Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de abril de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación cursantes de fs. 546 a 550 vta., interpuesto por Jackeline Martinez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel; y de fs. 555 a 569, formulado por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc contra el Auto de Vista N° 431/2025 de 04 de diciembre, corriente de fs. 530 a 536 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de E sedo Plurinacional de Bolivia Engano Judicial
Chuquisaca. Sin costas y costos por ser ambas partes recurrentes.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo:0544/2026 Fecha: 28 de abril de 2026 Expediente: CH-16-26-S Partes: Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc c/ Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel. Proceso: Reivindicación. Distrito: Chuquisaca. VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 546 a 550 vta., interpuesto por Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel; y de fs. 555 a 569, formulado por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc, contra el Auto de Vista N° 431/2025 de 04 de diciembre, corriente de fs. 530 a 536 y su Auto complementario de 08 de diciembre de 2025, visible a fs. 542, pronunciados por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de reivindicación seguido por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc contra Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel; las contestaciones cursantes de fs. 574 a 575 vta., y de fs. 580 a 583; el Auto de concesión de 02 de febrero de 2026 visible a fs. 584; el Auto Supremo de admisión N°0154/2026-RA de 11 de febrero, obrante de fs. 590 a 592, todo lo inherente al proceso; y: CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc, por memorial de demanda que cursa de fs. 126 a 129, promovieron proceso ordinario de reivindicación contra Jackeline Martínez Pérez, asimismo, mediante Auto de 07 de julio de 2023, cursante a fs. 149, se dispuso integrar a la causa a Wilber Fernando Arapa Coronel en su calidad de litis consorte necesario, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 181 a 188, se apersonaron, contestaron de manera negativa, reconvinieron por mejor derecho propietario y acción negatoria; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 44/2025 de 19 de marzo, que cursa de fs. 408 a 411 vta., en la cual el Juez Público Civil y Comercial N° 11 de la ciudad de Sucre declaró PROBADA la demanda de reivindicación, declarando el derecho propietario de los demandantes sobre Parqueo N°4, que corresponde al departamento D-4 registrado en Derechos Reales con Matrícula N°1.01.1.99.001658, debiendo los demandados en el plazo de 10 días entregar de manera definitiva a los demandantes el Parqueo N°4, bajo alternativa de expedir mandamiento de desapoderamiento. 2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel, según escrito cursante de fs. 414 a 426, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emita el Auto de Vista N° 431/2025 de 04 de diciembre, cursante de fs. 530 a 536, que REVOCÓ la Sentencia apelada, declarando PROBADA parcialmente la demanda de reivindicación disponiendo que los demandados restituyan la extensión de 8.82 m2 que poseen del Parqueo N°4 y se declara además IMPROBADA la demanda reconvencional de mejor derecho propietario y PROBADA en parte la demanda reconvencional de acción negatoria, en base a los siguientes argumentos: -Se advierte que el Juez A quo incurrió en una valoración parcial y defectuosa de la prueba, al no realizar un análisis objetivo e integral de todos los medios probatorios, especialmente en relación con la ubicación y delimitación del parqueo N° 4, en ese marco, el Tribunal introdujo como elemento decisivo la prueba pericial producida en segunda instancia, la cual estableció que el Parqueo N° 3, ocupado por los demandados, se encuentra sobrepuesto en una extensión de 8,82 m2 sobre el Parqueo N° 4, por lo que el agravio es acogido parcialmente, únicamente en cuanto a que los impugnantes están poseyendo una porción superficial de parqueo de 8,82 m2 y que debe ser restituido a los demandantes. -Concluyó que el Juez de primera instancia no efectuó una correcta valoración de la prueba en su conjunto, omitiendo considerar de manera adecuada tanto la prueba documental como la pericial y demás elementos producidos en el proceso; no obstante, lejos de anular por ese defecto, se procedió a reconducir la valoración probatoria en sede de alzada, otorgando especial relevancia al informe pericial elaborado en segunda instancia, a partir de dicha pericia, el Tribunal estableció como hecho determinante que el Parqueo N° 4, si bien cuenta con plano aprobado, no tiene una delimitación técnica precisa en cuanto a límites laterales y ubicación exacta, pese a ello, sí es posible identificar que parte de su superficie se encuentra materialmente ocupada por el parqueo N° 3, existiendo una sobreposición de 8,82 m2 que debe ser restituido a los actores principales. -La apelante no identificó de manera concreta ni técnica en qué consistiría la Estado Plurinacional de Bolivia Crgano Judicial incongruencia denunciada, ya sea interna o externa, limitándose a manifestar su desacuerdo con la decisión, en consecuencia, considera que no se configura un agravio juridicamente atendible, por lo que el mismo es rechazado. - Así también, la apelante no precisó cuál sería la interpretación errónea, ni cómo debió aplicarse correctamente la norma, limitándose a cuestionamientos la valoración de la prueba documental, aclaró que dicha generales sobre disposición normativa se limitó a conceptualizar el documento público, sin vinculación directa con lo alegado y ante esa falta de precisión el Tribunal no podría suplir la misma y por ello también rechazó el agravio. - Finalmente se descartó la supuesta parcialidad del Juez A quo, pues no existiría prueba que respalde dicho agravio y reiteró que sí se evidenció una deficiente valoración probatoria, aspecto que ya fue corregido al analizar los agravios anteriores. Solicitada la enmienda y complementación por la parte demandante, la misma fue declarada ha lugar por Auto de 08 de diciembre de 2025, cursante a fs.542, enmendando la superficie de 8.82 m2 a 8.85 m2. 3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel por una parte y por otra por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka, Buitrago Groc, según escritos visibles de fs. 546 a 550 vta., y de fs. 555 a 569, respectivamente, recursos que son objeto de análisis. CONSIDERANDO II: DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 1. Los recurrentes en el recurso de casación acusaron que: En cuanto al recurso interpuesto por Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel: a) Transgresión del art. 145 del Código Procesal Civil, ya que el Tribunal de alzada no aplicó el principio de verdad material y efectuó una valoración parcial y subjetiva del Informe Técnico N° 006-TDJ-11-11-2025 y sus complementarios, limitándose a concluir la existencia de una sobreposición de 8,82 m2 entre los parqueos, sin considerar que dicho informe también establece que la superficie del Parqueo N° 4 no se encuentra fisicamente materializada, afectando indebidamente su derecho propietario. b) Acusan de una indebida aplicación del art. 1453 del Código Civil, señalando que no son simples detentadores sino propietarios y poseedores legítimos del parqueo N°3, por lo que no correspondería la reivindicación de parte de su bien a favor de los demandantes. Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista, declarando improbada la demanda y probada la demanda reconvencional. Recurso de casación interpuesto por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc: c) El Auto de Vista incurrió en incongruencia y vulneró el principio dispositivo, al disponer la restitución de 8,85 m2 y que no tendrían derecho propietario sobre 3.65 m2 y declarar parcialmente probada una supuesta acción negatoria que nunca fue demandada ni fundamentada, configurándose una resolución ultra petita, pues dicha pretensión no habría sido fundamentada, ni mucho menos demandada conforme al art. 110 del Código Procesal Civil incumpliendo los numerales 2), 6), 7) y 9) de citada norma adjetiva. d) El Tribunal de alzada incurrió en errónea valoración de la prueba de hecho y de derecho, particularmente respecto a las pruebas de cargo ofrecidas, las cuales demostrarían su derecho propietario no solo sobre el Departamento D-4, sino también sobre el Parqueo N° 4 con una superficie de 12.50 m2, acompañando para ello el Testimonio de compra y venta, matrícula, minuta unilateral y formulario de línea municipal, señalan que, por el contrario, los demandados si bien cuentan con derecho propietario sobre el Departamento 3-B y un parqueo de 12.50 m2, sus documentos no establecen ubicación, ni número de parqueo, aspectos que sí fueron correctamente considerados por el Juez de primera instancia, pero no por el Tribunal de alzada, que habría desconocido dicha documentación y otorga prevalencia únicamente al informe pericial, sin existir certeza de que los demandados sean propietarios del Parqueo N° 3, sostienen que, al haberse demostrado su derecho sobre el Parqueo N° 4, correspondía la procedencia de la acción reivindicatoria sobre la totalidad de los 12.50 m2 reclamados y no solo respecto a una fracción. Vulnerando de esta manera su derecho a la propiedad privada, al debido proceso y a los principios de legalidad y verdad material, contraviniendo los arts. 56, 115.II y 180.1 de la Constitución Política del Estado, así como de los arts. 134, 136. 144 y 145 del Código Procesal Civil, además de los arts. 105, 1287 y 1289 del Código Civil, al privar a los demandantes del uso, goce y disposición del Parqueo N° 4, pese a contar con derecho propietario debidamente acreditado y registrado. Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista, declarando en todas sus partes la demanda reivindicatoria.
«'stredo Plurinacional de Bolivia Engano Judicial 2. Contestación al recurso de casación: Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc, respondieron el recurso de casación mediante memorial a fs. 574 a 275 vta., señalando en lo principal que: -El recurso de casación de la parte demandada carece de sustento, porque no precisa en qué consistiria la supuesta demanda reconvencional de acción negatoria, lo que confirma que dicha reconvención nunca fue planteada. -Asimismo, señalaron que los demandados no objetaron técnicamente la pericia producida en segunda instancia, limitándose únicamente a solicitar aclaraciones, las cuales fueron absueltas por el perito, quien concluyó que los demandantes son propietarios del Parqueo N° 4 y que los demandados habrían invadido dicho espacio. -Añadieron que no es evidente que los demandados sean propietarios del parqueo en litigio, sino simples detentadores, razón por la cual la acción reivindicatoria fue correctamente dirigida respecto del Parqueo N° 4. En consecuencia, solicitaron se declare inadmisible el recurso de casación. Jackeline Martínez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel, respondieron el recurso de casación mediante memorial a fs. 580 a 583, señalando en 1o principal que: -Desde la compra del departamento B-3, ingresaron en posesión del mismo como del Parqueo N° 3, por lo que nunca estuvieron en posesión del Parqueo N° 4; refirieron que la razón fundamental por la cual los demandantes no pueden ejercer posesión sobre dicho parqueo radica en que las columnas que sostienen el edificio se encuentran dentro de ese espacio, además de señalar que el Parqueo N° 4 no tendría un emplazamiento definido, es decir, no se sabe con certeza dónde comienza ni dónde concluye su titularidad, conforme habrían establecido los informes periciales, generando una sobreposición entre el Parqueo N° 4 y el Parqueo N° 3, vulnerando su derecho propietario. -Asimismo, acusaron que el Auto de Vista resulta contradictorio, pues desconoce su derecho sobre una superficie de 8,82 m2 para ser reivindicada a favor de los demandantes y les reconoce el resto, cuando en realidad la superficie total sería de 12,50 m2, entregando asi una porción que corresponde al Parqueo N° 3. En consecuencia, solicitaron se case el Auto de Vista. CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO
III. 1. Del principio de preclusión y convalidación. El Auto Supremo N° 931/2024 de 20 de agosto, en su doctrina legal referenció: "Los jueces y tribunales que administran justicia evidentemente tienen el deber de velar que en el desarrollo del proceso se cumplan con todos los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso; sin embargo, si bien es evidente que tienen la facultad de revisar de oficio dichos extremos y en su caso anular obrados cuando esos presupuestos no se cumplieron, pero, en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, previamente a asumir esa determinación que es de ultima ratio, deben compulsar ciertos principios que rigen las nulidades procesales, pues la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, ya que lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que se hallan consagrados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez'. Entre los principios que rigen las nulidades procesales, están el de convalidación y preclusión que, por lo suscitado en el caso, corresponden ser desarrollados. Principio de convalidación: convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, cuando deja pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna (en la etapa procesal respectiva), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular. De esta manera, la convalidación se constituye como un elemento saneado para los actos de nulidad. Principio de preclusión: se encuentra vinculado con el principio de convalidación, este principio, también denominado principio de eventualidad, está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encuentra su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición Estado Plurinacional de Bolivia Exgano Judicial en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto, Pedro J. Barsallo refiere sobre el principio de preclusión que: 'En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia. De ello, se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que, una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes. Por lo expuesto, se concluirá señalando que no corresponde los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tengan incidencia trascendental en el proceso o que no fueron advertidos en las etapas procesales respectivas." III. 2. Sobre la acción reivindicatoria. En relación a los requisitos de la reivindicación, el Auto Supremo N° 1060/2018 de 30 de octubre, citando el Auto Supremo N° 491/2017 de 15 de mayo razonó: "El art. 1453 del C.C., señala: 'I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta'; precepto legal que regula el instituto de la reivindicación como una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad. Al respecto Arturo Alessandri R. señala que: ...la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.'; acción que se reserva precisamente al propietario que ha perdido la posesión del bien de su propiedad, siendo que el primer requisito para la procedencia de la referida acción, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del C.C., como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil y la natural o corporal, esta última puede ser ejercida o no por el propietario. En este entendido este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos, entre ellos el Auto supremo N° 1141/2015 - L ha orientado: '...corresponde señalar que si bien el art. 1453 del Código Civil, refiere que la acción reivindicatoria está dirigida para el propietario que ha perdido la posesión de la cosa pudiendo reivindicarla de quien la detenta o la posea, es decir que uno de los requisitos indispensable para hacer viable dicha acción es quien la interponga acredite su derecho propietario, el cual le permite usar gozar y disponer, conforme lo establece el art. 105 de la norma ya citada, de esta manera el derecho propietario confiere al titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o jus possesionem, pudiendo esta última ser o no ejercida por su propietario. Bajo este razonamiento, es que en varios Autos Supremos, se estableció que no resulta necesario que el titular del derecho propietario que pretende reivindicar el bien deba estar en posesión fisica del mismo, habida cuenta que tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y animus", por lo expuesto supra y estando el derecho propietario de la institución demandada debidamente acreditado, así como el bien inmueble plenamente identificado y la posesión corporal que tiene la recurrente sobre el mismo, la acción de reivindicación resulta procedente conforme lo determinaron los jueces de instancia...'. Por otra parte, en cuanto a los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, se ha orientado en varios fallos entre los cuales podemos citar al Auto Supremo N° 786/2015 - L, que señala: ...tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2) que esté privado o destituido de ésta; 3) que la cosa se halle plenamente identificada; respecto a esta acción real, la uniforme jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este Tribunal Supremo, expresó con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al 'propietario que ha perdido la posesión de una cosa' y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la 'posesión' emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la 'posesión civil' que está integrada en sus elementos 'corpus y animus'. " III.3. La valoración de la prueba pericial. El Auto Supremo N° 1063/2018 de 30 de octubre, en su doctrina legal referenció: "Al respecto el art. 193 del Código Procesal Civil, refiere que: 'La prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los hechos que interesan al proceso requiere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica, deduciendo de ello que la pericia constituye un examen de las personas versadas en una ciencia, en un arte, en un oficio o industria, con el objeto de ilustrar a los juzgadores sobre un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada sino por medio de conocimientos científicos o técnicos.
«¿lado Plurinacional de Bolivia Engano Judicial En ese marco, en cuanto a la naturaleza jurídica de la prueba parcial, el autor David Jurado Beltrán en su obra 'LA PRUEBA PERICIAL', Edit. Bosch 2010, refiere que sobre esta cuestión, la doctrina asume dos posturas principales: la de quienes la califican como un medio de auxilio para el Juez, y la de quienes la defienden como un simple medio de prueba, para los primeros; el perito introduce en el proceso conocimientos para que el Juez aproveche de los mismos al formular en Sentencia el juicio fáctico' y para los segundos; la pericia constituye un simple medio de prueba cuya iniciativa corresponde exclusivamente a las partes y tiene como única finalidad contribuir a formar la convicción del Juez respecto a la certeza de las afirmaciones de los litigantes referidas a los hechos en los que funden sus pretensiones. De esta divergencia teórica es que nace la libertad del Juez en la apreciación de la prueba pericial, pues en definitiva será esta autoridad quien le otorgue de valor probatorio, de ahí que nuestra legislación procesal civil, en el art. 202 de la Ley 439, refiere que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito y los principios científicos o técnicos en los que se funda, y en ese marco la concordancia de su aplicación estará basada en las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción ofrecidos en la causa, y en ese marco el juez no está obligado a seguir el criterio del perito, pudiendo apartarse del dictamen mediante resolución fundamentada, empero, cuando el peritaje es elaborado en base a métodos, y principios técnicos inobjetables por otras pruebas, el criterio valorativo debe estar orientado a asumir las conclusiones de esta, por lo menos así lo aconseja la doctrina, donde autores como Gonzalo Castellanos Trigo en su libro 'MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL' tomo II, comenta que: Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtué, la sana critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.', y ello justamente porque el juicio crítico que pueda hacerse a las conclusiones del peritaje, forma parte de lo que es particular y propio del juzgador, cuya experiencia y profundidad de estudio, madurez intelectual y ponderación constituirán el cimiento para asumir una determinación en la sentencia. En ese entendido, la prueba pericial al constituir un elemento probatorio que otorga certeza al juzgador sobre conocimientos especializados respecto a alguna ciencia, arte, industria o técnica, y al estar obligado el Juez a valorarla conforme a su sana crítica, será este operador judicial quien le otorgue su fuerza probatoria cumpliendo con el mandato legal establecido en el art. 202 del Código Procesal Civil. "
CONSIDERANDO NV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN Expuestos como están los argumentos de los recursos de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación: En cuanto al recurso de Jackeline Martinez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel: 1. Referente al agravio en el inciso a), sobre la presunta vulneración del art. 145 del Código Procesal Civil, por no haberse aplicado el principio de verdad material y realizar una valoración parcial del informe pericial, concluyendo únicamente la existencia de una sobreposición de 8,82 m2, sin considerar que el Parqueo N° 4 no se encuentra fisicamente materializado, afectando su derecho propietario. Al respecto, conforme lo desarrollado en el apartado III. 1 de la presente resolución, es necesario hacer referencia sobre los principios de convalidación y preclusión, con relación al primero, implica que la parte que no impugna oportunamente un acto procesal presuntamente irregular lo consiente y le otorga plena eficacia jurídica, saneando cualquier eventual nulidad; con relación al segundo, supone la pérdida o extinción de una facultad procesal por no haber sido ejercida en la etapa procesal correspondiente, impidiendo que posteriormente pueda ser reclamada. En ese entendido, no corresponde promover nulidades respecto de actos que fueron consentidos o no fueron observados oportunamente por las partes. Ahora bien, conforme a los datos del proceso se puede advertir que Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc, interponen demanda de reivindicación en contra de Jackeline Martinez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel, en mérito a que ellos habrían adquirido un departamento en propiedad horizontal ubicado en la calle Serrano N° 132 de la Zona de San Roque, en el cuarto piso D-4, con una superficie de 105.80 m2, dicha trasferencia incluía también el Parqueo N° 4 de 12.50 m2, arguyendo que los demandados estuvieran en posesión de dicho parqueo, una vez citado los mismos, contestaron de manera negativa señalando que los mismos habrían adquirido un departamento en propiedad horizontal signado B-3 en el piso 3 con 131 m2, además de un parqueo con 12.50 m2, siendo este el Parqueo N° 3, reconviniendo con mejor derecho propietario y acción negatoria, llegándose a emitir la Sentencia N° 44/2025 de 19 de marzo de 2025, disponiendo probada la demanda de reivindicación e Esterdo Plurinacional de Bolivia Ergano Judicial improbada la demanda reconvencional de mejor derecho y acción negatoria, por lo que los demandados presentaron recurso de apelación contra dicha resolución, en grado de apelación el Tribunal de alzada en mérito a sus facultades dispuso peritaje en segunda instancia, con un único punto de pericia que fue determinar si el Parqueo N° 4 ubicado en el edificio de propiedad horizontal denominado "Condominio Serrano" correspondía al mismo que se encontraba aprobada a través de la línea municipal a nombre de los demandantes, llegándose a emitir el "Informe Técnico Pericial" N° 006-TDJ-10-11-2025 de 10 de noviembre de 2025 e informes complementarios N° 006-TDJ-20-11-2025 de 20 de noviembre de 2025 y N° 006-TDJ-28-11-2025 de 28 de noviembre de 2025 y en merito a lo anterior se emite el Auto de Vista N° 431/2025 de 04 de diciembre revocando la Sentencia, declarando probada en forma parcial la demanda de reivindicación e improbada la demanda reconvencional de mejor derecho y probada en parte la acción negatoria. De lo anterior, se puede advertir que el Informe Pericial producido en segunda instancia de fs. 476 a 479 constituyó el elemento técnico central para la resolución del conflicto, pues permitió establecer que el Parqueo N° 4 correspondería al mismo bien aprobado a través de la Línea Municipal F-01 N° 017345 de fs. 106 a nombre de los demandantes, además que el Parqueo N° 3 colinda con el Parqueo N° 4, y que además el Parqueo N° 3 estaría ocupando parcialmente el espacio correspondiente a ambos parqueos, este informe ha sido complementado por los Informes Periciales Complementarios N° 006-TDJ-10-11-2025 de 10 de noviembre de 2025 de fs. 506 a 510 y N° 006-TDJ-28-11-2025 de 28 de noviembre de 2025 de fs. 522 a 524 llegando a determinar que la superficie superpuesta es de 8.85 m2, emitiéndose entonces el Auto de 01 de diciembre de 2025 de fs. 526 que aprueba el informe pericial producido en esta instancia, concluyendo entonces, si bien existieron observaciones su contenido solicitando su respecto a que complementación por los demandantes, no cursa una impugnación formal orientada a desvirtuar técnicamente las conclusiones arribadas por el perito o a solicitar fundadamente su ineficacia probatoria de dichos informes, conforme lo prevé el art. 201.Il del Código Procesal Civil, limitándose la parte demandante a formular observaciones que fueron debidamente absueltas por el perito designada. En consecuencia, al no haberse promovido oportunamente una impugnación formal respecto a dicho medio probatorio y habiendo sido aprobado, su contenido adquirió plena eficacia jurídica, operando los principios de convalidación y preclusión, pues no resulta admisible cuestionar en sede de casación aspectos probatorios que fueron consentidos en la tramitación del proceso por las partes.
En ese contexto, no resulta evidente la denunciada vulneración del art. 145 del Código Procesal Civil, ni la supuesta inobservancia del principio de verdad material, toda vez que el Tribunal de alzada no realizó una valoración arbitraria ni parcializada de la prueba, sino que sustentó su decisión en un informe técnico pericial producido, precisamente para esclarecer la ubicación, individualización y materialización del Parqueo N° 4, concluyendo de manera objetiva que éste existe juridicamente, se encuentra respaldado por la línea municipal y la documentación de los demandantes, pero presenta una afectación material derivada de la sobreposición parcial con el Parqueo N° 3 en una superficie de 8.85 m2. Por ello, el hecho de que el Auto de Vista hubiera dispuesto únicamente la restitución de dicha extensión y no la totalidad del parqueo, no constituye vulneración al derecho propietario de los recurrentes, sino la delimitación real y efectiva del alcance de su pretensión reivindicatoria conforme a la prueba técnica producida. Pretender en esta etapa desconocer dichas conclusiones implicaría reabrir una discusión probatoria ya precluidas, lo cual resulta jurídicamente inviable, razón por la cual el agravio resulta no atendible. 2. Referente al agravio en el inciso b), donde acusan de una indebida aplicación del art. 1453 del Código Civil, señalando que no son simples detentadores sino propietarios y poseedores legitimos del parqueo N°3, por lo que no correspondería la reivindicación de parte de su bien a favor de los demandantes. Sobre el particular, conforme lo expuesto en el apartado III.2 de la presente resolución, con relación a la acción reivindicatoria, prevista en el art. 1453 del Código Civil, constituye una acción real destinada a que el propietario recupere el bien del cual ha sido desposeído por quien lo posee o detenta. Su finalidad no es declarar el derecho de propiedad, pues éste ya se presume existente, sino lograr la restitución material de la cosa a favor de su titular. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que para su procedencia deben concurrir tres requisitos esenciales: i) que el actor acredite su derecho propietario sobre el bien cuya restitución pretende; ii) que se encuentre privado de su posesión; y iii) que el bien se halle plenamente identificado. Asimismo, se ha precisado que no es indispensable que el propietario hubiera ejercido posesión fisica o corporal previa sobre el bien, ya que el derecho de propiedad por sí mismo confiere posesión civil o ius possidendi, suficiente para habilitar el ejercicio de la acción reivindicatoria. En el caso de Autos, la apreciación de la parte recurrente no resulta evidente, pues sostiene que la acción reivindicatoria no sería procedente bajo el argumento de que no son simples detentadores, sino propietarios y poseedores legitimos del Parqueo Estedo Plurinacional de Bolivia Exgano Judicial N° 3; sin embargo, dicha interpretación resulta restrictiva e incorrecta respecto al alcance del art. 1453 del Código Civil. Si bien la norma sustantiva establece que el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicar la cosa de quien la posee o la detenta, la jurisprudencia uniforme de este Tribunal ha precisado que la procedencia de la reivindicación no se limita únicamente frente a simples poseedores precarios o meros detentadores, sino que también puede dirigirse contra otro propietario cuando existe sobreposición, conflicto de linderos, duplicidad de derechos o controversia respecto a la identificación material del bien, conocido doctrinal y supuesto jurisprudencialmente como reivindicación compleja. En estos casos, la controversia no gira únicamente en torno a la posesión, sino también respecto a la delimitación objetiva del derecho de propiedad y la determinación fisica del bien cuya restitución se pretende, correspondiendo al juzgador establecer, con base en la prueba producida, cuál es la porción material que efectivamente pertenece al actor y cuál se encuentra indebidamente ocupada por la parte demandada. En la presente causa, precisamente se verificó que ambas partes cuentan con títulos de propiedad respecto a distintos parqueos; sin embargo, la pericia técnica producida en segunda instancia determinó que el Parqueo N° 3 se encuentra sobrepuesto parcialmente sobre el Parqueo N° 4 en una extensión de 8.85 m2, estableciendo así una afectación real al derecho propietario de los actores. Por ello, no se trató de desconocer el derecho propietario de los demandados sobre su parqueo, sino de restituir únicamente la fracción material que indebidamente ocupaban dentro del parqueo perteneciente a los demandantes. En consecuencia, el hecho de que los recurrentes ostenten un derecho propietario no excluye ni torna improcedente la acción reivindicatoria, precisamente porque la reivindicación compleja admite su procedencia aun entre propietarios, cuando existe sobreposición parcial o total de superficies. Por consiguiente, al haberse acreditado el derecho propietario de los demandantes, la privación parcial de la posesión y la plena identificación técnica de la superficie sobrepuesta, no se advierte indebida aplicación del art. 1453 del Código Civil, correspondiendo declarar infundado el presente agravio. Recurso de casación interpuesto por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc: 3. Referente al agravio en el inciso b), por el cual denuncian que el Auto de Vista incurrió en incongruencia y vulneró el principio dispositivo, al disponer la restitución de 8,85 m2 y que no tendrían derecho propietario sobre 3.65 m2 y declarar parcialmente probada una supuesta acción negatoria que nunca fue demandada ni fundamentada, configurándose una resolución ultra petita, pues dicha pretensión no habría sido fundamentada, ni mucho menos demandada conforme el art. 110 del Código Procesal Civil incumpliendo los numerales 2), 6), 7) y 9) de citada norma adjetiva. Con relación a este extremo, habiéndose presentado la demanda de reivindicación por los ahora demandantes y corrida en traslado, los demandados de fs. 202 a 210 vta. se apersonaron, contestaron de manera negativa y reconvinieron por mejor derecho propietario y acción negatoria, pretensiones que fueron admitidas mediante Auto de 29 de agosto de 2023 a fs. 212, que expresamente señaló: "Se admite la demanda reconvencional de reconocimiento de mejor derecho propietario y acción negatoria...". Corrido en traslado, los demandantes contestaron la demanda reconvencional de fs. 216 a 218; sin embargo, de la revisión de dicho actuado no se advierte observación alguna respecto a la procedencia, fundamentación o supuesta falta de cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 110 del Código Procesal Civil respecto de la acción negatoria, limitándose únicamente a contestar de manera negativa y solicitar que se declare improbada la demanda reconvencional. En ese contexto, si la parte ahora recurrente consideraba que la acción negatoria no había sido debidamente fundamentada o que no cumplía con los numerales 2), 6), 7) y 9) del art. 110 del Código Procesal Civil, correspondía que dicha observación sea formulada oportunamente al momento de su admisión o, en su caso, mediante los mecanismos procesales pertinentes; empero, al no haberlo hecho y permitir que dicha pretensión sea sustanciada durante todo el proceso hasta su resolución en Sentencia y posteriormente en apelación, operaron plenamente los principios de preclusión y convalidación, no siendo admisible cuestionar en casación aspectos que fueron consentidos tácitamente en todo el proceso. Por otra parte, tampoco resulta evidente la alegada incongruencia ni la supuesta resolución ultra petita, pues el Tribunal de alzada no resolvió sobre una pretensión inexistente ni incorporó de oficio una nueva acción, sino que se pronunció precisamente sobre la acción negatoria que fue expresamente planteada por los demandados reconvencionistas y admitida por el Juez de instancia, la declaración de procedencia parcial de dicha acción respondió a la valoración integral de la prueba producida, especialmente del informe pericial de segunda instancia, que permitió establecer la sobreposición respecto de 8.85 m2 del Parqueo N° 4, correspondiendo la restitución de esa superficie, en merito a la prueba pericial que Estado Plurinacional de Bolivia Engano Judicial no fue objetada por las parte. En consecuencia, no se advierte vulneración al principio dispositivo ni emisión de una resolución ultra petita, toda vez que el Auto de Vista resolvió dentro de las pretensiones fijadas por las partes, correspondiendo declarar infundado el presente agravio. 4.Referente al agravio en el inciso d), sobre la errónea valoración de la prueba, señalando que acreditaron su derecho propietario sobre el Departamento D-4 y el Parqueo N° 4 de 12.50 m2 mediante Testimonio de compra y venta, matricula, minuta unilateral y formulario de línea municipal, sosteniendo que son los demandados que no demostraron con certeza ser propietarios del Parqueo N° 3, pues su documentación no identifica ubicación ni número de parqueo, y que el Tribunal de alzada otorgó prevalencia indebida al informe pericial, limitando injustificadamente la reivindicación solo a una fracción del bien reclamado. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el apartado III.3 de la presente resolución, sobre la prueba pericial procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, técnica o industria, constituyéndose en un medio probatorio destinado a ilustrar al juzgador sobre aspectos que no pueden ser comprendidos adecuadamente sin apoyo técnico. Su valoración corresponde al Juez conforme al art. 202 del Código Procesal Civil, quien debe estimar su fuerza probatoria considerando la competencia del perito, los fundamentos científicos o técnicos en los que se sustenta el dictamen y su concordancia con los demás elementos de convicción del proceso, bajo las reglas de la sana crítica, si el informe pericial se encuentra fundado en principios técnicos objetivos y no existe otra prueba idónea que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja otorgarle plena eficacia probatoria, pudiendo el juzgador apartarse de sus conclusiones únicamente mediante una decisión debidamente fundamentada. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal de alzada no desconoció el derecho propietario de los actores sobre el Parqueo N° 4, ni tampoco sustentó su decisión únicamente en la denominación numérica del parqueo atribuido a los demandados; la controversia principal no radicaba en definir quién tenía registrado un determinado número de parqueo, sino en establecer si el espacio fisicamente ocupado por los demandados coincidía total o parcialmente con el bien cuya reivindicación pretendían los actores, es decir, si existía una sobreposición material entre ambos espacios. Si bien los actores acreditaron documentalmente su titularidad sobre el Parqueo N° 4, dicha prueba no permitía determinar con exactitud su ubicación física, colindancias, ni delimitación real dentro del inmueble; asimismo, el hecho de que los demandados no consignen expresamente la denominación de «Parqueo N° 3" en sus títulos no resulta suficiente para desvirtuar su posesión material, pues la solución de la controversia no dependía de la sola identificación registral, sino de la determinación técnica del espacio efectivamente ocupado. Precisamente para esclarecer ese aspecto se produjo la prueba pericial en segunda instancia, la cual estableció de manera objetiva la existencia de una sobreposición de 8,85 m2 entre el Parqueo N° 3 y el Parqueo N° 4, en ese entendido, el Tribunal de alzada otorgó prevalencia al informe pericial no de manera arbitraria, sino porque constituía el medio probatorio idóneo para resolver la controversia fisica del bien litigioso, conforme al art. 202 del Código Procesal Civil, máxime cuando dicho dictamen y sus complementaciones no fueron desvirtuados mediante impugnación técnica eficaz conforme al art. 201 de la misma norma. De igual forma, la ausencia de identificación expresa del Parqueo N° 3 en la documentación de los demandados no constituye, por sí sola, elemento suficiente para evidenciar error de hecho o de derecho en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de alzada, ni desvirtúa la conclusión técnica alcanzada en dicha instancia. Por consiguiente, no se evidenció vulneración al derecho a la propiedad privada, al debido proceso ni a los principios de legalidad y verdad material previstos en los arts. 56, 115.II y 180.1 de la Constitución Política del Estado, ni infracción de los arts. 134, 136, 144 y 145 del Código Procesal Civil, así como de los arts. 105, 1287 y 1289 del Código Civil, pues la decisión del Tribunal de alzada se sustentó en una valoración integral y razonada de la prueba producida. Por lo expuesto, el agravio denunciado deviene en infundado, correspondiendo emitir la resolución prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación cursantes de fs. 546 a 550 vta., interpuesto por Jackeline Martinez Pérez y Wilber Fernando Arapa Coronel; y de fs. 555 a 569, formulado por Favio David Gutiérrez Saavedra y Máxima Niurka Buitrago Groc contra el Auto de Vista N° 431/2025 de 04 de diciembre, corriente de fs. 530 a 536 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de E sedo Plurinacional de Bolivia Engano Judicial
Chuquisaca. Sin costas y costos por ser ambas partes recurrentes.
Registrese, comuníquese y devuélvase.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0544_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 18bfbb1e452c9c3b4405c32603196e566407462f6ed4c09dbe615f23e22697de
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