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AS 203/2022

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 26 de abril de 2022

Anula obrados

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
26 de abril de 2022
Recurso
Nulidad
Magistrado relator
Lic. José Antonio Revilla Martínez
Descriptor del Tribunal Supremo
DERECHO ADMINISTRATIVO/ DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO/ PROCESO CONTENCIOSO/ RECURSOS/ CASACIÓN/ NULIDAD/ PROCEDE

Doctrina

NULIDAD DE OBRADOS

El no motivar una resolución, impide a las partes conocer las razones que sustentan el fallo, debiendo ser lógico y claro, para lograr la credibilidad de la justicia ordinaria ante la sociedad civil. Por lo que, es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada y exponga con claridad las razones y fundamentos que la sustente, que permita concluir que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio reclamado fue el resultado de un correcto y objetivo control de valoración de todas las pruebas.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

AUTO SUPREMO N° 203/2022 de 26 de abril MAGISTRADO RELATOR: Lic. José Antonio Revilla Martínez

SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora recurre manifestando que al haber solicitado el pago de daños y perjuicios a su favor, la Sentencia resolvió en su punto 3 “No ha lugar al pago de daños y perjuicios a la Empresa Supervisora”; por lo que, se le causó un agravio bajo el fundamento que el Acta de Paralización, hizo constar que la entidad contratante no cancelará por equipo, personal y otros gastos misceláneos durante el periodo que signifique la suspensión temporal; si bien, es verdadero lo establecido en el Acta, esto no es fundamento válido para negar el pago de daños y perjuicios, ya que la liberación por estos operativos es durante el periodo que signifique la suspensión temporal; porque la exoneración rige para futuro, no siendo ello considerado, más cuando los problemas y hechos que llevaron a esa suspensión fueron a causa atribuible a la Gobernación, con lo que se demuestra que existe un hecho generador de responsabilidad civil; porque además, la falta de empresa constructora encargada de la ejecución de obra, no es atribuible a MTCB Consultores Asociados SRL.

RATIO DECIDENDI

“…es necesario referir que, de la lectura, revisión y análisis de la Sentencia (…) se desprende que la misma, si bien en el punto VII DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, realiza un análisis del caso (…) No es menos cierto que se observa que realizó un análisis escueto de los hechos por los cuales se llegó a determinar lo señalado; con lo cual, se denota que, dejó a las partes intervinientes en el proceso en incertidumbre, en razón a que existe un vacío en su fundamentación y motivación del por qué se determinó ello. Asimismo, es necesario indicar que, se verifica que no se encuentra motivado y argumentado respecto del por qué se debe pagar o no daños y perjuicios a la demandante; además de que no se justificó en la Sentencia el por qué no corresponde resarcir el daño respecto al monto vigente de las boletas de garantía. De igual manera, no se explicó cómo o por qué conceptos se van a cuantificar o determinar los daños y perjuicios a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y por qué razón se debe pagar esos daños y perjuicios; no teniéndose un parámetro para determinar la cuantía de daños y perjuicios. En ese contexto, se advierte que se omitió señalar de forma clara y específica, los montos que se debe pagar; aspecto que, imposibilitará la ejecución de esa determinación, incumpliendo S A

L A

S O C

I A

L

I el art. 213-II-4 del CPC-2003. Motivo por el cual, se evidencia que la fundamentación es genérica; por lo que, deja en duda y vulnera los derechos de ambas partes intervinientes en el proceso. Por lo que, por esta falta amerita que el Tribunal Supremo de Justicia disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia, para que el Tribunal de instancia, emita su determinación de forma clara, positiva y precisa, a fin de facilitar su ejecución y otorgar certeza a las partes.”

PRECEDENTE

Artículo 17-I de la Ley del Órgano Judicial

Artículos 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil

DESCRIPTOR

DERECHO ADMINISTRATIVO/ DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO/ PROCESO CONTENCIOSO/ RECURSOS/ CASACIÓN/ NULIDAD/ PROCEDE

RESTRICTOR

POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN

FORMA DE RESOLUCIÓN

ANULA

S A L A S O C I A L I AUTO SUPREMO Nº 351/2022 de 23 de junio MAGISTRADO RELATOR: Dr. Esteban Miranda Terán

OBLIGACIÓN DE DAR OBSERVANCIA A LA NORMATIVA

ADMINISTRATIVA

La administración pública ostenta la responsabilidad por la administración del contrato, debiendo dar estricta observancia de la normativa administrativa aplicable, como ser el contrato administrativo, al tener bajo su administración los pormenores de la contratación de la obra o servicio, es la encargada de velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales del contrato, haciendo notar en su momento, las eventualidades emergentes de su incumplimiento, bajo responsabilidad por la función pública.

SÍNTESIS DEL CASO

La entidad recurrente alegó que el Tribunal de primera instancia, reconoció la legalidad del contrato y que las ordenes de cambio 2 y 3, no fueron aprobados por la entidad conforme a procedimiento establecido; es decir, no estuvo vigente en ningún momento al no contar con la firma de la autoridad que firmó el contrato original; tampoco se valoró, que las ordenes de cambio estaban sujetas a una variedad de observaciones, tal cual señala el informe del Fiscal de Obras. Refirió que la Cláusula Trigésima (30-4), señaló que el Supervisor con la autorización expresa del contratante durante el periodo de ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, pero necesariamente debe contar con la autorización expresa del contratante y que estas modificaciones deben estar sustentadas técnica, legal y financieramente, además de contar con la respectiva certificación presupuestaria; de ahí que, no resulta suficiente que el Supervisor y el Fiscal de Obra aprueben unilateralmente las modificaciones del contrato, sin el consentimiento del contratante.

RATIO DECIDENDI

“…habiéndose logrado la aprobación de ambas modificaciones por parte de la Supervisión de la Obra, a quien correspondía continuar con el trámite de aprobación de las ordenes de cambio era al Fiscal de Obra en calidad de dependiente de la Sub Gobernación O’Connor, quien además de manera negligente devolvió las ordenes de cambio 2 y 3, después de un año de la paralización de la obra, desconociéndose cuál el motivo; sin embargo, contrario a estos hechos, el mismo Fiscal de obra recibido las ordenes de cambio 2 y 3, las reportó en el Sistema de Información de la Gobernación, solicitando en base a esas ampliaciones de plazo la renovación de las garantías contractuales. Por otro lado, analizando el contrato administrativo “Construcción Asfalto Camino Entre Ríos Quebrada Las Vacas SGO-C-EXGPO-01-2018”, se establece que, existió una relación jurídica entre la empresa demandante y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, al haber suscrito el citado contrato administrativo a través de la autoridad delegada “Sub Gobernación O’connor”, de donde emergió la obligación de entrega de la obra por parte del contratista y la cancelación del valor de la obra ejecutada por parte S A

L A

S O C

I A

L

I de la Sub Gobernación; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por las entidades demandadas, dicho incumplimiento se debería a causas atribuibles a la empresa demandante, al dejar vencer el plazo contractual sin que hubiera terminado los trabajos, pues las ordenes de Cambio 2 y 3 no tendrían validez, al no haber cumplido con las cláusulas del contrato y procedimiento previsto en el DS Nº 0181, además de no presentación de facturas que posibiliten su pago; aspectos que, fueron objeto de análisis por la Sala Social, SS, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; autoridades que concluyeron que, la empresa demandante cumplió con la ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Contrato Administrativo referido, evidenciado además que no existió pronunciamiento de rechazo de las ampliaciones del plazo, hasta el momento en que la empresa demandante comunicó la intención de resolver el contrato, aprobándose certificados de pago y desarrollándose la obra con normalidad hasta que fue paralizada por el Fiscal de obra, demostrándose que la entidad demandada reconoció las ampliaciones contenidas en las ordenes de cambio 2 y 3. Sin embargo, el hecho que no se hubiese cumplido el procedimiento para la aprobación de las ordenes de cambio, así como la firma de autorización de la MAE, no afecta respecto de las obligaciones contractuales asumidas en el contrato por la Entidad contratante; pues, en definitiva la empresa demandante asumió las obligaciones emergentes de la contratación administrativa, no pudiendo ser perjudicado el contratista por cuestiones de procedimiento administrativo y negligencia de los funcionarios responsables, máxime si la entidad contratante dispone de los medios para repetir o perseguir judicialmente a su contraparte, que no honró el pago de su parte, siendo aquello indiferente al contratista que cumplió con su obligación tal como asumió en su contrato.”

PRECEDENTE

Auto Supremo 609/2014 de 27 de octubre

Auto Supremo 05/2014 de 8 de septiembre

Artículo 568 del Código Civil

DESCRIPTOR

DERECHO ADMINISTRATIVO/ DERECHO ADMINISTRATIVO SUSTANTIVO/ PRINCIPIOS

RESTRICTOR

EFICACIA ADMINISTRATIVA

FORMA DE RESOLUCIÓN

INFUNDADO

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2022.pdf · páginas 122 a 124.

Huella digital del PDF (SHA-256): a5aa9ea88ad8ef3f4ec8abcd36a042eb9a87b6046347f21275b608095d079f91

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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