Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de abril de 2026
Anula obrados
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con las atribuciones conferidas en los arts. 41 y 42.1 num.
1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.111 del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° 159/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 558 a 565, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia se dispone que, sin espera de turno y previo sorteo, se emita nuevo Auto de Vista bajo los fundamentos desarrollados en la presente resolución y en sujeción de lo dispuesto por el art. 264.1 del Código Procesal Civil.
Sin responsabilidad por ser excusable.
De conformidad a lo previsto en el art. 17.1V de la Ley N° 025, remítase copia de la éü.ltado, 64 presente resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines consiguientes de ley.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0549/2026 Fecha: 28 de abril de 2026 Expediente: CB-12-26-S Partes: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba c/ María Rosa Herbas Méndez de Guerra, Nadia Rebeca Guerra Herbas, Tatiana Guerra Herbas y María Rosa Guerra Herbas. Proceso: Acción negatoria y mejor derecho propietario. Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 570 a 574 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba representado por Oliver Rubén Albis Ayala, contra el Auto de Vista N° 159/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 558 a 565, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de acción negatoria y mejor derecho propietario, seguido por la entidad recurrente contra María Rosa Herbas Méndez de Guerra, Nadia Rebeca Guerra Herbas, Tatiana Guerra Herbas y María Rosa Guerra Herbas, contestación de fs. 578 a 585; el Auto de concesión de 09 de enero de 2026, visible a fs. 586, el Auto Supremo de admisión N° 0153/2026-RA de 11 de febrero, saliente de fs. 592 a 593 vta.; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -entonces- representado por Pablo Quiroga Mercado, por escrito de fs. 14 a 16, subsanado de fs. 39 a 40 vta., promovió el proceso ordinario de acción negatoria y mejor derecho propietario, contra María Rosa Herbas Méndez de Guerra, Nadia Rebeca Guerra Herbas, Tatiana Guerra Herbas y María Rosa Guerra Herbas, quienes una vez citadas, mediante escritos de fs. 88 a 89, 91 a 92, 195 a 198 vta., 223 a 226 vta., y 237 a 241, se apersonaron, respondieron negativamente a la demanda, opusieron excepciones perentorias de ilegalidad, falsedad, improcedencia de la demanda, ilicitud de la causa, falta de acción y derecho; pretensiones que merecieron Auto interlocutorio de 14 de octubre de 2010, obrante de fs. 201 a 202 vta., que declaró improbadas la excepciones de impersoneria en el demandante e imprecisión en la demanda opuesta por la codemandada Tatiana Guerra Herbas; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 05 de agosto de 2020, cursante de fs. 451 a 467, en la que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad de Cochabamba, declaro IMPROBADA la demanda de acción negatoria y mejor derecho propietario y PROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia y de falta de acción y derecho opuestas por María Rosa Herbas Méndez de Guerra, Nadia Rebeca Guerra Herbas, María Rosa Guerra Herbas y Tatiana Guerra Herbas, declarando la inexistencia de sobreposición de la propiedad privada de las demandadas sobre los bienes municipales alegados por la parte demandante, declarando inviable la pretensión de acción negatoria y mejor derecho, sin costas ni costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, representado -entonces- por Fernando Freddy Valdivia Castellón según escrito de fs. 469 a 473 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 159/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 558 a 565, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:
- Si bien las demandadas adquirieron su derecho propietario en fecha posterior al registro de la cesión efectuada por la Urbanización "El Carmen" en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, fue el mismo municipio que aprobó con posterioridad el fraccionamiento de 13 lotes de la Urbanización "Paz Soldán" mediante Resolución Técnico Administrativa N 0000599 de 1 de abril de 1997, otorgando certeza administrativa en las superficies y límites establecidos en sus respectivos documentos de propiedad, que en su momento no presentaban superposición alguna, menos aún sobre áreas verdes.
- A efectos de dilucidar la supuesta superposición, se efectuó prueba pericial, que concluyó que, la diferencia entre ambas superficies era menos de 7,22 m2.
debidamente aprobadas mediante resoluciones municipales de origen, indicando también que las urbanizaciones se encuentran debidamente consolidadas, por lo que la demanda de mejor derecho propietario no ha sido demostrada.
- Respecto a la acción negatoria, si bien la Alcaldía Municipal demostró ostentar un derecho propietario, más no acreditó que las demandadas carezcan de derecho alguno ni que la presunta superposición se deba a avances ilegales sobre terrenos de propiedad municipal; por el contrario, se comprobó que las propiedades de las demandadas se encuentran conforme la rasante establecida por el propio municipio, razón por la cual no prospera la acción negatoria.
- La prueba pericial dispuesta de oficio verificó los antecedentes de la Urbanización
"Paz Soldán", concluyendo que coincide con la descripción y los lotes correspondientes, no existiendo superposición de propiedades, asimismo el,(4(//xiy~i~clicb r 'ryc0w>dieiai informe pericial complementario fue puesto en conocimiento a las partes sin merecer impugnación alguna, por ello se valoró integralmente la prueba presentada por las partes, incluso la referida pericia, por lo que no se vulneró los principios de legalidad ni verdad material.
- La autoridad judicial de primera instancia analizó en primer término el derecho propietario previo examen de la acción negatoria, produciendo para dicho fin pericia técnica que no fue objetado, pericia que concluyó que no existe superposición, por lo que no se demostró la afectación de la superficie de 152,80 m2 dentro del total de 20.393,70 m2., ni que dicha afectación proviniera de una sobreposición, por lo que no se evidencia ausencia de fundamentación o motivación alguna.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba representado por Oliver Rubén Albis Ayala, según escrito de fs. 570 a 574 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. La entidad recurrente en el recurso de casación acusó:
a) Violación del art. 145.1 del Código Procesal Civil por omisión de fundamentación en la valoración de la prueba, la interpretación efectuada en el Auto de Vista resultaría errónea, conforme el art. 339 de la Constitución Politica del Estado, al municipio le corresponde la defensa del patrimonio del estado, el Tribunal de alzada omitió fundamentar porqué desestimó las pruebas aportadas por la parte actora consistentes en los planos de la urbanización "Paz Soldán" así como el plano de ubicación de la Sub Alcaldía Molle y el plano de la urbanización "El Carmen", los cuales acreditarían la existencia de una sobreposición de 152,80 m2., se omitió fundamentar respecto a dichas pruebas oportunamente presentadas, por cuanto hacían procedente la acción negatoria y declaratoria de mejor derecho propietario.
b) Vulneración del derecho a la prueba por defectuosa fijación de los puntos de pericia y transgresión del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, le correspondía a la autoridad judicial la fijación de los puntos de pericia conforme los extremos demandados y alegados en juicio, al no hacerlo permitió al perito adivinar el objeto del proceso, por lo que dicho profesional solamente realizó su pericia tomando en cuenta las resoluciones municipales de la urbanización "Paz Soldán" y las cesiones efectuadas por dicha urbanización en favor del municipio, los cuales no se encuentran sobrepuestas a las cesiones efectuadas por la urbanización "El Carmen" con los lotes de propiedad de las demandadas, por lo que le correspondería a la autoridad judicial orientar al perito los puntos de pericia pertinentes; el objeto del proceso constituye la sobreposición existente en un área verde cedido por la Urbanización "El Carmen" en favor del municipio, con los lotes de propiedad de las demandadas inmersas en la Urbanización "Paz Soldán", por lo que se ha desconocido el objeto del proceso que es la acción negatoria y declaratoria de mejor derecho propietario sobre la superficie de 152,80 m2. y no así las cesiones efectuadas por la Urbanización "Paz Soldán" mediante resoluciones técnico administrativas emitidas por el ente edil.
c) Incongruencia omisiva, falta de fundamentación y motivación, el Tribunal de alzada habría omitido pronunciarse respecto a la declaratoria de mejor derecho propietario de la superficie de 152,80 m2., limitándose a pronunciarse solamente respecto a la pretensión de acción negatoria.
En base a dicho marco de argumentos, la parte actora solicitó anular el Auto de Vista N° 159/2025, disponiendo la emisión de un nuevo fallo.
2. Contestación al recurso de casación:
Tatiana Guerra Herbas y Nadia Rebeca Guerra Herbas, por memorial de fs. 578 a 585, respondieron al recurso de casación señalando lo siguiente:
- Sus personas han demostrado su derecho propietario de los predios ubicados en la urbanización "Paz Soldán", quedando demostrado que no existe superposición de los 152,8 m2. comprendida dentro de los 20.393,70 m2., de ninguna manera se estaría afectando los terrenos comprendidos como áreas verdes o municipales, ya que el título de propiedad de dicha urbanización fue reconocido por Resolución Técnico Administrativa N° 000599 de 01 de abril de 1997, existiendo dos derechos dominiales diferentes, la Urbanización "El Carmen" y la Urbanización "Paz Soldán"
han efectuado sus respectivas cesiones en favor del municipio de Cochabamba y dicha entidad les ha dado curso, siendo legalmente aprobadas; por otra parte, si bien es cierto que el municipio ha aprobado con posterioridad el fraccionamiento de 13 lotes de la Urbanización "Paz Soldán", a momento de su otorgación no existía ninguna sobreposición sobre áreas cedidas, aspecto corroborado por el informe pericial, que determinó que ambas urbanizaciones se encuentran consolidadas.
- En cuanto a la acción negatoria, si bien la Alcaldía demostró derecho propietario, no ha acreditado que sus personas carezcan de derecho propietario que fue demostrado fehacientemente con sus títulos de propiedad, y no se ha demostrado que se haya realizado superposición alguna; en cuanto al informe pericial, el mismo no ha merecido observación alguna, empero el perito designado ha presentado informe complementario de aclaración y ratificación el informe pericial, realizado en base a la verificación de los antecedentes de la urbanización "Paz Soldán", basado en levantamiento topográfico, verificación y estacado de lotes, Ad,,,,f, comprobación de superficies conforme la urbanización aprobada y revisión de antecedentes legales, por lo que no se incurrió en ningún tipo de violación de los principios de legalidad ni de verdad material.
- El Juez de la causa ha realizado un análisis de las pretensiones deducidas por la parte actora, determinado en base a prueba legal y técnica, que no existe superposición alguna, por lo que el Juez A quo, así como el Tribunal Ad quem se han pronunciado sobre estos dos elementos de forma fundamentada y motivada.
Argumentos por los cuales la parte demandada solicitó se declare infundado el recurso de casación.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
111.1. Respecto al mejor derecho propietario.
El Auto Supremo N° 995/2019 de 26 de septiembre, recopiló los siguientes criterios: "La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo N° 588/2014 de 17 de octubre que: `...para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa gue se demanda de mejor derecho de propiedad' (...). Asimismo, en el Auto Supremo N° 618/ 2014 de 30 de octubre se razonó que: `...sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/ 2012 de 25 de abril, que estableció: `...una acción de reconocimiento de melor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosas cuya titularidad es discutida por dos o más personas... la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)'. (...). Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al fuzqador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial'.
En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no provengan de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto departes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos, si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario".
111.2. De la necesidad de establecer la ubicación del bien inmueble del cual se alega derecho propietario.
El Auto Supremo N° 463/2014 de 22 de agosto, orientó al respecto: "...las acciones reales (Reivindicación, negatoria y confesoria) son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, son mecanismos de defensa y estos, tienen por objeto la protección de los derechos reales, los cuales se constituyen en un poder directo e inmediato sobre la cosa frente a las demás personas, conforme ley, en este entendido lo que realmente resulta trascendental para hacer valer estas acciones es la individualización del Adimict gtack ar. ,7 inmueble de cual se pretende la protección de la ley, ya que quien pretende accionar la protección de sus derecho propietario ante situaciones que limiten o perturben su derecho propietario sobre un bien, debe tener acreditado e individualizado ese bien, lo contrario resultaría en la improcedencia de la acción negatoria en el sentido de que no se tendría ubicado el bien o la cosa que se pretende proteger mediante esta acción...En este entendido si bien la ley no determina las formas de determinar la individualización o ubicación del bien inmueble objeto el derecho propietario, sin embargo, existen elementos y técnicas que coadyuven a determinar la ubicación exacta del inmueble, como el estudio geo-referencial del terreno, la descripción física del predio, la valoración técnica por parte del experto perito en el uso de técnicas de medición...". (Las negrillas nos corresponde).
111.3. Facultad de mejor proveer en segunda instancia y el principio de verdad material.
Al respecto el Auto Supremo N° 569/2024 de 11 de junio señaló: "El art. 264. I del Código de Procesal Civil dispone: 'Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el Artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que, en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días', aspecto concordante con el art. 207. II en la que indica: 'La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio', preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto los jueces y Tribunales de instancia tienen la potestad de hacer uso de su facultad de mejor proveer en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, toda vez que bajo nuestro enfoque Constitucional, este entre otros principios procura el restablecimiento del orden jurídico, es así que se busca materializar el principio de verdad material en cumplimiento de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: `... es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material."
Asimismo, el Auto Supremo N° 1183 /2017 de 1 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, consideró que el Tribunal de apelación es un órgano de hecho, con plena capacidad de producir prueba, puntualizando lo siguiente: "El art. 265 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: "(FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA). I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido. III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios". La norma descrita permite actuar como un Tribunal de segunda instancia en el que se puede debatir aspectos de hecho, o asimilar medios de prueba que no fueron producidos en primera instancia, dada su naturaleza pueden inclusive requerir medio de prueba para mejor proveer, también se encuentra la facultad de asumir decisión sobre pretensiones omitidas en primera instancia, sobre la base del elenco probatorio producido y descrito por el apelante o su adversario."
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación.
1. Con referencia a los agravios descritos en los incisos a), b) y c), mediante los cuales se acusa en lo medular una omisión de fundamentación en cuanto a la valoración de la prueba aportada por la parte actora que demostrarían la procedencia de las pretensiones invocadas, vulneración al derecho a la prueba al &talo Akuta c4e,e.,cd no haberse fijado como punto de hecho a probar mediante prueba pericial la acción negatoria y declaratoria de mejor derecho propietario sobre la superficie de 152,80 m2., y que se habría limitado a pronunciarse únicamente respecto a la acción negatoria y no así al mejor derecho planteado, corresponderá efectuar el siguiente examen:
Al respecto, a fin de absolver los merituados reclamos, debemos rememorar lo razonado en los epígrafes 111.1. y 2. de la doctrina aplicable, que determinó que, ante el planteamiento de acción de mejor derecho propietario, emerge la necesidad primero de decidir mediante juicio declarativo, a quien le corresponde la titularidad del derecho discutido, del cual recién surgirá la posibilidad de determinar otras acciones reales planteadas si correspondieren y siempre y cuando resulten conexas y no contradictorias a la acción de mejor derecho de propiedad planteado.
Asimismo; debe considerarse que, al haberse planteado la existencia de dos derechos propietarios sobre un determinado predio -indistintamente de haberse planteado acción negatoria como pretensión principal- surge la obligación por parte de los juzgadores de realizar el examen de los requisitos de procedencia de dicha acción de mejor derecho para determinar de forma objetiva si el derecho propietario del bien en cuestión le corresponde al demandante o al demandado conforme sus presupuestos de procedencia, siendo el esencial y de previa verificación la plena identidad, ubicación y singularización de la cosa, ya que dicha acción supone necesariamente la existencia de dos derechos de propiedad sobre un mismo bien, sea total o parcial, pues en caso de que no se supere dicho presupuesto de identidad, es decir que no se compruebe la plena correspondencia físico-registral de ambos derechos propietarios o que dichas propiedades resulten estar situados en parajes totalmente distintos uno del otro, resultará completamente superfluo realizar el examen de la cadena de traspasos (confrontación de antecedentes dominiales), a objeto de determinar qué derecho propietario fue registrado con prioridad frente al otro; al no haberse comprobado la identidad de la cosa reclamada.
En base a dicha premisa, de la revisión de los antecedentes que hacen a la causa se tiene que, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba planteó demanda de acción negatoria y mejor derecho propietario sobre el bien inmueble de superficie 152.80 m2. que, según la parte actora, estaría inmerso dentro de los 20.393,70 m2. del cual es propietario el ente edil cedidos por la Urbanización El Carmen destinados a áreas verdes, demanda dirigida contra María Rosa Herbas Méndez de Guerra, Tatiana Guerra Herbas, Nadia Rebeca Guerra Herbas y María Rosa Guerra Herbas, quienes ostentan derecho propietario sobre los predios identificados como lotes N° 9, 10, 11 y 12, inmersos en la Urbanización Paz Soldán, entre los cuales existiría una superposición en la superficie de 152.80 m2. entre la propiedad del ente edil y el de las demandadas.
De esta breve pero puntual reseña de las pretensiones deducidas, se colige que la controversia esencialmente gira en torno a determinar a quien le corresponde el predio en cuestión consistente en la superficie de 152.80 m2., conforme las reglas de mejor derecho propietario previamente descritas líneas precedentes, debiendo dilucidarse primero la plena identificación y singularización del predio del cual la parte actora es titular (20.393,70 m2.), así como de los lotes pertenecientes a las demandadas, en pro de evidenciar si efectivamente el bien objeto de /itis resulta en una superposición reñida entre el derecho propietario de la parte actora y de las demandadas.
Es en ese mérito que, conforme lo razonado líneas arriba, los Jueces de instancia estaban compelidos a verificar de forma primigenia, la plena ubicación del bien de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, así como de los predios de propiedad de las demandadas consistentes en los merituados lotes, a objeto de verificar si evidentemente existe tal superposición alegada entre los distintos bienes, y en caso de evidenciarse objetivamente su existencia, realizar el estudio del tracto sucesivo a origen de ambos títulos propietarios para dilucidar el registro primigenio sobre el bien en cuestión y zanjar de esa forma el mejor derecho planteado, para posteriormente recién entrar a resolver las demás acciones reales que hubieren sido postuladas de forma conjunta, tomando en consideración que la fracción de 152.80 m2. Según lo alegado y las pruebas adjuntadas por la parte actora, consistiría en un bien de dominio público (área verde).
Sin embargo; en la presente causa no ocurrió aquello, por cuanto si bien el Juez A Quo dispuso prueba pericial de oficio conforme preceptuaba el art. 378 del abrogado Código de Procedimiento Civil, al ser necesaria y dirimente para el caso en cuestión, de la revisión íntegra del merituado informe pericial cursante de fs.
385 a 398, aclarado a fs. 425, el mismo se encuentra avocado únicamente a establecer la ubicación de la Urbanización Paz Soldan y los lotes que lo componen conforme documentos técnico administrativos emitidos por el ente edil, más en ninguna parte determinó mediante estudio científico, la plena ubicación y singularización del bien de propiedad de la parte actora consistente en 20.393,70 m2. destinados para áreas verdes, para así contrastar los predios en cuestión y de esa forma concluir fehacientemente si la superposición de 152.80 m2. existe o no.
Las conclusiones arribadas en el merituado peritaje, se limitan a aludir lo expuesto en las resoluciones técnico administrativas de aprobación de planimetría de la Urbanización Paz Soldan emitidos por la entonces Honorable Alcaldía Municipal de Ae4itict nyamo ' ›i¿ciaí
Cochabamba señalando que, del contraste de medición del levantamiento topográfico de las superficies de fraccionamiento para fines residenciales existiría una diferencia de 7.22 m2. entre lo expuesto en las aludidas resoluciones y la medición realizada in situ, concluyendo de esa forma que la referida urbanización estaría consolidada y en orden con las normativas de urbanización en cesiones de vías y áreas verdes; sin embargo, dicha información no resulta suficiente para resolver la controversia de mejor derecho de propiedad planteado, por cuanto el estudio del predio de propiedad de la parte demandante fue indebidamente omitido al no existir pronunciamiento técnico alguno, aspecto que refuerza la carencia de elementos probatorios pertinentes y conducentes para dirimir la problemática propuesta.
Si bien las pruebas documentales adjuntadas por la parte actora consistentes en planos de planimetría de las urbanizaciones Paz Soldan y El Carmen visibles de fs.
10, 11 y 12, donde se encontrarían inmersos los predios de propiedad de la parte demandantes y de las demandadas, a priori demostrarían la existencia de la merituada superposición como refiere en el agravio rotulado en el inciso a), al ser un aspecto de índole puramente técnico, por sí solas no acreditan tal aseveración, por lo que no suplen la necesidad de comprobar científicamente en base a un estudio técnico que lo compruebe o desestime.
En cuanto a la vulneración al derecho a la prueba que se acusa, por cuanto la autoridad judicial no habría fijado los puntos de pericia, de la compulsa de obrados, la producción de prueba pericial dispuesta de oficio y la designación de perito fueron dispuestos por decreto visible a fs. 380 vta., el cual notificado a las partes no fue merecedor de objeción alguna; por lo cual, dicha omisión, aún de resultar evidente, no le otorga mérito a la parte actora para reclamar a estas alturas de la causa dicho extremo, por cuanto fue el propio ente demandante que propicio dar lugar a dicha falencia; sin embargo, cabe precisar que, la entidad edil si efectuó su derecho a objetar el informe pericial, solicitando complementación del merituado informe en los puntos expuestos en el escrito de fs. 403 a 404, mereciendo aclaración saliente a fs. 425, que se ciñó únicamente a replicar lo ya expuesto en la pericia previamente descrita ut supra.
A pesar de que la insuficiencia de la prueba pericial realizada en la causa haya sido efectuada por permisión de las partes al no haber ejercitado los medios que entonces le franqueaba la ley procedimental para su rectificación, ello no justifica asumir una posición de rigurosidad formalista; por cuanto, a diferencia del anterior sistema procesal, lo que ahora impera es la efectiva solución del conflicto sobre toda cuestión formal.
Lo previamente relatado, evidencia la precariedad de la actividad probatoria desplegada en la presente causa, ya que no se tuvieron objetivamente comprobados o en su caso desestimados los presupuestos de procedencia de la acción de mejor derecho de propiedad planteado, al no cursar medio de prueba pertinente que demuestre la plena identidad o singularidad de los diferentes bienes que integran el litigio, por lo que, al no haberse superado la duda sobre la ubicación de los predios, conforme la orientación del acápite 111.3. del presente fallo, el Tribunal de segunda instancia como órgano de hecho, tiene la amplia potestad de realizar y obtener pruebas necesarias para la resolución de la problemática, basándose en el principio de verdad material descrito en el art. 180.1 de la Constitución Política del Estado, esto implica la realización de una prueba pericial idónea consistente en un estudio topográfico georreferenciado en base a instrumentos de medición precisa para esclarecer con certeza la ubicación exacta de las superficies en litigio, para así evidenciar si entre los bienes y urbanizaciones en disputa evidentemente existe una superposición o no, elemento fundamental para decidir sobre el mejor derecho propietario pretendido así como las demás acciones reales planteadas, siempre y cuando no resulten excluyentes o contradictorias.
En ese entendido, en razón de la falta de identificación plena de los bienes inmuebles objeto de /itis, la disposición del Tribunal de alzada resulta carente de una base técnica que lo sustente, contraviniendo el principio de verdad material que rige el proceso civil, correspondiendo acoger la pretensión recursiva planteada por la parte recurrente, anulando obrados hasta la emisión del Auto de Vista en pro de que el Tribunal de alzada observe las previsiones contenidas en los arts.
134, 218.1, 264.1 y 265.1 y III. del Código Procesal Civil, y de esa forma lograr una resolución eficaz.
Por consecuente, amerita fallar conforme dispone el art. 220.111 del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con las atribuciones conferidas en los arts. 41 y 42.1 num.
1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.111 del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° 159/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 558 a 565, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia se dispone que, sin espera de turno y previo sorteo, se emita nuevo Auto de Vista bajo los fundamentos desarrollados en la presente resolución y en sujeción de lo dispuesto por el art. 264.1 del Código Procesal Civil.
Sin responsabilidad por ser excusable.
De conformidad a lo previsto en el art. 17.1V de la Ley N° 025, remítase copia de la éü.ltado, 64 presente resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines consiguientes de ley.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA gVIL GESTION 19.6 AUTO SUPREMO N° ..91.9.1....FECHA..?.1/10.I -1-1 118RO TOMA DE RAZON VOTO DISIDENTE — SECRETARIA DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0549_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97f384629a2a1f89385beee83ca314363709f58fde349ebf6e7492a21475a669
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