Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de abril de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Organo Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 391 a 394 vta., interpuesto por José Luis Masanes de Chazal, representado por Carola Salcedo Vargas, contra el Auto de Vista N° 87/2025 de 01 de octubre, corriente de fs. 382 a 386 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos. Se regula los honorarios del profesional que contestó al recurso en la suma de Bs. 1.000.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. Las hojas 14 a 16 del PDF son imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0510 /2026 Fecha: 27 de abril de 2026 Expediente: SC-28-26-S Partes: Reina López de Mendoza c/ José Luis Manases de Chazal y presuntos propietarios. Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria. Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 391 a 394, interpuesto por José Luis Manases de Chazal contra el Auto de Vista N° 87/2025 de 01 de octubre, corriente de fs. 382 a 386 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, DE Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Reina López de Mendoza contra el recurrente y presuntos propietarios; contestación de fs. 404 a 408 vta.; el Auto de concesión de 22 de enero de 2026, visible a fs. 409; el Auto Supremo de admisión N° 0258/2026-RA de 06 de marzo, saliente de fs. 415 a 417; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Reina López de Mendoza, por memorial de demanda que cursa de fs. 18 a 19, subsanado a fs. 33, fs. 41, fs. 59, reiterada de fs. 66 a 67, ampliada y aclarada a fs. 109 y fs. 112, promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria contra José Luis Manases de Chazal y presuntos propietarios, quienes una vez citados, mediante decreto de 14 de noviembre de 2019 cursante a fs. 86 y vta., se designó abogado defensor de oficio a la abogada Marcia Denisse Useda Villarroel, para los presuntos propietarios, quien por memorial a fs. 88, se apersonó y contestó de manera negativa; por memorial de fs. 123 a 126 vta., José Luis Manases de Chazal se apersonó, contestó de manera negativa, opuso excepción de demanda defectuosamente propuesta y reconvino por reivindicación; pretensiones que merecieron el Auto de 08 de abril de 2021, obrante a fs. 233, que declara por no presentada la demanda reconvencional de reivindicación; Auto de 29 de mayo de 2022, obrante de fs. 243 a 244, que declara probada la excepción disponiendo que en el plazo de tres días se dé cumplimiento a lo establecido por el art. 110 num. 4 del Código Procesal Civil; Auto de 07 de junio de 2022, obrante a fs. 248 y vta., que declara por no presentada la demanda principal, Auto de Vista N° 203/2022 de 06 de febrero, obrante de fs. 272 a 274 vta., que anula el Auto de 07 de junio de 2022; Auto de 12 de octubre de 2023, saliente a fs. 308 vta., que declara improbada la excepción interpuesta; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 19 de abril de 2024, cursante de fs. 326 a 330 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 11 de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que se constituya derecho propietario en favor de la demandante, su registro ante oficinas de Derechos Reales, el reconocimiento de las mejoras introducidas por la demandante y declarándose la prescripción y cancelación del derecho propietario del demandado con relación a la superficie útil de 734.80 m2.
de la Matrícula N° 7.01.1.99.0142307.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por José Luis Manases de Chazal representado por Carola Salcedo Vargas según escrito de fs. 350 a 354, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 87/2025 de 01 de octubre, corriente de fs. 382 a 386 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada bajo los siguientes fundamentos:
- El reclamo de no haber citado a Jorge Córdova Serrudo -titular de una hipoteca judicial- no constituye invocación de un agravio para el apelante, pues no invoca vulneración propia a su derecho a la defensa, si consideraba necesaria su integración debió invocarla oportunamente y no dejar el reclamo recién en apelación.
- La Sentencia realiza una valoración integral de la prueba, señala la certificación de SAGUAPAC, que acredita que la demandante cuenta con dicho servicio básico desde el 24 de enero de 2005, no existiendo duda de que el fallo apelado tiene logicidad y motivación correcta, en nuestra realidad es perfectamente posible que las familias de estratos medios subsistan solamente con el servicio de agua potable prescindiendo de energía eléctrica, todo ello fue valorado por el Ad quem al considerar las mejoras y construcciones de una antigüedad de 15 arios certificado por la Secretaría Municipal de Planificación y Gestión Urbana de Santa Cruz, así como la prueba testifical efectuada en la causa.
- Sobre la tacha de testigos, el demandado no presentó tacha alguna, dejando caducar su derecho, no pudiendo enervar el valor probatorio por las causales previstas por el art. 169 del Código Procesal Civil; asimismo, la Sentencia no dispuso ninguna anulación de Matrícula madre, sólo dispuso el derecho propietario de la demandante vía usucapión, sólo sobre la superficie parcial.
A4utit &ay- ?A ny,a/no '
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por José Luis Masanes de Chazal representado por Carola Salcedo Vargas, mediante escrito de fs. a vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.
1. El recurrente en el escrito de casación acusó:
En la forma.
a) Violación al debido proceso y seguridad jurídica, no se habría hecho una compulsa debida del agravio de falta de integración al proceso del acreedor hipotecario Jorge Córdova Serrudo, al señalar que no es trascendental para disponer la nulidad, el propio Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 788/2021 de 09 de septiembre, que ordenó la integración al proceso al acreedor hipotecario o en su defecto a sus herederos, por lo que los vocales no respetaron la línea jurisprudencial al escudarse que dicho aspecto no se habría reclamado antes, correspondiendo la nulidad del Auto de Vista recurrido, anulando obrados hasta fs. 306, disponiendo la citación al acreedor hipotecario o a sus herederos.
b) Incongruencia omisiva y falta de respuesta a los 4 agravios reclamados en el recurso de apelación, el Auto de Vista no habría otorgado respuesta fundada y motivada a todos los argumentos re mrsivos, vulnerando el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva.
En el fondo.
c) Yerro en la valoración de la prueba documental, la respuesta otorgada por el Ad quem ha sido incoherente y parcial al indicar que las familias pueden subsistir sólo con agua potable y no con energía eléctrica para demostrar la posesión, todo ciudadano de Santa Curz conoce que la Cooperativa Rural de Electrificación CRE no instala el servicio sino se tiene construido al menos un lote de terreno; asimismo no ha cotejado correctamente las pruebas documentales que demostrarían que la demandante no tiene posesión por más de 10 arios, toda vez que la prueba de fs. 107 expresa que la conexión de energía eléctrica se realizó el 11 de enero de 2011, por lo que la posesión se habría interrumpido a los 7 años.
d) Valoración sesgada de los testimonios de testigos, su declaración se produjo el 12 de octubre de 2023, lo que quiere decir que la demandante estaría en posesión desde el mes de octubre de 2008, pero la demanda fue ingresada el 06 de abril de 2018, por lo que tendría una posesión de apenas 9 arios y 6 meses, las declaraciones testificales no determinan un tiempo establecido de la posesión, produciendo error en la apreciación de dicho elemento de prueba.
e) Aplicación indebida del art. 138 con relación al art. 1286 del Código Civil, los fundamentos del Auto de Vista no responderían a la sana crítica y a la verdad material al avalar una resolución judicial parciali7ada, si bien reconocen que existe prueba que hace dudar el inicio de la posesión, deciden tomar el documento de fs. 36 que certificaría la instalación de agua potable el año 2005, pero dicha prueba no sería confiable ni fidedigna para contabilizar el inicio de la posesión, pues para instalar agua potable en Santa Cruz no se requiere tener mejoras o construcciones, mientras que para el servicio de luz si req iere construcciones en el lugar de conexión, aspectos que no habrían sido considerados por los vocales.
En mérito a dicho marco de argumentos, la parte recurrente solicitó se disponga la nulidad del Auto de Vista N° 87/2025, ordenando la emisión de una nueva resolución, o en caso de dar curso al recurso de fondo, se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda.
2. De la contestación al recurso de casación.
Reina López de Mendoza, mediante memorial de fs. 404 a 408 vta., contestó al recurso de casación alegando lo siguiente:
- El recurso de casación carecería totalmente de técnica recursiva casacional, ya que en ninguna parte señala la ley infringida o que motivo apelado no se habría atendido, el Auto de Vista respondió la apelación en función a los agravios expresados, si el recurrente consideró que el Auto de Vista le genera algún agravio, se debió cuestionar en la forma los fundamentos que sustentan dicha decisión y demostrar cual fue el o los agravios desatendidos; sin embargo, el recurso de casación siquiera menciona un solo aspecto que haga al fondo de la controversia.
- La valoración de la prueba debe ser realizada en conjunto, en la causa se ha valorado que en el inmueble existen mejoras, y si bien se cuenta con energía eléctrica, dicha situación no amerita ni sustenta dicho reclamo, resultando malicioso considerar la fecha de dicha certificación; se ha demostrado que la demandante ya tenía la posesión desde mucho antes del ario 2010, por lo que la prueba fue valorada correctamente.
- En cuanto a la valoración de la prueba testifical, no obstante, de que dicho agravio no fue contemplado en apelación, nótese que la demanda reconvencional de reivindicación fue propuesta el ario 2020 y declarada por no presentada el 08 de abril de 2021, por lo que alegar que se ha interrumpido el plazo de la prescripción adquisitiva resulta errado, por cuanto conforme el art. 136 del Código Civil, debió haber interrumpido conforme las disposiciones del art. 1503 del Código Civil, lo Mcifivra Ky,a/no-~ cual no sucedió por cuanto su demanda reconvencional no surtió efectos interruptivos.
Por lo expuesto, la parte demandante solicitó se declare infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma, con costas y costos.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO.
111.1. De la usucapión como modo de adquirir la propiedad y la posesión como elemento principal de la usucapión.
En el Auto Supremo N° 310/2024 de 11 de abril, se manifestó que: "El Código Civil en el art. 138 respecto a la usucapión decenal o extraordinaria señala: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.'
El Tribunal Supremo de Justicia en casos similares desarrolló y expuso vasta jurisprudencia en cuanto a la usucapión como modo de adquirir la propiedad, así, el Auto Supremo N° 986/ 2015 de 28 de octubre, emitido por la Sala Civil indica: 7...) el art. 110 del CC, de manera general refiere: 'la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión...' asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art.
138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.' acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado, en cuanto al tema de la usucapión refiere: 'La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado. nuestra legislación civil permite como un modo de adquirir la propiedad la usucapión, cuyo elemento esencial es la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida de una cosa sea inmueble o mueble sujeto a registro, por un tiempo determinado y según las reglas, condiciones y requisitos para cada caso.
(• • .)
En el caso que nos compete resolver debemos analizar la usucapión decenal o extraordinaria descrita en el art. 138 del sustantivo civil, para ello nos remitimos al Auto Supremo N° 410/2015 de 09 de junio, emitido por la Sala Civil, que fundamenta: 'el art. 138 del Código Civil preceptúa que: 'La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años';
asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; (...) ( ...) se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión (..)'. (Las negrillas fueron añadidas)
A diferencia dela usucapión quinquenal u ordinaria cuyos requisitos son la posesión por cinco años computables a partir de la inscripción del título, un justo título e intervenir la buena fe; la usucapión decenal o extraordinaria solamente impone como requisito la posesión durante el plazo de diez años, sin dejar de lado que la misma debe ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, no pudiendo prescindir además, de los elementos principales de la posesión como son el corpus y el animus, la usucapión decenal o extraordinaria no requiere mayor prueba que demostrar la posesión mínima de diez años del inmueble a usucapir".
111.2. Con relación a la valoración de la prueba.
Sobre esta temática el Auto Supremo N° 252/2022 de 19 de abril, en su doctrina legal aplicable expresó que: "...el doctrinario Antezana refirió que la valoración de la prueba `...Consiste en el análisis crítico e integral, del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica probatoria. Este análisis, persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad, respecto al fundamento de las pretensiones hechas a valer...' (ANTEZANA Palacios, Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Judicial, 1999, Tomo 1, pág. 309), por su parte el jurista Palacio expreso que: '...La apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso... ' (PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 411) citas doctrinarias, que nos permiten concluir que: 'La valoración de la prueba es: '...el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, de ) ia a una afirmación sobre hechos controvertidos (...) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia"
(Auto Supremo N° 508/2019 de 23 de mayo).
En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo N° 532/2021 de 14 de junio de refirió que: `...que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.11, describe que: 'Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio... ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.
Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.11), cuando esta dice `...salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta', introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.
En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.
Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución...".
111.3. El principio de personalidad del agravio.
La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0801/2013 de 11 de junio, estableció el siguiente razonamiento: "Este principio, como señala Pedro Donaires Sánchez, se encuentra íntimamente vinculado a la vigencia del principio dispositivo; pues, a decir de éste 'aun cuando, actualmente, la inclinación de los sistemas procesales es hacia el predominio del principio publicístico; sin embarg en lo que se refiere a la impugnación, la vigencia del dispositivismo es absoluta como sostiene Gozaini (1993); y, esto, tiene relación con el principio procesal del 'Interés del perjudicado o agraviado'; ya que, 'Los medios impugnatorios se plantean y tramitan a pedido de parte únicamente'.
De acuerdo a este autor, que hace referencia al 'principio de la personalidad de los medios impugnativos', éste significa que 'La impugnación se da en la medida en que una parte la plantea y con respecto a ella, y no a otros sujetos procesales. Es una manifestación del derecho de acción. Como consecuencia, queda limitada la facultad revisiva del órgano revisor a los derechos o agravios invocados por la parte que impugna, a la cual se le exige, como ya hemos visto, u interés personal. (...)
Atado ?A ya92,0 ,
A)kuict o4rial
Finalmente, a tiempo de desarrollar los principios de impugnación, hace mención a las 'Limitaciones a la recurribilidad', indicando que, 'La impugnación no es ejercida de manera irrestricta. No se permite la apelación por la simple apelación; el impugnante debe reunir los requisitos para su ejercicio, de no reunirlos, la impugnación resulta improcedente. Asimismo, no todos los actos son recurribles por previsión de la propia norma procesal".
Ahora bien, sobre este tema también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la SC 0437/ 2007-R de 4 de junio, estableciendo lo siguiente: 'El requisito del agravio, denominado por la doctrina procesal como interés, gravamen o personalidad del agravio, es uno de los elementos de la impugnabilidad subjetiva -junto al reconocimiento que hace la ley a las partes para que pueden interponer el recurso-, que conforma el conjunto de requisitos establecidos por la ley a los sujetos procesales, legitimándolos para recurrir'.
Por lo que, podemos concluir que, entre los requisitos para la presentación de los recursos de impugnación, ya sea de apelación o casación, está el que la misma sea realizada por la persona directamente afectada en aplicación del principio de personalidad del agravio, vinculando al recurrente a determinadas exigencias con relación a la sentencia, para la admisión de su recurso."
111.4. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 180/2018-S3 de 22 de mayo, en su acápite 111.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones., haciendo alusión a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0386/2015-S2 de 08 de abril, señaló que: "...el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.
Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas', coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Por su parte la congruencia se refiere a 'la relación que debe existir entre lo peticionado, lo considerado, la cita de pruebas y normativas legales aplicables al caso concreto"
De lo expresado concluimos que la fundamentación y motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos deben estar debidamente motivados y tienen que tener un sustento jurídico; es decir, tienen que estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho que tenga relación entre lo peticionado y lo considerado.
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación.
En la forma.
1. Iniciando con el análisis del agravio identificado como inciso a) por el que acusa violación al debido proceso y seguridad jurídica al no haber estimado el Tribunal de alzada, el agravio de falta de integración al proceso del acreedor hipotecario de (pá z plasmado en el recurso de apelación.
Para atender dicho reclamo, resulta necesario traer a colación el razonamiento explanado en el epígrafe 111.3. del presente fallo, que determinó que, toda petición de nulidad en ejercicio de los medios recursivos u otro de similar índole que implique un retrotraigo de obrados, debe emanar únicamente de aquellos a quien le afectó el derecho a la defensa y les haya causado una lesión insubsanable a sus propios intereses; habida cuenta que, nadie puede alegar su favor un vicio ajeno, siendo facultad restringida de la parte perjudicada salir en defensa de sus intereses y no otras personas, esto conforme el principio de personalidad del agravio.
Conforme tal entendimiento, de la revisión de los antecedentes de la causa se tiene que, la parte demanda -ahora recurrente- a tiempo de apelar la Sentencia emitida en primera instancia, planteó como uno de los agravios planteados, un error in procedendo relativo a una supuesta falta de integración a la causa de un tercero titular de un gravamen hipotecario consignado sobre el bien objeto del proceso de usucapión; sin embargo, tal como razonó el Tribunal Ad quem, mal podría el demandado salir en defensa de un perjuicio del cual le resulta ajeno; habida cuenta que dicha supuesta falencia de orden procedimental, sólo puede ser reclamada por la parte perjudicada -en este caso el titular del gravamen-, más no puede plantearse como argumento recursivo por el demandado en pro de justificar una pretensión recursiva anulatoria, por cuanto el planteamiento de los agravios debe realizarse en la medida del perjuicio personal que hubiere sufrido.
Es así que, siendo que todo agravio debe emanar por la persona directa y únicamente afectada por la vicisitud procedimental y no otros que le resulten ajenos -menos aún por aquellos que hubieren coadyuvado o permitido en su producción-, la desestimación del merituado agravio por parte del Tribunal de apelación, se halla justificada, máxime si la parte demandada no justificó fehacientemente cómo y en qué forma el aludido vicio le hubiere afectado en sus propios intereses.
Por lo cual, al no existir mérito alguno en dicho reclamo, corresponde ser desestimado.
2. En relación al reclamo rotulado como inciso b) concerniente a una supuesta incongruencia omisiva, al no haberse dado respuesta a todos los reclamos planteados en apelación, vulnerando el debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva.
Al respecto, conforme preceptúa el punto 111.4. de la doctrina aplicable, tanto la fundamentación, motivación así como la congruencia, son elementos que atingen exclusivamente a la estructura de la resolución recurrida, mismos que exigen que, todo fallo debe explicar de manera clara -más no ampulosa o extremadamente detallada- y debidamente sustentada en derecho, las razones que justifican su decisión, el cual debe guardar plena coherencia entre lo solicitado y lo otorgado, pues en caso de que no se hayan cumplido tales elementos del debido proceso, ameritará una sanción de índole formal (anulatorio), siempre y cuando resulten gravitantes, pues debe ponderarse en la medida d la afectación de los otros derechos, garantías y principios constitucionales.
Conforme tal directriz, de la revisión y análisis del Auto de Vista N° 87/2025 de 01 de octubre, una vez descritos los antecedentes procesales de relevancia y la exposición de los fundamentos jurídicos, identificó todos los cargos recursivos planteados vía apelación consistentes en: 1. error de hecho en la valoración de la prueba documental, 2. valoración ambigua y desleal de la prueba testifical, 3. aplicación indebida del instituto de la usucapión, errónea motivación y fundamentación de la Sentencia, 4. incongruencia entre lo pedido en la demanda y lo resuelto en Sentencia, y 5. falta de integración al proceso del acreedor hipotecario.
En base a tal marco de argumentos recursivos, el Tribunal Ad quem procedió, mediante su Considerando 11.4. a considerar y absolver cada uno de ellos, manifestando que, la falta de integración del titular del gravamen no constituye una invocación a su propio derecho a la defensa, además de haber operado la preclusión y convalidación al no reclamarse oportunamente; asimismo, puntualizó que la Sentencia si realizó una valoración integral de la prueba, indicando las pruebas conducentes y concordantes con el objeto de la prueba, siendo totalmente inviable que, una familia de estratos medios subsista con el servicio de agua, prescindiendo del servicio de electricidad, y que la posesión fue demostrada mediante las mejoras y construcciones efectuadas sobre el bien que datan de una antigüedad de aproximadamente 15 arios, así como las certificaciones expedidas por el ente municipal, que son coincidentes con la prueba testifical, señalando que en ningún momento se planteó la tacha de testigos, por último manifestó que, la superficie demandada consta de una fracción parcial del total del bien de propiedad del demandado.
De esta breve pero puntual descripción del razonamiento analítico efectuado por el Tribunal de alzada, no se llega a vislumbrar carencia de una debida motivación o fundamentación; asimismo, tampoco se detecta posibles contradicciones entre su parte considerativa y la parte dispositiva, menos haberse omitido absolver todos los puntos de reclamo como se manifiesta en el recurso de casación; por cuanto, aún de resultar ceñido el análisis efectuado en el Auto de Vista, esta cumplió con su deber de abarcar todas las pretensiones recursivas y otorgar respuesta a todas ellas en la medida en que estas fueron propuestas, no debiendo confundirse la falta de fundamentación, motivación y congruencia con la mera disconformidad del análisis efectuado.
Por lo cual, este Tribunal no encuentra sustento en dicho reclamo de orden formal, correspondiendo su rechazo.
En el fondo
3. Respecto a los agravios plasmados en los incisos c), d) y e) mediante los cuales se reclama error en la valoración de la prueba documental y testifical, ya que no demostrarían una posesión por más de 10 arios, y aplicación indebida de los arts.
138 y 1286 del Código Civil, al considerar una certificación de instalación de agua potable como fecha de inicio de posesión, a pesar de que la misma no sería fidedigna, y no haberse estimado la certificación de instalación de energía eléctrica, al conllevar un mismo sentido recursivo, se los absolverá de forma conjunta.
A fin de atender de forma debida los merituados cargos, corresponde rememorar brevemente el entendimiento doctrinal asumido por este Tribunal, descritos en los epígrafes 111.1. y 2. del presente fallo, los cuales disponen que, la usucapión decenal o extraordinaria, como forma originaria de adquirir la propiedad, debe ineludiblemente cumplir con el elemento esencial de la posesión por el lapso de 10 arios en sus dos acepciones, tanto el corpus y el animus, misma que debe ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, los cuales deben ser demostradas conforme las reglas de valoración probatoria; es decir, debe evidenciarse dicho elemento de posesión mediante el análisis integral de todos los medios de prueba debidamente producidos en la causa y no así de manera individual o aislada, a objeto de demostrar y crear convicción en el juzgador el cumplimiento de los presupuestos de la demanda de usucapión.
En el caso de Autos, la pretensión de usucapión decenal y reconocimiento de construcciones planteada por la parte actora es consistente en el bien inmueble ubicado en el barrio Bibosi de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidad Vecinal N° 206, Manzana 16, Lote N° 5, de superficie 734.80 m2., mismo que se encuentra inmerso en el bien inmueble de propiedad del demandado José Luis Masanes de Chazal -ahora recurrente- registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.01.4230.
A objeto de sustentar dicha demanda, se propuso y produjo como pruebas de cargo pruebas documentales consistentes en plano de levantamiento topográfico del bien, facturas por los servicios básicos de agua y energía eléctrica, placas fotográficas, certificación de Junta vecinal, avalúo comercial, certificado de no propiedad de la demandante, certificaciones de instalación de agua potable y energía eléctrica, informes de la Secretaria Municipal de Gestión Urbana de Santa Cruz, certificación catastral, asimismo se produjo prueba testifical y de inspección judicial. Del análisis y valoración conjunta de todos los medios de prueba detallados, en la causa se tuvo por comprobado la procedencia de la usucapión planteada; por cuanto, mediante los planos topográficos y la certificación catastral, el bien inmueble se encuentra debidamente individualizado sin afectación alguna con los bienes de dominio público; asimismo se comprobó que, quien se encuentra en real posesión del bien es Reina López de Mendoza quien constituyó su vivienda en el predio, esto conforme el pago de servicios básicos que se encuentran a su nombre y la prueba de inspección judicial, dato que se encuentra corroborado tanto por la Certificación de la Junta vecinal así como la prueba testifical de dos ciudadanos vecinos del predio, quienes manifestaron que la demandante efectivamente se encuentra en posesión del bien y la reconocen como vecina, sin haberse evidenciado que tal posesión sea ejercida mediante coacción, resulte clandestina o que haya sido interrumpida, más al contrario aseveraron que la posesión ejercida por la demandante resulta de conocimiento público. En cuanto al transcurso del tiempo que debe cumplir dicha posesión, la certificación de la Cooperativa de Servicios Públicos "Santa Cruz R.L." SAGUAPAC, señaló que, la instalación del servicio de agua potable en el predio que se pretende usucapir data de fecha 24 de enero de 2005, es decir desde aproximadamente 13 años computables de la fecha de interposición de la demanda de usucapión, dato que se encuentra en correlación con lo informado por el propio ente edil a través del informe de la Secretaría Municipal de Gestión Urbana visible a fs. 44, que informó que, aparte de que la ubicación del bien está destinado a vivienda encontrándose acorde con la planimetría del barrio Bibosí, las construcciones efectuadas en el bien cuentan con una antigüedad aproximada de 15 años; en ese mismo sentido, la Dirección de Gestión Catastral del municipio, a través de la saliente a fs. 60, informó que las construcciones datan de una certificación antigüedad aproximada de 13 años (la más antigua), datos que guardan plena coherencia con lo alegado por los testigos ofrecidos a la causa, quienes al unisono manifestaron que la demandante se encuentra en posesión del bien desde hace aproximadamente 15 años, sin que haya mediado interrupción alguna. Ahora, en cuanto al reclamo que plantea el recurrente relativo a la certificación de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE, el cual informa que la instalación de energía eléctrica recién se habría realizado en fecha 11 de enero de 2011, por lo que solamente habrían transcurrido 7 años de posesión hasta la interposición de la demanda (2018), dicho aspecto resulta errado al contravenir los principios de Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial unidad y comunidad de la prueba que, conforme lo descrito ut supra, la valoración de la prueba debe ser efectuada en forma integral y no individual o aislada como propone el recurrente. Se debe tener presente que, la ir stalación de servicios básicos son pruebas indiciarias para comprobar el inicio de la posesión ya que por si solas no comprueban objetivamente tal aspecto, por lo que no son determinantes; por tanto, deben ser valoradas en contraste con los demás medios probatorios aportados y producidos en la causa a objeto de comprobar fehacientemente el tiempo de posesión que requiere la ley; por lo que, el hecho de que la instalación de energía eléctrica haya sido efectuada en la merituada fecha (11 de enero de 2011), no ostenta fuerza probatoria suficiente per se para enervar o desacreditar los demás elementos probatorios, los cuales conforme el análisis efectuado en el párrafo precedente, resultan plenamente tendientes a demostrar que la posesión que ostenta la actora es ejercida aproximadamente desde la gestión 2005, y al haber sido planteada la demanda de usucapión el año 2018, se tuvo por cumplido el plazo de 10 años que exige el art. 138 del Código Civil, máxime si para ejercer una real y efectiva posesión de un determinado predio, no resulta requisito sine qua non, ostentar servicios básicos como pretende la parte demandada. En cuanto a la prueba testimonial que el recurrente acusa de sesgado en su valoración, se debe considerar que -al igual de la certificación de instalación de energía eléctrica cuestionado- por sí solas no resulta prueba plena para demostrar o en su caso desvirtuar la posesión ejercida, ya que las alegaciones efectuadas por los testigos deben estar corroboradas mediante otros elementos de mayor contundencia y eficacia probatoria, al ser pruebas esencialmente referenciales. Por ello, a más de que los testigos no hayan sido objeto de tacha en forma oportuna mediante el cual se haya cuestionado su imparcialidad como acertadamente señaló el Tribunal Ad quem, ambos ciudadanos ofrecidos como testigos indicaron de forma simultánea que, por su condición de vecinos que viven en predios circundantes al bien en litigio, les consta plenamente que la demandante es vecina de la Urbanización Bibosí, y que la misma vive en el bien que pretende usucapir por aproximadamente 15 años, información que se encuentra refrendada tanto por la prueba documental previamente detallada, así como la de inspección judicial mediante el cual se comprobó la habitabilidad del bien por parte de la demandante, así como las mejoras o construcciones de data antigua atribuibles a su persona, por lo que, indistintamente de que los mismos o sus familiares hayan ejercido cargos de dirigencia vecinal o que también se encuentren inmersos en procesos de usucapión en contra del demandado, no desvirtúa su relato testifical, al estar este corroborado por los demás medios de prueba.
Por lo expuesto, no resulta evidente que el Tribunal Ad quem hubiera efectuado una valoración defectuosa o sesgada de la prueba o que se haya aplicado indebidamente los arts. 138 y 1286 del Código Civil, por cuanto el análisis efectuado se halla acorde con los antecedentes fácticos que informan el proceso, no existiendo mérito en las acusaciones efectuadas para que este Tribunal considere la viabilidad de las pretensiones recursivas. En consecuencia, corresponde fallar conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Organo Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 391 a 394 vta., interpuesto por José Luis Masanes de Chazal, representado por Carola Salcedo Vargas, contra el Auto de Vista N° 87/2025 de 01 de octubre, corriente de fs. 382 a 386 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos. Se regula los honorarios del profesional que contestó al recurso en la suma de Bs. 1.000. Registrese, comuniquese y devuélvase.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0510_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ebfebc2a06694fcd3c08fe27d8a8a1735cb7828542f51626e8e183106ba1b54
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →