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AS 0593/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 6 de mayo de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
6 de mayo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 721 a 730, interpuesto por Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma, contra el Auto de Vista N° 25/2026 de 14 de enero, cursante de fs. 706 a 716, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Con costas y costos.

Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0593/2026 Fecha: 06 de mayo de 2026 Expediente: OR-22-26-S Partes: Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma c/ Mary Fabiana Mamani Huacaña. Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria. Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 721 a 730, interpuesto por Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma contra el Auto de Vista N° 25/2026 de 14 de enero, corriente de fs. 706 a 716, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Mary Fabiana Mamani Huacaña; la contestación de fs. 734 a 735 vta.; el Auto de concesión de 12 de febrero de 2026, visible a fs. 737; el Auto Supremo de admisión N° 0265/2026-RA de 06 de marzo, obrante de fs. 744 a 746, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma por memorial de demanda que cursa de fs.

246 a 250, subsanado a fs. 318, promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, contra Mary Fabiana Mamani Huacaña, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 391 a 394, contestó de manera negativa, reconvino por pago de resarcimiento de daños económicos, y planteo la excepción de demanda defectuosa, pretensión que mereció el Auto de 05 de noviembre de 2024, obrante de fs. 440 vta., a 441 vta., que declaró IMPROBADA la excepción;

desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 110/2025 de 13 de octubre, que cursa de fs. 667 a 678 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 9° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de usucapión decenal y extraordinaria, e IMPROBADA la demanda reconvencional de pago de resarcimiento de daños y perjuicios, disponiendo instituir a la demandante como propietaria del 50% del bien inmueble objeto del proceso, se proceda a la inscripción en Derechos Reales, y se expida la minuta de ley ordenando su protocolización; con costas y costos para la parte demandada.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Mary Fabiana Mamani Huacaña según escrito de fs. 684 a 686, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 25/2026 de 14 de enero, corriente de fs. 706 a 716 que REVOCÓ parcialmente la Sentencia apelada, disponiendo en el fondo declarar IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, manteniendo lo demás incólume, en base a los siguientes fundamentos:

- La apelante en el recurso de apelación, expuso como agravios que la Sentencia vulneró el principio del debido proceso, porque contendría fundamentación completamente parcializada, violándose lo previsto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- En el caso de Autos, a título de usucapión se trataría de consumar un despojo o avasallamiento en contra de su propiedad familiar, derecho propietario que fue conculcado porque la demandante ingresó en forma violenta, destruyendo construcciones.

- Se otorgó la usucapión a una vecina, que habría abierto una puerta para ingresar a su propiedad; lo que motivó una acción criminal por el delito de despojo en contra de la demandante y que en Sentencia no hubiera sido tomada en cuenta.

- No se valoró en Sentencia la prueba aportada por la apelante lo que vulnera el art. 145 del Código Procesal Civil.

- El informe pericial incurre en contradicción, en relación al muro que se encuentra en el sector norte del bien inmueble y que este muro no puede servir para declarar probada la demanda de usucapión; se informó que las construcciones clandestinas en su propiedad datan de hace dos años; lo que no podría constituir fundamento para sustentar la usucapión.

- La Sentencia incurre en incumplimiento de lo previsto en el art. 213 num. 3 del Código Procesal Civil y lo establecido en el art. 115 de la Constitución Politica del Estado.

- El argumento expuesto por la actora en el memorial de demanda, es que hubiese ejercido posesión del bien inmueble ubicado en la calle Pisagua s/n entre calles Arce y Santa Bárbara, con una superficie de 150 m2, desde el ario 2003, habiendo realizado mejoras y construcciones en la gestión 2008, pagando impuestos del terreno, sin que ninguna persona hubiera perturbado su posesión y que la demandada no habría ocupado el bien inmueble, porque estaba radicando en la República de Brasil.

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- De la lectura de la Matrícula N° 4.01.1.01.0034106, se tiene que se encuentra registrado el derecho propietario de Esteban Huacaña Paredes sobre una superficie de 500 m2, quién por Escritura Pública N° 1218 de 7 de septiembre de 2000, transfirió 200 m2 en favor de Delfín Ayma Huacaña y Pilar Araya Portanda, estando ubicado el bien inmueble objeto del proceso al lado sud del bien inmueble de propiedad de la actora, siendo colindantes ambos inmuebles, el de la actora y el área de 150 m2 de propiedad del titular original o primigenio y ahora a nombre de la demandada por sucesión hereditaria.

- Cursan a fs. 80 y 81 publicaciones de prensa de deudas tributarias del bien inmueble de 300 m2, de propiedad de Esteban Huacaña Paredes, por las gestiones de 2003 y 2005, de fs. 82 a 117 corren constancias de pago de impuesto a la propiedad del bien inmueble de 300 m2, a nombre del indicado, a partir de la gestión anual de 2002, correspondiendo el primer pago el 22 de diciembre de 2009, lo que evidencia que a partir de esa fecha, la actora hubo efectuado el pago de impuestos y tasas de servicios y otros, sobre el bien de propiedad de Esteban Huacaña Paredes; sin embargo, ésta sólo pretende adquirir 150 m2, lo que implica inferir el elemento subjetivo de la usucapión denominada "ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta, como si se tratara de legítimo propietario", la que debe estar acompañada al mismo tiempo de la posesión objetiva del predio (corpus possessionis) y estos dos elementos constitutivos de la acción de usucapión decenal o extraordinaria debe ser continuada durante diez arios, como norma el art. 138 del Código Civil.

- Respecto al cumplimiento del elemento objetivo o posesión corporal del inmueble por la actora, cursa en obrados de fs. 541 a 555, dictamen pericial complementado por dictámenes periciales de fojas 566 a 568 y 574, de los cuales se evidencia que, en la gestión de 2022, se efectuó la construcción de una habitación, más un bario por el lado norte del terreno, el mismo ario se construyó una habitación al lado sudoeste del terreno que se efectuó sin autorización oficial o planos aprobados.

Asimismo, se informó que el bario construido tiene provisión del servicio de agua proveniente del medidor del (terreno contiguo al lado norte) lo que significa que la provisión de este servicio básico proviene del inmueble de la actora y que en el lote de terreno se instaló recientemente el servicio de energía eléctrica.

- En la gestión de 2022 la actora recién efectuó la construcción de dos cuartos y un bario en el área de terreno cuya usucapión demanda, que la actora desde la fecha que efectuó pago de tributos devengados del bien inmueble el ario 2003 y levantada la construcción de un muro perimetral oeste el ario 2013, reemplazó el muro de adobe por muro de ladrillo lado norte el ario 2015, datos que se desprenden del dictamen pericial; sin embargo, desde esa fecha no ingresó en posesión corporal del bien inmueble que configure el elemento objetivo que recién comenzó a ejercer en la gestión de 2022, cuando construyó dos habitaciones y un bario en el área de terreno cuya usucapión demandó.

- De todo lo anotado se tiene que, la posesión continuada por más de diez arios del área de terreno de 150 m2. de la actora con la concurrencia de los dos elementos subjetivo y objetivo, que configura la acción de usucapión decenal o extraordinaria recién comenzó en la gestión 2022 y no así desde el ario 2003.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma, mediante memorial de fs. 721 a 730, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

El recurrente en el recurso de casación acusó:

En la forma.

a) Vulneración del principio de congruencia en su vertiente externa; toda vez que, el Tribunal Ad quem de manera arbitraria, parcializada y de oficio ingresó a valorar la prueba, afectando el derecho al debido proceso, conforme a los arts. 256 y 265 del Código Procesal Civil, sobre la identificación de los agravios ya que los mismos deberían ser fundamentados, siendo que al Tribunal de alzada le corresponde ajustar su resolución sobre lo observado, hecho que habrían incumplido con este mandato al generar una valoración probatoria sesgada y parcializada en extremo oficiosa, al no ajustarse los puntos cuestionados; asimismo, se tendría por incumplido el lineamiento establecido por el Auto Supremo N° 289/2024 de 10 de abril, que hace una fundamentación sobre la errónea valoración de la prueba. En conclusión, las autoridades están obrando fuera del marco procesal y jurisprudencial de la materia, actuando con parcialidad irrumpiendo con el principio de imparcialidad como componente del Juez natural establecido en el art.

120.1 de la Constitución Politica del Estado, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 3 num. 3 de la Ley del Órgano Judicial, preceptos normativos que también fueron incumplidos.

En el fondo.

b) Errónea aplicación del art. 1286 del Código Civil y el art. 145 del Código Procesal Civil, al no generar una apreciación conjunta de toda la prueba producida, limitándose a concluir un hecho determinante como es el elemento objetivo de la posesión a partir de una sola prueba, sin valorar el acervo probatorio que se produjo; asimismo, aplicaron de manera incorrecta el art. 87 del Código Civil en la 04,ict cio (4 . ()y ayyt >6/ida 7 medida en que la posesión puede hacerse por terceros y no tiene como presupuesto de su existencia alguna finalidad en cuanto al uso, sino solo en cuanto a la intención de constituir un derecho real. Por otro lado, las autoridades entran en contradicción señalando que se exteriorizó la intención de adquirir la propiedad, existieron mejoras y construcciones en el inmueble, hecho que no se puede realizar sin tener posesión física del mismo, razonamiento que contraviene los principios de contradicción y aplicación errónea del art. 138 de la norma sustantiva civil sobre los presupuestos para adquirir la propiedad por usucapión.

c) Incorrecta aplicación del art. 87 del Código Civil en relación a la valoración de la prueba, siendo que la construcción acreditaría el corpus o aprehensión material del bien inmueble, puesto que no existiría construcción sin posesión fisica o material;

asimismo, se tendría por interpretado erróneamente la prueba pericial y no se habrían valorado las declaraciones testificales, la confesión provocada ni la prueba pericial, es decir las autoridades habrían infringido el art. 145 adjetivo civil, siendo que la valoración debería realizarse de forma integral de acuerdo a la sana crítica.

d) El Auto de Vista realizó una errónea interpretación del art. 138 del Código Civil sobre la usucapión, puesto que debió haber habitado el inmueble por diez arios, cuando la norma citada no exigiría tal requisito para su procedencia, es decir no requiere que la posesión sea exclusivamente con destino a vivienda.

Fundamentos por los cuales, la recurrente solicitó anule y/o case el Auto de Vista, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria.

2. Contestación al recurso de casación:

Mary Fabiana Mamani Huacaña, respondió al recurso de casación mediante memorial de fs. 734 a 735 vta., señalando en lo principal que:

- Es completamente falso que se hubiera incurrido en violación a lo establecido por los arts. 87 y 138 del Código Civil, ya que la incursión de la demandante a una propiedad ajena fue en forma violenta en horas de la noche, realizando un forado y aprovechando que la propietaria realizó un viaje fuera de la ciudad ya que tiene dos hijos menores discapacitados.

- Se hace mención a la tutela y los principios ético-morales, establecido en el art.

8 de la Constitución Politica del Estado, cuando justamente dichos valores tienen que ser respetados por la demandante, cuando trata de legalizar un despojo violento.

- Es completamente falso que al haberse dictado el Auto de Vista se hubiera incurrido en supuesto error en la aplicación del art. 138 del Código Civil, ya que la incursión en propiedad privada fue reciente; por lo que, la demanda de usucapión no cumplió con la norma citada.

- La recurrente hace alusión a la construcción clandestina de dos piezas en una propiedad ajena, la misma fue clandestina y precipitada donde la actora derribo el bien inmueble de la demandada, aspecto corroborado por la inspección de visu cuya acta cursa a fs. 528 a 537.

- Que, es algo fuera de lugar cuando se menciona el art. 117.1 de la Constitución Política del Estado, cuando en realidad la demandante de la usucapión fue oída y formuló sus pretensiones sin limitación alguna.

- Que, la demandante olvida que los propietarios de bienes inmuebles se encuentran amparados por el art. 156 de la Constitución Política del Estado y el art. 101 del Código Civil y que no pueden ser despojados sólo por la ambición de detentar una propiedad ajena.

Por lo referido solicitó declarar INFUNDADO el recurso, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. Con relación a la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo N° 876/2021 de 04 de octubre, señaló: "Con la vigencia plena de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, la valoración de la prueba a diferencia del abrogado Código de Procedimiento Civil, ha sufrido cambios en su tratamiento, toda vez que la nueva Ley ha incorporado nuevos elementos a ser tomados en cuenta como es la verdad material y la realidad cultural, a los cuales se hace referencia a continuación. , El art. 145 del vigente Código Procesal Civil impone a la autoridad judicial como obligación de valorar de manera conjunta todas y cada una de las pruebas de acuerdo con el sistema de las reglas de la sana crítica y bajo los principios de unidad y comunidad de la prueba, identificando cuáles le formaron convicción y cuáles no, explicando las razones en cada caso.

Las reglas de la sana crítica no implica razonar a libre voluntad de manera discrecional o arbitrariamente, sino más bien se encuentran regida por las normas de la lógica y la experiencia; sin embargo, debe dejarse establecido que la citada norma legal, no limita la valoración de la prueba de manera exclusiva a las reglas de la sana crítica, sino que deja abierta la posibilidad de otro tipo de apreciación, siendo esta, la valoración legal, más conocida como prueba tasada, donde es la ley la que establece de manera anticipada el valor legal de las pruebas, cuya situación se encuentra en el art. 1289 y siguientes del Código Civil. Pero al mismo tiempo, debe ci i a cío- cb tenerse presente que, en la actividad de valoración de la prueba, tiene un peso gravitante, el principio de verdad material, el mismo que puede en muchos casos relegar a un segundo plano a las pruebas tasadas como son los documentos públicos, cuando de por medio concurren otros elementos probatorios que llevan a la convicción de manera distinta a la que señalan los documentos públicos.

Finalmente, otro aspecto a tomar en cuenta en la valoración de la prueba incorporado por el art. 145 del Código Procesal Civil, es la realidad cultural en el cual se generó el medio probatorio, lo que implica tomar en cuenta la interculturalidad y las diferentes costumbres ancestrales reconocido por la CPE como uno de los principios fundamentales sobre el cual se asienta la sociedad y el Estado, lo que implica que un medio de prueba generado bajo las costumbres ancestrales y de acuerdo a sus procedimientos propios, no puede ser desconocido.

Respecto a la valoración de la prueba bajo las normas del Código Procesal Civil, se puede citar al Auto Supremo N° 1156/2017 de 01 de noviembre que señaló: 'Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo con la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según disponen el artículo 1286 del Código Civil y artículo 145 del Código Procesal Civil.

En esta tarea jurisdiccional, el examen de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como puntualizó el tratadista Eduardo Couture.'"

111.2. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el limite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional N° 0486/2010-R de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/ o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/ o segunda instancia..." (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0255/2014 y N° 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia "ultra petita", que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo N° 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo N° 11/2012, de 16 de febrero, que: "Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso".

De igual forma, a través del Auto Supremo N° 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: "La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador ex-tiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los terrninos del problema judicial.

En ésta última, encontramos la denominada 'cara petita', que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso..

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, 'no es absoluto', en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes...

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la kt (% 04vict trascendencia y la afectación del gravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión Judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa". (Subrayado y negrilla es nuestro)

111.3. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo N° 410/2019 de 24 de abril, señaló: "El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/ o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica 'la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley' que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico..." (Las negrillas son nuestras).

111.4 Sobre la Usucapión

El Auto Supremo N° 986/2015 de 28 de octubre, que al respecto señaló: "...el art. 110 del CC., de manera general refiere: 'la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión...' asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.' acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: 'La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.' De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo 'sine possesione usucapio contingere non potest' el cual significa 'sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna', el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario gt,ado, h Ahvict

09yame, ' entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo:

a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa'.

Conforme a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, la usucapión decenal o extraordinaria, se la adquiere por la posesión durante un tiempo determinado y en cumplimiento de las condiciones establecidas por Ley; en ese entendido, para la procedencia de esta acción, se requiere el cumplimiento de presupuestos, entre ellos:

La Posesión, el elemento esencial en este tipo de acción -usucapión- es la posesión, que, de acuerdo con lo establecido en el art. 87 del Código Civil, consiste en el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad; sin embargo, para que esta -posesión- sea considerada útil a efectos de adquirir la propiedad a través de la usucapión, al margen de estar constituida de sus dos elementos corpus possessionis y ánimus possidendi, deben tomarse en cuenta que la posesión debe ser contínua, es decir, que la permanencia en el inmueble objeto de usucapión haya sido ejercida de forma permanente y continuada durante 10 años para la usucapión decenal o extraordinaria, pues, lo contrario conlleva la suspensión, interrupción o pérdida de la posesión; debe ser pública, por cuanto se ejerce frente a la sociedad, donde el corpus y animus se ejerzan de forma pública y pacífica, por cuanto la posesión debe estar exenta de violencia fisica y moral, significando que el poder de hecho ejercido sobre la cosa no se mantenga por la fuerza o violencia.

De lo anteriormente mencionado concluimos que, para la procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, quien pretende usucapir la cosa debe acreditar de manera fehaciente todas estas características de la posesión, pues el incumplimiento de uno de ellos, no dará lugar a la pretensión incoada.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta como a continuación sigue:

En la forma

I) En relación al agravió extraído en el inciso a), por el cual se acusa la presunta existencia de un error en la valoración de la prueba, que no solicitó la parte apelante y que derivaría hacia una incongruencia externa afectando el derecho al debido proceso, conforme a los arts. 256 y 265 del Código Procesal Civil, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes se tiene que la demandada conforme el memorial de fs. 684 a 686, interpuso recurso ordinario de apelación en contra de la Sentencia, en el cual expreso varios agravios, siendo su petición la de declarar improbada la demanda de usucapión; sin embargo, de lo anotado es necesario señalar que como se puntualizó en la doctrina aplicable al caso en el punto III.1; es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo con la valoración que les otorga la ley y que en la tarea jurisdiccional, el examen de la prueba es de todo el universo probatorio, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, ponderando ellas por sobre las otras; debe tenerse presente también que, cuando se refiere a incongruencia externa, estamos frente a que el Tribunal Ad quem hubiera extendido su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; en el caso presente, la recurrente sólo menciona errónea valoración de la prueba sin especificar en qué consistiría el error si es de hecho o de derecho, por lo que no se encuentra afectación al debido proceso, sobre la supuesta irrupción con el principio de imparcialidad, como componente del Juez natural, corresponde señalar que de la revisión del proceso, las partes durante la tramitación del proceso tuvieron la oportunidad de presentar las pruebas pertinentes, de hacer uso de los recursos que la ley les franquea, en suma hacer todo lo que el procedimiento permite en la tramitación de la causa; tampoco se advirtió prejuicio, discriminación o trato diferenciado durante la sustanciación de la causa, en ese marco no se evidencia vulneración a lo establecido en el art. 120.1 de la Constitución Política del Estado, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el art. 3 num. 3 de la Ley del Órgano Judicial, por lo que el reclamo deviene en infundado.

En el fondo.

2) Respecto a que el Tribunal de alzada hubiera realizado una errónea aplicación del art. 1286 del Código Civil y el art. 145 del Código Procesal Civil, al no generar una apreciación conjunta de toda la prueba producida, antes de ingresar a responder al agravio traído en casación, en la doctrina aplicable al caso en el punto III. 3 se puntualizó que cuando se acusa errónea interpretación de la Ley es cuando la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia, además el recurrente debe tener presente que como se señaló en varios Autos Supremos, la interpretación errónea &taclo, ,°A Adulva se presenta cuando el juzgador aplica la norma pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde; de la revisión de la resolución impugnada se tiene que la razón de la decisión asumida se la tomó en base a la siguiente afirmación: "... Por lo que, la posesión continuada por más de diez años del área de terreno de 150 m2, por parte de la actora, con la concurrencia de los dos elementos subjetivo y objetivo que configura la acción de usucapión, recién comenzó en la gestión de 2022 y no así desde el año 2003..., pues, como se tiene expuesto, en la gestión de 2022 se edificaron dos habitaciones y un baño. Recientemente se instaló luz eléctrica y agua potable se provee del bien inmueble adyacente que es de propiedad de la actora, como se afirma en dictamen pericial a fojas 554..."; de lo anotado precedentemente se tiene que el Tribunal Ad quem cumplió con lo dispuesto en el art. 1286 del Código Civil y el presupuesto exigido en el art. 145 del Código Procesal Civil; es decir, individualizó la prueba que le ayudo a formar convicción y pondero ella por sobre las otras; sin embargo de lo expuesto, la recurrente tampoco menciona que si en la incorrecta aplicación de la norma hubiera mediado error de hecho o de derecho, lo que dificulta a este Tribunal verificar en que consistió dicho error a objeto de poder enmendarlos, si los hubiere, por lo que la acusación resulta ser puramente subjetiva y por ello el reclamo es infundado.

3) En lo que concierne a la incorrecta o errónea aplicación del art. 87 del Código Civil en relación a la valoración de la prueba siendo que la construcción acreditaría el corpus o aprehensión material del bien inmueble, antes de entrar a resolver el agravio, corresponde señalar que el artículo en cuestión hace referencia a dos situaciones distintas pero que perfectamente se complementan entre ellas, el primero concerniente al poder de hecho ejercido sobre una cosa y el segundo la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad; esta aseveración es corroborada por la doctrina y la jurisprudencia, las mismas ilustran que para ser considerada la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo y otro subjetivo: a) El corpus possessionis, es decir el poder de hecho del sujeto sobre la cosa o elemento material de la posesión, y b) El ánimus possidendi, es la intención de actuar por su propia cuenta como verdadero propietario o alegar para sí un derecho real sobre la cosa, por lo que la posesión está integrada por dos elementos importantes el corpus y el ánimus: en el caso concreto de lo acusado por el recurrente se infiere que está relacionado a que de no haber estado en posesión del bien inmueble no hubiera podido realizar la construcción de un muro perimetral, sin embargo se puede inferir que la citada construcción fue por un acto de conservación y para seguridad de la vivienda, por lo que no se configura el elemento objetivo que es el corpus possessionis, no advirtiéndose en consecuencia incorrecta aplicación del art. 87 del Código Civil, por lo que no es evidente el agravio traído en casación. 4) Finalmente en lo que se refiere a que el Auto de Vista hubiera realizado una errónea interpretación del art. 138 del Código Civil, sobre la usucapión, puesto que deberia haber habitado el inmueble por diez años sin que el destino del inmueble sea para vivienda, antes de entrar a resolver el agravio, de acuerdo a la doctrina aplicable al caso en el punto III.3, se puntualizó que cuando se acusa errónea interpretación de la ley, esto se debe a que la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia. En el caso presente, si bien es cierto que la posesión no necesariamente implica que la cosa tenga como finalidad la vivienda, no es menos cierto que para adquirir la propiedad de un inmueble, mediante la acción de usucapión decenal o extraordinaria, ineludiblemente la posesión debe ser pacífica, continua, pública e ininterrumpida por 10 años, como se resaltó en el punto III.4; requisitos que no fueron cumplidos por la recurrente, toda vez que de la revisión del expediente se tiene que evidentemente la recurrente realizó pagos por impuestos adeudados del bien inmueble el año 2003, además realizó la construcción de un muro perimetral el año 2015, sin embargo se tiene que es a partir de la gestión de 2022 que recién comenzó a ejercer la posesión corporal, cuando la demandante construyó dos habitaciones y un baño, por lo que a partir de la gestión mencionada es que recién se configuran los dos elementos objetivo (corpus possessionis) y subjetivo (ánimus possidendi) para la procedencia de la usucapión, aspectos que fueron advertidos por el Tribunal de alzada; por lo que la acusación de haber sido erróneamente aplicado el art. 138 del Código Civil no es cierta, ya que la norma citada, sirvió de base precisamente para resolver la controversia del presente proceso, no advirtiéndose en consecuencia errónea interpretación. Bajo esas consideraciones, corresponde negar la pretensión de la recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 721 a 730, interpuesto por Pilar Araya Portanda Vda. de Ayma, contra el Auto de Vista N° 25/2026 de 14 de enero, cursante de fs. 706 a 716, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Con costas y costos.

Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial

Se regula honorario profesional al abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000 Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0593_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): a0e6eb1b918cfffa9e1600dacdeea9de22c48b10ea5fac0083986b3f4fb9dfd1

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