf · páginas 28 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5aa9ea88ad8ef3f4ec8abcd36a042eb9a87b6046347f21275b608095d079f91
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