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AS 0591/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 6 de mayo de 2026

Casa la resolución

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
6 de mayo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista N° 156/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs.

1187 a 1192, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y deliberando en el fondo declara PROBADA en parte la pretensión de nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en derechos reales e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios por no haber sido debidamente acreditados en naturaleza o cuantía; en consecuencia, se declara: a) Nulo el contrato de transferencia de bienes inmuebles contenido en la minuta de 15 de noviembre de 2011; b) La cancelación de la Escritura Pública N° 763/2011 de 23 de noviembre;

c) La cancelación en Derechos Reales de los Asientos A-3 registrado a nombre de Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo; así como de los Asientos B-4 y B-5, todos registrados bajo la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.02.000.9625 del folio real. Salvando el derecho de la parte actora de acudir a la vía legal correspondiente para efectivizar la cancelación del Asiento B-6 a nombre de Juan Carlos Vizcarra Álvarez por no haber sido parte del proceso.

Debiendo en ejecución del presente fallo efectuarse las cancelaciones dispuestas y cualquier divergencia dilucidarse mediante la vía incidental. Con costas y costos.

error cometido, Con responsabilidad por no ser excusable el imponiéndoseles a los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, la multa de dos días de haber, debiendo a tal efecto, notificarse a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Alternativamente, siendo evidente el reiterado incumplimiento de plazos procesales y demora en la emisión de la resolución de segunda instancia, se llama la atención severamente a los Vocales mencionados, bajo alternativa de remitirse antecedentes a la instancia disciplinaria en caso de persistir dicha conducta lesiva del principio de celeridad.

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Texto completo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIVIL SALA Auto Supremo: 0591/2026 Fecha: 06 de mayo de 2026 Expediente: CB-20-26-S Partes: Inés Avalos Salazar c/ Víctor Hugo Sainz Ossio, Abner Zurita Herrera, Núñez Trujillo, Banco Pyme Ecofuturo S.A., Blanca Ximena representado por Javier Alejandro Delgado Holguín, y Elena Sainz Ossio (litisconsorte pasivo necesario). Proceso: Nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en derechos reales más resarcimiento de daños y perjuicios, pago de costas y costos. Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 228 a 233, interpuesto por Inés Avalos Salazar contra el Auto de Vista N° 156/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1187 a 1192, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en derechos reales más resarcimiento de daños y perjuicios, pago de costas y costos, seguido por la recurrente contra Víctor Hugo Sainz Ossio, Abner Zurita Herrera, Blanca Ximena Núñez Trujillo, Ecofuturo S.A. representado por Javier Alejandro Delgado Holguín, y Elena Sainz Ossio (en calidad'de litisconsorte pasivo necesario); la contestación de fs. 2023 a 2024 vta.; el Auto de concesión de 30 de enero de 2026, visible a fs. 2029; el Auto Supremo de admisión N° 0260/2026-RA de 06 de marzo, saliente de fs. 2036 a 2038, todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Inés Avalos Salazar por memorial de demanda que cursa de fs. 49 a 54 vta., reiterado de fs. 80 a 85, subsanado de fs. 91 a 93 y fs. 100, promovió el proceso ordinario de nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en Derechos Reales, más resarcimiento de daños y perjuicios y pago de costas y costos, contra Víctor Hugo Sainz Ossio, Abner Zurita Herrera, Blanca Ximena Núñez Trujillo y Ecofuturo Sociedad Anónima F.F.P. S.A.

representado por Martha Luz Angulo Orellana, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 239 a 249, Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo, se apersonaron y respondieron de manera negativa, opusieron excepción de emplazamiento de terceros y reconvinieron por reivindicación; pretensiones que merecieron el Auto interlocutorio de 23 de mayo de 2018, saliente a fs. 261, que dio por no presentada la demanda reconvencional; según escrito visible de fs. 276 a 279, Víctor Hugo Sainz Ossio, respondió de manera negativa; pretensión que mereció el Auto interlocutorio de 13 de julio de 2018, obrante a fs. 281 y vta., que rechazó la respuesta por ser extemporánea; según escrito visible de fs. 371 a 375, el Banco Pyme Ecofuturo S.A., representado en ese entonces por Juan Fernando Claros Albán, se apersonó y respondió de manera negativa;

posteriormente, mediante el Auto interlocutorio de 11 de febrero de 2019, visible de fs. 420 a 422 vta., se declaró probada la excepción de emplazamiento a tercero, interpuesta por Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo, disponiéndose integrar a la /iris a Elena Sainz Ossio en calidad de litisconsorte pasivo necesaria, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 464 a 466 vta., respondió de manera negativa y se allanó parcialmente a la demanda; asimismo, por Auto interlocutorio de 19 de julio de 2019, saliente a fs. 472, se declaró la rebeldía de Víctor Hugo Sainz Ossio; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 06/2019 de 07 de noviembre, que cursa de fs. 1118 a 1131, en la que el Juez Público Civil y Comercial 15° de la ciudad de Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda ordinaria de nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en derechos reales más resarcimiento de daños y perjuicios, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Inés Avalos Salazar según escrito de fs. 1133 a 1134 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 156/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1187 a 1192, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada. Con costas y costos a la apelante; bajo los siguientes argumentos:

- La recurrente se limita a referir que la autoridad judicial no tomó en cuenta que su petición la hizo en referencia a los arts. 549 incs. 1) y 3) y arts. 827, 490 y 450 del Código Civil, sin señalar de qué manera es incorrecta la interpretación de las normas sustantivas o adjetivas, extremos que resultan ausentes en el recurso, máxime, cuando tampoco indica en que cambiaría la resolución si el Juez A quo, hubiera basado su resolución no solo en el inc. 3) sino también en el inc. 1) del art. 549 del Código Civil.

- De los antecedentes del proceso, se establece que en la Sentencia el A quo, é0.1 nywno "

efectuó una extensa relación de los hechos y del derecho, con base a la pretensión de la demandante, que pidió la nulidad de la Escritura Pública N° 763/2011 de 23 de noviembre, manifestando que no se hubiera probado el motivo ilícito de parte de los demandados, por tal motivo la recurrente hace mención a la protocolización de la Carta consular, que prueba que los demandados conocían sobre la compraventa efectuada en su favor y que junto con el codemandado Víctor Hugo Sainz Ossio, habrían actuado con conocimiento de que el inmueble le pertenecía a Inés Ávalos Salazar, si bien esta carta se puede tomar como prueba de que Víctor Hugo Saiz Ossio actuó de mala fe, no prueba que Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo actuaran de la misma forma, ésta carta indica que se hubieron realizado varios negocios financiados con los montos obtenidos de los préstamos ante la hipoteca, empero no se hubieron demostrado aquellos extremos, porque la mala fe de un comprador se prueba demostrando que tenía conocimiento de la ilegalidad, fraude o vicio en la transacción a momento de la compraventa, documentos como la Carta consular y el documento privado de compraventa son declaraciones unilaterales no sustentadas por la aceptación de Abner Zurita Herrera y el compromiso de venta habla de una subrogación de deuda con el compromiso de transferir el inmueble a Inés Ávalos Mazar, reiterando que esto no constituye mala fe.

- Si bien es cierto que el apoderado/vendedor actuó de forma ilícita, vulnerando las buenas costumbres; puesto que, efectuó una primera compraventa del departamento y lo vendió por segunda vez, empero ello no está vinculado a los compradores, porque es con ellos que se efectúa la segunda venta, y ellos debieron haber tenido conocimiento de la primera compraventa.

- La presentación del proceso penal iniciado por Inés Ávalos Sarmiento por el delito de estelionato, no justifica tal extremo, pues por resolución del 21 de febrero de 2018 que rechaza la querella por no existir suficientes indicios del ilicito penal; por lo cual el motivo que Víctor Hugo Sainz Ossio tuvo para contratar es lícito, ya que para sancionar con la nulidad un contrato, necesariamente debe probarse que la compraventa de un bien inmueble tiene una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, por lo que considera que el segundo comprador podría no tener derecho sobre el bien inmueble, a menos que lo haya adquirido de buena fe sin tener conocimiento previo de la compraventa previa y que ésta no se encuentre registrada.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Inés Avalos Salazar según escrito visible de fs. 1199 a 2001 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, la recurrente acusó:

a) Vulneración del art. 827 num. 1 del Código Civil y del art. 44 num. 4 del Código Procesal Civil, relativos al cese de la representación y la extinción del mandato, sosteniendo que la recurrente adquirió los bienes inmuebles de Elena Sainz Ossio mediante su apoderado Víctor Hugo Sainz Ossio, conforme al Testimonio de Poder N° 361/2009, el cual se habría extinguido con la celebración de dicha transferencia, no obstante, el referido apoderado habría utilizado nuevamente el mismo poder para realizar una segunda venta del mismo bien inmueble a favor de Abner Herrera y Blanca Núñez; dicho aspecto fue valorado de manera errónea, toda vez que, el Tribunal de alzada convalidó la segunda venta mediante argumentos que no se encuentran acordes con el régimen de nulidad, particularmente al no considerar la Carta consular enviada por Víctor Sainz Ossio (fs. 37 a 38), la cual demostraría la ilicitud del contrato.

b) Falta de valoración probatoria, señalando que dentro del proceso se incorporó y puso en conocimiento el expediente correspondiente al proceso penal seguido contra Víctor Hugo Sainz Ossio por el delito de estelionato; asimismo, el razonamiento del Tribunal Ad quem, sostuvo que el contrato suscrito no es ilícito y que dicha ilicitud debía ser demostrada, pese a existir una resolución de rechazo en favor del segundo comprador en la vía penal, no consideró que los mencionados compradores habrían actuado en complicidad con Víctor Sainz Ossio en dicho negocio; en consecuencia, se efectuó una valoración errónea de las pruebas y antecedentes del proceso, además de omitirse la valoración de documentos tales como los contratos suscritos entre los demandados y la recurrente, los Testimonios N° 224/2017 y N° 631/2009, recibos de alquiler, avalúos bancarios y copias del proceso penal referido, vulnerándose la motivación, fundamentación y congruencia como elementos del debido proceso.

c) Errónea interpretación de los arts. 450, 451, 490, 549 num. 1 y 3 y 827 num.

1 del Código Civil, señalando que el Tribunal Ad quem realizó una interpretación sesgada de la normativa aplicable, omitiendo considerar de manera integral las demás disposiciones legales pertinentes y correspondientes a la nulidad del contrato. En ese sentido, sostiene que no se tomó en cuenta que la recurrente fundamentó de manera precisa y coherente el objeto y pretensión de su demanda de nulidad de contrato en los artículos previamente citados y con los antecedentes y efectos correspondientes.

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(9eff7//20~ Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se CASE el Auto de Vista y se declare probada la demanda principal.

2. De la contestación al recurso de casación.

Elena Sainz Ossio por intermedio de su apoderado Favio Humberto Paccieri Barzaín, contestó al recurso de casación según escrito que cursa de fs. 2023 a 2024 vta., con los siguientes fundamentos:

- La demandante al percatarse de las falencias de su recurso de casación, intentó suplirlas con la presentación del memorial de 18 de diciembre de 2025; no obstante, dicho memorial también carece de los requisitos indispensables para interponer el recurso, no debiendo ser considerado, ni menos analizado.

- refiere que su mandante, fue sobreseída del proceso penal que le siguió la actora, motivo por el cual no tiene responsabilidad alguna y resulta temerario manifestar que la Sentencia pretende legalizar el delito, cuando la propia demandante no pudo sostener la acusación penal en su contra.

- En lo demás, por propia confesión de la demandante, no existe pretensión alguna en su contra, pues, su responsabilidad concluyó con la compraventa de los inmuebles.

Motivo por el cual solicitó se declare la improcedencia del recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111. 1. De la motivación en las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional N° 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra Resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional, que expresamente indicó: "En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: "La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (..) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento...".

111.2. Del contrato de compraventa.

Al respecto el Auto Supremo N° 849/2021 de 21 de septiembre orientó que: "De acuerdo al estudio de la infracción postulada por la recurrente, corresponde señalar que el contrato de venta descrito en el art. 584 del Código Civil, es uno de naturaleza bilateral, el cual genera obligaciones tanto para comprador como para vendedor; es consensual, que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, no requiere de forma alguna para su balidez, lo que quiere decir que no es formal, pues en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública exigida es un requisito de transferencia del dominio, pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado o verbalmente; es oneroso y conmutativo, porque existe un intercambio de valores, cosa y precio. En consecuencia, el contrato de venta se perfecciona con el solo consentimiento de los contratantes, los que se ponen de acuerdo sobre el precio de la venta y la cosa vendida, generando con ello obligaciones recíprocas de acuerdo a ley. En cuanto a la consensualidad de este contrato, se deduce conforme a lo descrito en el acápite la 111.2. de la doctrina aplicable: "...la solemnidad de transcribirla en una Escritura Pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes..."; el reflejo formal del contrato de venta no quiere decir que ese sea la constancia para acreditar la existencia del contrato, por consiguiente, el contrato de venta no está contemplado en el catálogo de contratos que deben celebrarse de acuerdo a una determinada forma como describen los arts. 491 y 492 del Código Civil. El consentimiento expresado p' or los contratantes perfecciona el contrato de venta, lo que quiere decir que su expresión formal establecida mediante documento privado o documento público solo es necesario para publicitar el negocio jurídico en el Registro pertinente, que en el caso de inmuebles es la oficina de Derechos Reales."

Postura sustentada por el Auto Supremo N° 153/2014 de 16 de abril al indicar que: "Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende, O,IftR:U gtadO nya" ' que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo 'No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia (...) debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo N° 64/2011 que dice 'Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato".

En ese mismo sentido, tenemos al Auto Supremo N° 261/2013 de 23 de mayo, que manifiesta lo que sigue: "En ese entendido y partiendo de la noción general prevista en el art. 450 del Código Civil, diremos que Contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para constituir, modificar y extinguir una relación jurídica, es la expresión del negocio jurídtco que constituye fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes; dependiendo de la variedad de contratos que existen en el ámbito civil, puede tomar una determinada forma para su perfeccionamiento por exigencia de la ley; en el caso de la compra-venta estamos frente a un contrato consensual por excelencia que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes sin necesidad de otra formalidad. En tanto que la Minuta, no es más que la constancia escrita entre las partes contratantes que se expresa en documento específico que da cuenta de la existencia del contrato ya realizado, donde se plasma o consigna de manera literal el acuerdo de voluntades; tiene por objeto constituir prueba de que el contrato en realidad existe generando derechos y obligaciones; sin embargo, la minuta se constituye en la base fundamental de la escritura pública".

111.3. Del mandato, las obligaciones y su extinción.

El art. 804 del Código Civil establece que "El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante"; en ese sentido, la doctrina concibió que el mismo es "...una forma de la contratación que encuentra su razón de ser en la necesidad que a veces se experimenta de encargar a una persona el desempeño de asuntos que, por razón de ausencia, impedimento, o falta de aptitud para el caso, no puede uno atender por sí mismo; y también, en el sentimiento de confianza que suele inspirar la probidad ajena;... esta palabra tiene su origen en la expresión latina manus datio, la acción de dar la mano a una persona -símbolo de fidelidad entre los antiguos-, con que el encargado de la comisión significaba al comitente su propósito de cumplir con toda lealtad el encargo." (Alberto Breries Cordoba, Tratado de los Contratos, pág. 207). El Profesor Argentino Guillermo Borda, refiere que "El mandato es casi siempre representativo, y aun en los casos en que no lo es, la gestión que realiza el mandatario debe ser de una índole tal que pueda ser objeto de representación. Lo que pone de relieve que la idea de la representación está siempre en el mandato, sea ostensible u oculto" (Manual de Contratos, pág. 629).

En cuanto a las obligaciones que emerge del mandato, el Auto Supremo N° 1236/2016, de 28 de octubre, desglosó el siguiente razonamiento: "Corresponde citar el aporte doctrinario de Gonzalo Castellanos Trigo que indica: 'El mandato, es un contrato sinalagmático imperfecto por el cual el mandante encarga al mandatario la realización de uno o más actos jurídicos; para tal efecto, debe existir una ordenanza de una persona sobre otra en forma escrita u oral para que tenga plena validez. Esta representación es conocida en la doctrina como representación legal por efectos del contrato mandato' (Contrato de Donación, Obra, Mandato y Fianza, 2013, pág. 120). De ello se deduce, que mediante el mandato el mandante encarga al mandatario la realización de uno o más actos jurídicos, la cual se perfecciona con la aceptación expresa o actividad que despliega el mandatario cuyos actos obligan, en cualquier caso, al mandante como si éste los habría realizado; queda el mandatario, sin embargo, obligado a rendir cuenta del ejercicio del mandato recibido, ya que el mandatario no puede ejecutar actos más allá de lo encargado por el mandante. Asimismo el art. 804 del Código Civil refiere: `(Noción)

El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante', de esta norma legal se deduce que mediante el mandato se genera la representación legal tal es el caso de (...) que actuó en representación de los actores conforme las facultades otorgadas en el Poder (...), emergiendo de ella obligaciones del mandatario previstas en los arts.

814 al 820 del Código Civil, en las que se encuentra la obligación de rendir cuentas al mandante, empero dicha obligación conforme el contenido de dicho mandato es zc J5 z 6 ia/de Mokvict ZO - A 69Yagw ' ~ de carácter patrimonial. A su vez, Fernández Gómez Leo en su obra Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial en su pág. 185 señaló: 'La rendición de cuentas presenta un aspecto económico contable y un aspecto jurídico. En el primero de ellos expone una serie de datos que dan razón del resultado económico de la actividad llevada a cabo (...) El segundo implica la demostración cabal y documentada de las operaciones acabadas con determinado resultado, lo que permite acreditar que quien realizó la negociación resulta ser deudor o acreedor frente al otro sujeto a quien tiene la obligación de rendir cuentas'. El Prof. Carlos Morales Guillen haciendo referencia al art. 817 del CC, señala; 'la información debida al mandante sobre la marcha y vicisitudes de la gestión, es una obligación del mandatario propia del contenido de la relación interna del mandato..., debe comprender no sólo todo lo que el mandatario ha dado o recibido, sino el índice de todas las operaciones: venta compra, custodia, procedimientos judiciales incoados y resultado obtenido, créditos acordados o recibidos, dilaciones o plazos concedidos, etc., de modo que el mandante pueda tener la demostración de toda la actividad desarrollada por el mandatario..." (Código Civil concordado y anotado, T.II, pág. 900).

En cuanto a la extinción del contrato, el art. 827 del Código Civil, establece que el mandato se extingue: "1) Por vencimiento del término o por cumplimiento del mandato. 2) Por revocación del mandante. 3) Por renuncia o desistimiento del mandatario. 4) Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario, a menos que lo contrario resulte de la naturaleza del asunto. El mandato otorgado por interés común no se extingue por muerte o incapacidad sobreviniente del mandante".

111.4. Respecto a la nulidad establecida en el art. 549 del Código Civil

Respecto al tema, el Auto Supremo N° 873/2017 de 21 de agosto, ha orientado en sentido que: "La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.

En este antecedente, se debe precisar que del análisis del art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, causales que resulta necesario analizar; en este entendido diremos que la nulidad procede en cuanto al inc. 1) "Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez.", inciso aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto, debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer en este entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. En cuanto a la falta de la forma, se aplica a los contratos en los que se observa la falta de los requisitos establecidos en el art. 452 del CC., o en los que la forma es un requisito para su validez como los señalados en el art. 491 del CC. Respecto al inc. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley", diremos que esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: "Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.", sobre el que el Auto Supremo N° 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: "el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien".

En relación al inc. 3) "Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato.", precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; por otra parte en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: "El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.", motivo que se encuentra en la voluntad de las partes de dar vida al contrato (elemento cb J'Jtaa ,°13 subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

Al respecto, se ha orientado a través del Auto Supremo N° 252/2013 de de mayo, que: "Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta e la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibáñez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun, sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que, para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil ".

En cuanto al motivo ilicito el Auto Supremo N° 311/2013 de 17 de junio, orientó que: "...el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: "(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres", entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que, en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Asimismo, diremos que el objeto del contrato, se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), consiguientemente corresponde señalar que el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer".

111.5. El efecto retroactivo de la nulidad y la buena fe del tercero adquiriente.

Al respecto el art. 547 del CC establece: "La nulidad y la anulabilidad declaradas surten sus efectos con carácter retroactivo. En consecuencia: 1) Las obligaciones incumplidas se extinguen: pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, ésta no queda obligada a restituir lo recibido más que en la medida de su enriquecimiento;

2) Si el contrato ha sido anulado por ilícito, el juez puede, según los casos, rechazar la repetición".

En ese marco el Auto Supremo N° 1005/2019 26 de septiembre, señalo que: "Cuando la acción de nulidad prospera, los efectos que se generan f:a játcicio, ,Ó73hoyma4iavtai

UY y 1 M.C, posteriormente al acto o contrato declarado nulo desaparecen retroactivamente, es decir que todo efecto aparente cumplido o incumplido de buena o mala fe, se retrotrae al momento mismo en que se intentó constituir el contrato o acto jurídico, haciendo desaparecer los actos posteriores al acto nulo y quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato, de manera que por efecto de la resolución que declara la nulidad, las obligaciones aparentes contraídas se extinguen y con ella obviamente también se extinguen los derechos aparentes que se generaron, por eso se hace referencia a que, la Sentencia en la acción de nulidad, afecta a todos los actos o contratos que se originaron en forma posterior al contrato nulo, pues al tener dichos actos posteriores un acto o contrato que nunca nació, por lógica se entiende que estos tampoco existen para el derecho».

En este sentido, el Auto Supremo N° 112/2016 de 05 de febrero, establece: "Por su parte, nuestra legislación, encuentra cobijo al tercero adquiriente de buena fe, solamente en los casos de anulabilidad, el art. 559 del CC. Establece: '(EFECTOS DE LA ANULABILIDAD RESPECTO A TERCEROS) La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la inscripción de la demanda', normativa que debe ser interpretada en concordancia con la nueva visión procesal de la Ley N° 439 que en su art. 229 - II referente a los alcances de la sentencia indica: 'También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso afectará a terceros adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público correspondiente'. Al respecto, y en consideración a la denuncia expuesta por Ángel Blacutt Sánchez relativo al principio 'Quo nullumest, nullum producit effectun' (lo que es nulo no produce ningún efecto) que a criterio del recurrente fueron superados por la nueva concepción procesal civil en su art. 229 (Alcance de la Sentencia) donde se especifica que la sentencia en ningún caso afectará a terceras personas adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público, se debe indicar; no es que nuestra legislación haya evolucionado o superado dicho principio, éste como enunciado normativo general o axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, prevalece en el tiempo, y no puede ser superado por una norma adjetiva como la señalada. En ese entendido, respecto a la protección del tercero adquiriente de buena fe, indicaremos que nuestra legislación siempre contó con la protección a los terceros de buena fe, pero solamente en los casos previstos de anulabilidad, nunca para los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelve al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134 del CC, situación que en el caso de autos no concurre. Por dicho motivo concluiremos indicando que esta nulidad tiene efectos Ex tune, 'desde el origen'; la nulidad ex tunc es una nulidad que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, término latino, utilizado para referirse a una acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior", por lo que los actos posteriores al acto nulo (Escritura Pública N° 140/2010), cuya falsedad no está en discusión, también se reputan nulos por el efecto retroactivo de la nulidad.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

1. Del contenido de las acusaciones expuestas en el incisos a) del recurso de casación en análisis (así identificado por éste Tribunal), se establece que la recurrente denuncia la vulneración del art. 827 num. 1 del Código Civil y del art.

44 num. 4 del Código Procesal Civil, relativos al cese de la representación y la extinción del mandato, sosteniendo que la recurrente adquirió los bienes inmuebles de Elena Sainz Ossio mediante su apoderado Víctor Hugo Sainz Ossio, conforme al Testimonio de Poder N° 361/2009, el cual se habría se extinguido con la celebración de dicha transferencia, no obstante, el referido apoderado habría utilizado nuevamente el mismo poder para realizar una segunda venta del mismo bien inmueble a favor de Abner Herrera y Blanca Núñez.

Alega que dicho elemento fue analizado por el Ad quem de manera errónea, al convalidar de hecho, la segunda venta, mediante argumentos que no se encuentran acordes con el régimen de nulidad, particularmente al no considerar la Carta consular enviada por Víctor Sainz Ossio, la cual demostraría la ilicitud del contrato.

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Bajo ese contexto propuesto por la demandante, y de la revisión de los antecedentes de la causa, se advierte que, en efecto, el Tribunal de alzada, efectuó una errónea apreciación de los hechos y circunstancias vinculadas al caso objeto de juzgamiento, las conclusiones a las que arribó resultan arbitrarias y lesivas del derecho al debido proceso; ya que, se apartan ostensiblemente de los estándares de motivación adecuada y razonable descritas en el apartado 111.1;

pues si bien, sus conclusiones son breves y concisas, empero resultan erradas y arbitrarias, carentes de un análisis lógico y razonado de las normas legales que invoca la recurrente, infringiendo el contenido de las mismas.

Para justificar lo expuesto, resulta necesario contextualizar los antecedentes fácticos del caso; es así que, la demandante mediante documento privado reconocido que -en fotocopia legalizada- cursa de fs. 5 a 8 del expediente, adquirió el "Departamento y los dos parqueos" ubicados en el Condominio "Las Magnolias" el 11 de febrero de 2011, de su propietaria registral Elena Sainz Ossio, debidamente representada por su apoderado Víctor Hugo Sainz Ossio, así se establece de las facultades conferidas en favor de éste último, contenidas en el Testimonio de Poder N° 361/2009 de 02 de julio de 2009 de fs. 98 a 99, que le faculta principalmente a vender y transferir al mejor postor los bienes inmuebles detallados, además de suscribir minutas de anticrético, de aclaración o complementación, alquiler, compromisos de venta, simple o con arras, hacer reconocimiento de firmas y rúbricas, protocolos notariales, escrituras públicas y otras pertinentes al fin del mandato.

Posteriormente, mediante Escritura Pública N° 763/2011 (cuya nulidad se pretende), el apoderado Víctor Hugo Sainz Ossio, haciendo uso del mismo instrumento de poder detallado ut supra, el 15 de noviembre de 2011 transfiere nuevamente el departamento y los dos parqueos ubicados en el condominio "Las Magnolias" a favor de los demandados Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo, mediante financiamiento bancario otorgado por Ecofuturo S.A.

F.F.P., suscrito en el mismo documento y constituyendo aquellos bienes inmuebles en garantía hipotecaria del crédito recibido, para luego registrarlo en Derechos Reales el 24 de noviembre de 2011, suscribiendo con posterioridad, los "nuevos propietarios" dos nuevos créditos, cuyas hipotecas fueron registradas en los asientos correspondientes de la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.02.0009625.

Ahora bien, el lineamiento jurisprudencial desarrollado en el tópico 111.3 del presente fallo, analiza adecuadamente el contenido del art. 827 del Código Civil, que establece con precisión y contundencia que el mandato otorgado en favor de una persona se extingue -entre otras causales- por cumplimiento del mismo; es decir cuando la finalidad que dio origen a la formación de este contrato bilateral imperfecto, se ha cumplido, aspecto no analizado debidamente por los de alzada, que se limitaron a concluir que el recurso de apelación no explicó cual la correcta interpretación de las normas sustantivas y adjetivas acusadas de infringidas ni su grado de incidencia en la decisión apelada; de ahí que, en primer término, se concluye que ésta deficiente y errada carga argumentativa plasmada en el Auto de Vista impugnado, efectivamente lesiona la norma sustantiva acusada de vulnerada; pues, incorrectamente se negó reconocer que el mandato contenido en la Escritura Pública N° 361/2009, otorgado por Elena Sainz Ossio en favor de su hermano Víctor Hugo Sainz Ossio, se extinguió a momento de proceder a la venta de los inmuebles de propiedad de la mandante (11 de febrero de 2011) en favor de la actora Inés Ávalos Salazar; motivo por el cual, el apoderado ya no se encontraba facultado legalmente para usar el mismo instrumento, nuevamente con un fin similar; es decir, proceder a efectuar una u otras nuevas ventas, como en efecto aconteció.

La consecuencia jurídica de éste proceder se halla vinculada -precisamente- a la causal de nulidad invocada por la actora, contenida en el art. 549 inc. 3) del Código Civil, relativo a la causa ilícita y el motivo ilícito en que incurre el segundo contrato de compraventa; al respecto la doctrina legal del Considerando 111.4, con precisión refiere que: "La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral)". También que: "El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres", entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que, en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir".

Bajo esa diferenciación conceptual, se advierte que el Tribunal Ad quem, a tiempo de responder a los agravios propuestos, no efectuó un análisis adecuado de la (dado " fleitari nal fío Mdivia yya", norma legal citada; por el contrario, orientó sus esfuerzos en descartar la concurrencia de la causal de nulidad contenida en el art. 549 inc. 1 del Código Civil; que, en efecto en el caso presente no resulta aplicable por no ser materia de juzgamiento la falta de objeto en el contrato. Sin embargo, el Tribunal de segunda instancia, motivó irrazonablemente las acusaciones de la recurrente, limitándose a referir que no concurre ilicitud del motivo o la causa del segundo contrato de compraventa, por haber obrado de buena fe los compradores codemandados; si bien es cierto que no se halla debidamente acreditada la causal de nulidad del contrato por causa ilícita, ello obedece a que ésta (la causa) está ligada al fin económico-social que persigue el negocio jurídico, que en el caso se constituye en la transferencia de un derecho de propiedad a cambio de una contraprestación en dinero. Por el contrario, el motivo se constituye en ilícito, porque el demandado Víctor Hugo Sainz Ossio, a sabiendas de haberse extinguido el mandato otorgado en su favor, transfirió nuevamente los bienes inmuebles en favor de los -ahora codemandados Abner Zurita Herrera y Blanca Xímena Núñez Trujillo, siendo dicho proceder contrario al orden público y a las buenas costumbres, como lo reconoció el propio Ad quem, en el Auto de Vista impugnado, es decir que -efectivamente- el proceder del demandado principal fue ilícito.

En cuanto al inc. b) del recurso de casación, la acusada falta de valoración probatoria del expediente correspondiente al proceso penal seguido contra Víctor Hugo Sainz Ossio por el delito de estelionato; carece de relevancia, pues tal cual, razonó el Tribunal de alzada, dichas literales no tienen mérito alguno pues se refieren a una acción penal cuyo resultado fue el rechazo de dicha acción, y al no constituirse en una Sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada, no ostenta el potencial necesario y suficiente para acreditar alguna cuestión de hecho de la demanda civil. Sin embargo, resulta evidente no haber efectuado un adecuado análisis de los medios de prueba de forma integral, al no considerar la transcendencia de los hechos confesados espontáneamente por la codemandada Elena Sainz Ossio contenidos en el escrito saliente de fs. 464 a 466, por el cual se allana parcialmente a la demanda y reconoce que el mandato otorgado en favor de su hermano Víctor Hugo Sainz Ossio se extinguió con la venta efectuada en favor de Inés Ávalos Salazar y contrastarlos con el memorial de contestación a la demanda interpuesto por el demandado Víctor Hugo Sainz Ossio de fs. 276 a 280 del expediente, rechazado por su presentación extemporánea, en ejercicio de un excesivo formalismo, reñido con los postulados de la prevalencia del derecho sustancial frente al meramente formal y de la búsqueda de la verdad material, argumentos que -analizados integralmente- dan cuenta de que los segundos compradores -ahora demandados- tenía conocimiento de los antecedentes previos del contrato que suscribieron, sin haber enervado los mismos.

Razonase las expuestas, por las que se advierte que las acusaciones efectuadas por la recurrente, contienen asidero legal y fundamento suficiente para ser acogidas favorablemente por este Tribunal.

2. En relación al agravio descrito en el inc. c), efectivamente el Auto de Vista recurrido en casación, contiene una errónea interpretación de los arts. 450 y 451 del Código Civil, al haberse limitado a asumir que el segundo contrato de compraventa no adolece de causa o motivo ilicito, por haber obrado de buena fe los adquirientes; desconociendo e inaplicando la abundante doctrina legal emitida por éste Tribunal Supremo de Justicia, como la ciada en el punto 111.5 del presente fallo, que taxativamente establece que la protección al principio de buena fe contractual, evidentemente, se encuentra resguardado en nuestra legislación sustantiva civil, empero, únicamente en relación a la acción de anulabilidad de los contratos y no así a las causales de nulidad, que contienen particularidades notoriamente diversas; por ello, es menester reiterar que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del Código Civil, las cosas vuelven al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente, hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art.

134 del Código Civil, situación que en el caso de autos no concurre.

Asimismo; el Tribunal de alzada, debió considerar en el contexto citado la naturaleza jurídica del "contrato de compraventa" que conforme se desarrolló en el Punto 111.2, en una interpretación extensiva del art. 450 del Código Civil, es el acuerdo de dos o más voluntades para constituir, modificar y extinguir una relación jurídica, es la expresión del negocio jurídico que constituye fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes; en el caso de la compraventa estamos frente a un contrato consensual por excelencia que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes sin necesidad de otra formalidad; de lo que se tiene que, el contrato de compraventa suscrito entre Víctor Hugo Sainz Ossio como apoderado de Elena Sainz Ossio e Inés Ávalos Salazar, goza de plena eficacia jurídica entre las partes contratantes y no ha sido disuelto o resuelto, por alguna de las causales previstas en la ley.

Por último; en cuanto a la afectación a los gravámenes hipotecarios constituidos con posterior al acto nulo, corresponde señalar que el registro que se hace en épáéatio, ,ÓA ck Kyamojetchetal

Derechos Reales, no constituye ni sustituye la existencia de derecho propietario o de crédito alguno, pues el registro solo tiene efectos publicitarios y no así constitutivos, en consecuencia, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior, se reputan sin valor alguno todos los actos posteriores a su elaboración.

Para ello conviene tener presente que de acuerdo a lo establecido por el art. 547 del Código Civil, la nulidad declarada judicialmente surte sus efectos de manera retroactiva, es decir que cuando la acción de nulidad prospera, los efectos que se generan posteriormente al acto o contrato declarado nulo desaparecen retroactivamente, de manera que cuando un contrato es declarado nulo, el negocio no crea derechos para quien podría obtener ventaja del mismo, ni inversamente, importa vínculos o deberes, para quien, en el supuesto de su validez, resultaría reatado a ello; lo que significa que todo efecto aparente cumplido o incumplido de buena o mala fe, se retrotrae al momento mismo en que se intentó constituir el contrato o acto jurídico, haciendo desaparecer los actos posteriores al acto nulo y quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato.

Entonces; queda claro que, en el presente caso, no resulta viable la postura expuesta por la entidad financiera codemandada, pues si bien es cierto que dicha entidad constituye un acreedor de buena fe en el crédito obtenido por Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo, ello no involucra que los efectos de la nulidad dispuesta por éste Tribunal, no alcancen a los gravámenes inscritos en los Asientos B-4 y B-5 de la Matrícula N° 3.01.1.02.0009625, ya que por el efecto retroactivo de la nulidad establecida en el art. 547 del Código Civil, todos los actos jurídicos celebrados con posterioridad al contrato de 15 de noviembre de 2011 quedan nulos y sin valor legal alguno; una percepción contraria establecería imponer una sanción injusta a la víctima de una ilicitud, que no puede ser consentida por este Tribunal de casación, deviniendo -en consecuencia- los motivos acusados en debidamente fundados.

De las conclusiones anteriormente descritas, se advierte que el Tribunal de alzada no efectuó un correcto análisis de los antecedentes del proceso, consiguientemente, toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista N° 156/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs.

1187 a 1192, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y deliberando en el fondo declara PROBADA en parte la pretensión de nulidad de contrato y/o minuta y su consiguiente escritura pública, cancelación de registro en derechos reales e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios por no haber sido debidamente acreditados en naturaleza o cuantía; en consecuencia, se declara: a) Nulo el contrato de transferencia de bienes inmuebles contenido en la minuta de 15 de noviembre de 2011; b) La cancelación de la Escritura Pública N° 763/2011 de 23 de noviembre;

c) La cancelación en Derechos Reales de los Asientos A-3 registrado a nombre de Abner Zurita Herrera y Blanca Ximena Núñez Trujillo; así como de los Asientos B-4 y B-5, todos registrados bajo la Matrícula Computarizada N° 3.01.1.02.000.9625 del folio real. Salvando el derecho de la parte actora de acudir a la vía legal correspondiente para efectivizar la cancelación del Asiento B-6 a nombre de Juan Carlos Vizcarra Álvarez por no haber sido parte del proceso.

Debiendo en ejecución del presente fallo efectuarse las cancelaciones dispuestas y cualquier divergencia dilucidarse mediante la vía incidental. Con costas y costos.

error cometido, Con responsabilidad por no ser excusable el imponiéndoseles a los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, la multa de dos días de haber, debiendo a tal efecto, notificarse a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Alternativamente, siendo evidente el reiterado incumplimiento de plazos procesales y demora en la emisión de la resolución de segunda instancia, se llama la atención severamente a los Vocales mencionados, bajo alternativa de remitirse antecedentes a la instancia disciplinaria en caso de persistir dicha conducta lesiva del principio de celeridad.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Notas al pie

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA -1-SlafaZar 5,1IP ;1C\

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0591_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 62e89b39ac38f5acd443c363c2e608ee6b3eabfaf8296de83d459be4c38794a2

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