Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de marzo de 2014
Recurso infundado
Prescripción.
Interrupción Civil de la Prescripción Adquisitiva.
precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la Constitución…”.
“... habrá que considerar que en materia de prescripción, existen supuestos expresamente normados en la ley que determinan la ineficacia de la interrupción de la prescripción, así en nuestro Código Civil encontramos las previsiones establecidas en el art. 1504, por lo que no se puede hablar de la interrupción al término a la prescripción conforme al art. 1503 del Código Civil, en forma aislada, sino que si dicha interrupción hubiera sido o no afectada con la ineficacia de dicha interrupción al tenor del art. 1504 del Código Civil, esto en procura de interpretar la norma acusada de infringida conforme al principio de verdad material que rige la administración de justicia ordinaria establecida en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
En el marco anterior, diremos que en el caso de autos el inicio de la prescripción adquisitiva ordinaria reconvenida por Victoriano Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa, se determina desde la fecha en que el título de propiedad fue inscrito, es decir desde el 10 de noviembre del 2000.
A fs. 153 de obrados cursa fotocopia de la diligencia de citación que en el inicial proceso de reivindicación se habría practicado a Victoriano Buezo y Valentina Durán (Clementina Durán), en fecha 23 de julio de 2003, consiguientemente al tenor de lo previsto por el art. 1503-I del Código Civil, que dispone que: ‘La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente’, se entendería que la prescripción iniciada el 10 de noviembre de 2000 se interrumpió el 23 de julio de 2003 por efecto de la citación practicada. Sin embargo, antes de arribar a esa conclusión, corresponde analizar que, conforme los antecedentes de ese inicial proceso, en grado de apelación se emitió el Auto de Vista Nº SCII-156/2006, de 15 de marzo de 2006, anulando todo lo obrado hasta fs. 6 inclusive, es decir hasta el estado en que el referido proceso sea admitido por el Juez Tercero de Instrucción Civil, nulidad que tuvo en cuenta la competencia del Juez ante quien se sustanció dicho proceso y no la falta de forma o falsedad de la citación practicada (eso conforme al análisis de la prueba en forma parcial), empero de ello analizando la integridad de la prueba aparejada, relativo a la sustanciación de un anterior proceso de reivindicación intentado por los ahora recurrentes se evidencia que en dicha causa se ha generado la perención de la instancia (entendida como Prescripción.
Supuestos en los que la interrupción de la prescripción resulta ineficaz.
la extinción de la instancia), al tenor del art. 309 del Código de Procedimiento Civil, ahora si bien los arts. 311 y 312 del mismo cuerpo legal, tan solo refieren a los efectos de la perención de instancia, no debe olvidarse que de acuerdo a la interpretación sistemática, los efectos de la interrupción de la prescripción y la ineficacia de la interrupción a la prescripción, se encuentran contenidos en los arts. 1503 y 1504 del Código Civil, respectivamente.
No obstante lo manifestado, no podemos soslayar referirnos a lo previsto por el art. 1504 del Código Civil, que contiene el catálogo de supuestos en que la interrupción de la prescripción resulta ineficaz razón por la que el curso de la prescripción no se afecta y el mismo sigue su curso normal como si nunca hubiera existido obstáculo alguno.
Al respecto el art. 1504 - 2) del citado Código Civil, respecto a la ineficacia de la interrupción prevé: ‘Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo al Código de Procedimiento Civil’, así se deduce que dicha norma se refiere a la extinción de la instancia, esa extinción es la referida a la perención de instancia conforme al art. 309 del Código de Procedimiento Civil, pues dicho precepto establece la extinción de la instancia que llega a constituirse en la acción. Conforme esa disposición legal, la prescripción no se interrumpe cuando el demandante deja extinguir la instancia, es decir cuando por su dejadez o negligencia opera la perención de instancia.
En el caso de autos la propia parte demandante a tiempo de interponer la presente demanda de reivindicación reconoció que en el proceso inicial, con posterioridad a la nulidad de obrados, operó la perención de instancia, lo que consta en la documental de fs. 36 de la presente causa, relativa a fotocopia legalizada del Auto de 12 de enero de 2010 pronunciado por el Juez Instructor Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, por el que declaró la perención de instancia. Consecuentemente, en aplicación del citado art. 1504 num. 2) del Sustantivo Civil, la citación efectuada en aquel proceso y a la cual la parte recurrente le atribuye el efecto de haber interrumpido la usucapión quinquenal, no surtió ese efecto y la prescripción iniciada el 10 de noviembre del 2000 no se interrumpió por esa citación, en razón a que en el proceso en el que se practicó la misma operó la perención de instancia.
Conforme determina el art. 1495 del Código Civil, el régimen legal de la prescripción no se puede modificar ni se puede prescindir de él, bajo sanción de nulidad, en virtud a ello los Tribunales y Jueces nos encontramos constreñidos a su aplicación, como sucede en el caso de Autos”.
Por tanto: Infundado.
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“El art. 1453 del Código Civil al establecer entre las acciones de defensa de la propiedad a la acción reivindicatoria, señala que ésta se halla reservada al ‘propietario que ha perdido la posesión de una cosa”, es decir, que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia del derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquel que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente.
La demanda según Rosemberg: ‘Es una solicitud de otorgamiento de tutela jurídica mediante sentencia’, Según Alsina ‘Es el acto procesal por el que se ejercita una acción’, se trata de un acto procesal que da inicio al proceso y, desde luego a la instancia judicial. En suma, es un acto procesal de proposición o de petición de una determinada tutela jurisdiccional en la que se afirma la acción De otro lado la lealtad procesal es un principio que impone a todos los sujetos partícipes del proceso la obligación de actuar con lealtad y buena fe procesal, ajustando su conducta a la justicia y al respeto entre sí, debiendo evitarse cualquier conducta fraudulenta o dilatoria del proceso.
En el presente caso, los esposos Esteban Golac Morales y Máxima Skocilic de Golac no poseían la legitimación activa o derecho propietario sobre el bien inmueble a tiempo de iniciar la demanda, ya que fue de conocimiento suyo el hecho de haber transferido a su hija el inmueble en 2 de marzo de 2006, transferencia que fue debidamente inscrita en Derechos Reales en 9 de marzo de 2006 (ver fs. 458 y vlta.), registro que resulta ser con fecha anterior al inicio de la demanda que es de 30 de marzo de 2006, de lo que se colige que los actores actuaron con falta la lealtad procesal a tiempo de iniciar la demanda, pues, sabiendo que no contaban con la legitimación activa para demandar la Reinvindicación, toda vez que ya no eran titulares del inmueble objeto del presente proceso y de que la propiedad del bien inmueble ubicado en la Av. Juan de la Rosa y Calle Albornoz, zona de Sarco, manzana 257, con una extensión superficial de 1.118 m2, corresponde a Darinka Golac Skocilic de Nacif y no así a los actores, a tiempo de exponer los hechos en que se funda la demanda, omitieron intencionalmente hacer referencia a ese aspecto y contrariamente al deber de lealtad procesal, argumentaron ser titulares del bien inmueble objeto de la reivindicación intentada, situación que, como es lógico, obstaculizó el ejercicio de defensa por parte del demandado quien de conocer oportunamente esos antecedentes, pudo hacer valer la excepción de impersonería, situación Auto Supremo: 154/2014 de 16 de abril.
Magistrada Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.
Acción Reivindicatoria / Procedencia / Legitimación Activa.
El primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria es la existencia del derecho propietario sobre cuya reivindicación se demanda.
que resultó imposible en consideración a que los hechos expuestos por los demandantes no correspondían a la verdad, situación que también imposibilitó al Juez de la causa ejercer el control correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto corresponde anular el presente proceso hasta el decreto de admisión de la demanda de fecha 24 de junio de 2006 cursante a fs. 48 vlta. de obrados, toda vez que los actores al iniciar la demanda de Reinvindicación presentaron como prueba el testimonio expedido por Derechos Reales de fs. 1 a 2 vlta. de obrados que supuestamente demostraba su derecho propietario sobre el inmueble objeto de la controversia, induciendo en error al Juzgador, ocultando referir hechos sustanciales que hubieran posibilitado a la parte demandada aseverar adecuada defensa a través de la interposición de las excepciones que correspondía”.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
Anula.
“La potestad de impartir justicia se sustenta, según determina el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
Estos principios constituyen las líneas rectoras y los pilares fundamentales sobre los cuales se construye y desenvuelve la función jurisdiccional, que al haber sido constitucionalizados adquieren carácter normativo fundamental e informador de la función jurisdiccional. Consiguientemente diremos que la función de impartir justicia, no solo de aplicar la ley, se hará efectiva a partir de los principios constitucionales referidos precedentemente, los cuales se constituyen además en las líneas maestras de comprensión e interpretación para la actividad jurisdiccional.
Conforme a lo establecido, uno de los principios orientadores de la función jurisdiccional resulta ser el de equidad, el cual, según la voluntad constituyente, consiste en la búsqueda del equilibrio entre la norma y la justicia. Justicia que resulta condición esencial para la armonía social, consiguientemente la equidad contribuye significativamente a la instauración y mantenimiento de la •
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
Auto Supremo: 108/2014 de 27 de marzo. Magistrado Relator: Dr. Rómulo Calle Mamani.
Anula.
“La potestad de impartir justicia se sustenta, según determina el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
Estos principios constituyen las líneas rectoras y los pilares fundamentales sobre los cuales se construye y desenvuelve la función jurisdiccional, que al haber sido constitucionalizados adquieren carácter normativo fundamental e informador de la función jurisdiccional. Consiguientemente diremos que la función de impartir justicia, no solo de aplicar la ley, se hará efectiva a partir de los principios constitucionales referidos precedentemente, los cuales se constituyen además en las líneas maestras de comprensión e interpretación para la actividad jurisdiccional.
Conforme a lo establecido, uno de los principios orientadores de la función jurisdiccional resulta ser el de equidad, el cual, según la voluntad constituyente, consiste en la búsqueda del equilibrio entre la norma y la justicia. Justicia que resulta condición esencial para la armonía social, consiguientemente la equidad contribuye significativamente a la instauración y mantenimiento de la •
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 18 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9
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