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AS 211/2024

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 18 de marzo de 2024

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
18 de marzo de 2024
Magistrado relator
Lic. José Antonio Revilla Martínez
Descriptor del Tribunal Supremo
DERECHO CIVIL / DERECHO PROCESAL CIVIL / PROCESOS / PROCESOS ORDINARIOS / ACCIONES DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD / ACCIÓN DE MEJOR DERECHO PROPIETARIO

Doctrina

NINGUNA ENTIDAD PUEDE ADSCRIBIRSE UN DERECHO PROPIETARIO EN BASE A NORMAS MUNICIPALES SOBRE PROPIEDAD PRIVADA

En el caso de una propiedad privada, la expropiación está sometida a un procedimiento administrativo que se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con el establecimiento del justiprecio y el pago de la indemnización al propietario, no se puede vulnerar el procedimiento reconocido por la Constitución Política del Estado y el Código Civil y Procesal Civil, conculcando el derecho propietario bajo el argumento de que no importa el modo de adquisición de un inmueble y que lo único que debe considerarse es que se trata de un bien de dominio público apoyada en normas municipales, cuando nuestra normativa establece un procedimiento que debe cumplirse en caso de necesidad o utilidad pública, la que además debe ser acreditada.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

AUTO SUPREMO Nº 211/2024 de 18 de marzo MAGISTRADO RELATOR: Lic. José Antonio Revilla Martínez

SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente acuso la vulneración de los arts. 339.II de la Constitución Política del Estado, y arts. 30 y 31 de la Ley de Municipalidades, pues los bienes de dominio público no solo se encuentran restringidos en cuanto a su venta, sino respecto a la transmisión del derecho propietario y la delimitación de apropiación por parte de particulares, y al tratarse el bien que defiende esta entidad, de un bien de dominio público, o puede ser dispuesto, menos por la limitación en su competencia que tienen los jueces y la administración de justicia en general. Refirió igual que en caso de generarse duda razonable sobre algún hecho o extremo, el juzgador puede producir prueba de oficio para llegar a la verdad material.

RATIO DECIDENDI

"De las normas trascritas supra y la prueba aportada en el proceso, como ser Escritura Pública Nº 67/1998 de 06 de octubre, Folio Real que cuenta con plano aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, indicando que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz reconoció como área residencial la zona de Huayllani; fotocopias legalizadas del interdicto de recuperar la posesión interpuesto por los vecinos de la zona de la comunidad de Kellumani, Huayllani, Chijipata y Humapalca del ex fundo Achumani contra la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz en la que se declaró probada la demanda a favor de los comunarios sobre los terrenos en el río Huayllani;

Acuerdo Transaccional de fs. 75 a 76, en el que el entonces Alcalde de La Paz reconoce el derecho propietario de los beneficiarios de la Urbanización Huayllani y de los ex colonos del ex fundo Achumani sobre los terrenos en cuestión; interdicto de recuperar la posesión interpuesto por los demandantes contra Martín Silva Choque, Pablo Pinto Guampo, Pablo Conde Jihacoti, Remigio Pinto Siñani y Gregorio Mamani, que declaró probada la demanda [fs. 126 a 150], así como planos, prueba pericial, inspección judicial y testifical, se evidencia que, el derecho de los propietarios es primigenio al derecho reclamado por las entidades demandadas, que lejos de desacreditar este aspecto, en su oportunidad reconocieron el derecho que les asiste a los demandantes, y que el bien se encontraba en una zona residencial; motivo por el cual, no se trataba de un bien de dominio público, como alegó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su recurso.

No debe perderse de vista que, si bien la Carta Magna reconoce el derecho de las entidades municipales, no es menos evidente que el derecho a la propiedad también se encuentra reconocido, y en ese entendido, encontrándose reconocido el derecho de los demandantes, ninguna de las entidades recurrentes podía adscribirse su derecho sobre el bien objeto de la litis, sino conforme al trámite y las normas establecidas por ley, las cuales, conforme se refirió precedentemente; es decir, a través de la expropiación, que en el caso de una propiedad privada está sometida a un procedimiento administrativo que se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con el establecimiento del justiprecio y el pago de la indemnización al propietario, aspecto que no ocurrió en el caso; toda vez que, los recurrentes inscribieron su derecho propietario en función a normas municipales, vulnerando el procedimiento reconocido por la Constitución Política del Estado y el Código Civil y Procesal Civil, conculcando el derecho propietario de los demandantes bajo el argumento de que no importa el modo de adquisición del inmueble que ahora ocupan, y que lo único que debe considerarse es que se trata de un bien de dominio público, cuando nuestra normativa establece un procedimiento que debe cumplirse en caso de necesidad o utilidad pública, la que además debe ser acreditada.

Por otro lado, respecto a la reivindicación, cabe señalar que se consideraron los tres requisitos establecidos por la doctrina transcrita precedentemente para su procedencia; es decir, que los demandantes sean dueños de la cosa a reivindicar, que fue probado por la documental señalada precedentemente; que no se encuentra en posesión del bien y que éste esté siendo poseído por el demandado sin justo título, aspecto que en el caso presente fue acreditado, y si bien las entidades demandadas inscribieron su derecho propietario, estos fueron posteriores al derecho del demandante; y finalmente que exista identidad entre el bien que alega ser propietario y el que ocupa o detenta el demandado, este último punto fue probado a través de todo el acervo probatorio, como por ejemplo inspección judicial, informes periciales, así como las declaraciones de los testigos, y demás documentos que se encuentran en el expediente, y que fueron detallados en el Auto de Vista, y no fueron desvirtuados por la entidad recurrente.

De igual manera, el Auto de Vista alegó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no acreditó la acción negatoria, justificando esta demanda en el argumento de que los bienes del patrimonio del Estado y las entidades públicas son inembargables, imprescriptibles e inexpropiables, sin acreditar que el derecho reclamado por los demandantes le pertenezca, o que tenga sobre este un mejor derecho propietario que hubiera sido anterior al que alegan aquellos.

De lo expuesto anteriormente, se deduce que no son ciertos los motivos que trae a colación la entidad recurrente, más aún cuando el Auto de Vista determinó la existencia de los presupuestos para la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación, se encuentra debidamente fundamentado y cuenta con el respaldo probatorio en cada una de sus determinaciones, indicando de manera precisa cuales fueron las pruebas que llevaron al Ad quem a tener el convencimiento de que los demandantes cuentan con el derecho propietario que les asiste."

PRECEDENTE

Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0993/2016-S3 de 22 de septiembre, que, a su vez, hace referencia a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0070/2010-R de 3 de mayo.

DESCRIPTOR

DERECHO CIVIL / DERECHO PROCESAL CIVIL / PROCESOS / PROCESOS ORDINARIOS / ACCIONES DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD / ACCIÓN DE MEJOR DERECHO PROPIETARIO

RESTRICTOR

PROCEDENCIA

FORMA DE RESOLUCIÓN

INFUNDADO

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo revista-jurisprudencia-2024.pdf · páginas 17 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e7acd8ee457b0f0946fc5f142423a50472f872d48dbdad38b94c2e7e4187ec7

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