Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de abril de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 605 a 512, interpuesto por Julio Enrique Mamani Alvarado, contra el Auto de Vista N° 693/2025 de 04 de noviembre, corriente de fs. 597 a 601 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0538/2026 Fecha: 28 de abril de 2026 Expediente: LP-37-26-S Partes: Julio Enrique Mamani Alvarado c/ Jaime Andrés Monje Ayala, herederos de Luis Mamani Mamani (+) y Pedro Mamani Mamani (+). Proceso: Nulidad de transferencia. Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 605 a 612 interpuesto por Julio Enrique Mamani Alvarado contra el Auto de Vista N° 693/2025 de 04 de noviembre, corriente de fs. 597 a 601 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de transferencia, seguido por el recurrente contra Jaime Andrés Monje Ayala, herederos de Luis Mamani Mamani (+) y Pedro Mamani Mamani (+); la contestación de fs. 616 a 619 vta.; el Auto de concesión de 11 de febrero de 2026, visible a fs.
622, el Auto Supremo de admisión N° 0267/2026-RA de 06 de marzo, obrante de fs. 629 a 630 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Julio Enrique Mamani Alvarado por memorial de demanda que cursa de fs. 115 a 120 vta., subsanado a fs. 126, promovió el proceso ordinario de nulidad de transferencia contra Jaime Andrés Monje Ayala, herederos de Luis Mamani Mamani (+) y Pedro Mamani Mamani (+), quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 169 a 172 vta., Jaime Andrés Monje Ayala se apersonó y contestó de manera negativa y planteó incidente de nulidad de obrados, pretensión que mereció el Auto N° 541/2018 de 22 de noviembre, visible a fs. 183 a 184 vta., que rechazó dicho incidente. Asimismo, por Auto de 21 de mayo de 2019, saliente a fs. 200 vta., se designó al abogado Iván Marcelo Ayllón Villanueva como defensor de oficio de los posibles herederos de Luis Mamani Mamani (+) y Pedro Mamani Mamani (+), quién por memorial visible a fs. 203 y vta., se apersonó y contestó la demanda de forma negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 306/2024 de 24 de mayo, cursante de fs. 532 a 536, en la que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de transferencia, con costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Julio Enrique Mamani Alvarado representado por Justo Néstor Mamani Alvarado según escrito de fs. 541 a 547 vta., originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el Auto de Vista N° 693/2025 de 04 de noviembre, corriente de fs. 597 a 601 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas, en base a los siguientes argumentos:
-Toda vez que existiría argumentos conexos en los agravios postulados por el recurrente pasó a dilucidar en dos apartados específicos: 1) La que cuestiona la validez y eficacia de la minuta de fecha 10 de diciembre de 1978 y 2) La que concentraría los argumentos en las solemnidades que informa el acto protocolar de la extensión de la escritura pública en cuestión.
-En relación al primero, que refiere que la minuta del0 de diciembre de 1978 y su respectiva protocolización no habrían observado los presupuestos legales del art.
1295 y 1299 del Código Civil; toda vez que, el enajenante Luis Mamani Mamani (+)
habría transferido el lote de terreno de 211.50 m2. de la zona Irpavi en favor de Jaime Andrés Monje Ayala, sin la concurrencia del testigo a ruego y los testigos instrumentales y se establecería que la transferencia tuvo como un primer acto material la suscripción de la minuta de 10 de diciembre de 1978 con una "cláusula adicional" y como segundo la protocolización de la transferencia que no habría cumplido con los preceptos para el labrado de un documento público de transferencia de inmueble por un analfabeto.
-No se puede soslayar que el documento de transferencia que fue consignado inicialmente como una minuta, mutó su condición cuando fue elevada en instrumento público, siendo que ha momento de postular la demanda no se observa un documento privado propiamente dicho que viabilice la aplicación del art. 1299 del Código Civil, ya que la minuta se constituye en un proyecto inicial de una escritura pública futura (documento público); extremo que sería establecido en la cláusula quinta de la referida minuta, al establecer "...minuta que tendrá el carácter de documento privado mientras sea protocolizada.", por lo que, al haberse procedido a la protocolización de la minuta por los registros de un fedatario público competente, se asintió en la existencia de un documento público con efectos legales entre partes y sucesores, al tenor del art. 1289.1 del Código Civil. Por lo que, el labrado de la escritura pública convalido los presupuestos de vicios de la minuta habida cuenta que el acto protocolar cumplió con los requisitos establecidos en el art. 1295 del Código Civil, i) las impresiones digitales de la persona que no pueda o sepa firmar, ii) firma del testigo a ruego y iii) firma de los testigos instrumentales, por lo que no se puede inferir la invalidez de un documento público, cuando este último fue constituido con todas las solemnidades que refiere el Código Civil, dando como resultado la transferencia del inmueble a través de la Escritura Pública N° 41 de 29 de marzo de 1979.
-En cuanto a las solemnidades del acto protocolar de la extensión de la escritura pública, refirió que dichos cuestionamientos deben ser exigidos por el conducto legal idóneo, siendo que dichas circunstancias no tienen la suficiencia legal para alterar, o en su caso invalidar una transferencia onerosa suscrita entre partes, debiendo remitir estos agravios a lo expuesto en lo principal por tratarse de temas accesorios que no puede afectar el fondo de lo resuelto en instancia
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Julio Enrique Mamani Alvarado según escrito visible de fs. 605 a 612, recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECUROS DE CASACION Y CONTESTACION.
1. El recurrente en el recurso de casación acusó:
En la forma.
a) Incongruencia omisiva, al no considerar los agravios del recurso de apelación contenidos en los numerales 1, 1.1., 1.2 y 1.3., en los cuales no sólo hizo énfasis a las causales de nulidad, como la falta de testigo a ruego en la minuta de transferencia, el hecho de que no se consignó la constancia de que el vendedor era analfabeto, el hecho de haber permitido que el hijo del vendedor funja como testigo pese a la prohibición de la Ley del Notariado, esta incongruencia vulnera la garantía del debido proceso en su elemento de congruencia de la resoluciones.
b) Falta de pronunciamiento respecto del agravio 2.1 del recurso de apelación, donde denunció que la Sentencia seria incongruente con la pretensión interpuesta, no habiendo merecido respuesta positiva ni negativa por parte del Tribunal Ad quem.
En el fondo.
c) Errónea aplicación e interpretación del art. 145 del Código Procesal Civil, por indebida valoración de la prueba, dado que la autoridad judicial de manera ilógica y arbitraria habría valorado el documento de transferencia como un documento privado y pretende aplicar el art. 1299 del Código Civil, tergiversando la pretensión intentada y el ofrecimiento de la prueba; puesto que, ofreció como prueba la Escritura Pública N° 41/1979 de 29 de marzo 1979 que acreditaría la transferencia efectuada con los vicios de nulidad a favor del demandado Jaime Andrés Monje Ayala, prueba que funda la pretensión de nulidad y rehabilitación de partida en merito al art. 1295 de la referida norma, por lo que la valoración aislada sin considerar su protocolización en la Escritura Pública N° 41/1979 resulta arbitraria, ilegal y desconociendo el deber de apreciar la prueba en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica o prudente criterio.
d) Errónea aplicación e interpretación del art. 1295 del Código Civil, al concluir que se cumplió con los requisitos establecidos en dicha norma y establecer que la escritura pública convalido los presuntos vicios de la minuta, contrariando el contenido del art. 553 del Código Civil (no puede confirmarse el acto nulo), sin considerar que: 1. La minuta de 10 de diciembre de 1978 contiene la intervención de un analfabeto y aymarista cerrado, sin la presencia de testigo a ruego, ni se dejó constancia que el vendedor es analfabeto incumpliendo el referido artículo y además la cláusula adicional, sería ilegal al no ser avalada por las partes, 2. El Protocolo N° 41 de 29 de marzo de 1979 incumpliría con el art. 1299 del Código Civil y arts. 20 y 25 de la Ley del Notariado de 20 de noviembre de 1950; puesto que solo intervendrían dos testigos instrumentales del acto protocolar, que no serían testigos del acto jurídico de compra venta, y Pedro Mamani Mamani (+) al ser hijo del transferente, no puede ser considerado como testigo a ruego conforme a lo dispuesto en la Ley del Notariado de 1858, más aún cuando en la última parte del referido protocolo intervendría por si y su padre, no como testigo a ruego, por lo que la interpretación efectuada por los de instancia contraría a los principios pro homine y pro actione a favor del analfabeto.
Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó que se anule y/o case el Auto de Vista y se declare probada la demanda en todas sus partes.
2. Contestación al recurso de casación:
Jaime Andrés Monje Ayala representado por Genell Rodrigo Guachalla Escobar, respondió el recurso de casación mediante memorial cursante de fs. 616 a 619 vta., exponiendo en lo principal lo siguiente:
-El Auto de Vista impugnado de manera acertada cita el Auto Supremo N° 286/2013 para concluir que no se advierte la existencia de un documento privado que refrende la pretensión de la parte actora, por lo que al haberse procedido a la protocolización de la respectiva minuta por los registros de un fedatario público se asintió a la existencia de un documento público con efecto entre partes y sucesores.
-El fundamento de la supuesta nulidad seria que el art. 20 de la Ley del Notariado de 1858 en relación al art. 1295 del Código Civil, es que se confunde la diferencia entre testigo instrumental y firma a ruego que son dos figuras totalmente distintas, cuando el firmante a ruego no es un testigo instrumental, firma a solicitud de la parte que tiene causales de impedimento, por lo que la Escritura Pública N° 41 de 29 de marzo de 1979, al tenor del art. 149 del Código Procesal Civil se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario.
Moicom
-El recurso de casación no cita una norma de forma expresa que sancione con nulidad la Escritura Pública N° 41 de 29 de marzo de 1979, esto es contrario a la especificidad de las nulidades; puesto que, tal documento cuenta con todas las formalidades requerida por ley para su validez.
-Se acusa que el Auto de Vista adolece de incongruencia omisiva, cuando por el contrario es la pretensión, la apelación y en recurso de casación que incurre en incongruencia.
-Sobre la supuesta incorrecta aplicación del art. 145 del Código Procesal Civil por indebida valoración, lo que se pretende es desconocer la venta de un inmueble que adquirió plusvalía por el simple transcurso del tiempo, alegando que el comprador sonsaco al vendedor cuando el hijo del vendedor firmo a ruego.
-En cuanto a la errónea aplicación e interpretación del art. 1295 del Código Civil, se debe considerar que la minuta es un simple proyecto o borrador, que en el caso permitió la redacción de la Escritura Pública N° 41/1979, que no existe previsión normativa que refiera que la minuta debe cumplir los requisitos del documento privado para ser protocolizada, tampoco la Ley del Notariado de 1858 refiere que la minuta debe contener imprescindiblemente las firmas de quienes a futuro suscribirán la escritura pública, por lo que cualquier omisión de la minuta no puede conllevar a la nulidad de la escritura pública. Además, que el recurrente atribuye una vulnerabilidad extrema al vendedor señalando que fue analfabeto, pero no fue declarado interdicto judicialmente y si bien no sabía leer, pero tenía capacidad de obrar por tanto tenía la aptitud legal para celebrar la transferencia de inmuebles.
Por lo que solicitó se confirme totalmente el Auto de Vista por no haber sido violadas la ley o leyes acusadas en el recurso, con la condenados de costos y costas.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO.
111.1. De la incongruencia omisiva y su trascendencia.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.1 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.
En este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma cómo es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: "En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del C.P.C. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia;
por lo tanto, el Auto Supremo N° 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso" (El resaltado nos corresponde).
Sin embargo, al margen de realizar esta verificación de agravios de apelación, se debe tomar en cuenta el régimen de nulidades actualmente vigente a partir de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional que reconoce el derecho a una justicia pronta y oportuna a las partes (art. 115), lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025 y el régimen de nulidades regulado actualmente en los artículos 105 al 109 del Código Procesal Civil; este Tribunal Supremo de Justicia al respecto ha orientado a través del Auto Supremo N° 254/2014, que: "La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador ex-tiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido .A4uia orad¿ciai pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada "cara petita", que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso...
Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo "no es absoluto", en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.
En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa".
111.2. El contrato de venta es consensual y no formal.
Al respecto, este Tribunal a través de diferentes Autos Supremos N° 670/2018 de 23 de julio, N° 431/2019 de 30 de abril, N° 1080/2019 de 22 de octubre N° 142/2021 de 26 de febrero, estableció "Sobre la clasificación del contrato de venta, respecto a su perfeccionamiento en el Auto Supremo N° 456/2015 de 19 de junio se ha señalado que el mismo es consensual y no formal, en el mismo se ha expresado lo siguiente: "Siendo este el antecedente trascendental corresponde en principio realizar el análisis de este tipo de contratos, para lo cual podemos señalar el art. 584 del CC que de manera textual señala: "La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero" asimismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pág. 46 citando a Luzzatto señala: "la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio", en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere: "no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública "..." es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente." citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también sobre el tema de las características de este tipo de contratos, expone que, es un contrato: "consensual, porque según de la definición del codificador, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual;
es por tanto un contrato consensual.... ", asimismo el Auto Supremo: 153/2014 de fecha 16 de abril 2014 refiere: "Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo "No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia"..."
debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo N° 64/2011 que dice "Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato..." (El resaltado nos corresponde)
111.3. Sobre el art. 1295 del Código Civil y los contratos de compra venta.
Al respecto el Auto Supremo N° 857/2018 de 05 de septiembre, establecido
"Respecto a la acusación relativa a la falta de la participación de los testigos a ruego, corresponde remitirnos a la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo N° &mío, . okty;«
526/ 2015-L de 10 de julio de 2015, en el que se señaló lo siguiente: "De lo expuesto y en razón a que la parte actora durante la tramitación del proceso, en virtud al protocolo cursante de fs. 3 a 4, el Testimonio de la Escritura Publica N° 1255/ 93 cursante de fs. 22 a 23 y vta, y el acta de inspección judicial de fs. 110 a 112 vta., si bien demostró que en el protocolo, al no saber firmar María Persona de Quispe por ser esta analfabeta ésta estampó sus huellas digitales, empero en dicho documento no existe la firma de otra persona a ruego, ni mucho menos la constancia de dicha circunstancia en la parte final, ni la firma de los testigos instrumentales, incumpliendo consiguientemente con lo establecido en el art. 1295 del Código Civil, norma que guarda estrecha relación con el art. 25 de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858; sin embargo, en esta parte corresponde hacer hincapié que tratándose de documentos públicos, la ausencia de firmas de los testigos instrumentales y/o de ruego en el caso de que una de las partes no sepa o no pueda firmar, así como el hecho de la falta de mencion de dicha circunstancia en la parte final de la escritura, no conlleva como sanción la nulidad de dicho documento (art. 1295 del Código Civil).".
De lo que se extrae que en ciertos contratos, como el de venta, no resulta ser de tal magnitud como para declarar la nulidad del contrato, cuando el contrato descrito, resulta ser uno de carácter consensual, en lo demás respecto al cumplimiento del art. 1295 del Código Civil, la misma solo implica publicidad del acto o negocio jurídico, puesto que la formalidad es un requisito que se precisa a los efectos de registro mismo que no incide en el consentimiento dado, en el caso en cuestión, la parte recurrente si bien busca la nulidad de la Escritura Pública N° 419/86 de fs. 2 a 3, empero, no ataca a lo consensuado por las partes, que en el caso presente no fue declarado nulo expresamente por ninguno de los suscribientes de la mencionada Escritura Pública, consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que los recurrentes no sustentaron ni precisaron debidamente sus reclamos, deviniendo ser infundados." (El resaltado nos corresponde)
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION
Expuestos los fundamentos doctrinarios que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación que fue interpuesto por Julio Enrique Mamani Alvarado, que en principio corresponde absolver aquellos que están orientados a acusar cuestiones de forma, pues de ser evidentes y trascendentes, corresponderá disponer la nulidad de obrados, caso en el cual ya no será necesario absolver las acusaciones que atingen al fondo.
En la forma.
1. En los argumentos expuestos en los incisos a) y b), el recurrente acusó que el Auto de Vista incurriría en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre los agravios contenidos en los num. 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1. del recurso de apelación.
Toda vez que lo acusado en este apartado está referido a denunciar la incongruencia omisiva, en relación a los agravios expuestos sobre la pretensión demandada, puesto que la minuta de 10 de diciembre de 1978 se suscribió sin la intervención de un testigo a ruego incumpliendo el art. 1295 del Código Civil y la adición de una cláusula de manera posterior que no fue validada por las partes;
asimismo, que en el Protocolo N° 41 de 29 de marzo de 1979 tampoco intervendría un testigo a ruego, siendo que de forma ilegal se habría añadido a Pedro Mamani Mamani con C.I. 290628 LP como testigo a ruego sin considerar las prohibiciones del art. 20 de la Ley del Notariado de 1858. Por otra parte, no se pronunció sobre la denuncia de la incongruencia de la Sentencia en relación a la pretensión planteada. En merito a dichos argumentos expuestos en apelación, corresponde iniciar la consideración de este reclamo señalando previamente que conforme a lo desarrollado en el apartado 111.1 de la presente resolución, cabe resaltar que la congruencia de las resoluciones juridiciales exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; en el caso de la apelación estará ceñido a los agravios propuestos en la impugnación; en consecuencia, se incurrirá entonces en incongruencia omisiva cuando la autoridad judicial o tribunal no responda a todas las cuestiones planteadas.
Con base en estos fundamentos, y toda vez que, la congruencia se constituye en un reclamo que atinge exclusivamente a la estructura formal de la resolución, el análisis de este tribunal estará limitado a contrastar en el contenido de la resolución recurrida, la existencia, o no, de dicha omisión y no así a evidenciar si la motivación es correcta o no, cual si se tratase de un reclamo de fondo; en ese contexto, de la revisión del Auto de Vista N° 693/2025 de 04 de noviembre, cursante de fs. 597 a 601 vta., se advierte que el Tribunal de alzada, luego de referirse a la resolución impugnada y al contenido de la apelación, en el intitulado
"CONSIDERANDO III Punto 3.2", en estricto cumplimiento de lo establecido en el art. 265 del Código Procesal Civil que dispone que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, procedió a explicar de manera ordenada, clara y precisa las razones por las cuales lo acusado en apelación sobre la validez y consecuente eficacia de la minuta de 10 de diciembre de 1978 y los cuestionamientos de las solemnidades que informan el acto protocolar de la escritura pública, no resultaban evidente y, por ende al no existir vulneración alguna, ni omisión y tampoco afectación al debido &a°
697~ ' proceso correspondía confirmar la resolución apelada.
Es así que para una mejor comprensión, el Tribunal de alzada a fin de dilucidar los agravios, concentro los agravios expuestos en apelación en dos puntos de análisis, la primera orientada a la validez y eficacia de la minuta de 10 de octubre de 1978 y su respectiva protocolización que, a decir del apelante, no habrían observado los presupuestos legales de los arts. 1295 y 1299 del Código Civil; puesto que, el enajenante Luis Mamani Mamani (+) habría transferido el lote de terreno de 211.50 m2 de la zona Irpavi en favor de Jaime Andrés Monje Ayala, sin la concurrencia de un testigo a ruego y los testigos instrumentales, con una cláusula adicional y también observó que sobre la protocolización de dicha transferencia, el Juez A quo, se habría limitado a realizar un análisis del art. 1295, señalando que la protocolización habrían cumplido con los preceptos de documento público de transferencia de inmueble por un analfabeto; sin considerar que, la pretensión recaería sobre la transferencia del bien inmueble.
En ese contexto, el Tribunal de alzada, razonó que no se puede soslayar la naturaleza de documento del cual se pretende la invalidez que en un inicio seria consignado como minuta, pero la misma mutaría en su condición al ser elevada a instrumento público; por lo que, a momento de postular la demanda no se advertiría que curse un documento privado que viabilice la aplicación del art.1299 del Código Civil. Puesto que, la minuta constituiría un proyecto inicial de una escritura pública futura, que al ser labrada convalido los presuntos vicios de la minuta, habida cuenta que el acto protocolar si cumpliría con lo establecido en el art. 1295 del sustantivo civil, concluyendo que por esta razón no se puede diferir a la invalidez de un documento público, cuando fue constituido con todas las solemnidades, que si bien la minuta no observo algunos requisitos no es menos evidente que posteriormente con la protocolización fue ratificada la venta por el enajenante.
Asimismo, precisó que los cuestionamientos centrados en las solemnidades del acto protocolar deben ser exigidos por el conducto legal idóneo, siendo que no tienen la suficiencia legal para invalidar una transferencia onerosa que no puede afectar el fondo de lo resuelto en instancia.
Razonamientos expuestos, por los cuales el Tribunal de alzada en virtud a los fundamentos en los cuales se sustentó la Sentencia de primera instancia, llegó a la conclusión de que el Juez de la causa fundó su decisión en un análisis integral de los medios probatorios idóneos, para determinar que no procede la nulidad pretendida de la escritura pública en cuestión.
De estas consideraciones se colige que el Auto de Vista recurrido, contrariamente a lo acusado, contiene la fundamentación, motivación y congruencia conforme a los agravios planteados en el recurso de apelación, al haber considerado de manera conjunta dichos agravios expuesto en el punto 1 y 2 de la apelación por guardar relación los argumentos expuestos, por lo que la misma contiene una exposición clara y precisa de los argumentos jurídicos y fácticos que le permitió concluir que correspondía confirmar la Sentencia.
En ese entendido, resultan infundados los argumentos descritos en el inciso a) y b) del Considerando II.1 del presente fallo.
En el fondo.
2. Sobre el argumento expuesto en el inciso c), el recurrente acusó la errónea aplicación e interpretación del art. 145 del Código Procesal Civil; al valorar el documento de transferencia como un documento privado y pretender aplicar el art.
1299 del Código Civil, cuando el postulado versaría sobre la nulidad de una minuta y su respectiva protocolización por inobservancia del art. 1295 del sustantivo civil.
Al respecto, en principio resulta necesario precisar que la supuesta errónea valoración de prueba, acusada por el ahora recurrente, responde a uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación; es así que, de la revisión del recurso de apelación saliente de fs. 541 a 547 vta., se tiene que el apelante, en el punto 2.2.3. precisa que de manera textual "...El segundo elemento a considerar es la otra causal de NULIDAD QUE RADICA EN EL HECHO DE QUE EL PROTOCOLO N° 41 DE 29 DE MARZO DE 1979 CON LA QUE SE PROTOCOLIZA LA MINUTA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1978, HA INCUMPLIDO TAMBIEN CON EL ART. 1299 DEL CC Y ART. 20 Y 25 DE LA LEY DEL NOTARIADO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1950...", es en merito a ello que el Tribunal de alzada estableció en el tercer párrafo de punto
"3.2. En el presente caso", que "...no obstante, y con motivo de atender los primeros agravios acusados por la parte actora, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por la misma hizo una mención específica al precepto legal del Art. 1299 del mismo cuerpo legal.. .0... ingresando una nueva glosa normativa a la ya consignada previamente en la demanda, empero, tal mención no importa una alteración de los hechos facticos expuestos previamente, pues la pretensión central interpuesta en autos materializo su esencia en la nulidad de la transferencia de un lote de terreno como también el protocolo de la Escritura Pública N° 41 de fecha 29/ 03/ 1979." motivo por el cual el Tribunal Ad quem realizó un análisis sobre si el documento pretendido de nulidad se constituía en un documento privado, o no, en ese comprendido concluyó que ha momento de postular la demanda no se contaba con un documento privado, sino con un documento público que cumplió los requisitos prescritos en el art. 1295 del Código Civil, por lo que no concurría la /a c a/cíe .?Jchva taao invalidez de la escritura pública.
Por tal motivo no se advierte que la eventual errónea valoración de la prueba acusada, sea atribuible al Tribunal de alzada, sino obedece al reclamo efectuado en apelación, como se expuso ut supra, siendo que el Ad quem de igual forma se pronunció sobre la minuta de 10 de diciembre de 1978 y la Escritura Pública N° 41/1979 de 29 de marzo, sobre la protocolización de la referida minuta de transferencia, por lo que contrario de lo expuesto en casación no se advierte que se haya aplicado e interpretado el contenido del art. 145 del Código Procesal Civil.
Por lo que, resulta infundado los argumentos descritos en el inciso c) del Considerando II.1 del presente fallo.
3. En relación a los argumentos expuestos en el inciso d), en el que el recurrente acusó la errónea aplicación e interpretación del art. 1295 del Código Civil, al concluir que se cumplió con los requisitos exigidos en dicha norma y establecer que la escritura pública convalido los presuntos vicios de la minuta, sin considerar que: 1. la minuta de 10 de diciembre de 1978 contiene la intervención de un analfabeto y aymarista cerrado, sin la presencia de testigo a ruego ni se deja constancia que el vendedor es analfabeto, y 2. El Protocolo N° 41 de 29 de marzo de 1979 incumpliría con el art. 1299 del Código Civil y arts. 20 y 25 de la Ley del Notariado de 20 de noviembre de 1950; puesto que solo intervendrían dos testigos instrumentales del acto protocolar, que no son testigos del acto jurídico de compra venta y Pedro Mamani Mamani a ruego del vendedor, no es testigo a ruego por ser hijo del transferente.
A fin de dilucidar los agravios expuestos en esta parte, es necesario puntualizar dos aspectos de relevante importancia, en principio conforme el mismo recurrente señala se debe partir por diferenciar el acto jurídico del acto protocolar propiamente, en ese entendido se tiene que el acto jurídico celebrados por las partes intervinientes en la minuta de 10 de diciembre de 1978 saliente a fs. 230 y vta., es la compra venta de un inmueble ubicado en ex hacienda "Irpavi" de una superficie de 221 m2., voluntad que en un inicio fue suscrita en un minuta y posteriormente ratificada con la escrituración del respectivo protocolo, aclarando que el mismo no es un documento privado, sobre el cual debe analizarse si cumple o no con las exigencia de la previsión normativa contenida en el art. 1299 del Código Civil, (previsión normativa incorporada en apelación y reiterado en el recurso de casación).
Bajo esa aclaración, se tiene que el contrato de compra venta conforme se expusó en el Considerando 111.2 del presente fallo, es consensual y no formal; puesto que, el art. 584 del Código Civil de manera textual señala: "La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero", y del análisis e interpretación que este Tribunal realizó a través de diferentes fallos asumió la postura de catalogarlo como consensual, que para su nacimiento solo requiere el acuerdo de las voluntades, sin importar si este lo expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, el perfeccionamiento de este tipo de contrató se da únicamente con el consentimiento de ambas partes, por tal motivo la validez de este negocio jurídico no está sujeto al cumplimiento de formalidades, cosa distinta es su registro ante la oficina de Derechos Reales, que si bien administrativamente requiere formalidades, esto no transforma en solemne el acto jurídico propiamente como es la compra venta.
Bajo ese comprendido, de la revisión de la minuta de 10 de diciembre de 1978, se advierte que la misma contiene un acuerdo de voluntades entre Luis Mamani Mamani (+) y Jaime Monje Ayala sobre la compra venta de un lote de terreno ubicado en el ex fundo Irpavi de una superficie de 221 m2., que fue plasmada de manera escrita y dado su conformidad al imprimir las huellas dactilares del vendedor y la firma del comprador, el citado contrato, al ser uno de compra venta como se dijo se caracteriza por ser típico, conmutativo, oneroso y consensual, que para su perfeccionamiento no requiere una formalidad específica más allá del consentimiento de las partes, como aconteció en el presente caso, por lo que dicho acto jurídico no puede ser acusado de nulidad ni anulabilidad, por el solo hecho de que el transferente fue analfabeto y aymara hablante y por tal razón la minuta debía observar con rigurosidad los requisitos previstos en el art. 1295 del Código Civil, máxime si dicha premisa normativa es aplicable a los documentos públicos, y no a las minutas, documentos que distan en su naturaleza y alcance, tal como estableció el Auto Supremo N° 261/2013 de 23 de mayo, que orientó que la minuta, no es más que la constancia escrita entre las partes contratantes que da cuenta de la existencia del contrato ya realizado, donde se plasma o consigna de manera literal el acuerdo de voluntades, constituyéndose en la base fundamental de la escritura pública.
En ese contexto, los argumentos expuestos en relación a que en la suscripción de la minuta no intervino un testigo a ruego que firme por la persona analfabeta resulta intrascendente su consideración, por la misma naturaleza consensual del contrato de compra venta como se expuso precedentemente, de igual forma sobre la supuesta "cláusula adicional", que a decir del recurrente sería en complementada de manera ilegal con posterioridad a la suscripción de la referida minuta, en principio, este hecho no fue demostrado por el recurrente en el desarrollo del proceso; asimismo, de la revisión de referida minuta, se tiene que y después de las impresiones dactilares del vendedor y la firma de comprador, evidentemente cursa el texto: "Cláusula Adicional.- Interviene en la presente transferencia el señor Pedro Mamani Mamani, hijo del vendedor, dando su plena conformidad a contrato de venta. Fecha Ut supra" firmando Pedro Mamani Mamani C.I. 290628 La Paz, así como el abogado suscribiente para fmalizar el acto, de lo que no se evidencia que tal cláusula haya sido añadida con posterioridad como refiere el recurrente, y que además la existencia de esa cláusula sea determinante para establecer la validez o invalidez del acto jurídico de compra venta.
Ahora bien, los hechos expuestos en la demanda donde se pretende la nulidad de la transferencia efectuada a través de la minuta de 10 de diciembre de 1978 así como de su protocolización, porque el transferente Luis Mamani Mamani (+) fue una persona analfabeta y aymara hablante, situación que determinaría su vulnerabilidad, corresponde ser contrastado en observancia del art. 1295 del Código Civil y los arts. 20 y 25 de la Ley del Notariado de 1858 y Ley de 20 de noviembre de 1950, pero centrado en el segundo acto -que claramente fue identificado por el recurrente-, que llega a ser el acto protocolar de la Escritura Pública N° 41 de 29 de marzo de 1979, puesto que las normativas observadas refieren a los requisitos que debe observarse cuando se suscribe documentos públicos ante la autoridad competente como es la o el Notario de Fe Pública.
En ese contexto, es necesario establecer que el acto protocolar o la suscripción de un documento público conforme lo establece el art. 1295 del Código Civil, que de manera textual refiere que "En los documentos públicos otorgados por personas que no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego por ella y estampara las impresiones digitales del otorgante, haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura pública, aparte de firmar también los testigos instrumentales", dicha previsión establece ciertas formalidades para personas que no sepan o no puedan firman, caso en el cual ingresan las personas analfabetas, aclarando que dicha previsión no establece alguna prohibición para la persona que firme a ruego ni para los testigos instrumentales.
Efectuada dicha aclaración, del análisis del Testimonio Protocolar N° 41/1979 de 20 de marzo, conforme advirtieron de manera correcta los de instancia, dicha escrituración cumplió con los requisitos exigidos por el art. 1295 del Código Civil; puesto que, al finalizar la escritura se encuentra plasmado las impresiones digitales de Luis Mamani Mamani (+), la firma de Pedro Mamani Mamani con C.I. 290628 LP aclarando "A ruego del vendedor firma su hijo por si y su padre" y la firma de dos testigos instrumentales que en el texto se identifica como Macana Ríos M. y Nicolas Vega T., lo que evidencia que se reunió con los presupuestos exigidos en el Código Civil para personas que no sepan firmar por su condición de analfabetos, cuando estos suscriban documentos públicos.
Por otra parte, el recurrente es reiterativo en acusar que la invalidez en el acto protocolar radicaría en que no se observó el art. 1295 del Código Civil en relación a los arts. 20 y 25 de la Ley del Notariado de 1858 modificado por la Ley de 20 noviembre de 1950; toda vez que, en el acto protocolar la persona que firma como a ruego sería hijo de Luis Mamani Mamani (+), por lo que se habría infringido las prohibiciones para testigos establecido en referida Ley del Notariado vigente a la fecha de suscripción del referido acto protocolar.
Al respecto, resulta necesario precisar que el Art. 17 de la Ley del Notariado de 1858 que fue modificado por la Ley de 20 de noviembre de 1950, establecía de manera expresa que: "Las escrituras se otorgarán ante un notario y dos testigos mayores de edad, vecinos del lugar del otorgamiento y que sepan leer y escribir. Sin embargo, en los testamentos se estará a lo dispuesto en el Código Civil.", bajo esa premisa normativa, se entenderá que las prohibiciones establecidas en el art. 20 en relación al art. 16 de la misma norma, hacían referencia a los dos testigos instrumentales que debían concurrir conjuntamente con el notario a momento de otorgase una Escritura Pública, no haciendo referencia expresa a la persona que firma a ruego del que no sabe firmar.
En ese entendido, en la escritura pública en cuestión cursante a fs. 231 a 237, el Dr. Santiago Sotomayor B - Notario de Fe Publica, estableció que se suscribió este instrumento en presencia de los testigos instrumentales, ciudadanos Macario Ríos M. y Nicolas Vega T, mayores de edad, vecinos de esta ciudad y hábiles por derecho, respecto a los cuales no se advierte que incurrían en las prohibiciones establecidas en los arts. 20 en relación al art. 16 de la Ley del Notariado vigente en ese entonces.
Por otra parte, también se reclama el hecho de que no se consignó de manera expresa la condición de analfabeto en la ultima parte de la escritura protocolar, por lo que se habría incumplido con el art. 25 de la referido Ley del Notariado, al respecto de la cita de la última parte de la escritura en cuestión, se tiene que en la parte de "Conclusión" el Notario precisó "...sustentándola previa su lectura, los que saben y el que ignora deja sus impresiones digitales; todos enterados de su tenor...", por lo que no resultar ser evidente lo expuesto por el recurrente, siendo que se dejó expresa constancia que los que ignoran dejan sus huelas digitales, haciendo alusión al vendedor Luis Mamani Mamani (+).
No obstante, los cuestionamientos anteriores que fueron desvirtuados en el presente fallo a fin de dar un respuesta coherente a lo denunciado en el recurso de casación, es menester reiterar conforme a la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, expuesto de manera clara en el Considerando 111.3 de la doctrina legal taao t4 . cluoza 4,/~~ aplicable, que tratándose de documentos públicos la ausencia de firmas de los testigos instrumentales y/ o de ruego en el caso de que una de las partes no sepa o no pueda firmar, así como el hecho de la falta de mención de dicha circunstancia en la parte final de la escritura, no conlleva a la nulidad de dicho acto, máxime si en el presente caso la parte recurrente cuestiona únicamente la forma y no lo consensuado por las partes en la minuta de 10 de diciembre de 1978 y su correspondiente protocolización, el cual trata de un acuerdo de compra venta, que como se precisó ampliamente fue perfeccionado por el solo consentimientos de las partes, de tal modo que el cumplimiento del art. 1295 del Código Civil únicamente es a efectos del registro correspondiente ante la oficina de Derechos Reales para su publicidad y oponibilidad frente a terceros, por lo que los hechos denunciados no se subsumen en la previsión del art. 549 num. 1) del sustantivo civil, normativa invocada en la demanda por el recurrente.
Expuesto lo anterior, no se advierte que los argumentos expuestos en el recurso de casación sean evidentes; puesto que, los de instancia obraron conforme a las normas y la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal.
En ese contexto, los reclamos efectuados en el inciso d) del Considerando II.1 devienen en infundados.
En ese antecedente, a este Tribunal le corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 605 a 512, interpuesto por Julio Enrique Mamani Alvarado, contra el Auto de Vista N° 693/2025 de 04 de noviembre, corriente de fs. 597 a 601 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.
Se regula el honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA • / • ./ • ANTE MI: Yibg. SECRETARIA DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DE IUSIICIA
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0538_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 44ec40f9f2ab422eeff9fbc811bfc02603043677dfe4712ffbd8cddcdd5cff26
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