B.IA.LEGAL

AS 0460/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de abril de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
17 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 365 a 366, interpuesta por Clara Alicia Ricarda Veisaga contra el Auto de Vista N° 449/2025 de 10 de septiembre, corriente de fs. 359 a 363, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 500.

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0460/2026 Fecha: 17 de abril de 2026 Expediente: OR-14-26-A Partes: Víctor Hugo Arispe Cardozo c/ Clara Alicia Ricarda Veisaga. Proceso: Nulidad de documento. Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 365 a 366, interpuesta por Clara Alicia Ricarda Veisaga, contra el Auto de Vista N° 449/2025 de 10 de septiembre, corriente de fs. 359 a 363, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso ordinario de nulidad de documento, seguido por Víctor Hugo Arispe Cardozo contra la recurrente; la contestación visible a fs. 369 y vta.; el Auto de concesión de 20 de enero de 2026 visible a fs. 399; el Auto Supremo de admisión N° 0148/2026-RA de 11 de febrero de fs. 405 a 406 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Víctor Hugo Arispe Cardozo, por memorial de demanda que corre de fs. 242 a 246, subsanado a fs. 250 y vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de documento contra Clara Alicia Ricarda Veisaga, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 281 a 284, contestó la demanda de forma negativa y formuló la excepción por demanda defectuosa; pretensión que mereció el Auto interlocutorio de 18 de junio de 2025, emitido en audiencia preliminar, visible de fs. 332 vta. a 342 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, declaró probada la excepción de demanda defectuosa, disponiendo POR NO PRESENTADA la demanda.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Víctor Hugo Arispe Cardozo, según escrito de fs. 343 a 344, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 449/2025 de 10 de septiembre, visible de fs. 359 a 363, que REVOCÓ el Auto emitido en audiencia preliminar, disponiendo que el A quo conozca la presente causa, en base a los siguientes argumentos:

- Que el Juez A quo incurrió en error al declarar por no presentada la demanda de nulidad por firma en blanco, bajo el argumento de incumplimiento de requisitos formales relativos a la correcta invocación normativa. En ese entendido, el Auto de Vista fundamentó que, conforme al principio jura novit curia, corresponde al juzgador aplicar el derecho pertinente a los hechos expuestos por las partes, sin que sea exigible a estas la precisión técnica o exacta de la norma jurídica invocada, siendo suficiente la exposición clara de los hechos y la pretensión.

- Asimismo, señaló que la decisión del A quo vulnera los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso a la justicia, en tanto priorizó un excesivo rigor formal que impidió el conocimiento de fondo de la pretensión, contrariando los principios de verdad material y tutela judicial efectiva. Invocando el principio pro actione, destacando que los requisitos formales deben ser interpretados de manera flexible, a fin de garantizar el acceso a una resolución de fondo, evitando decisiones que restrinjan injustificadamente el derecho de las partes a ser oídas.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Clara Alicia Ricarda Veisaga, según escrito visible de fs. 365 a 366, mereciendo el Auto N° 88/2025 de 15 de junio, obrante de fs. 371 a 372, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que rechazó el recurso de casación, posteriormente se presentó el recurso de compulsa visible de fs. 377 a 378, emitiéndose el Auto Supremo N° 1248/2025 de 05 de noviembre, que declaró legal el recurso interpuesto, en ese mérito mediante Auto a fs. 399, se concede el recurso de casación interpuesto por Clara Alicia Ricarda Veisaga, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación acusó que:

a) El Tribunal de alzada incurrió en error in procedendo pronunciando un Auto de Vista infra petita violando los principios procesales previstos en el art. 1 del Código Procesal Civil, como es el principio de legalidad e igualdad procesal, debido a que no se pronunció sobre la contestación a la apelación la cual se encuentra plasmada en el segundo párrafo del Considerando I del Auto de Vista, consignando como

"...sin respuesta por la parte contraria... ", por lo que estos actos omisivos violaron flagrantemente el derecho a la defensa, a la igualdad procesal de las partes mencionando el art. 119.1 de la Constitución Política del Estado, asimismo, maltrataría la condición de mujer sola y de tercera edad extremos que no ny~ orwcheiaí justificarían el trato discriminatorio por parte el Tribunal Ad quem.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó se anule obrados y se dicte nuevo Auto de Vista.

2. Contestación al recurso de casación:

Víctor Hugo Arispe Cardozo, respondió al recurso de casación mediante memorial a fs. 369 y vta., señalando en lo principal que:

- La parte recurrida sostiene que el recurso de casación en la forma carece de fundamento, negando la existencia de incongruencia o vulneración al debido proceso, al no existir contestación al recurso de apelación dentro del plazo legal, aspecto correctamente señalado por el Tribunal de alzada.

- Asimismo, señala que la recurrente interpreta erróneamente la normativa procesal, puesto que, tratándose de Autos interlocutorios, los plazos de apelación y contestación son de tres días, no siendo aplicable el plazo de diez días invocado, argumentando que el recurso de casación es improcedente, al dirigirse contra un Auto interlocutorio y no contra una resolución definitiva.

Por lo referido, solicitó se declare inadmisible o en su caso, infundado el recurso, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

El Auto Supremo N° 1316/2024 de 11 de noviembre, refirió lo siguiente: "Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la Constitución Política del Estado), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función del nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país. (..)

En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano".

De dicho entendimiento se puede inferir que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde determinar la trascendencia de dicho vicio; es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho a la defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.

111.2. Principio de preclusión y convalidación.

El régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos principios esa disposición como última opción.

A tal efecto, entre los diversos principios que rigen a la nulidad procesal, tenemos al principio de preclusión, del cual el Auto Supremo N° 120/2017 de 03 de febrero, ha desarrollado lo siguiente: "Principio de preclusión.-Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr.

Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: 'En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia'. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que, una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, cfi df;céai (9~9 ' pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes". (Las negrillas nos corresponde).

El principio de preclusión procesal como cierre de los escenarios procesales, es una orientación que da lugar a efectuar los reclamos en forma oportuna y cuando no existe interés en activar el reclamo opera la preclusión de la actividad procesal, ello da lugar a no reabrir debate sobre la actividad procesal cerrada, así en el Auto Supremo N° 1102/2018 de 01 de noviembre, se asumió lo siguiente: "El principio de preclusión establecido en el art. 16 de la LOJ establece la sanción de preclusión de actos procesales a la conclusión de etapas y el vencimiento de plazos, debiéndose proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer etapas concluidas, lo cual concuerda con el principio de legalidad bajo el cual debe proceder el Órgano Judicial conforme a los arts. 180.1 de la CPE y 30 núm.

6) de la LOJ, por el cual el administrador de justicia está sometido a la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas...". (Las negrillas nos corresponde).

Asimismo, el Auto Supremo N° 939/2019 de 23 de septiembre, señaló lo siguiente: "En sentido de que dicho reclamo no resulta pertinente para su consideración, por haber precluído la etapa procesal para que el ahora recurrente, observe tal cuestión, puesto que no podemos olvidar que conforme orienta el principio de preclusión; por regla general ningún sujeto procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, siendo que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías sustantivas o procesales le sean restituidas...". (Las negrillas nos pertenecen).

En cuanto al principio de convalidación el Auto Supremo: N° 439/2023 de 18 de mayo, en su doctrina legal aplicable señaló: "Principio de convalidación:

convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, cuando deja pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna (en la etapa procesal respectiva), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular. De esta manera, la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad." (Las negrillas nos corresponden).

111.3. Protección especial que brinda el Estado a las personas adultas mayores.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 112/2014-S1 de 26 de noviembre, se expuso los siguientes criterios: "La jurisprudencia constitucional, en referencia a los adultos mayores o personas de la tercera edad, en la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, emanada de este Tribunal, expresó: 'La protección especial a la que tienen derecho las personas de la Tercera Edad, no sólo tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; situaciones en las que debe concretarse el derecho de especial estima y consideración protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad. Es así que, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó como Principios a favor de las personas mayores o de la tercera edad, entre otros: 'Vivir con dignidad' acceso a una vida íntegra, de calidad sin discriminación de ningún tipo y respeto a la integridad psíquica y fisica y 'Seguridad y apoyo jurídico', protección contra toda forma de discriminación, derecho a un trato digno, apropiado y que las instituciones velen por ello y actúen cuando fuese necesario. (...)

Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; (...); esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2)".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud del principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como ta, cb . oluvf,ct Kr owjachetal elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso de casación.

1. En relación a la acusación señalada en el inciso a) por el cual se denunció que el Tribunal de alzada incurrió en error in procedendo al emitir un Auto de Vista infra petita, al no considerar su contestación al recurso de apelación, pese a haber sido presentada, consignando erróneamente que no existía respuesta. Sostiene que ello vulneraría los principios de legalidad e igualdad procesal, así como su derecho a la defensa, generando un trato discriminatorio.

Al respecto, corresponde realizar un análisis integral de los antecedentes procesales a la luz de los principios que rigen el régimen de nulidades procesales.

En ese entendido, de la revisión del expediente se advierte que, de fs. 343 a 344, Víctor Hugo Arispe Cardozo interpuso recurso de apelación contra el Auto interlocutorio de 18 de junio de 2025, cursante de fs. 332 vta. a 342 vta., mereciendo el decreto de 25 de junio de 2025, por el cual se corrió en traslado a la parte contraria para que conteste dentro del plazo de ley.

Posteriormente, mediante Auto de 23 de julio de 2025, cursante a fs. 348, el Juez A quo concedió el recurso de apelación, dejando expresamente establecido que no se contaba con respuesta de la parte contraria. En la misma fecha, la ahora recurrente presentó memorial de contestación al recurso de apelación (fs. 349 y vta.); no obstante, mediante providencia de 24 de julio de 2025, se dispuso estarse a lo determinado en el Auto de concesión, manteniendo firme la determinación de inexistencia de respuesta.

En ese contexto, se evidencia que la parte recurrente tuvo pleno conocimiento de dicha determinación y, pese a ello, no formuló observación alguna ni activó los mecanismos de impugnación correspondientes, como el recurso de reposición, a efectos de hacer valer su derecho. En consecuencia, resulta plenamente aplicable lo desarrollado en el Considerando 111.2, referido a los principios de preclusión y convalidación.

Así, conforme al principio de preclusión, las facultades procesales deben ejercerse dentro de las oportunidades previstas por ley, operando la pérdida del derecho cuando no se actúa en el momento procesal oportuno; mientras que, en virtud del principio de convalidación, la falta de impugnación oportuna implica la aceptación tácita del acto procesal, dotándolo de plena eficacia jurídica.

En relación a este último aspecto, corresponde precisar que el principio de convalidación implica que los actos procesales que adolecen de algún defecto o irregularidad quedan saneados cuando la parte que se considera afectada no los impugna en el momento procesal oportuno, revelando con ello su aquiescencia, conformidad tácita o aceptación de sus efectos jurídicos. Este principio se encuentra íntimamente vinculado con el de preclusión, en tanto ambos responden a la necesidad de otorgar seguridad jurídica y continuidad al proceso, evitando la reapertura indefinida de etapas ya concluidas.

En ese entendido, la convalidación opera como un mecanismo saneador del proceso, de modo que la inactividad o pasividad de la parte frente a un acto que considera irregular impide que posteriormente pueda desconocer su validez, pues se entiende que ha consentido el mismo. Bajo esa lógica, no resulta admisible que en una etapa extraordinaria como el recurso de casación, cuya finalidad no es revisar cuestiones consentidas ni reabrir debates precluidos, se pretenda cuestionar un aspecto que no fue oportunamente observado o cuestionado, máxime cuando la propia conducta procesal de la parte recurrente contribuyó a la consolidación del acto ahora recurrido.

En consecuencia, admitir lo contrario implicaría desconocer los principios de preclusión y convalidación, afectando la seguridad jurídica y el normal desenvolvimiento del proceso, permitiendo a las partes mantener indefinidamente latente la posibilidad de cuestionar actuaciones ya firmes, lo cual resulta incompatible con un sistema procesal orientado a la eficacia, celeridad y estabilidad de las decisiones judiciales.

Bajo ese entendido, no resulta jurídicamente viable que en sede de casación se pretenda cuestionar una actuación que fue consentida tácitamente por la propia recurrente, máxime cuando el eventual vicio denunciado no tiene la entidad suficiente para generar nulidad, al no evidenciarse afectación trascendental al derecho a la defensa ni incidencia directa en la decisión asumida por el Tribunal de alzada.

Por último, reclama la recurrente que la supuesta omisión del Tribunal de alzada no solo vulneraría su derecho a la defensa, sino que implicaría un trato discriminatorio, al no considerar su condición de mujer y persona adulta mayor, afectando la igualdad de oportunidades en el proceso; al respecto, de acuerdo a la doctrina legal desarrollada en el Considerando 111.3 del presente fallo, en relación a la protección especial que brinda el Estado a las personas adultas mayores, se explicó que esta dimensión de protección especial a la que tienen derecho las personas de la tercera edad, no sólo tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;

sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera devenir de los órganos okuict . &lado, Y)

Cycwojulicia,1 del poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas. Criterio del cual se concluye que, no es suficiente la pertenencia a un grupo particular de la sociedad civil, en el caso presente la "tercera edad", para reclamar un grado de protección reforzada; sino que, debe acreditarse, junto a esta condición natural, la concurrencia de condiciones objetivas de vulnerabilidad y lesividad psicológica generadas en contra de un miembro de este grupo de especial protección; por ello la simple invocación de pertenencia a un grupo etano, no es suficiente para activar los mecanismos de protección reforzada en el ámbito judicial, como en el presente caso ocurre, pues, esta acusación se limita a referir que la demandada asume la condición de persona de la tercera edad, reclamando la aplicación en su favor de criterios de protección especial, sin acreditar adecuada y razonablemente un estado de vulnerabilidad y lesividad psicológica, como ya se precisó supra, motivo por el cual dicha acusación no amerita tutela por este Tribunal.

En tal sentido, el recurso de casación deviene en infundado, al no haberse acreditado la existencia de violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en la resolución impugnada; por consiguiente, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 365 a 366, interpuesta por Clara Alicia Ricarda Veisaga contra el Auto de Vista N° 449/2025 de 10 de septiembre, corriente de fs. 359 a 363, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 500.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Notas al pie

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA IR UNAL SUPR MO DE JUSTICIA ANTE MI:, SaÍLIZar 515£15ezhttintli'lria' SECRETARIA DE SALA CIVIL 'TRIBUNAL SUPREMO DE 1USTICIA

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0460_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f3f4dd4f7aa740e75606d3f81d857de74c6656a0142cb6559f8cf5c544338b7

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →