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AS 0454/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de abril de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
17 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 203 a 207 vta., interpuesto por Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo, contra el Auto de Vista N° 147 de 30 de octubre de 2025, corriente de fs. 197 a 200, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos, al ser la parte demandada entidad pública.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0454/2026 Fecha: 17 de abril de 2026 Expediente: SC-27-26-S Partes: Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo c/ Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas. Proceso: Acción negatoria y mejor derecho de propiedad. Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 203 a 207 vta., interpuesto por Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo, contra el Auto de Vista N° 147 de 30 de octubre de 2025, corriente de fs. 197 a 200, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de acción negatoria y mejor derecho de propiedad, seguido por los recurrentes contra el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas; el Auto de concesión de 02 de febrero de 2025, visible a fs. 212; el Auto Supremo de admisión N° 0252/2026-RA de 05 de marzo, obrante de fs. 219 a 220 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo por memorial de demanda que cursa de fs. 17 a 23, subsanada a fs. 35 y fs. 30 y vta., promovieron el proceso ordinario de acción negatoria y mejor derecho de propiedad, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas en la persona del alcalde Héctor Contreras Álvarez, quien una vez citado, mediante escrito visible de fs. 47 a 49 vta, se apersonó y formuló excepción de prescripción, pretensión que fue rechazada por Auto interlocutorio obrante de fs. 117 vta. a 119; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 05/2025 de 14 de marzo, que cursa de fs. 173 a 180 vta., en la que la Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Sentencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 1° de Lagunilla - Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda, con costas.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo, según escrito de fs. 183 a 184 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 147 de 30 de octubre de 2025, corriente de fs. 197 a 200 que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

- El Juez de la causa, al momento de la valoración probatoria efectuó "mención y estudio" del documento privado con reconocimiento de firmas de fs. 27 a 28, del cual emergió el registro propietario del Folio Real cursante a fs. 6, en relación al plano de propiedad adjunto a fs. 26; asimismo, del certificado treintañal visible a fs. 157 y el informe de la subregistradora de Derechos Reales, el cual expresó que, sobre el derecho propietario de los recurrentes no se encontró archivos en la oficina; es decir, la inscripción se realizó sin documentos de respaldo; concluyéndose que -al A quo-, le causaría extrañeza que se consolidó la titularidad con solo un documento de compraventa con reconocimiento de firmas sin que establezca los limites y colindancias exigidos por ley; de ahí que, no se cumplió con la tercera condición o requisito de la acción de mejor derecho de propiedad, demostrar la identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda; a más, de la observación realizada sobre la documentación de la inscripción; sin embargo, ante los hechos advertidos, sólo se identifica que el bien inmueble de los recurrentes ubicado en Lagunillas, Ipati con una superficie de 3.0000 Has., no tiene linderos, medidas y colindancias, ni plano de ubicación debidamente aprobado por el Plan Regulador del Municipio de Lagunillas, asimismo, carece de manzano y lote, no guardando "pertenencia" con la superficie inscrita.

- El derecho propietario de la entidad gubernamental emerge de la venta realizada por los ahora demandantes en fecha 15 de junio de 2004 emitida por el Honorable Concejo Municipal de Lagunillas y Resolución Administrativa N° 40/2004 promulgada por el entonces alcalde de Lagunillas, de lo que se constata que ninguna de las partes, demandantes y demandado, son compradores de un mismo inmueble y de un mismo vendedor, de ahí que al no tenerse la misma partida, la acción impetrada no es la idónea a sus pretensiones; puesto que los actores son los propios vendedores del municipio.

- Se aclara, conforme lo explicado por el Juez de primera instancia, en la acción negatoria, resulta que la misma es improponible objetivamente; por cuanto, la entidad gubernamental demandada tiene inscrito derecho propietario sobre un bien inmueble identificado, ubicado en la localidad de Ipati, provincia Cordillera, con linderos definidos y con una superficie de 10.733 m2., entonces, al conocerse que ese derecho proviene del vendedor, no resulta procedente la demanda.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Francisco Arévalo Villalba Atado, ,'-'07t19, " 71A0,7,/~« offi y Cirila Torrez de Arévalo según escrito visible de fs. 203 a 207 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación acusó que:

En la forma.

a) Transgresión del art. 145 del Código Procesal Civil; toda vez que, el Ad quem ratificó la Sentencia donde no se había fundamentado respecto a las pruebas que le ayudaron a formar convicción; por lo que, en lugar de rectificar dicho agravio, se confirma sin haberse realizado una correcta valoración de la prueba aportada.

En el fondo.

b) Inobservancia del art. 1538 del Código Civil, puesto que el Ad quem no consideró que su derecho propietario -recurrentes- se encuentra registrado en Derechos Reales con anterioridad al del Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, consecuentemente los 7.733,12 m2, inscritos en demasía por el ente municipal gozaría del efecto erga omnes; asimismo, tampoco se tomó en cuenta lo establecido por el art. 110 de Código Civil, sobre los modos de adquirir la propiedad, siendo que la consolidación no es un modo de adquirir la propiedad, por lo que no debería admitirse como válido y legitimo el registro en Derechos Reales.

c) Vulneración del principio de verdad material, el cual está establecido en el art.

180 de la Constitución Política del Estado, puesto que el Ad quem no se percató de la falta de presentación de plano de ubicación aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas; sin embargo, en obrados cursa el plano de ubicación que presentaron -recurrentes-, en el que solo transfirieron 3000 m2, y no así 10.733,12 m2, como fueron inscritos por la municipalidad; asimismo, se señaló el cumplimiento de tres requisitos de procedencia del mejor derecho propietario, empero, se extrañaría su cumplimiento.

d) Errónea interpretación del art. 1455 del Código Civil; toda vez que, tanto el A quo, como el Ad quem, pretendieron limitar la defensa del propietario frente a Derechos Reales como la servidumbre, usufructo, uso inmobiliario y habitación, puesto que la norma señalada no limita el alcance de la acción negatoria a los Derechos Reales; por lo que, es un agravio determinar la improponibilidad de la acción negatoria interpuesta.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitan se case el Auto de Vista, y declaren probada la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

El Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, pese haber sido notificado con el recurso de casación, conforme se tiene de la diligencia a fs. 210, no presento escrito alguno de contestación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. En relación a la acción de mejor derecho de propiedad en contra del Estado.

Sobre el tópico, este Tribunal, en el Auto Supremo N° 0873/2025 de 05 de agosto, precisó que: "...es evidente que el presente caso corresponde a la disputa de un particular contra el Estado, por lo que indiscutiblemente el título en el cual se origina la propiedad de ambos contendientes y que es objeto de litis, no es el mismo; en el caso de los demandantes, su derecho tiene el siguiente antecedente, conforme se evidencia del certificado de derechos reales a fs. 6 y vta., su título originó de la compraventa adquirido de Eusebio Cabezas Limachi y Miranda Sebastiana Quispe de Cabezas, en la gestión 2008, inscrito bajo la Matricula N° 1.0.11.99.0058349 Asiento 2 de 30 de abril de 2011 (fs. 5 y vta. y 87 y vta.), los mismos que adquirieron mediante compraventa de Pablo Cabezas en la gestión 1983 bajo la Matricula N° 1.0.11.99.0018364; y en el caso de la parte demandada, su título se originó en el art. 85 num. 4) de la Ley N° 2028 en base a la cual se emitió la Ordenanza Municipal N° 023/ 2014 de 20 de febrero de 2014 (fs. 8 a 12, fs. 102a 106 y fs. 111 a 115), inscrita bajo la Matricula N° 1.01.1.99.0079482, Asiento 1 de 04 de abril de 2014 (fs. 107 y 116), en cumplimiento del art. 6 de la Ley N° 2372.

De lo expuesto, se advierte que la definición del mejor derecho de propiedad en el caso concreto, de ninguna manera puede devenir únicamente de la fecha de registro que corresponda a uno u otro título; pues, es necesario verificar la naturaleza jurídica del acto que da origen a los derechos en contienda, sobre todo al que origina el derecho del Estado para establecer si el mismo puede ser desconocido por la jurisdicción ordinaria civil o si, por el contrario debe ser impugnado en sede administrativa o contenciosa administrativa, en consideración a que la vía ordinaria civil no tiene competencia para realizar el control de legalidad del acto administrativo.

Bajo ese razonamiento, conforme la jurisprudencia señalada en los acápites anteriores, para definir el mejor derecho de propiedad del caso en cuestión, se debe determinar si el derecho de la parte actora permanece inmutable o si el mismo ha sido afectado por acto o Resolución administrativa; pues, la validez de aquel acto o Resolución no puede ser cuestionada mediante proceso de mejor derecho propietario, J'á iic¿cd y.c sino que debe ser definida en sede administrativa, o contenciosa administrativa.

Consiguientemente, por efecto de la Ordenanza Municipal referida, no se puede afirmar que el demandante tenga derecho de propiedad sobre el bien objeto de / itis;

porque ese derecho de propiedad corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, precisamente como efecto de aquella resolución de tipo administrativo, que, se reitera, no puede ser desconocida en proceso civil de mejor derecho de propiedad.

Es así que; en el caso en particular, no corresponde discutir si la determinación asumida en sede administrativa, en sentido de reconocer la existencia de torrenteras o quebradas en el terreno, resulta técnica o legalmente correcta, pues lo esencial es determinar si la fracción afectada corresponde a dominio público o permanece en dominio privado a afecto de dilucidar el mejor derecho de propiedad; aspecto que frie correctamente entendido por el Tribunal de alzada, que ha establecido, con base a los contenidos y fundamentos de la Ordenanza Municipal, que existe una afectación en el inmueble en debate y que el mismo por efecto de esa afectación pertenece a dominio público; por lo que, no se puede controvertir el derecho de propiedad sobre esa extensión del terreno que, los mismos demandantes señalan deviene de la referida afectación; derecho de propiedad público que debe ser reconocido y admitida en tanto la legalidad y validez de aquella Resolución Administrativa no sea invalidada en la vía legal que corresponde; de igual forma, es preciso enfatizar que, en mérito a lo expuesto, no se puede definir el mejor derecho propietario -pues-deviniendo el derecho del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre de la Ordenanza Municipal N° 23/2014 de 20 de febrero, mientras dicho acto no sea declarado nulo o dejado sin efecto, el mismo se encuentra vigente y se presume su legalidad y validez ante el título presentado por los demandantes, ello, conforme al principio de legalidad del acto administrativo orientado en el apartado 111.5 de la presente resolución, no pudiendo, por ello, reconocerse el mejor derecho de propiedad a favor de la parte demandante, pues, como se ha incidido la fracción que reclaman, se encuentra afectada por una disposición sustentada en una resolución de naturaleza administrativa.

Es preciso reiterar que si los demandantes pretenden descalificar la validez de los efectos de la Ordenanza Municipal deben acudir a la vía y autoridad legal correspondiente.

De esa relación, se tiene que el Tribunal de alzada no ha provocado un "caos jurídico", como afirman los recurrentes; pues, el Ad quem asumió que la presente demanda se encuentra dirigida en contra del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, cuyo título de propiedad deviene de un acto administrativo, que no puede ser cuestionado por los ahora recurrentes en la jurisdicción ordinaria a través de un proceso de mejor derecho propietario, pues se presume la legalidad y validez de ese acto administrativo frente al título presentado por los actores, mientras el mismo no sea invalidado, conforme lo ampliamente argumentado líneas arriba. Por ende, se constata que el Tribunal de alzada hizo el correspondiente estudio en base a un criterio extensivo del art. 1545 del Código Civil, considerando la naturaleza jurídica del origen de ambos títulos, en particular de la parte demandada" (El resaltado nos corresponde).

111.2. Sobre la acción negatoria y el mejor derecho de propiedad.

Sobre el tópico, el Auto Supremo N° 474/2014 de 27 de agosto, orientó que: "...resulta necesario desarrollar cada una de ellas, en lo referente a la acción negatoria, considerada como una acción de defensa de la propiedad, es preciso citar el art. 1455 del Código Civil, que sobre los requisitos para la procedencia del mismo, señala: 'I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño'; de igual forma, con relación a la acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, prevista en el art. 1545 del Código Civil, norma que respecto a la preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble, señala lo siguiente: 'Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título', en base a esas consideraciones y dando respuesta a la denuncia formulada por el recurrente, diremos que, resulta evidente que ambas pretensiones, es decir la acción negatoria y el reconocimiento de mejor derecho propietario, planteadas por la parte actora, no resultan conexas, toda vez que la finalidad que ambas persiguen son diferentes, es decir, la acción negatoria busca que se declare la inexistencia de un derecho real que otra persona afirma que tiene o le pertenece, sin haberse constituido a su favor; en cambio la acción de mejor derecho propietario busca la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un determinado derecho de propiedad sobre otra persona respecto al mismo inmueble, en razón a que tendría una titularidad preferente o superior que la persona a la cual demanda, mientras que en la acción negatoria no se reconoce a favor del demandado titularidad de dominio alguno, extremos que ya están desarrollados por la vasta jurisprudencia emitida por éste Tribunal...." (El resaltado nos corresponde).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en,(0.4 zac~/(4

Cryci~ ' 1,¿(,c4e,(.(d virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la forma.

1. En relación a la acusación identificada del inciso a), donde se acusó que existiría transgresión del art. 145 del Código Procesal Civil; toda vez que, el Ad quem habría ratificado la Sentencia, sin un fundamento respecto a las pruebas que ayudaron a formar convicción; por lo que, en lugar de rectificar dicho agravio, se confirmó sin haberse realizado una correcta valoración de la prueba aportada.

Al respecto, se tiene en cuenta que lo reclamado esta direccionado a una omisión de pronunciamiento o llamada también incongruencia omisiva, pues los recurrentes vislumbran que el Auto de Vista no corrigió la falta de valoración del A quo, por ello, no se hubo justificado la confirmación dispuesta. En ese sentido, de la revisión del Auto de Vista N° 147 de 30 de octubre de 2025, corriente de fs. 197 a 200, se tiene que el mismo de forma expresa hace referencia la prueba en la que, tanto el Tribunal de segunda instancia como el A quo, apoyan su razonamiento;

así, se alegó que, el Juez realizó "mención y estudio" del documento privado con reconocimiento de firmas de fs. 27 a 28, Folio Real cursante a fs. 6, plano de propiedad adjunto a fs. 26, certificado treintañal visible a fs. 157 e informe de la subregistradora de Derechos Reales; además, de las Resoluciones municipales; de la valoración de todas ellas concluyeron que no corresponde acoger favorablemente el mejor derecho propietario y acción negatoria pretendidas; toda vez que, no se tuvo identificación plena del predio pretendido; por ende, no demostró que el objeto de litigio sea el mismo y que los litigantes hayan adquirido derecho de un mismo vendedor; añadiéndose que, fueron los actores -ahora recurrentes- fueron los transferentes del predio a favor del ente municipal; extremo ultimo que hace improponible la acción negatoria; en sentido de que existe derecho de propiedad a favor de la municipalidad, ello no puede ser desconocida.

En ese marco, no resulta cierto el cargo de no haberse justificado la valoración probatoria, y que, por ello, se habrían dejado de lado medios de prueba ofrecidos y producidos en la causa; habida cuenta que, como se precisó, existe pronunciamiento preciso sobre los elementos de prueba; además, es de considerar que otras probanzas (como testificales e inspección) de ninguna forma son conducentes y pertinentes para dilucidar las pretensiones de mejor derecho de propiedad y acción negatoria.

Entonces, no corresponde acoger favorablemente el cargo detallado, deviniendo en infundado.

En el fondo.

2. A efectos de evitar reiteraciones innecesarias, así como la dispersión de argumentos, procederemos a responder los argumentos sintetizados en los incisos b) y c) de forma simultánea; máxime, si los mismos están correlación en sentido de alegarse, inobservancia del art. 110 y 1538 del Código Civil, así como al principio de verdad material; toda vez que, no se habría considerado el derecho propietario de los recurrentes, mismo que se encontraría registrado en Derechos Reales con anterioridad al del Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, en dicho sentido, la demasía inscrita por sobre 7.733,12 m2. no gozaría del efecto erga omnes; asimismo, la consolidación no sería un modo de adquirir la propiedad; además, no se habría considerado que la demanda está dirigida en relación a la anterior superficie, y no así sobre los 10.733,12 m2. que fueron inscritos por la municipalidad.

Al respecto, se hace necesario precisa la pretensión demandada, en tal sentido se tiene que:

- Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo -ahora recurrentes-pretenden declaración de mejor derecho de propiedad y acción negatoria en relación a 7.733 m2, ubicados en la localidad de Ipaty, municipio de Lagunillas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, que fue consolidado en favor del Mercado Municipal de Ipaty, y registrado bajo la Matrícula N° 7.07.1.02.000020; además, solicitaron la declaración de nulidad de la misma.

- Explicaron que, el 27 de noviembre de 1998, se suscribió con Ignacio Lara Somoya y Marcia Valle de Lara, minuta de transferencia de una parcela con una superficie de 3 Has. (30.000 m2) ubicada en la localidad de Ipaty, municipio de Lagunillas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz; elevándose a documento público por reconocimiento de firmas y rubricas de 03 de diciembre de 1998, e inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.07.1.01.0001215.

- El 15 de junio de 2004, suscribieron con el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, una transferencia de una superficie de 3.000 m2, para construcción del Mercado, lo cual fue autorizado por Resolución Municipal N° 33/2004, con reconocimiento de firmas y rubricas de 15 de junio de 2004.

- De forma posterior e inexplicable, se inscribió en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.07.1.02.0000020 una superficie de 10.733 m2.; es decir, 7.733 m2 en demasía de lo que fue transferido, ello a nombre del Mercado Municipal de Ipaty, bajo el apelativo de "consolidación", conforme escritura de 20 de octubre de 2004, mediante Resolución N° 64 de 11 de octubre de 2004, habiéndose realizado muros perimetrales y construcciones en la superficie de su propiedad.

Marco fáctico que, en su reconstrucción, evidencia que en la causa se enfrentan particulares contra el Estado; buscándose una declaración de prioridad y eficacia del mejor título e inscripción respecto a un predio de 7.733 m2, ubicado en la localidad de Ipaty, municipio de Lagunillas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, que fuere consolidado en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, y adjudicado a favor del Mercado Municipal de Ipaty, conforme inscripción en la Matrícula N° 7.07.1.02.000020 de 20 de octubre de 2004.

A lo cual, conforme se expuso en el Considerando 111.1 de la presente decisión, esta Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, orientó que cuando se enfrenta particulares contra el Estado, en relación al instituto del mejor derecho de propiedad, el análisis no puede basarse únicamente en la fecha de inscripción de los títulos; sino, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del acto que origina cada derecho; pues, cuando el derecho del Estado surge de una resolución administrativa, su validez no puede ser cuestionada en un proceso civil ordinario, sino únicamente en la vía administrativa o contencioso-administrativa; en ese entendido, para determinar el mejor derecho propietario, debe verificarse si el derecho de los demandantes permanece intacto o si fue afectado por un acto administrativo; toda vez que, en este último supuesto, mientras no sea anulada o dejada sin efecto por autoridad competente, se presume válida y legal, y prevalece sobre el título privado.

En el caso de autos, conforme las premisas anotadas, los cargos en análisis no puede ser acogidos favorablemente; por cuanto, si bien es cierto que los recurrentes tuvieron derecho propietario inscrito sobre una superficie de 3.0000 Has. (30.000 m2) inscritos bajo la Matrícula N° 7.07.1.01.0001215 de 11 de diciembre de 1998 conforme evidencia el Folio Real visible a fs. 6, en relación al informe cursante a fs.

156; de los cuales, conforme "contrato privado de transferencia de parcela de terreno rústico" de 15 de junio de 2004, hubo sido transferida una superficie de 3.000 m2, a objeto de la construcción del mercado de la localidad de Ipati, y que fuere autorizada la compraventa por Resolución Municipal N° 33/2004 (clausula primera del negocio jurídico); empero, también es cierto y evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, ejerciendo competencia y atribución propia, emitió la Resolución Municipal N° 64/2004, en relación a la Resolución Administrativa N° 40/2004 de 19 de octubre, por la cual se "consolido" de forma definitiva el derecho propietario del inmueble urbano denominado "Mercado municipal Ipaty" con una superficie de 10.733,12 m2; procediéndose a la inscripción de titularidad bajo la Matrícula N° 7.07.1.02.0000020.

Entonces, es innegable que el derecho de propiedad de los ahora recurrentes fue afectado por actos administrativos municipales, en la superficie de 7.733 m2, mismos que fueron adjudicados al "mercado municipal Ipaty" del municipio de Lagunillas del departamento de Santa Cruz; por lo cual, no es procedente ni lógico, que la jurisdicción ordinaria civil realice una declaración de mejor derecho de propiedad, por cuanto ello, involucra establecer prioridad y eficacia de título e inscripción; empero, como se precisó, dicho extremo devendría, flagrantemente, en desconocerse actos administrativos emitidos en competencia y atribución legal; por ende, mientras no sea anulado o dejado sin efecto por autoridad competente, se presume válido y legal, y prevalece sobre el título privado.

Razonar que debe ser subsumido en relación al argumento de que, no existiría, como modo de adquirir la propiedad, la "consolidación" predicada por el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, pues dicho extremo claramente no puede ser discutido ni analizado en jurisdicción ordinaria civil, la ser actos con presunción de validez y eficacia; menos podría ser tópico de conocimiento la pretensión de nulidad de la Matrícula N° 7.07.1.02.0000020, toda vez que ello, devendría en dejar sin efecto o anular las citada resoluciones municipales, por cuanto, son dichas determinaciones estatales que generan la inscripción.

En consecuencia, el A quo, y subsidiariamente el Ad quem, aunque con otros fundamentos, actuaron correctamente al negar la demanda; por cuanto, la fracción del inmueble en disputa pertenece al dominio público, derivado de Ordenanzas Municipales; por lo cual, no corresponde discutir en sede civil si dichas determinaciones administrativas fueran técnica o legalmente adecuadas; lo esencial es que, mientras estén vigentes, impide reconocer un mejor derecho propietario a favor de los demandantes. Si estos desean cuestionar la validez y eficacia de la Ordenanza, deben acudir a la vía administrativa o contenciosa administrativa; en su caso, a la vía constitucional.

Por todo lo precedentemente expuesto, si bien los recurrentes tienen registrado derecho propietario, anterior al de la entidad municipal; empero, la fracción pretendida, claramente fue afectada por el Gobierno Autónomo Municipal de Lagunillas, mutándose la misma a dominio público; por ende, el titulo e inscripción que se ostenta no puede ser desconocido ni considerado insuficiente o ineficaz frente a los recurrentes; detalle que no puede ser enervado por las pruebas producidas y -ahora- reclamadas de falta de valoración; por ende, el recurso opuesto deviene en infundado.

3. En relación al reclamo precisado en el inciso d), en sentido de que el Ad quem, hubiera interpretado erróneamente el art. 1455 del Código Civil; toda vez que, cg:Itado, ?Adwia pretendieron limitar la defensa del propietario frente a derechos reales como la servidumbre, usufructo, uso inmobiliario y habitación, siendo que la norma no limita el alcance de la acción negatoria; por lo que, sería un agravio determinar la improponibilidad de la acción negatoria interpuesta.

Al respecto, conforme se preciso en el Considerando 111.2 de la presente decisión;

la acción negatoria y el reconocimiento de mejor derecho de propiedad, no resultan conexas, toda vez que la finalidad que ambas persiguen son diferentes; pues, en la acción negatoria se busca una declaración de inexistencia de un derecho real que otra persona afirma que tiene o le pertenece, sin haberse constituido a su favor;

por su parte, la acción de mejor derecho propietario busca la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un determinado derecho de propiedad sobre otra persona respecto al mismo inmueble, en razón a que tendría una titularidad preferente o superior que la persona a la cual se demanda;

entonces, en la acción negatoria no se reconoce a favor del demandado titularidad de dominio alguno; a diferencia del citado mejor derecho de propiedad.

En el caso de Autos, la pretensión de acción negatoria de los recurrentes claramente, ad initio, devenía en improponible, en sentido de que no resulta lógico pretender un mejor derecho de propiedad y acción negatoria al mismo tiempo;

pues, como se explicó, en el primer instituto se entiende que ambas partes -demandantes y demandado- ostentan derecho de propiedad sobre un mismo objeto; empero, uno de ellos -título e inscripción- devendría en preferente y eficaz frente al otro; por su parte, la acción negatoria, refiere al propietario en relación a quien afirme derechos, sin tenerse constituido. En ese entendido, claramente estos institutos no son conexos, pues en uno, se afirma que ambas partes cuentan con derechos; empero, en el otro, solo se afirma que el actor tiene derecho, frente a quien solo afirma, sin tenerlo constituido.

En ese entendido, a priori, la acción negatoria que se reclama, claramente resulta improcedente; por cuanto, la misma no es conexa al mejor derecho de propiedad;

pues resulta ilógico que los demandante afirmen, al mismo tiempo, que el demandado tiene derecho de propiedad sobre el objeto, y por otro lado, solo afirmaría dicho extremo; sin embargo, pese a dicha falencia argumentativa, en los hechos, la pretensión resulta infundada; por cuanto, en el marco de lo descrito ut supra, el ente municipal tiene derecho propietario inscrito, el cual afectó el derecho que los recurrente proclaman, entonces, no corresponde acoger favorablemente dicha pretensión, pues como se precisó, el demandado tiene derecho propietario constituido.

En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada, aunque con otros fundamentos, declaro lo que en derecho corresponde; por consiguiente, corresponde negar la pretensión de los recurrentes y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 203 a 207 vta., interpuesto por Francisco Arévalo Villalba y Cirila Torrez de Arévalo, contra el Auto de Vista N° 147 de 30 de octubre de 2025, corriente de fs. 197 a 200, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos, al ser la parte demandada entidad pública.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Notas al pie

SECRETARIA DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0454_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49af51ee85d2276538818d358ec27b142e05d15e708523a57aef86fd6ae422b6

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