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AS 0537/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 28 de abril de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
28 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Organo Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1046 a 1051, interpuesto por Luis Coariti Guayhua contra el Auto de Vista N° 735/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1033 a 1040, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos al recurrente. Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0537/2026 Fecha: 28 de abril de 2026 Expediente: LP-36-26-S Partes: Javier Gastón Bermúdez Yariez c/ Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez; e intervención litisconsorcial de Luis Coariti Guayhua (Tercerista coadyuvante). Proceso: Mejor derecho de propiedad y reivindicación. Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1046 a 1051, interpuesto por Luis Coariti Guayhua, contra el Auto de Vista N° 735/2025 de de noviembre, corriente de fs. 1033 a 1040, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y reivindicación seguido por Javier Gastón Bermúdez Yariez contra Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez y la intervención del recurrente; la contestación de fs. 1056 a 1063; el Auto de concesión 11 de febrero de 2026, visible a fs. 1065; el Auto Supremo de admisión N° 0266/2026-RA de 06 de marzo, obrante de fs. 1072 a 1074, todo lo inherente al proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Javier Gastón Bermúdez Yariez por memorial de demanda que cursa de fs. 44 a 45 vta., reiterada de fs. 71 a 72 vta., de fs. 80 a 81 vta., de fs. 85 a 88 y subsanada a fs. 89, promovió el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y reivindicación contra Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez, quienes una vez citados, la primera, según escrito visible de fs. 180 a 185 contestó de forma negativa y, el segundo, por memorial a fs. 190, se adhirió a la anterior contestación.

Por otro lado, por memorial de fs. 278 a 284, Luis Coariti Guayhua se apersonó e interpuso tercería litisconsorcial pasiva, mereciendo el Auto interlocutorio N 135/2022 de 14 de febrero, visible de fs. 491 a 493 vta., que declaró PROBADA la misma; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 141/2024 de 06 de febrero, que cursa de fs. 787 a 795 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 3° de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación, disponiendo que los demandados y el tercerista coadyuvante, restituyan, cada uno, la superficie 200 m2., haciendo un total de 400 m2., de la superficie reclamada de 800 m2, se a favor del demandante, en el plazo del tercer día de ejecutoriada la decisión, bajo apercibimiento de expedirse mandamiento de desapoderamiento; con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Luis Coariti Guayhua conforme escrito de fs. 802 a 806, así como por Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez según memorial de fs. 807 a 812 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 735/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1033 a 1040, que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

- En relación al agravio de que el predio del demandante estaría ubicado en otro lugar; al respecto, dicho aspecto no fue debidamente comprobado por los recurrentes, incumpliendo con la carga de la prueba; así, se adjuntó a fs. 176 plano de la propiedad de Luquichapi, indicando que el mismo se encontraría en la zona de Villa Copacabana; sin embargo, dicho argumento no fue comprobado y, en la revisión de las impugnaciones al informe pericial, que identificó los bienes de las partes; ninguna solicitó o advirtió lo denunciado; en consecuencia, las partes no

"adjuntaron" mayor elemento de prueba que pueda verificar lo alegado; entonces, se tiene identificados los inmuebles y su «posición", conforme prueba pericial de segunda instancia, que tomó en cuenta el registro catastral del demandante, como dato "referencial" de ubicación, que se encuentra ligado al derecho de propiedad, inserto en el folio respectivo.

- Asimismo, conforme informe de Derechos Reales visible a fs. 39, sobre el antecedente dominial de la parte actora, se tiene que recaer en Guillermo Apaza, quien adquirió mediante adjudicación revisitaría, una cuota parte de la sayaña denominada "Luquichapi Macollana", de lo que no se advierte conexión con Benedicta Ticona de Poma y su derecho propietario; consecuentemente, no se tiene agravio sobre la identificación del inmueble.

- Superado lo anterior, en el análisis de los registros de propiedad, para verificar el mejor derecho de propiedad, resultaría erróneo constatar la inscripción y su antigüedad solo entre las partes, conforme jurisprudencia; de ello, en relación a la parte demandante se tiene que el mismo "adquirió" su título de Isabel Ayoroa Rovira y, esta a su vez, de Raúl Cusicanqui Mendoza, del cual deviene del derecho de propiedad de Manuel Olmos R., cuyo origen se encontraba registrado a favor de Guillermo Apaza.

- En cuanto a la parte demandada, Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez, adquirieron su derecho propietario de Mario Callisaya Trujillo, quien &tale, 64 Mole/vía érffamodradai adquirió, por prescripción adquisitiva, siendo el primer registro.

- Finalmente, en cuanto al tercerista Luis Coariti Guayhua, se tiene que adquirió derecho propietario de Valdez Brenda Verónica, quien obtuvo titularidad de Yapu Apaza Ramon, mismo que fue primer registro por prescripción adquisitiva.

- Así, el origen del derecho propietario de los recurrente data de un proceso de usucapión, habiendo sido los propietario originarios Mario Callisaya Trujillo y Ramon Apaza Yapu, quienes demandaron en contra de Gregorio Siles, quien respondió afirmativamente a la pretensión; además, intervinieron otros sujetos;

advirtiéndose que no se tiene relación con el antecedente dominial en relación con la parte demandante, por ende, no se tiene "conexión" entre los registros de las partes intervinientes.

- De esta cadena de transmisiones, sustentada en fs. 38 a 39, 102, 104 a 105 y de fs. 423 a 424, se tiene que el antecedente más antiguo lo tiene el demandante, puesto que el registro propietario de Javier Gastón Bermúdez Yariez encuentra origen en la Partida N° 898, fojas 768 del Libro N° 40 del ario 1967 de fecha 25 de julio de 1967; mientras, el registro de la parte demandada, Carola Amelia Botello y Freddy Encinas Ramírez, el origen deviene de una usucapión registrada en fecha 25 de mayo de 1992 y, en cuanto al derecho propietario del tercerista Luis Coariti Guayhua; se tiene que, el mismo inició en virtud a una usucapión registrada el 24 de abril de 1992; en consecuencia, el análisis realizado por el A quo no resulta erróneo, entendiendo que se verificó el antecedente dominial registrado más antiguo, siendo de la parte demandante, otorgándose el mejor derecho de propiedad.

- La Sentencia no vulnera los derechos de los recurrentes, pues consideró el registro de propiedad y, conforme la norma y jurisprudencia aplicable, se analizó el antecedente dominial para dilucidar el caso de Autos; asimismo, el tercerista sostuvo que no se habría valorado la prueba, como pagos impositivos, informe de levantamiento topográfico, formulario de inspección, plano con coordenadas y otros que demostrarían su titularidad y ubicación del bien inmueble; sin embargo, dichos elementos solo corresponden sean considerados conforme su pertinencia; pues, los relativos a la ubicación del bien ya fueron apreciados en el informe pericial; asimismo, los concernientes a la posesión no corresponde mayor pronunciamiento; debido a que, la causa es de mejor derecho de propiedad, lo que implica análisis de los registros de propiedad y no así la posesión; por lo cual, la autoridad de primera instancia no incurrió en una valoración defectuosa de la prueba.

- En relación a la pretensión de reivindicación, la jurisprudencia "estableció" que el propietario no necesariamente debe encontrarse en posesión del bien inmueble para ser despojado; sino que, cuenta con una posesión civil que le otorga el registro propietario; en lógica consecuencia, al haberse declarado probado el mejor derecho propietario de la parte demandante y encontrándose la acción reivindicatoria "ligada" a esa pretensión y cumplido los requisitos de la misma, corresponde otorgarlo en favor de la parte actora; además, debe considerarse que no se interpuso, por los recurrentes, pretensión que permita aperturar análisis sobre la posesión de la parte demandada desde el ario 2004.

- Finalmente, sobre que la autoridad no hubiere prestado atención a los alegatos; se tiene que, dicho argumento no afecta en el fondo de la decisión arribada; asimismo, sobre el tiempo de trámite de la causa; dicho aspecto no corresponde sea dilucidado en la alzada, puesto que ello debe ser reclamado en la tramitación y ante la autoridad que corresponda, no pudiendo, bajo dicho razonar, revocarse la Sentencia; de la misma forma, sobre que existiría parcialización y negligencia del A quo, "no se evidencia la interposición del recurso correspondiente"; por último, que la autoridad hubiere sacado un papel para dictar que la demanda está probada; se debe considerar, como respuesta, el art. 52 del Protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, deviniendo el actuar únicamente en dictar la parte dispositiva del fallo, estando respaldado por la "normativa" citada.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Luis Coariti Guayhua según escrito visible de fs. 1046 a 1051, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. El recurrente en el recurso de casación acusó que:

En la forma.

a) El Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva, al no realizar un análisis jurídico, autónomo y diferenciado de los agravios planteados limitándose a subsumirlos dentro del análisis general de las partes, no existiendo motivación especifica respecto a la naturaleza jurídica diferenciada del derecho del tercerista;

así como, la incidencia real del fallo sobre su derecho y la omisión de ponderación de su situación jurídica autónoma frente a las partes, tanto demandante como demandados; por lo cual, se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; pues, el fallo debió ser expreso, claro, completo y referirse a cada uno de los sujetos procesales cuando estos tengan interés jurídico propio, por lo que corresponde la nulidad del mismo; sustentando su argumento en la Sentencia Constitucional N° 0213/2021-S1 de 31 de octubre.

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En el fondo.

b) El Auto de Vista incurrió en error de derecho al aplicar de manera absoluta y excluyente el principio de prioridad registral sin efectuar una ponderación integral del mejor derecho propietario; ya que, esté no se define únicamente por la prioridad registral sino por la validez, legitimidad, eficacia del título y la realidad jurídica; así como, por posesión y usufructo del predio; por lo cual, para definir el derecho real no solo es en relación al primero en inscribir; sino el que, realmente sea válido y eficaz; además, que la parte actora nunca ejerció la posesión del supuesto inmueble; por lo que, se habría realizado una valoración defectuosa de la prueba ya que se valoró sólo la prueba de cargo y no de descargo lo que genera inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia.

c) Omisión de análisis sobre la posesión como elemento jurídico relevante; ya que, el Auto de Vista no valoró la posesión prolongada y pacífica del tercerista -recurrente-, no existiendo vinculación con la realidad fisica del inmueble y, a su vez, omitió contrastar dicha posesión con la eficacia real del título contrario; lo que, constituye error sustantivo al vaciar de contenido jurídico a la posesión reconocida por el Código Civil.

d) Incorrecta aplicación del principio de seguridad jurídica, priorizando el registro por encima de la justicia material; ya que, el Auto de Vista consolidó una situación jurídica, sin depurar adecuadamente la "superposición" de derechos en perjuicio del tercerista, ni valorar las observaciones técnicas que realizó a la pericia efectuada; por lo que, debería realizarse un nuevo peritaje con los puntos analizados y omitidos en la pericia, considerando que es un trabajo técnico que debe ser imparcial.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda, respecto al tercerista o en su defecto se anule el fallo, disponiendo una nueva resolución.

2. Contestación al recurso de casación:

Javier Gastón Bermúdez Yáñez representado por Diana Fabiola Bermúdez Gutiérrez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 1056 a 1063, alegando en lo principal que:

- El recurso interpuesto, no cumple con los requisitos de forma exigidos por el Código Procesal Civil, pretendiendo convertir la casación en una tercera instancia mediante la reiteración de argumentos fácticos y probatorios ya resueltos, no acreditándose infracción, interpretación errónea, ni aplicación indebida de norma alguna, no existiendo vicio procesal transcendente que afecte la validez del Auto de Vista.

- Del análisis del Auto de Vista se evidencia que cumple con la exigencia del art. 213 del Código Procesal Civil; pues, expone los antecedentes relevantes del proceso, identifica los agravios planteados en apelación y desarrolla las razones jurídicas por las cuales los mismos no resultan suficientes para revocar la Sentencia de primera instancia; en dicho sentido, no se precisó que punto concreto de la impugnación habría quedado sin pronunciamiento, limitándose a una afirmación genérica de omisión; resultando el planteamiento insuficiente; aun asumiendo la hipótesis de que el fallo existiera alguna irregularidad formal; empero, se cumplió plenamente con la finalidad procesal, que es resolver los agravios y confirmar la Sentencia.

- De la misma forma, el Auto de Vista realizó el análisis exigido por la ley y jurisprudencia; así, se verificó la identidad del inmueble objeto de controversia; se analizó el tracto sucesivo de los derechos en conflicto, se evaluó la validez de los titulo y, finalmente, se constató que el derecho de propiedad de la parte demandante fue inscrito con prioridad en Derechos Reales, sin que el recurrente haya demostrado nulidad, ineficiencia o invalidez del mismo; de ello, conforme la acción de mejor derecho, se resuelve principalmente a partir del análisis registral y antecedente dominial, no pudiendo sustituirse dicho examen por criterios accesorios o meramente fácticos.

- El Ad quem no incurrió en omisión alguna respecto a la posesión; por el contrario, la resolución reconoce implícitamente su existencia, concluyendo que ésta no resulta jurídicamente suficiente para enervar el derecho propietario de la parte demandante, lo cual esta plenamente alineado con la lógica del sistema civil, que distingue entre protección posesoria y la tutela del dominio que se sustenta en el título y su publicidad registral.

- El Auto de Vista no desconoció la existencia ni contenido de la pericia topográfica, por el contrario, la resolución confirma que dicha prueba fue producida y valorada;

pero, se concluyo correctamente que no resulta suficiente para desvirtuar el derecho propietario debidamente inscrito en Derechos Reales; lo que constituye una correcta aplicación de las reglas de la sana critica y del principio de valoración conjunta de la prueba.

- Se sostiene, de manera genérica, que el Auto de Vista vulneraria el principio de seguridad jurídica y diversos derechos fundamentales, entre ello, el derecho de propiedad y debido proceso; sin embargo, el agravio carece de la mínima precisión técnica, pues no identifica con claridad que acto concreto del Tribunal de alzada Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial habría producido dicha vulneración, ni de qué manera habría incidido en la parte resolutiva de la decisión. Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia del recurso por no cumplir los requisitos formales del Código Procesal Civil, de manera subsidiaria, se declare infundado, manteniéndose "firme y subsistente" la Sentencia de primera instancia y el Auto de Vista, de sea con costas y costos. CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO. III. 1. Sobre el per saltum. El Auto Supremo N° 592/2021 de 05 de julio, respecto al tema en particular, razonó: "El per saltum, es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical. En nuestra legislación procesal civil el art. 272 del Código Procesal Civil, describe como parte de la legitimación para recurrir, la obligación de haber apelado de la resolución de primera instancia como requisito para interponer recurso de casación; dicha exigencia es extensible a la cualidad de los agravios que se plantean en el recurso de apelación, pues en caso de que el Tribunal de alzada deniegue el agravio, la parte recurrente podrá refutar dicho criterio, mediante recurso de casación, de esa manera se cumple con el sistema de la doble instancia. Si el apelante no postula determinado agravio y ante un Auto de Vista confirmatorio, no podrá insertar nuevos agravios que no fueron postulados en fase de apelación, salvo el caso de que el Tribunal de alzada, haya considerado nuevos elementos de prueba o asumido por ampliar el criterio del juez para confirmar el decisorio de primera instancia, en tal caso se permite a la parte ampliar la acusación en casación sobre nuevos elementos de prueba o sobre el criterio jurídico ampliado en el Auto de Vista. El Auto Supremo N° 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema refirió: 'De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia...". (Las negrillas nos corresponden). III.2. Sobre la acción de mejor derecho de propiedad. El art. 1545 del Código Civil estatuye que: "Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título". Regla sustantiva que tutela el llamado instituto del mejor derecho de propiedad; en el cual, conforme el doctrinario Carlos Morales Guillen, debe aplicarse el principio del digesto, esto es "qui prior est tempore potior est iure"; es decir, primero en el tiempo, mejor en el derecho. De la interpretación del precepto normativo citado, se colige que la acción de mejor derecho legitima a dos (2) propietarios que tengan registrado derecho o titularidad sobre una misma cosa o bien; por ende, en este tipo de pretensiones se confrontan los títulos de las partes en pugna y, tras realizar la contrastación y prelación del derecho de dominio en relación a la misma cosa, se emite Sentencia declarativa de derecho preferente. Ahora bien, de forma lógica se deriva los requisitos del citado instituto, cual entendemos: Primero, que quien pretenda demandar esta acción, debe acreditar ser propietario de la cosa o bien que tendría otros propietarios, esto a través de su título propietario que imprescindiblemente debe estar inscrito en el Registro Público correspondiente; ello para acreditar que su título es anterior a la inscripción del título de los otros adquirientes del mismo bien, requisito que; además, determinará la legitimación activa y pasiva; es decir, quien demanda y quien será demandado. Segundo, que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen, de no ser así, se deberá acreditar el antecedente dominial de los derechos de propiedad para analizar el tracto sucesivo y determinar cual tiene el antecedente más antiguo, esto para otorgar la preferencia del derecho propietario sobre la misma cosa. Cabe aclarar en este punto que, en un entendimiento anterior, se orientaba a que, para la procedencia de la pretensión de mejor derecho propietario, la disputa entre los propietarios debería versa sobre una misma cosa o bien que hubiere sido transferida por un solo propietario; extremo que, necesariamente fue modulado por este Tribunal, en el entendido de que, en virtud del tracto sucesivo, el juez debe analizar la fuente del derecho propietario de los contendientes, y con ello Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial declarar y reconocer la prevalencia y eficacia jurídica del adquiriente originario, habida cuenta que no sería lógico rechazar la pretensión, siendo que el verdadero y legítimo dueño (por prevalencia registral) presentan títulos eficazmente registrados. Así lo explicó el Auto Supremo N° 648/2013 de 11 de diciembre: "Ahora bien, es posible que en este análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, no se arribe a un antecedente común, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda". En consecuencia, la labor del administrador no se limita a sola la verificación del último asiento registral; sino que, ineludiblemente debe existir una contrastación del tracto registral; así, en caso de evidenciar que las titularidades provienen de origenes diferentes, en aplicación de los principios y valores que persigue nuestro Estado, buscando la Paz Social; siempre y cuando el objeto de discusión sea la misma, debe declarar el mejor derecho por prevalencia y eficacia de los títulos, así podríamos afirmar que el proceso cumplirá su labor teleológica, dando solución al conflicto. Finalmente, como tercer requisito, individualizar y determinar la ubicación exacta del bien inmueble sobre el que se demanda el mejor derecho de propiedad, o en su caso, determinar la sobre posición total o parcial en la fracción, si es que seria el caso. Sobre este requisito es necesario resaltar que el mismo es de suma importancia, pues quien pretenda la declaración del mejor derecho está en la tarea ineludible de acreditar de forma clara, precisa y cierta la individuación de la cosa o bien sobre la que afirma tener derechos y, esto, idealmente, con medios probatorios especializados conforme el avance tecnológico de la sociedad, contrario sensu, la pretensión deberá ser rechazada, habida cuenta que es ilógico tener por validos derechos sobre una cosa ajena. CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN. Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo. En la forma. 1. En relación a la acusación del inciso a); en el entendido de que, el Auto de Vista incurriría en incongruencia omisiva al no realizar un análisis jurídico, autónomo y diferenciado de los agravios planteados, no existiendo motivación especifica respecto a la naturaleza jurídica diferenciada del derecho del tercerista; así como, la incidencia real del fallo sobre su derecho y la omisión de ponderación de su situación jurídica autónoma frente a las partes; por lo cual, se vulneraria el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, correspondiendo la nulidad, conforme la Sentencia Constitucional N° 0213/2021-S1 de 31 de octubre. Sobre este particular, en concordancia con lo expuesto en el apartado III.1 de la presente resolución, es imperativo recordar que, conforme el diseño recursivo previsto en nuestro ordenamiento procesal, la interposición de un recurso ante este Tribunal está supeditado al agotamiento previo e integro de todas las instancias ordinarias como condición sine qua non, este requisito no se constituye en un mero formalismo procesal; sino que, se erige como un pilar fundamental del sistema recursivo, garantizando que solo aquellos agravios que fueron debidamente acusados y examinados en la instancia precedente, puedan ser objeto de análisis ante el presente Tribunal, conforme al principio de preclusión y economía procesal. En ese marco, tras un exhaustivo examen del recurso de apelación de fs. 802 a 806 que -conjuntamente el escrito de fs. 807 a 812 vta.- dio origen al Auto de Vista N° 735/2025 de 17 de noviembre, ahora impugnado, no se tiene que el recurrente planteó o acusó la supuesta vulneración a su calidad de tercero litisconsorcial pasivo, debiendo, el Ad quem, emitir pronunciamiento "diferenciado" y ponderado en relación a las partes originarias; circunstancia que resulta determinante en la presente alzada; toda vez que, en aplicación estricta del per saltum, este Tribunal apertura competencia solo en relación de los argumentos o motivos que se acusaron ante el Tribunal de apelación; extremo que en el caso no se tiene. En efecto, el citado recurso de apelación de fs. 802 a 806, plantea, en calidad de agravios, el hecho de que: a) su registro propietario se encontraría registrado primigeniamente, con una data de 4 años, 9 meses y 5 días, antes que el del demandante; b) no se habría tomado en cuenta la prueba judicializada, como ser plano de la propiedad Luquichapi, que hubiera sido otorgado por el Instituto nacional de Reforma Agraria (INRA), que establecería el antecedente dominial de Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial ubicación del predio de Benedicta Ticona de Poma, situado en la zona de Villa Copacabana del departamento de La Paz y no así en Sopocachi; concordante con el certificado de tradición presentado por el actor; c) valoración defectuosa de las pruebas presentadas como terceristas, habiendo sido ignoradas, llevando al Juez a tomar una decisión errada; máxime, cuando en la alocución de los alegados el administrador se durmió. En ese antecedente, queda claro que el motivo explanado actualmente por el recurrente (pronunciamiento autónomo, diferenciado y ponderado sobre su derecho como tercerista), no fue planteado ante el Tribunal de segunda instancia; en consecuencia, no se permitió pronunciamiento previo del mismo; lo cual, en coherencia con los datos del proceso y el citado principio per saltum, el recurrente no puede insertar nuevos agravios que no fueron postulados en fase de apelación; pues ello torna en infundado sus reclamos. En el mismo marco, cabe precisar que el reclamo no expone de forma clara y precisa que cargo, expuesto en el recurso de apelación, no hubiera sido respondido por el Ad quem; por ello, la afirmación de supuesta incongruencia omisiva no resulta evidente; además, se tiene presente que si bien el Auto de Vista concentro los argumentos de ambos recurrentes (demandados y tercerista); empero, ello de ninguna forma implica per se, la falta de pronunciamiento sobre algún motivo de impugnación; más cuando, como en la especie, existen respuestas sobre cada uno de los reclamos. Por lo expuesto, no corresponde acoger el cargo en análisis; por cuanto, el Auto de Vista tiene pronunciamiento sobre todos los cargos expuestos por el recurrente. En el fondo. 2. A efectos de evitar la reiteración, así como la dispersión argumentos, procederemos al análisis y respuesta de los cargos expuestos en los incisos b) y c); más aún cuando los mismos están correlacionado en sentido de que, el Auto de Vista hubiera incurrido en error de derecho al aplicar de manera absoluta y excluyente el principio de prioridad registral, sin efectuar una ponderación integral del mejor derecho propietario; ya que, esté no se definiría únicamente por la prioridad registral sino por la validez, legitimidad, eficacia del título y la realidad jurídica; así como, por posesión y usufructo del predio; además, la parte actora nunca ejerció la posesión del supuesto inmueble; por lo que, se habría realizado una valoración defectuosa de la prueba; además, que -reitera- no se valoró la posesión prolongada y pacífica del tercerista -recurrente-, no existiendo vinculación con la realidad fisica del inmueble y, a su vez omitió contrastar dicha posesión con la eficacia real del título contrario; lo que, constituye error sustantivo al vaciar de contenido jurídico a la posesión reconocida por el Código Civil. Al respecto, conforme se analizó en el Considerado III.2, el instituto del mejor derecho de propiedad, regulado por el art. 1545 del Código Civil, advierte requisitos para su procedencia; habida cuenta que, el mismo tiene la finalidad de establecer la preferencia entre dos o más propietarios respecto a un mismo bien o cosa; de ello, el primer requisito, necesario e infranqueable, es que los contendientes acrediten la propiedad por medio de un título -valido y eficaz- registrado en Derecho Reales; lo segundo, que la titularidad dominio de los contendientes provengan de un mismo origen; en caso diverso, establecer la prevalencia registral; finalmente, la determinación e individualización exacta del bien inmueble. Marco normativo-jurisprudencial que, en el caso de Autos, fue subsumido correctamente por los de instancia; toda vez que, inicialmente, se corroboró la titularidad de dominio de los contendientes; y en ese marco, se tamizó el dominio primigenio del actor; por cuanto, el mismo deriva del derecho de propiedad de Guillermo Apaza, quien registro bajo la partida 898, fojas 768 del libro 40 de 1967 de fecha 25 julio de 1967; por su parte, del ahora recurrente, se tiene que su derecho propietario tuvo su génesis (primer registro por usucapión) en Ramón Yapu Apaza, ello bajo la Partida N° 01157931 de 24 de abril de 1994; por ello, lógico declarar la prioridad de derechos a favor del actor; dado que, no se hace razonable reconocer preeminencia de derechos del recurrente sobre una cosa ajena -dominio del demandante-; habida cuenta que, en los hechos, la propiedad de la cosa debatida claramente fue prevenida por los causantes registrales de Javier Gastón Bermúdez Yáñez desde 1967. Detalle último que conduce a la coherencia del análisis característico del mejor derecho de propiedad; pues, el registro del título de adquisición repercute en su oponibilidad frente a terceros; por ende, su prioridad de reconocimiento de derechos sobre la cosa; en el caso concreto, el demandante tiene mejor título y registro que los demandados y tercerista -ahora recurrente; en dicho marco, los títulos del actor en ningún momento fueron objeto de cuestionamiento; y mucho menos fueron dejados sin efecto; en consecuencia, actualmente tienen total validez, legitimidad y eficacia; por lo cual, irrazonable desconocer los efectos que los mismos producen en el ámbito registral y jurídico de la propiedad; por todo ello, la declaración de mejor derecho de propiedad de ninguna forma desconoce la validez, legitimidad y eficacia del título, como sostiene el recurrente; sino que, conformar elementos que hacen procedente el reconocimiento de preferencia. Detalle que enerva los argumentos de ponderación sobre de la realidad jurídica y posesión que se ejerce sobre el predio disputado; pues, estos elementos, a priori, Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial conforme lo expuesto, no pueden supeditar los efectos de los títulos y su registro; empero, su consideración únicamente podrá ser vislumbrada, conforme la doctrina, al momento de encontrarse parámetros símiles de propiedad; extremo que en el caso, no se tiene, pues como se dijo, la propiedad en disputa fue oponible -a favor del actor- desde el registro efectuado bajo la partida 898, fojas 768 del libro 40 de 1967 de fecha 25 julio de 1967. Por lo expresamente expuesto, no corresponde acoger favorablemente los cargos de la impugnación; habida cuenta que, no se evidenció error alguno, por parte del Ad quem, al momento del aplicar el instituto del mejor derecho de propiedad; menos, la posesión alegada, puede ser fundamento, en el caso concreto, para desconocer los efectos de los títulos de propiedad y su debido registro, por todo ello, se tiene por infundado lo alegado. 3. En relación al cargo expuesto en el inciso d), alegándose que existiría incorrecta aplicación del principio de seguridad jurídica, priorizando el registro por encima de la justicia material; ya que, el Auto de Vista habría consolidó una situación jurídica, sin depurar adecuadamente la "superposición" de derechos, ni valorar las observaciones técnicas que se habrían realizado a la pericia efectuada; por lo que, debería realizarse un nuevo peritaje de forma imparcial. Al respecto, es de resaltar que el argumento referido a la priorización del registro en relación a la "situación jurídica" ya fue superada supra; en sentido de que, la posesión que ejerce el recurrente no puede ponderarse por encima del derecho válido, eficaz y oponible del demandante; máxime, cuando la pretensión у la intervención del ahora recurrente (tercerista litisconsorcial pasivo) deviene precisamente en la finalidad de establecer la preferencia entre dos o más propietarios respecto a un mismo bien o cosa -mejor derecho de propiedad-; por lo cual, acoger el reclamo del recurrente repercute en la irracionabilidad del debate jurídico. Ahora bien, sobre la "valoración" a las observaciones "técnicas" que se realizaron a la pericia producida en segunda instancia y que, por las mismas, debería realizarse un nuevo peritaje de forma imparcial; al respecto, se tiene que dicho cargo únicamente es una remembranza de la "impugnación" opuesta en el memorial de fs. 979 a 980 vta., el cual fue resuelto por el Ad quem por Auto de 20 de agosto de 2025 visible a fs. 1012 y vta.; en consecuencia, desde ningún punto de vista se puede considerar como agravio dicha reminiscencia del recurrente. Asimismo, se considera que el argumento del recurrente no tiene bases fácticas para ser acogida de forma favorable, en el entendido de que la valoración otorgada por el Ad quem no infringe el sistema de valoración razonable de la prueba; máxime cuando, el mismo no concibió de forma plena el alcance del art. 201.II del Código Procesal Civil; en sentido de que la impugnación a la pericia debe estar justificada en pruebas, y no, con el caso concreto, en simple retórica; pues, las mismas no enervan las conclusiones arribada en sentido de la existencia de sobreposición de los bienes de los demandados en relación al predio del actor. Por lo explicado, resulta infundado lo alegado por el recurrente; toda vez que, no se evidencio error en la valoración del dictamen pericial producido en segunda instancia. En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión del recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Organo Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1046 a 1051, interpuesto por Luis Coariti Guayhua contra el Auto de Vista N° 735/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1033 a 1040, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos al recurrente. Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000. Registrese, comuniquese y devuélvase.

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0537_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2cb4cf4b289b82ca76483d35e9d16c5a62470b5be14fb799f1d9673b54c46935

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