Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 19 de marzo de 2020
Recurso infundado
A L A C I V I L la autorización judicial correspondiente, omisión que violó las garantías del debido proceso en sus vertientes de congruencia entre la demanda y la respuesta –sic-, el derecho a una debida fundamentación y motivación, así como el derecho a la defensa, previstos en los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO: N° 221/2020 de 19 de marzo de 2020. MAGISTRADO RELATOR: Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.
“… el contrato resulta ilícito y de imposible cumplimiento, al tratarse de un bien inmueble de propiedad de menores de edad y ajenas a las partes, por lo que debió demandarse la nulidad del contrato y nunca la resolución del mismo, conforme los arts. 485, 584, 593 del Código Civil, 47.I, IV y 445 de la Ley Nº 603 y 60 de la Constitución Política del Estado. Este Tribunal afirma que las demandantes no equivocaron su petición de resolución de contrato, pues considerando las características de un contrato que a sentir del art. 519 del Código Civil, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no pudiendo ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causales autorizadas por la ley, no podía demandarse la nulidad del contrato, cuando en él, se establece que la parte demandada se encontraba reatada a firmar la minuta definitiva de transferencia cuando cumpliesen dos aspectos claramente expuestos en este acto, como lo eran, cancelar el usufructo que pesaba sobre el inmueble y tramitar la autorización judicial para su enajenación al ser de propiedad de dos menores de edad (cláusula segunda del documento de fs. 7 a 8), habiéndose cumplido únicamente con la cancelación del usufructo, más nunca con la autorización judicial, peor con la firma del documento definitivo, incumplimiento unilateral de la parte vendedora, que hace posible la subsunción del acto a la previsión del art. 568 del Código Civil, habida cuenta que en el contrato existió cumplimiento por la parte compradora al pagar el precio de la cosa, e incumplimiento por los vendedores en los términos por ellos mismos establecidos”.
El Auto Supremo Nº 094/2012 de 26 de abril, estableció que según la doctrina, se sostiene que, “siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano, mediante las cuales desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la Ley.
Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa de imponerse una sanción. Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, A L A
C I V I L en virtud a el “no hay nulidad sin ley específica que la establezca” (pas de nullité sans texte ). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla, pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.
DERECHO CIVIL/ DERECHO CIVIL SUSTANTIVO/ CONTRATOS/ INEFICACIA e INVALIDEZ / RESOLUCIÓN/ PROCEDENCIA
POR INCUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES ARRIBADAS POR LAS PARTES DENTRO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
INFUNDADO
No es una instancia de revisión del proceso donde presuntamente se hubie-re cometido el fraude; en la acción de fraude procesal no se pueden discutir los derechos en pugna del proceso presuntamente fraudulento, tampoco se pueden plantear fundamentos tendientes a impugnar las resoluciones adoptadas en el mismo, mucho menos acusar asuntos relacionados a erro-res de interpretación de la ley, errores en la valoración de la prueba o vicios procedimentales no observados oportunamente.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2020.pdf · páginas 42 a 43.
Huella digital del PDF (SHA-256): 14a73030cf617c26eb29eb8015e49f912d7a8b4b5eebcf3808a7b8498a3a5ae2
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