Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 4 de mayo de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 2107 a 2112 vta., interpuesto por Julián German Castro Llanos contra el Auto de Vista N° 421/2025 de 26 de noviembre, corriente de fs.
2084 a 2088 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.
Se regula los honorarios del abogado que contestó al recurso de casación en la suma de Bs. 1000.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0577/2026 Fecha: 04 de mayo de 2026 Expediente: CH-18-26-S Partes: José Henry Orellana Flores c/ Julián German Castro Llanos. Proceso: Acción reivindicatoria. Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 2107 a 2112 vta., interpuesto por Julián German Castro Llanos contra el Auto de Vista N° 421/2025 de 26 de noviembre, corriente de fs. 2084 a 2088 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria seguido por José Henry Orellana Flores contra el recurrente; la contestación de fs. 2115 a 2118;
el Auto de concesión de 03 de febrero de 2026, visible a fs. 2119; el Auto Supremo de admisión N° 0163/2026 de 18 de febrero, obrante de fs. 2123 a 2124 vta.,todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. José Henry Orellana Flores por memorial de demanda que cursa de fs. 34 a 36, subsanado de fs. 39 a 40, promovió el proceso ordinario de acción reivindicatoria, contra Julián German Castro Llanos, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 163 a 168 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, sin embargo, por Auto de 08 de julio de 2024 de fs. 208 vta., se rechazó el memorial de contestación por ser extemporáneo y se dispuso no ha lugar al ofrecimiento de los medios probatorios ofertados, asimismo, el demandado por escrito de fs. 290 a 300 vta, presento incidente de improponibilidad subjetiva de la demanda, pretensión que mereció el Auto de 24 de abril de 2025 a fs. 1574 vta., que RECHAZÓ el referido incidente; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 91/2025 de 23 de junio, que cursa de fs. 2030 a 2032, en la que el Juez Público Civil y Comercial 1° de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de reivindicación, disponiendo la restitución y entrega del bien inmueble objeto de /itis a la parte demandante, bien inmueble ubicado en la Zona estación Tejar de la ciudad de Sucre con una superficie de 100.09 m2 según levantamiento efectuado por el perito, en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desapoderamiento, además de condenar costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Julián German Castro Llanos según escrito de fs. 2069 a 2072, originó que la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 421/2025 de 26 de noviembre, corriente de fs. 2084 a 2088 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:
- La parte actora acreditó su derecho de propiedad mediante título idóneo inscrito en Derechos Reales, con matrícula vigente, el cual goza de publicidad y oponibilidad conforme al art. 1538 del Código Civil, en consecuencia, se tiene por cumplido el primer presupuesto de la acción reivindicatoria.
- Con relación de que el bien pertenecería a Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y que el título tendría origen nulo no resultó atendible, toda vez que dicha entidad no formuló oposición ni acreditó derecho propietario sobre el bien en litigio; además, que la documentación presentada carece de eficacia probatoria al tratarse de copias simples y no existir contradicción formal dentro del proceso, por el contrario, el Juez de instancia realizado una apreciación conjunta de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
- No habría evidenciado alguna prueba que demuestre que el inmueble objeto del proceso constituya un bien estatal ni que exista afectación a derechos de ENFE, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento sobre extremos no acreditados, ni reclamados por el supuesto titular.
- Por último, el demandado carece de legitimación para reclamar en representación de terceros que no han comparecido ni denunciado afectación a sus derechos dentro del proceso, por lo que dicho agravio resulta infundado.
Asimismo, se emitió el Auto de 02 de diciembre de 2025, cursante a fs. 2091, por el cual enmienda el Auto de Vista conforme el art. 226 I y II del Código Procesal Civil, respecto a la sigla ENDE, siendo lo correcto ENFE.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Julián German Castro Llanos según escrito visible de fs. 2107 a 2112 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. El recurrente en el recurso de casación acusó que:
En la forma.
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7ctylo ittcicia/ a) El Auto de Vista carece de motivación suficiente, al limitarse solo a la transcripción de doctrina y jurisprudencia sobre la acción reivindicatoria, sin desarrollar un razonamiento propio, claro y aplicado al caso concreto;
configurándose en una motivación aparente.
b) El Tribunal de alzada no se pronunció sobre agravios expresamente planteados en su apelación, referidos al origen ilícito del derecho propietario del actor; la titularidad estatal del bien atribuida a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE); la aplicación de la Ley N° 2705 y la intransferibilidad de bienes del Estado y la nulidad del título base de la acción.
Señala además que el Tribunal introdujo valoraciones ajenas a los agravios y reinterpretó el principio dispositivo, omitiendo resolver los puntos denunciados.
En el fondo.
c) El Tribunal de alzada interpretó de manera errónea el art. 1453 del Código Civil, al considerar suficiente la inscripción en Derechos Reales como acreditación del derecho propietario, sin verificar la validez del título, no tomando en cuenta que el título nulo no genera derecho, por lo tanto, no se acreditó la legitimidad del derecho propietario de la parte actora.
d) Se omitió valorar la prueba documental cursante de fs. 2034 a 2058, bajo el argumento de tratarse de copias simples, sin aplicar el principio de verdad material ni disponer su compulsación, incumpliendo el deber de valoración integral y conjunta de la prueba, lo que habría incidido en la decisión asumida.
En consecuencia, la parte recurrente señala como normas vulneradas los arts.
1311, 1289.1, 1296, 1538 y 1287 del Código Civil, así como los arts. 1553, 1545y 1290 del mismo cuerpo legal, concordados con los arts. 148.1, 150.1 y 368.V del Código Procesal Civil; además de los arts. 24, 115.1 y II, 119 y 178.1 de la Constitución Política del Estado; y los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, idoneidad, respeto a los derechos, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez, previstos en los arts. 3 y 30 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.
Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se anule o case el Auto de Vista, declarando improbada la demanda.
2. Contestación al recurso de casación:
José Henry Orellana Flores, responde el recurso de casación mediante memorial a fs. 2115 a 2118, señalando en lo principal que:
-El recurrente no indica que articulado de la ley se ha vulnerado, violado, interpretado o aplicado erróneamente, conteniendo solo enunciaciones líricas, relacionados a una mala interpretación y valoración de la prueba de descargo.
-Los argumentos que acusan no son pertinentes, más cuando el juicio ordinario de fondo fue tramitado en un acto de estricta justicia con aplicación correcta de la ley positiva y jurisprudencial, con una valoración adecuada de la prueba legalmente producida conforme al principio de inmediación y objetividad que dieron merito al objeto del proceso y probaron cada uno de los puntos de debate, demostrado los requisitos exigidos por el art. 105 y 1453 del Código Civil, por lo que siendo lógico que la Sentencia y Auto de Vista fue declarado probada y confirmada en segunda instancia.
En consecuencia, solicitó se declare infundado el recurso de casación.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
III. 1 . Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.
Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia, sobre el respecto el Auto Supremo N° 826/2018 de 31 de agosto, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: "Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ' es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'.
Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en .41c/o- ,7(1Yfin,aricvna (.4
(r-yaiw I la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP N° 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento".
111.2. De la incongruencia omisiva y su trascendencia.
Al respecto el Auto Supremo N°0462/2025 de 21 de mayo, sostiene que: "El debido proceso es un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías mínimas y necesarias tendientes a evitar la arbitrariedad, uno de esos elementos que lo compone, precisamente es la congruencia, la cual -conforme prevé la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1050/2021-S4, de 20 de diciembre- debe ser abordada desde dos acepciones: "...primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
Cuando el Tribunal de alzada no aborda los agravios planteados por los recurrentes, resulta evidente que el Auto de Vista adolece de incongruencia omisiva; sin embargo, esta deficiencia no implica necesariamente la invalidez automática de la resolución, ya que debe evaluarse si dicha omisión afecta de manera determinante la decisión de fondo, es decir, debe examinarse su trascendencia.
Bajo este mismo razonamiento, el Auto Supremo N° 88/2021, de 02 de febrero, estableció que: "...si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento congruencia, empero, ese criterio no debe ser sustentado o interpretado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad debe ser desde y conforme un enfoque constitucional donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de derechos sustantivos, sobre los adjetivos, criterio que resulta aplicable; siempre y cuando bajo un criterio de previsibilidad se advierta que corrigiéndose esos errores o defectos formales como ser la congruencia u otro derecho inherente al trámite del proceso, la resolución de fondo ha de sufrir modificación en el fondo, es decir que esa decisión de enmendar el defecto formal ha de incidir en el fondo de la litis, poseyendo en ese caso un fin sustancial con relevancia en el proceso, ya que en contrario sensu, o sea en el hipotético de disponer una nulidad por un defecto formal que no ha de incidir en el fondo de la causa, simplemente se ha de satisfacer meros pruritos formales, lo cual no va con el nuevo modelo constitucional de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
Es por dicho motivo que, al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, esto a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico..." (El resaltado nos corresponde)."
111.3. Sobre la acción reivindicatoria.
En relación a los requisitos de la reivindicación, el Auto Supremo N° 1060/2018 de 30 de octubre, citando el Auto Supremo N° 491/2017 de 15 de mayo, razonó:
"El art. 1453 del C.C., señala: 7. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta"; precepto legal que regula el instituto de la reivindicación como una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad.
Al respecto Arturo Alessandri R. señala que: "...la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.; acción que se reserva precisamente al propietario que ha perdido la posesión del bien de su propiedad, siendo que el primer requisito para la procedencia de la referida acción, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del C. C., como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil y la natural o corporal, esta última puede ser ejercida o no por el propietario.
En este entendido este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos, ..-01Wnetrional ale • •
("malo entre ellos el Auto supremo N° 1141/2015 - L ha orientado: "...corresponde señalar que si bien el art. 1453 del Código Civil, refiere que la acción reivindicatoria está dirigida para el propietario que ha perdido la posesión de la cosa pudiendo reivindicarla de quien la detenta o la posea, es decir que uno de los requisitos indispensable para hacer viable dicha acción es quien la interponga acredite su derecho propietario, el cual le permite usar gozar y disponer, conforme lo establece el art. 105 de la norma ya citada, de esta manera el derecho propietario confiere al titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o jus possesionem, pudiendo esta última ser o no ejercida por su propietario.
Bajo este razonamiento, es que en varios Autos Supremos, se estableció que no resulta necesario que el titular del derecho propietario que pretende reivindicar el bien deba estar en posesión fisica del mismo, habida cuenta que tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y animus", por lo expuesto supra y estando el derecho propietario de la institución demandada debidamente acreditado, así como el bien inmueble plenamente identificado y la posesión corporal que tiene la recurrente sobre el mismo, la acción de reivindicación resulta procedente conforme lo determinaron los jueces de instancia...".
Por otra parte, en cuanto a los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, se ha orientado en varios fallos entre los cuales podemos citar al Auto Supremo N° 786/ 2015 - L, que señala: "...tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2) que esté privado o destituido de ésta; 3) que la cosa se halle plenamente identificada; respecto a esta acción real, la uniforme jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este Tribunal Supremo, expresó con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al "propietario que ha perdido la posesión de una cosa"
y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus". "
111.4. De la verificación judicial de la invalidez del contrato.
El Auto Supremo N° 228/2023 de 17 de marzo, citando al Auto Supremo N° 1038/2018 de 30 de octubre, refiere que: "El art. 546 del Código Civil refiere: 'La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente', la norma citada establece como regla general que la nulidad de un contrato conforme a nuestro ordenamiento Jurídico Civil, debe ser declarada mediante resolución judicial, dentro de un contradictorio donde se establezcan las viabilidad de las causales de nulidad invocadas, puesto que por regla general todo contrato tiene fuerza de ley entre partes, por ese motivo no puede ser considerado nulo de hecho (ipso facto), sino debe existir una resolución judicial ejecutoriada que deje sin efecto el negocio jurídico, en el mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su obra, Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y Caducidad pág. 78 señala: 'Mientras no exista una resolución judicial debidamente ejecutoriada que declare expresamente la nulidad o anulabilidad de un negocio jurídico, no podemos afirmar que tales contratos son inhábiles; por lo tanto la nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente por un órgano jurisdiccional competente.
Toda anulación o anulabilidad de un contrato debe ser declarada judicialmente; vale decir, dentro de un proceso contradictorio `... 'empero, siempre debe existir resolución judicial que declara la invalidez del contrato'.
A mayor abundamiento podemos citar Auto Supremo 953/ 2015 - L, 14 de Octubre, que refrendado lo expresado señala: 'La nulidad del contrato o un acto jurídico necesariamente debe ser declarada a través de una resolución judicial, pues el supuesto acto o contrato anulable produce todos sus efectos mientras no se lo impugne y se declare su nulidad o anulabilidad precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos (Art. 546 del Código Civil, sobre la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad), pues la Sentencia que dispone la nulidad o anulabilidad de un contrato tiene un efecto retroactivo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo acto jurídico y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato. Sin embargo, en el caso de la anulabilidad existe la salvedad en cuanto a los efectos de esta acción respecto a terceros (Art. 559 del C.C.), puesto que esta no afecta los derechos adquiridos por terceros de buena fe como se expuso supra'.
Bajo la misma óptica este Tribunal ya emitió criterio en el AS 723/2018 de 27 de julio donde refirió en sentido que: esta vía es la más apropiada porque si bien teóricamente está claro que un contrato contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público es inefica7 por imperio de la ley, en la práctica dicho documento es parte de las relaciones jurídicas, lo que generara conflicto entre particulares y el Estado, donde el uno le otorgara todo el valor y el otro le restara valor invocando la nulidad de pleno derecho, discusión que probablemente se extienda en el tiempo y el documento potencialmente defectuoso continuara latente, lo que es contrario a la paz social, de ahí que se optó por la necesidad de la declaración judicial para destruirlo y expulsarlo del comercio humano.
Para concluir este punto, es oportuno también indicar que la nulidad para ser declarada judicialmente, requiere ser presentada mediante acción o excepción expresa, para que el oponente pueda repeler la misma, mediante mecanismos de -) Acirivict Jiado- Ofuryinzcwiewcti te/ 1_497a9wc ,tici defensa como la falta de legitimación, cuando la petición de nulidad de contrato es activada por un tercero a la relación contractual".
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Expuestos como están los argumentos de los recursos de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación:
En la forma.
1. Referente al agravio en el inciso a), sobre la motivación suficiente que carecería el Auto de Vista, al limitarse a la transcripción de doctrina y jurisprudencia sobre la acción reivindicatoria, sin desarrollar un razonamiento propio, claro y aplicado al caso concreto; configurándose en una motivación aparente.
Sobre el particular, conforme lo expuesto en el apartado III.1 de la presente resolución, donde señala que la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, constituyen un elemento esencial del debido proceso, que exige que toda decisión exprese de manera clara las razones fácticas y jurídicas que la sustentan.
Ello implica que la autoridad debe explicar los hechos relevantes, las normas aplicables y el razonamiento seguido para llegar a su decisión, de forma comprensible para las partes. No se requiere una exposición extensa o reiterativa, sino una argumentación clara, coherente y completa, que permita advertir la relación entre los fundamentos expuestos y la parte resolutiva, garantizando así la ausencia de arbitrariedad.
En ese entendido, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, si bien incorporó desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la acción reivindicatoria, no se limitó a su mera transcripción, sino que articuló dichos fundamentos con los antecedentes del proceso, expresando las razones por las cuales consideró correcta la decisión asumida por el Juez de instancia. En ese marco, se evidencia que la resolución impugnada contiene una línea argumentativa que permite comprender la decisión de confirmar la Sentencia, cumpliendo con el estándar de motivación exigido por el ordenamiento jurídico.
En ese contexto, no resulta evidente la denuncia de motivación aparente, toda vez que el Auto de Vista exterioriza las razones fácticas y jurídicas que sustentan su determinación, sin que sea exigible una fundamentación extensa o reiterativa, sino suficiente y coherente, orientada a justificar la decisión asumida.
En consecuencia, el reclamo formulado no evidencia la concurrencia de defecto absoluto alguno, sino que traduce la disconformidad del recurrente con el criterio asumido por el Tribunal de apelación, pretendiendo que este adopte una conclusión distinta a la ya establecida, lo cual no constituye causal válida de nulidad en sede de casación.
2. Referente al agravio en el inciso b), al advertir que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre agravios expresamente planteados en su apelación, referidos a él origen ilícito del derecho propietario del actor; la titularidad estatal del bien atribuida a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE); la aplicación de la Ley N° 2705, la intransferibilidad de bienes del Estado y la nulidad del título base de la acción; además que el Tribunal introdujo valoraciones ajenas a los agravios y reinterpretó el principio dispositivo, omitiendo resolver los puntos denunciados.
Al respecto, conforme lo desarrollado en el apartado 111.2 de la presente resolución sobre la congruencia, siendo este un elemento del debido proceso que exige correspondencia entre lo pedido por las partes y lo resuelto por la autoridad judicial, tanto en su dimensión externa (pronunciarse sobre los agravios) como interna (coherencia lógica de la resolución); por otra parte, la incongruencia omisiva se configura cuando el Tribunal de alzada no responde a los agravios planteados; sin embargo, no toda omisión genera nulidad automática, sino que debe analizarse su trascendencia, es decir, si dicha omisión incide de manera determinante en la decisión de fondo. En ese sentido, bajo un enfoque constitucional, no corresponde anular por meros formalismos, sino únicamente cuando el defecto tenga relevancia sustancial y su corrección pueda modificar el resultado del proceso, evitando así dilaciones innecesarias y privilegiando la solución efectiva del conflicto.
En efecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado se evidencia que los agravios formulados por el recurrente, vinculados al supuesto origen irregular del derecho propietario del actor, la alegada titularidad estatal del bien, la aplicación de normativa invocada y la validez del título base de la acción, fueron considerados dentro del análisis efectuado por el Tribunal de alzada al momento de confirmar la Sentencia.
Si bien la resolución impugnada no desarrolla un tratamiento separado, expreso y pormenorizado de cada uno de los agravios denunciados, ello no implica por sí mismo la existencia de incongruencia omisiva, pues la exigencia de congruencia se satisface cuando existe una respuesta jurisdiccional sobre las cuestiones sustanciales sometidas a conocimiento del Tribunal.
En ese contexto, se advierte que el Tribunal de alzada estructuró su decisión en torno a la validez y eficacia del derecho propietario inscrito en Derechos Reales, lo ?j/rtfi
L 9yanaludiriai que constituye el eje de la controversia planteada en apelación, quedando comprendidos los cuestionamientos formulados por el recurrente dentro de la fundamentación de la resolución impugnada.
Pero, aun en el supuesto de que se considerara estos puntos que plantea el recurrente para anular el Auto de Vista, sobre que no existió pronunciamiento expreso sobre alguno de los agravios, ello no genera nulidad por incongruencia omisiva, en razón a que dicha eventual omisión no tiene incidencia determinante en la decisión de fondo, pues no modificaría el sentido del fallo.
Por lo que el agravio viene en infundado.
En el fondo.
3. Referente al agravio en el inciso c), cuando sostiene que el Tribunal de alzada interpretó de manera errónea el art. 1453 del Código Civil, al considerar suficiente la inscripción en Derechos Reales como acreditación del derecho propietario, sin verificar la validez del título, no tomando en cuenta que el título nulo no genera derecho, por lo tanto, no se acreditó la legitimidad del derecho propietario de la parte actora.
En ese marco, conforme a lo desarrollado en el apartado 111.3 de la presente resolución, con relación a la acción reivindicatoria, prevista en el art. 1453 del Código Civil, constituye una acción real destinada a que el propietario recupere el bien del cual ha sido desposeído por quien lo posee o detenta. Su finalidad no es declarar el derecho de propiedad, pues éste ya se presume existente, sino lograr la restitución material de la cosa a favor de su titular. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que para su procedencia deben concurrir tres requisitos esenciales: i) que el actor acredite su derecho propietario sobre el bien cuya restitución pretende; ii) que se encuentre privado de su posesión; y iii) que el bien se halle plenamente identificado. Asimismo, se ha precisado que no es indispensable que el propietario hubiera ejercido posesión física o corporal previa sobre el bien, ya que el derecho de propiedad por sí mismo confiere posesión civil o ius possidendi, suficiente para habilitar el ejercicio de la acción reivindicatoria.
Asimismo, conforme lo desarrollado en el apartado 111.4 de la presente resolución sobre la nulidad o anulabilidad de un contrato esta no opera de pleno derecho, sino que requiere necesariamente declaración judicial previa, emitida dentro de un proceso contradictorio, conforme al art. 546 del Código Civil. En ese entendido, mientras no exista una resolución judicial ejecutoriada que declare la invalidez del acto jurídico, el contrato conserva su validez y produce efectos jurídicos, siendo oponible frente a terceros. Asimismo, la declaración de nulidad debe ser expresamente solicitada mediante acción porque ostenta un interés legítimo, a fin de permitir el ejercicio del derecho a la defensa, no siendo viable su reconocimiento de oficio ni a partir de simples alegaciones de parte.
Ahora bien, la controversia radica en determinar si la alegación del demandado relativa a la supuesta nulidad del título antecedente del derecho propietario del actor resulta suficiente para desvirtuar su legitimación activa en la acción reivindicatoria, cuando dicha nulidad ha sido planteada de manera incidental o defensiva, sin haber sido previamente declarada mediante resolución judicial, conforme a lo previsto por el art. 546 del Código Civil.
En ese entendido, corresponde precisar, en primer lugar, que la alegación del recurrente relativa a la supuesta nulidad del título antecedente del derecho propietario del actor no resulta jurídicamente idónea para desvirtuar la legitimación activa en la presente acción, toda vez que, conforme a lo desarrollado en el apartado 111.4 de la presente resolución y en aplicación del art. 546 del Código Civil, la nulidad o anulabilidad de un contrato no opera de pleno derecho, sino que requiere necesariamente de declaración judicial previa emitida dentro de un proceso contradictorio.
En ese marco, si bien como señala el recurrente la Matricula N° 1.01.1.99.0008154 ha sido declarado nulo a través de un proceso judicial que ha llevado incluso se inscriba en dicha matrícula su nulidad, sin embargo, no se puede pretender que todas las actuaciones que deriven del mismo sean declarados nulos de pleno derecho, sin tomar en cuenta que nuestro ordenamiento conforme el art. 546 del Código Civil señala de manera expresa que toda nulidad y anulabilidad deben ser pronunciados judicialmente, en este caso la Matrícula N° 1.01.1.99.0071706 del demandante, mientras no exista una resolución judicial ejecutoriada que declare la invalidez del título invocado por la parte actora, éste conserva su validez, produce plenos efectos jurídicos y sigue siendo oponible frente a terceros; no siendo viable, en consecuencia, que su supuesta nulidad sea considerada de manera incidental o a partir de simples alegaciones formuladas en sede de defensa, sin haber sido objeto de una pretensión expresa debidamente tramitada.
Este aspecto también lo ha referido el Juez de primera instancia cuando resolvió el incidente de improponibilidad subjetiva de la demanda propuesto por el ahora recurrente, pretensión que mereció el Auto de 24 de abril de 2025 de fs. 1574 vta. que rechazó el incidente planteado, concluyendo que la nulidad declarada respecto del Folio Real N° 1.01.1.99.0008154 no se extiende de manera automática al Folio Real N° 1.01.1.99.0071706, aun cuando ambos compartan antecedente común, siendo necesario un pronunciamiento judicial expreso que así lo determine.
En segundo lugar, habiendo desvirtuado el cuestionamiento relativo a la supuesta falta de acreditación del derecho propietario del actor, corresponde ingresar al análisis de los demás presupuestos que hacen a la procedencia de la acción r ;";71/11,0c (rftlit:Cial reivindicatoria. En ese marco, se advierte que los Jueces de instancia no se limitaron a la sola verificación formal del título, sino efectuaron un análisis integral del acervo probatorio, a partir del cual establecieron que el actor cuenta con derecho propietario vigente y oponible; que el bien inmueble se encuentra en posesión del demandado sin respaldo jurídico alguno; y que el mismo se halla debidamente individualizado e identificado.
Dichos extremos, conforme a los parámetros previstos por el art. 1453 del Código Civil y el apartado 111.3 de esta resolución, constituyen los presupuestos esenciales para la procedencia de la acción reivindicatoria, los cuales, en el caso concreto, han sido debidamente acreditados y valorados de manera conjunta y armónica.
En consecuencia, no resulta evidente la interpretación errónea acusada por el recurrente, habiendo los Tribunales de instancia aplicado correctamente la norma sustantiva y resuelto la controversia en función a los elementos probatorios incorporados al proceso.
4. Referente al agravio en el inciso d), al señalar que se habría omitido valorar la prueba documental cursante de fs. 2034 a 2058, bajo el argumento de tratarse de copias simples, sin aplicar el principio de verdad material ni disponer su compulsación, incumpliendo el deber de valoración integral y conjunta de la prueba, lo que habría incidido en la decisión asumida.
Así también refiere como normas vulneradas los arts. 1311, 1289.1, 1296, 1538 y 1287 del Código Civil, así como los arts. 1553, 1545 y 1290 del mismo cuerpo legal, concordados con los arts. 148.1, 150.1 y 368.V del Código Procesal Civil; además de los arts. 24, 115.1 y II, 119 y 178.1 de la Constitución Política del Estado; y los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, idoneidad, respeto a los derechos, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, previstos en los arts. 3 y 30 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.
En el caso de Autos, de la revisión de antecedentes se advierte que la documental cursante de fs. 2034 a 2058 fue presentada por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) con posterioridad a la emisión de la Sentencia; sin embargo, dicha documental no fue admitida ni incorporada válidamente al proceso, conforme se tiene del Auto de 09 de julio de 2025 cursante a fs. 2060, el cual no fue objeto de impugnación alguna, quedando firme en el proceso.
En ese entendido, al no formar parte del acervo probatorio legalmente incorporado, no resulta exigible su valoración por el Tribunal de alzada, no pudiendo fundarse en su omisión un agravio de casación.
Sin perjuicio de ello, aun en el supuesto hipotético de considerarse dicha documental en sede de alzada, la misma carecería de fuerza probatoria para alterar el resultado del proceso, toda vez que la decisión de fondo se sustenta en la acreditación del derecho propietario inscrito de la parte actora y la concurrencia de los presupuestos de la acción reivindicatoria, por lo que no se advierte incidencia sustancial en la decisión asumida.
Asimismo, la parte recurrente invoca artículos de la Constitución Política del Estado, Código Civil, Código Procesal Civil, Ley del Órgano judicial, además de principios, no obstante, dicha enunciación normativa carece de desarrollo argumentativo concreto, toda vez que la parte recurrente no precisa de qué manera específica el Tribunal de alzada habría incurrido en la vulneración de cada una de dichas disposiciones, ni establece una relación directa entre las normas invocadas y limitándose a su mención genérica.
En ese entendido, no resulta suficiente la simple cita de disposiciones legales o principios constitucionales para fundar un agravio en sede de casación, siendo necesario demostrar de manera clara y concreta la incidencia de la supuesta infracción en la decisión asumida, lo cual no acontece en el caso de Autos.
Por lo expuesto, el agravio denunciado deviene en infundado, correspondiendo emitir la resolución prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 2107 a 2112 vta., interpuesto por Julián German Castro Llanos contra el Auto de Vista N° 421/2025 de 26 de noviembre, corriente de fs.
2084 a 2088 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.
Se regula los honorarios del abogado que contestó al recurso de casación en la suma de Bs. 1000.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA / ANTE Mi, , SECIIETAR1A DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPRErn DE iuSTICIA
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0577_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0341814d01299e95edf6d8c23171cf4ffb54fae73035d8d4d1d160e8823e44ad
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