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AS 0543/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de abril de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
28 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42. I num.

1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010, en relación a los art.

220.11 del Código Procesal Civil; declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 204 a 206 vta., interpuesto por Jorge Córdova Serrudo contra el Auto de Vista N° 52/2025 de 03 de junio, cursante de fs. 194 a 201, pronunciada la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin con costas ni costos, por no existir contestación al recurso.

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Texto completo

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0543/2026 Fecha: 28 de abril de 2026 Expediente: SC-20-26-S Partes: María Del Carmen Pareja Delos c/Jorge Córdova Serrudo, Silvia Godefroy de Córdova y Mauricio Jorge Pareja Delos. Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria. Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 204 a 206 vta., interpuesto por Jorge Córdova Serrudo contra el Auto de Vista N° 52/2025 de 03 de junio, corriente de fs. 194 a 201, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por María Del Carmen Pareja Delos contra Silvia Godefroy de Córdova, Mauricio Jorge Pareja Delos y el recurrente; el Auto de concesión N° 06/2026 de 29 de enero, visible a fs. 211; el Auto Supremo de admisión N° 0166/2026-RA de 18 de febrero, obrante de fs. 218 a 219 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Del Carmen Pareja Delos, por memorial de demanda que cursa de fs. 43 a 45 vta., promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria contra Jorge Córdova Serrudo, Silvia Godefroy de Córdova y Mauricio Jorge Pareja Delos, quienes una vez citados, según escrito visible a fs. 88 y vta., Mauricio Pareja Delos se apersonó, contestó allanándose a la demanda; sin embargo, por Auto de 18 de octubre de 2023, cursante a fs. 132, se declaró su rebeldía; asimismo, por memorial de fs. 94 y vta., reiterado de fs. 102 a 103, de fs. 119 a 120, Jorge Córdova Serrudo se apersonó y solicitó declarar la extinción de la instancia, pretensión que mereció el Auto de 09 de abril de 2024, cursante a fs. 146 y vta., que rechazó la misma; por otra, Silvia Godefroy de Córdova al no haber contestado a la demanda, por providencia de fs. 99, se la designo defensor de oficio a la Abog. Mayra Delgadillo Moscoso, quien por memorial de fs. 124 a 125, se apersonó, contestó y solicitó saneamiento del proceso; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 03/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 166 a 168 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 25° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda interpuesta por María Del Carmen Pareja Delos, disponiendo el reconocimiento del derecho propietario de inmueble ubicado en la UV. 52, Manzana 59, Calle AA-C7, denominado Condominio Palmas Verdes, casa N° 8, con una superficie útil y exclusiva de 290,93 m2 a favor de la parte demandante y una vez ejecutoriada la Sentencia y efectuada la posesión del bien inmueble, se libre por Secretaria la Provisión Ejecutoria a efectos del registro en Derechos Reales.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Jorge Córdova Serrudo, según escrito de fs. 174 a 175 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N" 52/2025 de 03 de junio, obrante de fs. 194 a 201, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

-En relación al primer agravio, respecto a la falta de derivación de la causa a conciliación previa, de la revisión de la Sentencia, el criterio expuesto es correcto, toda vez que si bien se trata de un proceso de conocimiento (ordinario) y la parte demandante no acudió a conciliación previa conforme refiere el art. 292 del Código Procesal Civil, no obstante que el mismo tiene un carácter obligatorio; sin embargo la Usucapión, es una instituto que se encuentra excluida de la misma;

no obstante, el apelante se apersonó mediante memorial cursante a fs. 94 en fecha 06 de enero de 2023, sin haber efectuado ningún reclamo sobre la falta de remisión de la causa a conciliación previa, sino solicitó únicamente la extinción de la acción por inactividad procesal, sin haber efectuado el reclamo en la primera oportunidad, convalidando la actuación, lo que impide efectuar reclamo posterior debido a la preclusión de la oportunidad; tampoco asistió a la audiencia preliminar, momento en el que podría haber solicitado el saneamiento procesal.

-Respecto al segundo agravio, referente a la incorrecta valoración de los elementos probatorios; la normativa y la jurisprudencia, para la usucapión decenal o extraordinaria, exigen la posesión pacífica, quieta y continuada por más de 10 arios; en el caso la parte demandante, demostró estar en posesión de forma ininterrumpida (corpus) por más de 10 arios del inmueble, tal cual se advierte de las documentales de fs. 2 a 40, consistente en un contrato de transferencia de bien inmueble, pago de impuestos, avisos de luz y agua, verificación domiciliaria y otros, sin que la parte contraria haya aportado prueba que desvirtué este extremo.

Referente al tercer agravio, respecto a la falta de cumplimiento de pasos para la nracwiib':-3131:14a. Kvcr90 /44-454:ci,d citación por edictos; de fs. 90 a 91 cursa la publicación de edictos de prensa, además el apelante se apersonó en forma voluntaria en fecha de enero de 2023, por memorial de fs. 94, en el que no realizó ningún reclamo sobre la falta de formalidades en la citación, por lo que convalido el acto procesal reclamado, habiendo precluido el momento para reclamar.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jorge Córdova Serrudo, mediante memorial de fs. 204 a 206 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación acusó que:

En la forma:

a) El Auto de Vista N° 51/2025 de 03 de junio, incurre en nulidad por violación al debido proceso y la legítima defensa por incumplimiento de los arts. 292 y 366.1 del Código Procesal Civil, porque no efectuó el saneamiento de proceso, debido que no tomó en cuenta, que la demanda de usucapión es un proceso ordinario y que, conforme a procedimiento, previamente se debe interponer la conciliación previa, tal cual establece el art. 292 del Código Procesal Civil, aspecto que no se cumplió en el caso.

b) Incurre en nulidad por violación al debido proceso y legítima defensa por incumplimiento del art. 78.1 y II del Código Procesal Civil, respecto a la citación por edictos, porque no observó que no se cumplió con el procedimiento previo de la citación por edictos, ya que no se observó que no se realizó el acta de juramento de desconocimiento de domicilio y no se diligenció ni se presentó la certificación al SERECI, pero pese a ello, se efectuó la citación por edictos, tampoco se fundamenta porque a pesar de esas irregularidades, no declara la nulidad de la citación.

En el fondo:

c) Incurre en violación en la aplicación e interpretación de la ley en cuanto a los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil, al indicar que el Juez consideró y valoró correctamente las pruebas presentadas por la parte demandante, sin tomar en cuenta que la parte demandante no presentó prueba alguna y concreta y suficiente para probar su demanda.

d) Incurre en incorrecta valoración de las pruebas presentadas por la parte demandante, al considerar que el demandante se encuentra en posesión del inmueble por más de 10 arios, posesión adquirida de un contrato de transferencia, documento que no cuenta con la firma de su persona ni de Silvia Godefroy de Córdova, menos de un abogado, ni el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas, dejando duda de como adquirió la posesión, por lo que carece de valor legal.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda u ordenen la nulidad de obrados hasta que se efectué una citación correcta y legal con la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

María Del Carmen Pareja Delos, pese a su legal notificación con el Auto de Vista, tal cual se evidencia de la diligencia de fs. 2009, no contestó al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. De la usucapión como modo de adquirir la propiedad y la posesión como elemento principal de la usucapión.

Al respecto, el Auto Supremo N° 0408/2025 de 02 de mayo, señaló: "En el Auto Supremo N° 310/2024, de 11 de abril, se manifestó que: 'El Código Civil en el art.

138 respecto a la usucapión decenal o extraordinaria señala: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.'

El Tribunal Supremo de Justicia en casos similares desarrolló y expuso vasta jurisprudencia en cuanto a la usucapión como modo de adquirir la propiedad, así, el Auto Supremo N° 986/2015 de 28 de octubre, emitido por la Sala Civil indica: 7...) el art. 110 del CC, de manera general refiere: 'la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión...' asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.' acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado, en cuanto al tema de la usucapión refiere: 'La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado. ', nuestra legislación civil permite como un modo de adquirir la propiedad la usucapión, cuyo elemento esencial es la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida de una cosa sea inmueble o mueble sujeto a registro, por un tiempo determinado y según las reglas, condiciones y requisitos para cada caso.

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En ese marco el art. 87 I. del Código Civil, respecto a la posesión indica: 'La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.'.

El artículo en cuestión hace referencia a dos situaciones distintas pero que perfectamente se complementan entre ellas, el primero concerniente al poder de hecho ejercido sobre una cosa y el segundo la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad; esta aseveración es corroborada por la doctrina y la jurisprudencia, las mismas ilustran que para ser considerada la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo y otro subjetivo: a) El corpus possessionis, es decir el poder de hecho del sujeto sobre la cosa o elemento material de la posesión, y b) El ánimus possidendi, es la intención de actuar por su propia cuenta como verdadero propietario o alegar para sí un derecho real sobre la cosa. Concluyéndose que la posesión está integrada por dos elementos importantes el corpus y el ánimus. '

En el caso que nos compete resolver debemos analizar la usucapión decenal o extraordinaria descrita en el art. 138 del Sustantivo Civil, para ello nos remitimos al Auto Supremo N° 410/2015, de 09 de junio, emitido por la Sala Civil, que fundamenta: 'el art. 138 del Código Civil preceptúa que: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años;

asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; (...) (...) se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión (..)'. (Las negrillas fueron añadidas)

A diferencia de la usucapión quinquenal u ordinaria cuyos requisitos son la posesión por cinco años computables a partir de la inscripción del título, un justo título e intervenir la buena fe; la usucapión decenal o extraordinaria solamente impone como requisito la posesión durante el plazo de diez años, sin dejar de lado que la misma debe ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, no pudiendo prescindir además, de los elementos principales de la posesión como son el corpus y el animus, la usucapión decenal o extraordinaria no requiere mayor prueba que demostrar la posesión mínima de diez años del inmueble a usucapir.".

111.2. Sobre la valoración de la prueba.

El mismo Auto Supremo N° 0408/2025 de 02 de mayo, señaló: "El Auto Supremo N° 104/2024 de 15 de febrero, señaló lo siguiente: 'El art. 145 del Código Procesal Civil señala: 'I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. Hl. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio'.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: `...el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (...) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia'.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: `La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial'; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: 'El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón', es decir que: `...producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario', 'todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación'. Este proceso mental -Couture- llama 'la prueba como convicción', tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien, el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducida como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley (Juan Montero Aroca (2005) 'La prueba en el proceso civil', Edit. Thomson-Civitas Navarra, pp. 549 y ss.). (Las negrillas y subrayados nos pertenecen)

El Auto Supremo N° 612/2020, de 01 de diciembre, señaló lo siguiente: 'Sobre este tema el autor José Decker Morales en su obra 'Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia', señala que: '...producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación. Este proceso mental -Couture- llama 'la prueba como convicción'.

En ese orden de ideas, el autor Víctor De Santo, en su obra 'LA PRUEBA JUDICIAL' (Teoría y Práctica), haciendo alusión al principio de unidad de la prueba, indica: 'El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme'. Asimismo, con respecto al principio de comunidad de la prueba, señala: 'La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla'.

Finalmente, el Auto Supremo N°240/2015, señaló: `...respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture".

111.3. Sobre el error de hecho y de derecho.

El Auto Supremo N° 566/2023 de 16 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, en su doctrina legal aplicable al caso, explicó: "Preliminarmente, cabe determinar que esta temática procedimental, se encuentra abordada dentro del art. 271.1 del Código Procesal Civil, con el epígrafe causales de casación, bajo el siguiente contenido: `...I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial..., regla de derecho, que nos permite instituir que el error de hecho y el error de derecho, no son más que un conjunto de errores cometidos por el Juez o Tribunal de,f,„A instancia, al momento de valorar e interpretar los hechos que las partes representan por medio de los distintos elementos de probanza que producen dentro de una contienda judicial.

En ese entendido, sobre este instituto en específico, la Sala Civil Liquidadora al momento de emitir el Auto Supremo N° 223/2014 de 21 de junio, desglosó que: `...E1 error de hecho en la apreciación de la prueba puede presentarse en tres modalidades: Por preterición, que tiene lugar cuando se ha omitido apreciar una o varias pruebas incorporadas válidamente al proceso; por suposición, que se presenta cuando se da por existente una prueba que no cursa dentro del expediente o da por probado un hecho sin respaldo probatorio; y por distorsión o alteración del contenido, que se da cuándo se aprecia erróneamente el contenido de la prueba, dándole al medio un significado distinto o contrario al que éste indica, según señala el doctrinante Humberto Murcia Bailén (Recurso de Casación Civil). Para la consideración casacional, es necesario que el error de hecho se presente como manifiesto y trascendente; es decir que su individualización y prueba deben aflorar sin mayores esfuerzos raciocinios o elucubraciones, y por otro lado dicho error debe constituir la causa por la cual se ha tomado decisiones contrarias a lo que dispone la norma sustantiva violada indirectamente; por ello, si la prueba admite dos o más interpretaciones que no sean contrarias a las reglas de la sana crítica, el error de hecho se descarta.

En cambio, el error de derecho se presenta por infracción de una o varias normas probatorias referentes a la regulación en la admisión, producción, eficacia o valoración de la prueba; debe referirse necesariamente a la prueba que cursa en obrados g que fue valorada por el juez, pero que al valorarla el juzgador infringió las normas legales que regulan su producción o su eficacia.

Dado que la verificación de los hechos en sede casacional es excepcional (pues es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de instancia), la denuncia de error de apreciación de la prueba, requiere que el casacionista demuestre tanto el error de hecho como el error de derecho. En cuanto al error de hecho la denuncia debe concretar el tipo de error que se denuncia, explicando dónde se encuentra el desacierto g cómo debió ser apreciado por el Tribunal, poniendo en evidencia que sin ese error de manera inevitable lo resuelto hubiese sido diametralmente distinto. Respecto al error de derecho se debe indicar cuáles son las normas de carácter probatorio que se han infringido, se debe explicar en qué consiste la infracción, j/ señalar además las normas de derecho sustancial que resultaron transgredidas indirectamente.. ".

111.4. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024 de 22 de julio, señaló: "Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo N° 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: "Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (...).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (..). 'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (... ), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, ...'.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: "El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (...) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho'. (Argumentación y Constitución, pág. 14)". (El resaltado nos corresponde).

111.5. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

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El Auto Supremo N° 410/2019 de de abril, estableció: "El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2)

Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/ o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica 'la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley' que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado nimbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicacion de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico..." (Las negrillas son nuestras).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los agravios de forma, luego a los de fondo.

En la forma

1. En el inc. a), se acusa que el Auto de Vista N° 51/2025 de 03 de junio, no efectuó el saneamiento de proceso, debido que no tomó en cuenta que la demanda de usucapión, al ser un proceso ordinario, conforme a procedimiento establecido en el art. 292 del Código Procesal Civil, previamente se debe interponer la conciliación previa, aspecto que no se cumplió en el proceso.

Del agravio planteado, se entiende que lo que se acusa es la falta de fundamentación y motivación, toda vez que, el reclamo que se presenta ya fue interpuesto en el recurso de apelación, el cual fue absuelto por el Auto de Vista, por lo que, en este punto de análisis, corresponde examinar, si la respuesta fue emitida con la debida fundamentación y motivación.

Así, en cuanto al agravio, el Auto de Vista recurrido expresó que, si bien se trata de un proceso de conocimiento (ordinario) y la parte demandante no acudió a conciliación previa conforme refiere el art. 292 del Código Procesal Civil, no obstante que el mismo tiene un carácter obligatorio; sin embargo, la usucapión, es una instituto que se encuentra excluida de la misma; no obstante, el apelante, 4,4 :Y) c4 .~vict se apersonó mediante memorial cursante de fs. en fecha de enero de 2023, sin haber efectuado ningún reclamo sobre la falta de remisión de la causa a conciliación previa, sino solicitó únicamente la extinción de la acción por inactividad procesal, sin haber efectuado el reclamo en la primera oportunidad, convalidando la actuación, lo que impide efectuar reclamo posterior, debido a la preclusión de la oportunidad; tampoco asistió a la audiencia preliminar, momento en el que podría haber solicitado el saneamiento procesal.

Del argumento del Auto de Vista citado, se evidencia que la resolución aludida, resolvió el agravio en base a dos argumentos; en el primero, afirmó, que el proceso ordinario de usucapión, se encuentra excluida de la conciliación previa, establecida por el art. 292 del Código Procesal Civil; en el segundo, arguyó, que el reclamo no lo presentó en su primera oportunidad de su apersonamiento, efectuado mediante memorial cursante a fs. 94, de fecha 06 de enero de 2023, sino solicitó únicamente la extinción de la acción por inactividad procesal, convalidando la actuación, lo que impide efectuar reclamo en apelación debido a la preclusión de la oportunidad.

Del antecedente expuesto, es cierto que, en cuanto al primer argumento, la decisión asumida por el Auto de Vista, no se encuentra fundamentada y motivada, debido a que, no citó la norma que indica la exclusión del proceso de usucapión como causa ordinaria de la conciliación previa, ni tampoco expuso un razonamiento lógico jurídico, incumpliendo la doctrina del Considerando 111.4 de este fallo. Ahora, si bien esta inobservancia da merito a que se pudiera disponer una anulación del Auto de Vista, para una nueva emisión de la decisión, con la debida fundamentación y motivación; sin embargo, el mismo carece de relevancia, frente al segundo argumento, en el que se advirtió la convalidación del acto y la preclusión del reclamo; toda vez que, ciertamente, el ahora recurrente, a tiempo de apersonarse al proceso, en su primer escrito de 6 de enero de 2023, cursante a fs. 94 y vta., no efectuó el reclamo sobre la falta de remisión a conciliación previa del proceso de usucapión, sino únicamente dedujo extinción de la acción por inactividad procesal, convalidando el presunto acto irregular; es más, tampoco se hizo presente a la audiencia preliminar de 09 de abril de 2024, (acta cursante de fs. 145 a 147) en la que el Juez de la causa, ante la falta de observación de falencias en el proceso, decidió continuar con el procedimiento establecido por el art. 366 del Código Procesal Civil y fijar los puntos de hecho a probar.

El recurrente debe considerar que, conforme a la previsión del art. 366.1 num.4 del Código Procesal Civil, si en la primera oportunidad de su apersonamiento, no incidentó el defecto advertido, tenía la oportunidad en la audiencia preliminar de acusar la nulidad del proceso por incumplimiento del art. 290 de la misma norma; sin embargo, no lo hizo, debido a su negligencia, al no haber asistido al actuado señalado, dejando prelucir su oportunidad de reclamar el defecto.

No obstante lo anterior, se debe tener presente que, la conciliación, puede ser intentada en cualquier estado del proceso, cuando las partes así lo estimen conveniente; que en el caso, el recurrente tampoco hizo uso de esa prerrogativa, sino se dedicó directamente a observar esa irregularidad en apelación, ahora en recurso de casación, pretendiendo que se anule el proceso, cuando el mismo fue convalidado por sus propios actos y dejó precluir, la oportunidad de presentar su reclamo, en las fases fijadas.

Por los argumentos expuestos, se establece que la decisión asumida en el segundo argumento, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, toda vez que, efectuó una exposición clara de las razones y los fundamentos legales que le sirvieron de sustento para la toma de la decisión y de la valoración de los actuados de participación del ahora recurrente.

Al respecto la doctrina aplicable del Considerando 111.4, de este fallo, señaló que, la exigencia de fundamentación y motivación, se torna aún más relevante, cuando Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; y, es imprescindible que, dichas resoluciones sean suficientemente fundamentadas, motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas y aplicación de la norma.

La respuesta del Auto de Vista en su segundo argumento cumple con la doctrina aplicable, por cuanto expuso con claridad las razones y fundamentos legales del por qué en el caso se presentó la convalidación de los actos presuntamente irregulares, esto en base al examen de los actuados ejecutados por el propio recurrente, por lo que el agravio, deviene en infundado.

2. En el inc. b) se acusa falta de motivación, respecto a la citación por edictos, debido a que no observó, que en el proceso se omitió el acta de juramento de desconocimiento de domicilio y no se diligenció ni se presentó la certificación del Servicio de Registro Cívico (SERECI), pese a esa omisión, se habría efectuó la citación por edictos, tampoco se fundamentó porque a pesar de esas irregularidades, no declaró la nulidad de la citación.

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A efecto de verificar la presunta falta de motivación, conviene en primera instancia, traer a colación los argumentos del Auto de Vista; así dicho fallo, a tiempo de resolver el tercer agravio de apelación argumentó que, respecto a la falta de cumplimiento de pasos para la citación por edictos; de fs. a cursa la publicación de edictos de prensa, además el apelante se apersonó en forma voluntaria en fecha 06 de enero de 2023, por memorial de fs. 94, en el que no realizó ningún reclamo sobre la falta de formalidades en la citación, por lo que convalido el acto procesal reclamado, habiendo precluido el momento para reclamar.

Del argumento citado, se tiene que el Auto de Vista, consideró que el reclamo sobre la inobservancia de formalidades en la citación por edictos, no se realizó por el ahora recurrente, en su primera actuación de apersonamiento de de enero de 2023, y, que el reclamo traído en apelación, no era pertinente por que dejó precluir la oportunidad para efectuar dicho reclamo.

Tal cual se advirtió en el agravio anterior, ciertamente el recurrente, en su primer actuado de apersonarniento de fs. 94 y vta., en el que solicitó la extinción de la acción por inactividad en previsión del art. 247 del Código Procesal Civil, no observó la presunta irregularidad, como es la falta de juramento de desconocimiento de domicilio; sino, únicamente dedujo la pretensión advertida (extinción de la acción por inactividad), convalidando toda presunta irregularidad en el proceso en cuanto a la citación por edicto; es más, a la audiencia preliminar tampoco se hizo presente, para que en dicha instancia solicite el respectivo procesal, incurriendo en saneamiento convalidación de las presuntas irregularidades, por su propia negligencia al no haber asistido a dicho actuado;

ahora, queriendo salvar esa desidia, en apelación reclamó esa presunta omisión, así también en recurso de casación, cuando ya precluyó su oportunidad para reclamar.

No obstante lo anterior, resulta evidente que la citación por edictos, practicada en obrados, cumplió con su finalidad, cual es de hacer conocer de la existencia de una demanda en contra del ahora recurrente, para que esté a derecho, conforme previene el art. 117.1 del Código Procesal Civil, que establece la finalidad de la citación; toda vez que, posterior a su publicación en un medio de prensa de circulación nacional, cursantes de fs. 90 y 91, el recurrente se apersonó al proceso, mediante escrito de fs. 94 y vta., y en su legítima defensa, solicitó la extinción de la acción por inactividad, conforme al art. 247 del Código Procesal Civil, de lo que se establece que en el caso no se vulneró su derecho a la defensa.

Por los argumentos expuestos, la decisión asumida por el Auto de Vista, en cuanto al agravio, se encuentra debidamente motivada, porque, expresó los razonamientos lógico jurídicos que justifican la decisión, conforme señala la doctrina del Considerando 1111.4 de que la motivación, es el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

Por lo precedentemente expuesto, se establece que el Auto de Vista contiene la debida motivación, por lo que el agravio también deviene en infundado.

En el Fondo:

3. Los agravios de los incs. c) y d) se analizarán en forma conjunta, a objeto de evitar argumentación repetitiva.

En el inc. c) se acusa errónea aplicación e interpretación de la ley en cuanto a los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil, al indicar que el Juez consideró y valoró incorrectamente las pruebas presentadas por la parte demandante, sin tomar en cuenta que la parte demandante no presentó prueba alguna y concreta y suficiente para probar su demanda.

En el inc. d) se acusa incorrecta valoración de las pruebas presentadas por la parte demandante, al considerar que el demandante se encuentra en posesión del inmueble por más de 10 arios, a partir de un contrato de transferencia, que carece de valor legal al no contar el documento con la firma de su persona ni de Silvia Godefroy de Córdova, de un abogado, ni el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas, dejando duda de como adquirió la posesión.

De los agravios citados, se establece que el común denominador de los mismos se centra en la errónea valoración de las pruebas de cargo presentadas por la parte actora para el sustento de su demanda.

Al respecto, el Auto de Vista, a tiempo de realizar el examen del segundo agravio de apelación, referente a la acusación de incorrecta valoración de los elementos probatorios señaló que, la normativa y la jurisprudencia, para la usucapión decenal o extraordinaria, exigen la posesión pacífica, quieta y continuada por más de 10 arios; en el caso, la parte demandante, demostró estar en posesión de forma ininterrumpida (corpus) por más de 10 años del inmueble, tal cual se advierte de las documentales de fs. 2 a 40, consistente en contratos de transferencia de bien inmueble, pago de impuestos, avisos de luz y agua, verificación domiciliaria y otros.

Del argumento citado por el Auto de Vista, se aprecia que el indicado fallo, consideró que las pruebas aportadas por la parte actora, de fs. 2 a 40, Kyamo~ demostraron la posesión pacífica, quieta y continua por más de años, aspecto que pasaremos a cotejar y advertir si en el caso existió error de hecho en la valoración de la prueba, tal cual se acusa por el recurrente.

La doctrina aplicable del Considerando III.1 de este fallo, realizando la interpretación de los arts. 87 y 138, ambos del Código Civil, señaló que, son tres los presupuestos que la parte demandante debe cumplir para la procedencia de la usucapión: 1) un bien susceptible de ser usucapido; 2) la posesión; 3) transcurso de un plazo; además aclaró que, para el presupuesto la posesión, esta debe cumplir con dos elementos constitutivos, uno objetivo y el otro subjetivo: a)

el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el animus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa, demostrando a través de ambos la posesión mínima de 10 arios, requisitos esenciales para que opere la usucapión decenal o extraordinaria.

Ahora la doctrina aplicable del Considerando 111.2 de este fallo, señaló que, la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, quien tiene la obligación de demostrar los hechos que constituyen su derecho.

En ese sentido conforme la doctrina citada, es la parte actora, que debe demostrar a través de las probanzas aportadas, su posesión sobre el bien inmueble objeto de la /itis por más de diez arios de manera pacífica, pública, continua e ininterrumpida; cumpliendo con los elementos de corpus y animus.

De la revisión de los antecedentes del caso, particularmente de la demanda cursante de fs. 43 a 45 vta., la demandante, para la pretensión de la usucapión decenal, señaló estar en posesión del bien inmueble en calidad de legitima poseedora desde el 4 de enero de 2008, ubicado en Andrés Ibáñez, Santa Cruz de la Sierra, en la Uy. 52, Mza. 59, Calle AA-C7, denominado Condominio Palmas Verdes, casa N° 8, con una superficie útil y exclusiva de 290.93 m2, el cual lo obtuvo por compra venta de buena fe efectuada al Sr. Mauricio Jorge Pareja Delos mediante contrato privado de 04 de enero de 2008, por la suma de Doce Mil 00/100 bolivianos; el Sr. Mauricio Jorge Pareja Delos, obtuvo dicho bien inmueble mediante compra efectuada a los Señores Jorge Córdova Serrudo y Silvia Godefroy de Córdova, mediante contrato de "03 de mayo de 2007".

Para dicho fin y demostrar la posesión aludida en la demanda, la parte actora adjuntó en calidad de prueba, el documento privado de 03 de mayo de 2007, cursante a fs. 2 y vta., respecto a una transferencia, efectuada por Jorge Cordova Serrudo y Silvia Godefroy de Córdova en favor de Mauricio Jorge Paredes Delos, sobre un bien inmueble con Partida 1592, ubicado en la zona Sud Este, Palma Verde, Uy. 52, Mza. 59 Lote S/N, Casa N° 8, con una superficie total de 481,42 m2 y superficie exclusiva de 290,81 m2; así también adjuntó, el documento privado de 04 de enero de 2008, cursante a fs. 4 y vta., por el que Mauricio Jorge Paredes Delos transfiere el mismo inmueble en favor María Del Carmen Pareja Delos, ahora demandante.

Del antecedente, se instituye que, si bien la demandante adjunto la prueba de fs. 2 y vta., (Documento privado de 03 de mayo de 2007 de una a una presunta transferencia, efectuada por Jorge Cordova Serrudo y Silvia Godefroy de Córdova en favor de Mauricio Jorge Paredes Delos, sin la respectiva firma de los transfiriente), esta no fue con la finalidad de demostrar el inicio de la posesión desde la suscripción del mismo, sino con el fin de acreditar una venta en favor de su hermano; pero sí adjunto el documento de fs. 4 y vta, para demostrar el inicio de posesión, toda vez que a través de ella acreditó la venta de su hermano Jorge Paredes Delos en su favor, el 04 de enero de 2008, existiendo coincidencia con la argumentación efectuada en su demanda en la que manifestó estar en posesión desde el 04 de enero de 2008; fue precisamente ese aspecto que observó el Auto de Vista, para acreditar el inicio de posesión, por lo que en relación a los documentos aludidos no se aprecia errónea valoración.

El aspecto señalado, inicio de posesión aducido por la demandante, tampoco fue desvirtuado por el ahora recurrente, por prueba alguna que demuestre que la demandante no ingreso en posesión en la fecha señalada, como es su deber de parte demandada, o en su caso que el ingreso fue en calidad de detentadora.

La posesión aludida por la parte demandante, también se encuentra ratificada por los documento siguientes: literales de fs. 8 a 12 consistentes en fotocopias de pago de impuestos de las gestiones 2008 a 2013, los que registran como propietario a Mauricio D. Pareja Delos (hermano de la demandante); los formularios de pago de impuestos de las gestiones 2014 al 2020, cursantes en originales de fs. 13 a 19; los avisos de cobranza por consumo de energía eléctrica, cursantes a fs. 29 de la gestión 2021; la certificación de verificación notarial domiciliaria a fs. 31, que demuestra el domicilio actual de la demandante; las fotografías de fs. 32 a 35; las declaraciones voluntarias notariales de fs. 36 y 38, prestadas por Leni Teresa Cortez Velasco y Sergio Balcazar Arana, que manifiestan la posesión de la demandante desde hace 20 arios aproximadamente en el inmueble.

El antecedente expuesto, da cuenta que las literales adjuntadas por la parte demandante, fueron correctamente valoradas por el Auto de Vista, por cuanto ('-;brato ,(1A)itemulciovialcb Alcow~ ciertamente, el inicio de posesión sobre el bien inmueble por parte de la demandante, fue el 04 de enero de 2008, que haciendo el computo desde la fecha indicada hasta el inicio de la demanda (01 de febrero de 2022) transcurrieron más de diez arios de posesión, tal cual establece la doctrina aplicable del Considerando III.1 de este fallo; consiguientemente, el Auto de Vista al haber afirmado que las pruebas cursante de fs. 2 a 40, demostraron la posesión pacífica y continua por más de diez arios, no incurrió en error de hecho en la valoración de las pruebas, porque no les dio a las pruebas señaladas un significado distinto y contrario al que indican los mismos, sino lo que expresan en su verdadera dimensión.

El antecedente advertido, se encuentra ratificado por las declaraciones testificales prestadas por los testigos Sergio Vaca Méndez y Marioly Sánchez Velásquez, en audiencia de 11 de abril de 2024 (acta de fs. 149 a 153 vta.), a las que no hizo referencia el Auto de Vista, en las que se afirman que la demandante llegó a vivir en el inmueble objeto de /itis hace 25 años.

La circunstancia expuesto, también hace entrever la inexistencia de errónea aplicación de los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil, referente a la valoración de las pruebas, toda vez que, cumpliendo con la doctrina del Considerando 111.2 de este fallo, que establece que, la autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tiene la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y apreciando en forma conjunta, valor de las pruebas señaladas en líneas precedentes, y a partir de ello concluyó que la decisión asumida por el Juez de primera instancia era la correcta, por lo que los agravios en examen devienen también en infundado

En merito a lo expuesto, no habiéndose apreciado la violación de norma alguna y errónea apreciación de la prueba, corresponde y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42. I num.

1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010, en relación a los art.

220.11 del Código Procesal Civil; declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 204 a 206 vta., interpuesto por Jorge Córdova Serrudo contra el Auto de Vista N° 52/2025 de 03 de junio, cursante de fs. 194 a 201, pronunciada la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin con costas ni costos, por no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0543_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 93d03bb99e541299735a5dd6842c1925950118822937ee92026dc6dfbf11add6

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