Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 13 de julio de 2020
Recurso infundado
A L A
C I V I L el art. 105 del Código Civil, al negar la aprobación de planos y otros actos de disposición, más aún cuando los empleados de esa institución comenzaron con las obras de construcción del parque, cuando el inmueble aún seguía siendo de propiedad de los recurrentes. Además, añade qué: sí bien aceptaron la compensación, fue por el estado de necesidad que atravesaron en esa época, porque el municipio no tenía el monto para hacer efectivo el pago por su terreno, pero esto no era justificativo para restringir su derecho propietario, entonces está compensación no repara los daños y perjuicios que les ocasionaron con su actuar, jamás demostraron consideración en el proceso civil de reivindicación donde hacen mención al derecho a la indemnización que merecen.
Lo precisado nos permite entender que el problema jurídico principal y pretensión planteada por el recurrente radica en el pago de lucro cesante y daño emergente por la privación de su derecho propietario, que nace a raíz del proceso de expropiación.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO: N° 277/2020 de 13 de julio de 2020. MAGISTRADO RELATOR: Dr. Juan Carlos Berríos Albizú.
“… los de instancia al momento de estudiar la problemática inherente a la privación del derecho propietario, realizaron un adecuado análisis acorde a los parámetros antes citados, pues con acertado criterio el Ad quem sostuvo que no existió queja por la forma de la indemnización operada mediante compensación a través de la transferencia de dos predios de dominio municipal con valores equivalentes, criterio que es acorde a la realidad que arroja los medios de prueba pues se evidencia una indemnización concretada posteriormente con una compensación de 2 lotes, criterio que fue totalmente aceptado y confesado en la demanda, determinación de compensación que no ha sido observada ante la autoridad administrativa correspondiente, lo cual implica una aceptación sobre la operación efectuada, más aun si como se afirmó líneas supra que al momento de establecer la indemnización se debía controvertir el daño que emergía del acto de expropiación, por la privación a las facultades derivativas del uso, goce y disfrute resultando insustancial pretender su análisis por este medio.
En cuanto al segundo punto, es decir el pago por la dilación y perjuicio en el tiempo al iniciar los trámites emergentes y conexos al proceso de expropiación, cabe tener presente que en todas las causas activadas pudo solicitar y reclamar que sean sustanciadas de forma pronta y oportuna, para evitar dilación en su trámite, asimismo bajo el mismo criterio pudo reclamar en dichas acciones el pago de costas y costos, como ser los procesos ordinarios (reivindicación y usucapión) y en la acción constitucional que ha posibilitado A L A C I V I L el pago de la indemnización, en otros términos en la diferentes etapas de cada proceso incluso en las causas administrativas, tenía a su alcance los mecanismos procesales y constitucionales para dar mayor celeridad a esos procesos e incluso solicitar el pago de costas procesales, no pudiendo ser suplida esa actividad por la presente acción.
En cuanto a que el proceso civil seguido contra el municipio por reivindicación, donde la sentencia le reconoce al demandante el derecho a la indemnización, está ya fue perfeccionada, tal como se ha referido supra concretizándose en una compensación aceptada y no observada por los recurrentes, por cuanto sus reclamos devienen en infundados”.
Art. 105.I del Código Civil (CC), dispone: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico”; es decir, que la restricción o limitación al derecho de propiedad debe necesariamente estar prevista en el ordenamiento jurídico, para que no resulte arbitraria y/o ilegal. De donde se desprende que en determinadas circunstancias el interés particular o privado se encuentra supeditado al interés colectivo cuando exista necesidad y utilidad pública, a través de la expropiación u otra forma de limitación o restricción del derecho propietario establecido en el ordenamiento jurídico. Al respecto la doctrina, sostiene: “La expropiación es una institución de derecho público, pero hay en ella cierto aspecto patrimonial que le da un carácter de institución mixta: de derecho público en cuanto al fundamento de su ejercicio por parte de la Administración pública, que obra como poder público, y determina la naturaleza del acto mismo; y de derecho privado en cuanto concierne al derecho del expropiado, cuya defensa puede originar caso contencioso, que es propio del Poder judicial; pero en estos últimos efectos jurídicos no se comprende la obligación de indemnizar, es decir , el principio, que es también de derecho público, donde el régimen de derecho privado impera; y ello se explica, porque se trata del patrimonio del particular, cuya defensa integral, en caso de lesión, incumbe a este poder, y no al administrativo”; advirtiéndose entonces, que la expropiación tiene como causa la utilidad pública, constituyéndose en el mecanismo a través del cual se concilian los intereses de la sociedad con los del propietario a través de una reparación patrimonial o justa indemnización. Es importante distinguir que la determinación de la utilidad pública le compete única y exclusivamente a la administración pública y no así a la jurisdicción ordinaria, que sólo conocerá cuando se afectare la compensación patrimonial A L A
C I V I L del particular o propietario por la indemnización. Conforme se explicó, el derecho fundamental a la propiedad se encuentra garantizado en forma amplia, cuyo ejercicio encuentra su límite en el interés colectivo o público; lo que no puede entenderse como un menoscabo del mismo, dado que la Constitución Política del Estado, prevé el mecanismo por el cual se busca el equilibrio entre el interés público y el particular, establecido en el art. 57 que: señala “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa…”, prescripción constitucional que tiene su antecedente en el art. 21. 1 y 2 de la CADH, que refiere: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…” y “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa…”. En ese marco, en el ámbito municipal, la expropiación se encuentra prevista como un mecanismo de restricción al derecho de propiedad privada cuando concurra la necesidad y utilidad pública, previo pago de una indemnización justa, procedimiento delimitado por los arts. 122 al 125 de la LM, al disponer: “Artículo 122° (Expropiación). I. Los Gobiernos Municipales están facultados para ejercer el derecho de expropiación de bienes privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con sujeción a la Constitución Política del Estado y a lo establecido por la presente Ley. II. Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública previo pago de indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal aprobada por dos tercios. En esta Ordenanza deberá especificarse con precisión el fin a que habrá de aplicarse el bien expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y programas debidamente aprobados con anterioridad a la expropiación. Una vez concluido el trámite de expropiación, el Alcalde Municipal deberá informar al Concejo Municipal. Artículo 123° (Avalúo o Justiprecio). I. El monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos, será el valor acordado entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad competente, previo avalúo pericial. II. Las expropiaciones en el área rural requeridas por el Gobierno Municipal, para obras de Interés Social y Servicios Públicos, se regirán por Ley 1715 de 18 de Octubre de 1996. III. En ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública municipal. IV. El valor de todas las expropiaciones dispuestas por el Concejo deberá incluirse en el presupuesto municipal de la gestión correspondiente, como gasto de inversión. Artículo 124° (Resistencia a la Expropiación). En los casos de resistencia o inconcurrencia del propietario del bien expropiado al emplazamiento para la suscripción de la minuta o escritura pública de transferencia forzosa, el Juez de Partido de turno en lo Civil la suscribirá a nombre del propietario renuente, previo trámite en la vía voluntaria. Artículo 125° (Término para la Expropiación). En caso de no efectivizarse la Ordenanza A L A C I V I L Municipal que declaró la necesidad y utilidad pública, para la expropiación, en un plazo no mayor a dos (2) años desde su publicación, dicha Ordenanza perderá vigencia y la venta forzosa quedará sin efecto”.
DERECHO CIVIL/ DERECHO PROCESAL CIVIL/ ELEMENTOS COMUNES DE PROCEDIMIENTO/ DEMANDA/ EXAMEN DE ADMISIBILIDAD/ JUICIO DE FUNDABILIDAD O PROPONIBILIDAD/ IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. JUZGADA/ PROCEDENCIA.
IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA
INFUNDADO
El recurrente acusó errónea interpretación de los arts. 804 y 827 del Código Civil respecto a la subsistencia y extinción del mandato por causa de fallecimiento e interés común, por razonarse que el Poder Nº 56/2005 encierra un interés común entre el otorgante y la apoderada sin que se pruebe en proceso la existencia del certificado de matrimonio, testimonio de divorcio ni documental que acredite la
El mandato otorgado por interés común no se extingue por muerte o incapacidad sobreviniente del mandante, el presupuesto primordial de esta excepción es que el mandato sea de interés común del mandante y del apoderado, cuyo origen emerge de una relación subyacente anterior entre ambos contratantes. Si el mandato fue otorgado por un interés exclusivo del mandante su pervivencia jurídica útil concluye con su muerte, considerando que las obligaciones mandadas a realizar en su nombre tienen su génesis en el mismo contrato y su fenecimiento no pueden prolongarse más allá del fallecimiento del otorgante.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2020.pdf · páginas 53 a 57.
Huella digital del PDF (SHA-256): 14a73030cf617c26eb29eb8015e49f912d7a8b4b5eebcf3808a7b8498a3a5ae2
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