Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 4 de mayo de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 848 a 850 vta., formulado por Jorge Eduardo Arce Moya, contra el Auto de Vista N° 78/2025 de 23 de junio, cursante de fs. 825 a 834 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera stado Plurinacional de Bolivia Engano Judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos al recurrente. Se regula el honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000. Se llama la atención a los Vocales suscribientes por la excesiva demora en la resolución de la causa que conlleva un injustificado incumplimiento de los plazos procesales, póngase a conocimiento del Consejo de la Magistratura para efectos consiguientes.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0567/2026 Fecha: 04 de mayo de 2026 Expediente: CB-11-26-S Partes: Reynaldo Molina Salvatierra c/ Jorge Eduardo Arce Moya, José Sergio Arce Moya, Félix Marco Franco Arce y Eloy Edgar Torrico Angulo. Proceso: Nulidad de contrato. Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 848 a 850 vta., interpuesto por Jorge Eduardo Arce Moya contra el Auto de Vista N° 78/2025 de 23 de junio, corriente de fs. 825 a 834 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Reynaldo Molina Salvatierra contra José Sergio Arce Moya, Félix Marco Franco Arce, Eloy Edgar Torrico Angulo y el recurrente; la contestación de fs. 863 y vta.; el Auto de concesión de 08 de enero de 2026, visible a fs.
876; el Auto Supremo de admisión N° 0110/2026-RA de 05 de febrero; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Reynaldo Molina Salvatierra por memorial de demanda que cursa de fs. 12 a 15 vta., subsanado a fs. 29, promovió el proceso ordinario de nulidad de contrato, contra Jorge Eduardo Arce Moya, José Sergio Arce Moya, Félix Marco Franco Arce y Eloy Edgar Torrico Angulo, quienes una vez citados, no se apersonaron al proceso y mediante providencia de 03 de febrero de 2010 de fs. 79 vta., se designó defensor de oficio, misma que, según escrito visible de fs. 82 a 83 vta., se apersonó, contestó de manera negativa a la demanda y opuso excepción de improcedencia de la demanda, falsedad e ilegalidad; posteriormente por escrito de fs. 88 a 91, Jorge Eduardo Arce Moya, se apersonó y asumió defensa en el estado en el que se encontraba la causa;
asimismo, formuló incidente de nulidad, que fue resuelto por Auto de 03 de noviembre de 2015, de fs. 111 y vta., que rechazó el citado incidente, y mediante Auto de 10 de enero de 2018 cursante a fs. 602 y vta., se aceptó el desistimiento del derecho planteado por el demandante a favor de José Sergio Arce Moya, prosiguiendo la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 21/2021 de 07 de junio, que cursa de fs 672 a 677 vta.
(foliación repetida), en la que la Juez Füblico Civil y Comercial 1° de Sacaba -Cochabamba, declaró PROBADA la demanda de nulidad, disponiendo la nulidad de la Escritura Pública N° 785/1998 de 23 de noviembre, la nulidad parcial de la Escritura Pública N° 835 de 08 de noviembre y la nulidad de la Escritura Pública de venta judicial N° 36/2005 de 15 de enero, y en consecuencia, una vez ejecutoriada la resolución, se notifique a Derechos Reales de Sacaba para que proceda a las cancelaciones dispuestas e IMPROBADAS las excepciones de improcedencia, falsedad, ilegalidad, falta de acción, sin costas ni costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por José Sergio Arce Moya y Jorge Eduardo Arce Moya, representados por Jorge Windsor Marcos Trigo según escritos de fs. 770 a 771 vta., y de fs 775 a 777 vta., respectivamente, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 78/2025 de 23 de junio, corriente de fs. 825 a 834 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:
- En relación a las apelaciones diferidas de los Autos de 10 de marzo y 06 de mayo de 2016 respectivamente, los recurrentes no fundamentaron los agravios, el Ad quem los consideró por desistidos, ya que solo apelaron la Sentencia de 07 de junio de 2021, cursante de fs. 672 a 677 vta.
- En cuanto al escrito de desistimiento efectuado por el demandante a favor de José Sergio Arce Moya, fue resuelto por Auto de 10 de enero de 2018 que aceptó el desistimiento del derecho, disponiendo la prosecución de la causa contra los otros codemandados; recurrido en apelación por Jorge Eduardo Arce Moya, mereciendo el Auto de Vista de 01 de julio de 2019 de fs. 694 a 695, que confirmó la resolución apelada.
- El A quo constató la existencia de ilicitud en la causa y motivo en la suscripción de la minuta de transferencia de 20 de agosto de 1998, documento por el que el demandado Félix Marco Franco Arce de forma ilícita, transfirió el lote de terreno de 12.245 m2, ubicado en la zona de Arocagua de propiedad del demandante; por el que, emitió la Sentencia de 07 de junio de 2021 disponiendo la nulidad de la Escritura Pública N° 785/1998 de 23 de noviembre, que contiene la minuta de transferencia del lote de terreno ubicado en la zona de Arocagua - Pucara, jurisdicción de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, otorgada por Félix Marco Franco Arce en su condición de "supuesto apoderado" de Reynaldo Molina Salvatierra a favor de Eloy Edgar Torrico Angulo, registrado en Derecho Reales con la Matrícula N° 3.01.1.01.0003295, Asiento A-1, de 16 de diciembre de 1998; también, declaró la nulidad parcial de la Escritura Pública N° 835/2001 relativa a un préstamo de dinero en la que se ofreció como garantía el lote de terreno; asimismo, dispuso la nulidad de la Escritura Pública de venta judicial N° 36/2005 de 15 de enero, registrado bajo la Jaa?i)/tr),(ftact;oviaic nyagw, '
Matrícula N° 3.01.1.01.0003295, Asiento A-2 en fecha 11 de febrero de 2002, último registro a nombre del apelante José Sergio Arce Moya.
- Respecto al agravio del desistimiento a favor del recurrente, y que no correspondía que la Sentencia anule su registro de propiedad, el Ad quem, remitiéndose a la doctrina aplicable del Auto Supremo N° 896/2023 de 12 de septiembre, sobre el efecto retroactivo de la nulidad, concluyó que no concurre ninguna ilegalidad o vulneración normativa, ya que la declaración de nulidad implica la obligación que tiene el Juez de retrotraer todos los actos hasta antes de la celebración del contrato declarado nulo; asimismo, en relación al desistimiento, la declaración de nulidad de la Escritura Pública de venta judicial N° 36/2005 de 15 de enero, que registró el derecho propietario del apelante, fue dispuesta de forma accesoria, como consecuencia de la acción principal; es decir, la nulidad fue determinada sobre la base de la minuta de transferencia de 20 de agosto de 1998 y la Escritura Pública N° 785/1998 de 23 de noviembre, no siendo necesario ingresar a analizar la validez y/o contenidos de los restantes actos y/o contratos de transferencias que fueron realizadas de forma posterior al acto jurídico declarado nulo;
no existiendo vulneración al debido proceso o incongruencia en la resolución apelada;
tomando en cuenta que, el A quo, emitió la Sentencia en base a los hechos y pretensiones establecidas en la demanda y los efectos que trae consigo la disposición normativa prevista en el art. 547 del Código Civil, retrotrayendo la nulidad al día en que tuvo origen el contrato; es decir, que la nulidad y cancelación de registros de las Escrituras Públicas descritas, fue determinada para garantizar la recuperación plena de los derechos exigidos por la parte afectada, tomando en cuenta los efectos que acarrea la declaración de nulidad, indistintamente del contenido o validez que tengan los referidos documentos; por consiguiente, el Tribunal de alzada, verificó que el Juez de primera instancia, actuó correctamente al disponer la nulidad de todas las transferencias existentes y registradas de forma posterior a la suscripción de la minuta de transferencia de 20 de agosto de 1998.
- Resulta incorrecto hacer referencia a aspectos que no fueron contemplados en la excepción de improcedencia de la demanda e ilegalidad, contenidos en el escrito de 24 de febrero de 2010, cursante de fs. 82 a 83 vta.; por lo que, los argumentos del recurrente, no constituyen fundamentación objetiva y pertinente, tampoco fueron analizados y resueltos en la Sentencia impugnada; menos constituyen una crítica concreta, razonada y fundamentada de los desaciertos de la misma; consiguientemente el Tribunal de apelación, señaló que se encuentra impedido de realizar consideración alguna al respecto; aclarando que la demanda de nulidad es precisa y clara en relación a la minuta de transferencia de 10 de diciembre de 1995 inserta en la Escritura Pública N° 785/1998, en función al art. 549 num. 3) del Código Civil y por ende, las demás escrituras y gravámenes, al estar viciada la primera venta.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jorge Eduardo Arce Moya según escrito visible de fs. 848 a 850 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACION
1. El recurrente en el recurso de casación acusó:
a) Vulneración del art. 180.1 de la Constitución Política del Estado, referido al derecho a la impugnación, señalando que el Auto de Vista impugnado, no analizó ni resolvió adecuadamente las apelaciones diferidas, bajo el argumento de que no fueron fundamentadas en su oportunidad, declarándolas desistidas; basándose en que dicha determinación desconoce que el desistimiento debe ser expreso, motivado y conforme a la normativa procesal aplicable.
b) Falta de motivación e incongruencia en la valoración de los hechos, manifestando que existen inconsistencias entre los hechos y fechas consideradas en la resolución impugnada, refiriendo que se efectuó una errónea valoración de documentos relevantes, tales como minutas, fechas consignadas en las mismas, la venta judicial y los asientos registrales correspondientes, entre otros, situación que vulnera el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
c) Errónea interpretación del instituto de la nulidad y sus efectos, así como del desistimiento procesal y de los principios pro homine y pro actione, refiriendo que no se consideró que el desistimiento formulado por José Sergio Arce Moya adquirió calidad de cosa juzgada al haber sido confirmado en apelación, por lo que la Sentencia no podía surtir efectos en su contra; en ese entendido, sostiene que tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem, incurrieron en actuación ultra petita, vulnerando el art. 242 del Código Procesal Civil.
d) Errónea aplicación del art. 549 num. 3 del Código Civil, alegando una indebida valoración respecto al objeto de la pretensión, al haber confundido la nulidad de contrato con la nulidad de Escritura Pública; toda vez que, el Tribunal de alzada no ingresó al análisis de fondo del agravio planteado, incurriendo en incongruencia omisiva y motivación aparente, pese a la obligación de resolver los agravios de manera clara, precisa y completa, vulnerando los arts. 256, 261.1y 265.1 del Código Procesal Civil; además de, sustentar su decisión en citas normativas y jurisprudenciales equivocadas.
Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, dejar sin efecto el Auto de Vista y se dicte nueva resolución.
2. De la contestación al recurso de casación:
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Reynaldo Molina Salvatierra, mediante memorial cursante a fs. y vta., en cuanto al recurso de casación, refiere en lo principal que:
- El recurrente manifestó que el Auto de Vista impugnado vulnera el derecho al debido proceso en sus diferentes vertientes, pidiendo la nulidad de esa resolución, por no haberse pronunciado sobre los agravios, incongruencia omisiva, falta de motivación, con aparente incorrecta aplicación de normas; el recurso de casación se refiere a errores de derecho y no de hecho, errónea interpretación de la ley y errada aplicación de la misma.
- El Auto de Vista se circunscribió a los puntos apelados por el demandado, claramente descritos en el apartado II.1 de la resolución apelada; se limitó a analizar lo alegado en apelación, debidamente fundamentado, conforme establece el art. 265.1 del Código Procesal Civil; consiguientemente, el Auto de Vista impugnado, fue dictado conforme el debido proceso.
Fundamento por el cual solicitó se declare infundado el recurso.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
111.1. Derecho a la impugnación o doble instancia.
El Auto Supremo N° 0381/2025 de 02 de mayo, citando el Auto Supremo N° 222/2025 de 18 de marzo, estableció: "...la Constitución Política del Estado en su art. 180.11 contiene una premisa básica que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales y a su vez, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su art. 8 num. 2 inc. h) consagra a la impugnación como un derecho fundamental que garantiza a las partes en conflicto a recurrir de una resolución cuando consideren que la misma resulta lesiva a sus derechos, con la esperanza de que el Juez o Tribunal superior repare o comja las transgresiones acusadas (...) En la materia que nos ocupa, el recurso ordinario de apelación, es el más usual y común que se encuentra previsto en el art. 256 del Código Procesal Civil el cual señala: `... La apelación es el recurso ordinario concedido a favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule...
Al respecto, se debe tener presente que el derecho a recurrir una resolución responde a una tendencia natural del ser humano y los medios de impugnación aparecen como el lógico correctivo para procurar eliminar los vicios e irregularidades de los actos procesales, buscando su perfeccionamiento y en definitiva una mejor justicia, ya que mediante esos medios, las partes pueden hacer valer las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, generándose así la posibilidad de ser oídos y juzgados por más de una autoridad judicial.
A través de la interposición del recurso, lo que el justiciable pretende es lograr que se modifique, revoque, sustituya o se deje sin efecto la resolución impugnada y de esta manera procurar obtener un fallo que sea lo más justo posible, siendo esa la finalidad de todo recurso de impugnación; sin embargo, el derecho de impugnación no se materializa con el solo hecho de interponer el recurso; sino ante todo, con la respuesta que el Tribunal superior brinde a los motivos que funda la impugnación, respuesta que debe ser pertinente, exhaustiva y estar debidamente motivada y fundamentada. conforme se tiene establecido en la doctrina legal aplicable..." (las negrillas nos corresponden).
111.2. De la expresión de agravios en el recurso de apelación.
El Auto Supremo N° 0381/2025 de 02 de mayo, en relación a la apertura de competencia del Ad quem, citó el Auto Supremo N° 1017/2021 de 17 de noviembre, que razonó: "...El art. 256 del Código Procesal Civil, establece que: 'El recurso de apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con el objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule', precepto legal del cual se desprende, el derecho de recurrir y/ o impugnar contra las resoluciones judiciales de primera instancia, derecho previsto no sólo en los códigos adjetivos, sino también en el art.
180.11 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, esta garantía procesal constitucional no es irrestricta o absoluta, pues para que este medio impugnatorio sea procedente se debe tomar en cuenta una serie de presupuestos arraigados a su naturaleza procesal, en sentido, para que este recurso sea admisible al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otras exigencias generales de carácter subjetivo y objetivo; entre los cuales se encuentra, la necesaria existencia de perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir, y ello precisamente porque el 'agravio' en términos del Prof. Eduardo Couture, constituye: 'el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante'.
Siguiendo lo establecido por el art. 218.11 núm. 1, inc. b) del CPC, la existencia de agravio y/o perjuicio constituye el motor que impulsa, promueve y justifica la actividad del recurso, sin importar el tipo de parte de que se trate en la intervención del proceso; contrario sensu, se puede afirmar que no existe recurso sin gravamen o perjuicio, ni interés válido para impugnar ya que el simple hecho de recurrir por recurrir sin que exista afectación de ningún interés legítimo, implicaría hacer abuso del derecho (AS 508/2014 de 8 de septiembre), criterio compartido en la obra de Enrique Lino Palacios en su obra 'Derecho Procesal Civil', tomo V, numeral 546, página 85, señala que: `...configura requisito subjetivo u,rcich ArWi,wrioyzal c4 6 y,crizo, de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés". (las negrillas nos pertenecen).
111.3. De la incongruencia omisiva y su trascendencia.
El Auto Supremo N° 0961/2025 de 02 de septiembre, citando al Auto Supremo N° 566/2021 de 30 de junio, estableció que: "...En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.1 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo `tantum devolutum quantum appellatum', que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante...
Sobre todas estas bases, concluiremos diciendo; primero, que el Auto de Vista se encontrará investido de congruencia interna, cuando este cimiente su ratio decidendi en aquellas absoluciones judiciales que viabilicen o inviabilicen los puntos gravosos expuestos por el apelante en su medio recursivo, aspecto con el cual, por una parte, se acata el campo de acción jurisdiccional impuesto por el legislador al Tribunal revisor por medio del Art. 265 pár. I de la Ley 439, y, por otra, se dota de un orden lógico-coherente a la resolución de segunda instancia.
Segundo, si la Resolución dictaminada por el Tribunal Ad quem, omite dar respuesta a los agravios expuestos por el recurrente en su escrito recursivo, nos encontramos en frente de un veredicto omisivo, es decir, un fallo judicial viciado de incongruencia omisiva.
En ese orden de ideas, si las partes denuncian incongruencia omisiva como un vicio en la estructura de forma del Auto de Vista: ...el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma, como es la incongruencia omisiva, que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo Tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión... (Auto Supremo N° 569/2021 de 30 de junio).
Sobre esa base, si este máximo Tribunal de Justicia advierte que el fallo de segunda instancia traído en casación se encuentra viciado de incongruencia omisiva se da una nueva tarea, que consiste en establecer si la misma es o no trascendental para el fondo del proceso conforme lo desarrollo el Auto Supremo 88/2021 de 02 de febrero en uno de sus apartados fundadores doctrinarios: '...EI Auto Supremo N° 223/2017 de 08 de marzo, ha razonado: 'A través del Auto Supremo N° 254/2014 se ha orientado en sentido que: 'La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada 'citra petita', que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso... Es por dicho motivo que al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, esto a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, sin un fin sustancial, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados (los cuales se detallaran en el punto siguiente) como ser el de trascendencia, criterio que también asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es acogida cuando : 'esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados' (SCP N°1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: ...una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional'. El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar en sentido que de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente'
Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial CONSIDERANDO N: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto. En relación a lo acusado en los incisos a), b), c) y d) del Considerando II.1 de la presente resolución, y la revisión del recurso de casación de fs. 848 a 850 vta. У del escrito de fs. 858 a 859 vta., interpuesto por Jorge Eduardo Arce Moya, en la forma, solicita se anule el Auto de Vista recurrido y se resuelvan todos los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la Sentencia, incluidas las apelaciones diferidas, toda vez que la Resolución de segunda instancia no fundamentó los agravios sobre esas resoluciones a tiempo de apelar la Sentencia de primer grado, considerando incorrecta esa forma de resolución, porque no se habría pronunciado sobre las notificaciones, rechazo de prueba, confesión provocada y régimen transitorio de notificaciones, cayendo en incongruencia omisiva, siendo causal de anulación del fallo de alzada, al haber violado el art. 265.I del Código Procesal Civil. En mérito a lo anterior, corresponde verificar si las afirmaciones del recurrente son ciertas; para tal efecto, nos remitimos al Auto de Vista de 10 de marzo de 2017, cursante de fs. 502 y vta., que ANULÓ el Auto de concesión de 22 de junio de 2016, en la parte que concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo; disponiéndose que el A quo, observe el procedimiento establecido por el legislador para la tramitación de apelaciones contra resoluciones interlocutorias; asimismo, el Auto de Vista de 18 de septiembre de 2017, que cursa de fs. 567 a 568 vta., que ANULÓ el Auto de concesión de alzada de 6 de mayo de 2016 y a su vez dispuso su concesión en el efecto diferido, ante una eventual apelación de Sentencia; del contenido de los recursos de apelación en el efecto diferido interpuestos, que dieron lugar al Auto de Vista impugnado, este Tribunal advierte que los mismos, se encuentran debidamente fundamentados, expresando los agravios cometidos en las resoluciones recurridas; sin embargo, de la compulsa de obrados y en función al reclamo efectuado, se advierte que el Auto de Vista recurrido, en el apartado III.1 (análisis del caso), de acuerdo al argumento explanado respecto a los memoriales de fs. 424 a 425 y de fs. 775 a 777 vta., en relación a los recursos de apelación contra la Sentencia; consideró que los recursos solo hicieron referencia a la Sentencia, no así a las resoluciones de 10 de marzo y 06 de mayo de 2016, respectivamente, que fueron concedidos en el efecto diferido; por lo que, debido a la falta de fundamentación de agravios, "corresponde considerar como desistidos los recursos de apelación alternados al de reposición descritos en los acápites 1.2.1 y I.2.2 de la presente resolución"; es decir, no resolvió las apelaciones diferidas. Al respecto, es preciso aclarar que el proceso de nulidad de contrato se inició en el mes de junio de 2009, en vigencia del Código de Procedimiento Civil (1975), hasta la emisión de la Sentencia N° 21/2021 de 07 de junio, de fs. 672 a 677 vta., en vigencia del Código Procesal Civil de 19 de noviembre de 2013, que ingresó plena vigencia el 06 de febrero de 2016; ahora bien, por determinación de la Disposición Transitoria Sexta del adjetivo Civil vigente, los procesos en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en la norma adjetiva (Ley N° 439). Bajo ese antecedente, el recurso de reposición bajo alternativa de apelación cursante de fs. 153 a 154 vta. de 12 de abril de 2016, interpuesto por Jorge Windsor Marcos Trigo en representación de José Sergio Arce Moya contra el proveido de 10 de marzo de 2016, que rechazó la prueba ofrecida en el escrito cursante de fs. 129 a 130, por extemporánea, reconociendo a su vez, la apertura del término de prueba, mediante Auto de 05 de febrero de 2016; originando el Auto de 06 de mayo de 2016 cursante de fs. 358 a 359 vta., que confirmó la resolución recurrida y concedió la apelación diferida en el efecto devolutivo; por otro lado, Jorge Eduardo Arce Moya, según escrito de fs. 361 a 362 vta., solicitó la mutación de los proveídos de 17 de marzo de 2016, inserto en el acta de audiencia de fs. 132 y la providencia de 31 de marzo de 2016 de fs. 137, mereciendo el Auto de 06 de mayo de 2016 cursante de fs. 363 a 364 que rechazó la solicitud de mutación; posteriormente recurrido en reposición bajo alternativa de apelación, según escrito de fs. 424 a 425, originando el decreto de 22 de junio de 2016 que cursa a fs. 426, que rechazó el recurso de reposición у concedió la apelación alternada, concediendo en el efecto devolutivo; mediante Auto de Vista N° 71/2017 de 10 de marzo, pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ANULÓ el Auto de concesión de 22 de junio de 2016, en relación al recurso interpuesto por Jorge Eduardo Arce Moya, ordenando que el A quo, observe el procedimiento establecido para la tramitación de apelaciones contra resoluciones interlocutorias, fundamentando esa decisión en lo establecido en el art. 259 num. 3 del adjetivo Civil vigente (Ley N° 439); asimismo, mediante Auto de Vista N° 113/2017 de 18 de septiembre, que cursa de fs. 567 a 568 vta., la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto al recurso de apelación alternada de José Sergio Arce Moya, ANULO el Auto de concesión de alzada de 06 de mayo de 2016, debiendo concederse en el efecto diferido de acuerdo al art. 259 num. 3 del Código Procesal Civil. Ahora bien, el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, de acuerdo al art. 223 del Código de Procedimiento Civil, modificado por Ley N° 1760 (1975), procedía contra Autos interlocutorios que no cortaban el procedimiento y providencias de mero éstado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial trámite; interpuesto el recurso, si el Juez de instancia mantenía su posición (rechazaba la reposición), automáticamente se activaba la apelación en el efecto devolutivo; sin embargo, en el caso de apelación diferida, se aplicaba lo previsto por el art. 24 de la Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997, que disponía en cuanto a su procedencia: "La apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones: 1.- Autos interlocutorios que resolvieren excepciones previas; 2.- Autos que resolvieren incidentes; 3.- Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, y, en general; 3.- Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior"; respecto al procedimiento, el art. 25 de la Ley N° 1760 Establecía: "I. La apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la sentencia definitiva. II. Si la sentencia definitiva fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la parte apelada, con cuya contestación o sin ella, los recursos se concederán para que sean resueltos en forma conjunta por el superior en grado. III. Si la sentencia no fuere apelada se tendrá por desistida la apelación formulada en el efecto diferido."; por otro lado, el Código Procesal Civil, el art. 253 establece la procedencia del recurso de reposición; el art. 254 del adjetivo Civil, dispone el procedimiento, sea verbalmente en audiencia o de manera escrita, fundamentando en el plazo de tres días, en éste ultimo caso, siempre que no hubieren sido dictadas en audiencia; al respecto, el citado art. 254.V señala para el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, de forma clara que "La apelación contra autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta", que nos remite al art. 260.III num. 1, 2 y 3 del Código Procesal Civil; la diferencia en ambos procedimientos (Código de Procedimiento Civil, modificado por Ley N° 1760 y el vigente Código Procesal Civil - Ley N° 439), la fundamentación del recurso se realiza conjuntamente con la apelación de la Sentencia, aspecto coincidente con el art. 25.1 del adjetivo Civil de 1975, modificado por Ley N° 1760. Consiguientemente, los recurrentes tenían la obligación de fundamentar el recurso de apelación interpuesta de manera alternativa en caso de rechazo a los recursos de reposición, conjuntamente a la apelación de la Sentencia, no siendo suficiente la interposición de sus recursos; este Tribunal advierte que, el Auto de Vista impugnado, verificó que los recursos de apelación que cursan de fs. 770 a 771 vta., y de fs. 775 a 777 vta., no fundamentaron los agravios de sus recursos de reposición bajo alternativa de apelación, conforme fueron concedidos en el Auto de Vista N° 71/2017 de 10 de marzo y Auto de Vista N° 113/2017, que concedieron en el defecto diferido conforme el art. 259 num. 3 del Código Procesal Civil.
De acuerdo a lo desarrollado en el Auto Supremo N° 0381/2025 de 02 de mayo, en relación al derecho de impugnación garantizado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y el art. 8 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, descritos en el Considerando III.1 de la presente resolución, el citado derecho en el Auto de Vista recurrido no fue restringido ni omitido, así se advierte de los antecedentes glosados; sin embargo, los propios recurrentes, pese a su legal conocimiento de la forma en la que fueron concedidos sus recursos, solo fundamentaron los agravios en lo relativo a la Sentencia, omitiendo las fundamentación de sus otros recursos que fueron concedidos conforme el art. 259 num. 3 del Código Procesal Civil; menos ratificaron los argumentos o fundamentos insertos en sus recursos de reposición, para poder considerar los mismos en el Auto de Vista impugnado. En consecuencia, los argumentos del recurso de casación interpuesto por Jorge Eduardo Arce Moya, carecen de sustento legal, no existiendo lesión del art. 265.I del adjetivo Civil vigente y la tutela judicial efectiva del art. 115 de la Constitución Política del Estado. En ese antecedente, advierte que el Tribunal de alzada, observó la normativa adjetiva civil abrogada y vigente, contrastando los antecedentes procesales, ampliamente descritos, siendo de pleno conocimiento de los recurrentes, la forma y norma en las que se les concedió la apelación alternativa; por lo que, el Ad quem, obró correctamente al dar por desistidas las apelaciones alternativas, ingresando a considerar solo los argumentos de la apelación contra la Sentencia. En definitiva, de acuerdo a la doctrina aplicable del Considerando III.3, este Tribunal no advierte la incongruencia omisiva acusada por el recurrente, respecto a la supuesta falta de respuesta a las apelaciones alternativas; tampoco advierte lesión al derecho de impugnación garantizado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, ampliamente desarrollado en el Considerando III.1 de la presente resolución. Careciendo de fundamento lo acusado por el recurrente. Por lo que, en atención a las conclusiones anteriormente detalladas, se advierte que el Tribunal de alzada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes del proceso; consiguientemente, las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, correspondiendo a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 848 a 850 vta., formulado por Jorge Eduardo Arce Moya, contra el Auto de Vista N° 78/2025 de 23 de junio, cursante de fs. 825 a 834 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera stado Plurinacional de Bolivia Engano Judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos al recurrente. Se regula el honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000. Se llama la atención a los Vocales suscribientes por la excesiva demora en la resolución de la causa que conlleva un injustificado incumplimiento de los plazos procesales, póngase a conocimiento del Consejo de la Magistratura para efectos consiguientes. Registrese, comuníquese y devuélvase.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0567_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a41a43df76ac5d807756556575372320b8181dd2b03eef2bd2ca83f048f57d3d
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