Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 15 de marzo de 2023
Recurso infundado
La parte recurrente denuncia interpretación errónea del art. 177.II de la Ley Nº 603, ya que existe equivocación o error de los juzgadores acerca del contenido de la citada norma, puesto que la minuta de 24 de octubre de 2017 no cumpliría con la exigencia del art. 177.II concordante con el art. 192.I de la Ley Nº 603, para la transferencia de un inmueble, misma que no se realizó mediante Escritura Pública, vulnerando el art. 173 de la referida Ley y el art. 63.I de la Constitución Política del Estado.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO N° 215/2023 de 15 de marzo MAGISTRADO RELATOR: Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina
La parte recurrente denuncia interpretación errónea del art. 177.II de la Ley Nº 603, ya que existe equivocación o error de los juzgadores acerca del contenido de la citada norma, puesto que la minuta de 24 de octubre de 2017 no cumpliría con la exigencia del art. 177.II concordante con el art. 192.I de la Ley Nº 603, para la transferencia de un inmueble, misma que no se realizó mediante Escritura Pública, vulnerando el art. 173 de la referida Ley y el art. 63.I de la Constitución Política del Estado.
“...Estas conclusiones, basadas en las normas jurídicas aplicables y la jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia y refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia, no fueron controvertidos en su esencia mediante una argumentación que desvirtúe la vigencia de estos precedentes en vigor; no obstante, el co-vendedor en legítimo ejercicio de la tutela judicial efectiva, activó la instancia jurisdiccional para cuestionar la validez de dicha minuta, siendo reiterativo y tenaz en su tesis en sentido que se habría generado
La compraventa es un contrato consensual, pues para su perfeccionamiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal, o si se lo hace en documento público o privado. Un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato; es decir que, el contrato de venta al ser uno de naturaleza consensual, puede ser convenido mediante documento público, documento privado o mediante minuta, sin que ello comprometa su validez y eficacia.
una interpretación errónea del art. 177.II de la Ley Nº 603, en razón a que siendo el inmueble parte de la comunidad de gananciales, su disposición debía ser realizada de forma imperativa mediante Escritura Pública, norma cuya vulneración se encontraría relacionada con el art. 192.I de la Ley Nº 603 “Los bienes comunes se administran por ambos cónyuges” a su vez vinculado a la igualdad prevista en el art. 173 del citado Código; en este respecto, los juzgadores de grado, llegaron a la conclusión determinativa que la condición sine quo non prevista en el art. 177.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que señala: “II. Si la o el cónyuge por voluntad propia quiere disponer de sus bienes a favor de sus hijas e hijos lo hará mediante escritura pública, bajo pena de nulidad”, no era aplicable porque el supuesto fáctico regulado no era pertinente al caso, y de una interpretación literal de la norma establecieron que por el hecho de haberse suscrito la venta por AMBOS cónyuges, no estaba supeditada a la condición de validez mediante Escritura Pública, que es exigible cuando es UNO SOLO (en singular) quien materializa el acto; no obstante que la naturaleza consensual del contrato de venta, no fue motivo de argumentación en el recurso, ni mucho menos la validez de la venta efectuada mediante minuta, resulta necesario ahondar en la interpretación del citado art. 177.II de la Ley N° 603 y no limitarnos a su sentido meramente literal. Al respecto, en el numeral III.4 del presente fallo, se abordó de forma amplia la interpretación integral y sistemática del art. 177.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, a fin que la misma sea armónica y concordante con el ordenamiento jurídico y el desarrollo jurisprudencial de los institutos que convergen en su contenido; en esta lógica se concluyó en abstracto que la frase “la o el cónyuge” en el art. 177.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, no puede ser entendida limitativamente a que el acto de disposición solo se pueda plasmar de forma unilateral por cada uno de los cónyuges, impidiendo que ambos puedan realizarla en un solo acto; y tampoco el término “disponer” puede ser extendido a todo acto de disposición (oneroso y gratuito), sino que se entenderá restrictivamente al acto de disposición gratuito o donación que pueda realizar uno o ambos cónyuges en favor de sus hijas e hijos, resultando así compatible con el ejercicio del derecho de propiedad, la naturaleza consensual del contrato de venta, y la solemnidad que reviste al contrato de donación; la norma en estudio se interpretará en sentido que cada cónyuge o ambos a la vez, pueden realizar el acto de disposición gratuito o donación, de su patrimonio propio o ganancial, en favor de sus hijas e hijos, debiendo la misma ser realizada mediante Escritura Pública; para llegar a esta interpretación, se realizó una integración del ordenamiento jurídico referido específicamente a la disposición de los bienes gananciales sean habidos en matrimonio o unión libre si fuera el caso, asignando a la norma el sentido que le corresponde según la naturaleza del acto de disposición cuya protección prevee, sin que dicha interpretación resulta contraria a las potestades que emergen del derecho propietario y su ejercicio garantizado en el art. 56 de la Constitución Política del Estado. En esta línea de entendimiento, la jurisprudencia constitucional señaló: “En ese sentido, los principios pro homine, arts. 13.IV y 256.I de la CPE y 29.b) de la CADH, y progresividad (art. 13.I de la CPE) exigen que, al aplicar e interpretar los derechos humanos y fundamentales, siempre se acuda a la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable y, en consecuencia, respecto a las limitaciones o restricciones en el ejercicio de un determinado derecho, se efectúe una interpretación restrictiva, con la finalidad de afectar lo menos posible a la vigencia y eficacia del derecho fundamental, garantizado de esa manera, el intérprete de la norma, la plena vigencia de los derechos fundamentales reconocidos a favor de la persona (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0827/2013 de 11 de junio, Sentencia Constitucional Plurinacional N° 010/2019-S2 de 20 de febrero, entre otras); en el presente, con base en las premisas que fueron abordadas en párrafos precedentes, se tiene que la minuta que contiene el contrato de venta de un inmueble que correspondió a la comunidad de gananciales (hecho reconocido por ambas partes litigantes) no significa otra cosa que el ejercicio de los poderes que emergen del derecho de propiedad contenido en el art. 105 del Código Civil, que fue suscrito por ambos cónyuges, y siendo una venta implica per se bilateralidad en las obligaciones de las partes, constando que la estipulación del precio importa que la disposición es a título oneroso, consecuentemente, no se encuentra condicionada en su validez a su suscripción mediante Escritura Pública de forma imperativa; consecuentemente, si bien la Juez y Tribunal de apelación, realizaron una interpretación literal de la norma para fundamentar la desestimación de la causal de nulidad impetrada por el demandante, no es menos evidente que merced a la interpretación integral y sistemática del art. 177.II de la Ley N° 603 relacionado con el art. 491 num. 1 y 5 del Código Civil, la venta realizada mediante minuta por ambos -entonces cónyuges- en favor de su hija, no se encuentra condicionada en su validez a su estipulación mediante Escritura Pública, fundamentación y motivación con base en la cual, las violaciones a las normas aludidas, carecen de mérito”.
Auto Supremo N° 431/2019 de 30 de abril
Auto Supremo N° 314/2010 de 20 de septiembre
Artículos 491 y 492 del Código Civil
DERECHO CIVIL / DERECHO CIVIL SUSTANTIVO / CONTRATOS / INEFICACIA E INVALIDEZ / NULIDAD Y ANULABILIDAD / NULIDAD / IMPROCEDENCIA
POR NO DEMOSTRARSE LAS CAUSALES DE NULIDAD INVOCADAS EN LA DEMANDA
INFUNDADO
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2023.pdf · páginas 40 a 43.
Huella digital del PDF (SHA-256): 42b2883bb6297fb0d8ae5dbb744f0d801809f108a39579968521908d43cce5c3
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