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AS 0452/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de abril de 2026

Anula obrados

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
17 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 401.1 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ANULA el Auto de Vista N° 377/2025 de 21 de agosto, visible de fs. 347 a 349 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, se emita nuevo Auto de Vista conforme a lo desarrollado en la presente resolución y dentro el marco de lo establecido en los arts. 383.11 y 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

No siendo excusable la actitud asumida por los Vocales suscribientes del Auto de Vista anulado, habiéndose advertido anteriormente que el perjuicio causado tiene relevancia al tratarse los sujetos procesales miembros de un grupo vulnerable como es la tercera edad, mereciendo por ello la aplicación de criterios de protección reforzada y siendo notorio el perjuicio causado y el incumplimiento de los principios de celeridad y eficacia en la emisión del fallo anulado, remítanse antecedentes del caso ante la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura para fines de su procesamiento y sanción en caso de corresponder.

De conformidad al art. 17.1V de la Ley del Órgano Judicial, póngase en Alf)v¿ct &talo ny.(7~ ' ›cif:cúbi conocimiento del Consejo de la Magistratura.

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Texto completo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0452/2026 Fecha: 17 de abril de 2026 Expediente: SC-29-26-S Partes: Angélica Jiménez Moneda y Etelvina Edith Jiménez Molleda c/ María Cristina Arias Valdivia. Proceso: Nulidad de matrimonio. Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 372 a 377 interpuesto por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda, representadas por Aldo Edgar Murillo Aguilar contra el Auto de Vista N° 377/2025 de 21 de agosto, corriente de fs. 347 a 349 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de matrimonio seguido por las recurrentes contra María Cristina Arias Valdivia; la contestación de fs. 387 a 390 vta.; el Auto de concesión de 16 de enero de 2026, visible a fs. 391;

el Auto Supremo de admisión N° 0277/2026-RA de 11 de marzo, cursante a fs. 397 a 399; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda por memorial de demanda que cursa de fs. 37 a 39, subsanado a fs. 47, promovieron el proceso ordinario de nulidad de matrimonio contra María Cristina Arias Valdivia, quien una vez citada, se apersonó y contestó la demanda en forma negativa conforme memorial visible de fs. 87 a 88 vta., desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 165/2024 de 04 de julio que cursa de fs. 243 a 245, en la que el Juez Público de Familia 3° de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda de nulidad de matrimonio interpuesta por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda contra María Cristina Arias Valdivia y Oscar Callau Barbery, en consecuencia ordena la nulidad del matrimonio entre Martha Jiménez Molleda y Luis Walter Arias Rivero, registrado en la Oficialía de Registro Civil N° 4095, Libro N° 3, Partida N° 105, Folio 105 con fecha de inscripción 29 de marzo de 1993, del departamento de Santa Cruz, manteniendo vigente el matrimonio de Martha Jiménez Molleda y Oscar Callau Barbery, registrado en la Oficialía de Registro Civil N° 1449, Libro N° 1, Partida N° 148, Folio 148, con fecha de inscripción 14 de noviembre de 1969, del departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez, Localidad Santa Cruz de la Sierra, resolución enmendada y aclarada por Auto N° 209/2024 de 02 de agosto de 2024, cursante a fs. 257 y vta.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por María Cristina Arias Valdivia, según escrito visible de fs. 248 a 249 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 297/2024 de 06 de diciembre, corriente de fs. 287 a 291, REVOCANDO en el fondo la Sentencia de fecha 04 de julio de 2024 y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de nulidad de matrimonio.

3. Fallo de segunda instancia que, al haber sido recurrida en casación por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda, según escrito visible de fs. 310 a 314 vta., originó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emita el Auto Supremo N° 0488/2025 de 27 de mayo, corriente de fs. 330 a 335 vta., que ANULÓ el Auto de Vista N° 297/2024 de 06 de diciembre disponiendo que pronuncie nueva resolución.

4. En cumplimiento al referido Auto Supremo, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista N° 377/2025 de 21 de agosto, corriente de fs. 347 a 349 vta., donde ANULÓ la Sentencia de 04 de julio de 2024, ordenando al Juez de primera instancia dictar nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos:

- Que, si bien es cierto el art. 180.11 de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de la impugnación, el cual se encuentra consagrado en derecho en la sustanciación de todo proceso judicial, este derecho a la impugnación se materializa a través de los recursos que la ley franquea según la resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución.

- Que, habiendo sido mencionada la aparente falta de valoración o falta de consideración de las certificaciones emitidas vía oficio por el Servicio de Registro Cívico, con relación a esta apreciación y toda vez que el mismo es un elemento del debido proceso, corresponde señalar el Auto Supremo N° 1168/2016 de 07 de octubre, en el caso de autos se debe notar que el argumento principal de la parte apelante versa sobre una supuesta falta de valoración o incorrecta valoración de (Ud, Aii,ilwzzinwairie :-:313ole;ve:a e;yr.b.t4 ( las pruebas oficiadas a través del SERECI, mismas que la autoridad judicial las mencionó en el análisis del caso concreto más no realizó la ponderación que les atribuyó a dichas pruebas, señalando únicamente que no se ha perfeccionado la publicidad del registro correspondiente, la autoridad judicial de primera instancia debe aplicar los principios que rigen para una adecuada valoración de la prueba, es decir el principio de la unidad de la prueba y el principio de comunidad de la prueba, ya que ambos orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso, en el sentido que se convierten en pruebas del proceso y no solo de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, concordante con ello el art. 332 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

- En síntesis, al no haber pronunciamiento de la autoridad judicial sobre las pruebas específicas mencionadas en el recurso de apelación y ciertamente de la lectura y análisis de la Sentencia impugnada se ha podido advertir que dichos argumentos son ciertos, ante la falta de la valoración o pronunciamiento mencionado, en procura de evitar futuras nulidades que afecten aún más al derecho pretendido de las partes.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Angélica Jiménez Molleda y Etelvina Edith Jiménez Molleda representadas por Aldo Edgar Murillo Aguilar, según escrito de fs. 372 a 377, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

1. El recurrente en el recurso de casación acusó:

a) Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, al haberse vulnerado el art. 1296 del Código Civil y el art. 332 de la Ley N° 603, sosteniendo que el Auto de Vista incurre en error al afirmar la existencia de certificaciones del SERECI que acreditarían el divorcio entre Martha Rosario Jiménez Molleda (+) y Oscar Callau Barbery, sin embargo, tal afirmación resulta incorrecta, puesto que ninguno de los documentos cursantes en obrados acredita la inscripción de dicho divorcio; y por el contrario, las certificaciones presentadas únicamente evidencian la vigencia del matrimonio; en consecuencia, se habrían valorado elementos inexistentes o carentes de eficacia jurídica, tales como trámites administrativos, notas internas o copias sin valor legal, configurándose así errores de hecho en la valoración probatoria.

b) Vulneración del art. 386.1 de la Ley N° 603, en razón a que el Tribunal Ad quem, contando con los elementos probatorios suficientes, debió resolver el fondo de la causa; en ese entendido, correspondía confirmar la sentencia, al evidenciarse la inexistencia del divorcio, no obstante, se optó por anular la resolución, pese a reconocer la existencia de prueba completa, suficiente y concluyente, vulnerando de esta manera los principios de debido proceso, celeridad, tutela judicial efectiva, economía procesal y verdad material prescritos en el art. 180 de la Constitución Politica del Estado.

Fundamentos por los cuales las recurrentes solicitaron case el Auto de Vista y se mantenga firme la Sentencia.

2. De la contestación al recurso de casación.

María Cristina Arias Valdivia, contestó el recurso de casación en los términos contenidos en el escrito de fs. 387 a 390, alegando que:

- Que, si bien el Auto de Vista no ingresó a resolver el fondo de la controversia, empero con acertado criterio jurídico, advirtió que la sentencia N° 165/2024 de 4 de julio, carece absolutamente de sustento legal, resultando además violatoria del derecho al debido proceso, del principio de congruencia, así como afectada por falta de motivación y fundarnentación y que se encuentra debidamente respaldado por los antecedentes del proceso, así como por prueba documental fehaciente producida en la /itis, conducente, pertinente, relevante y determinante para resolver la controversia conforme a la verdad material, la cual fue indebidamente omitida y no valorada por la Juez A quo en la Sentencia, especificamente las certificaciones emitidas por el SERECI, remitidas vía oficio, advirtió correctamente que la autoridad A quo, no se pronunció en absoluto sobre dicha prueba, configurándose una clara falta de valoración y de pronunciamiento expreso.

- De la valoración integral, conjunta y armónica de dichos documentos, conforme al principio de unidad de la prueba aplicando las reglas legales, la sana crítica y la experiencia se concluye que de manera indubitable el certificado de matrimonio de Martha Rosario Jiménez Molleda (+) y Óscar Callaú Barbery en los que figura el estado civil como divorciados, que demuestran plenamente la disolución del vínculo matrimonial que unía a los esposos Jiménez Callaú y por ende la libertad de estado de Martha Rosario Jiménez Molleda (+) y Luis Walter Arias Rivero al momento de contraer nupcias.

- Respecto a la norma aplicable en el presente caso resulta ser pertinente son los artículos 129 y 141 del Código de Familia abrogado, los cuales disponen que la sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que adquiere autoridad de cosa juzgada.

- Que, la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante, sin embargo de ello &ta,(A, g 34,(4q triowattb no se demostró la ausencia de libertad de estado de la difunta esposa Martha Rosario Jiménez Molleda (+) y Luis Walter Arias Rivero, pese a ello, de manera parcializada sin sustento probatorio alguno y sin apego a la normativa legal aplicable, el Juez A quo, dispuso en Sentencia la nulidad del matrimonio que nos ocupa, por tanto el Tribunal Ad quem, al observar y establecer la existencia de una resolución ilegal e indebida dispuso su anulación.

Fundamentos por los que impetró declarar improcedente y/o infundado el recurso de casación, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

111. 1. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la Sentencia.

Sobre este aspecto el Auto Supremo N° 855/2018 de 05 de septiembre mencionó:

"Se ha establecido que la congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto, conforme el art. 213.1 del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución.

En tal sentido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley N° 439 en el art. 218.111 que de forma textual determina: "Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo", criterio que ya ha sido exteriorizado en el Auto Supremo N° 304/2016 de fecha 06 de abril, emitido por esta Sala, donde se ha delineado en sentido que: "Los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: 'III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo', norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del juez de primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico".

111.2. El Tribunal de apelación es una instancia de hecho.

El Auto Supremo N° 1183 /2017 de 01 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, ratificado por el Auto Supremo N° 1362 /2024 de 19 de noviembre, consideró que el Tribunal de apelación es un órgano de hecho, puntualizando lo siguiente: "El art. 265 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: '(FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA). I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido. III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios'. La norma descrita permite actuar como un Tribunal de segunda instancia en el que se puede debatir aspectos de hecho, o asimilar medios de prueba que no fueron producidos en primera instancia, dada su naturaleza pueden inclusive requerir medio de prueba para mejor proveer, también se encuentra la facultad de asumir decisión sobre pretensiones omitidas en primera instancia, sobre la base del elenco probatorio producido y descrito por el apelante o su adversario.".

111.3. Obligación de fallar en el fondo por el Tribunal de alzada.

Al respecto, debemos tomar en cuenta el razonamiento efectuado por el Auto Supremo N° 685/2019 de 16 de julio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, ratificado por el Auto Supremo N° 1045/2024 de 13 de septiembre, donde se orientó que: "En ese contexto recursivo, se debe manifestar que la reforma procesal civil, trasunta más allá de solo una reforma legal, es un cambio trascedente de la administración de justicia civil, en las que, las formas están al servicio de los derechos sustanciales, garantizado mediante la oralidad e inmediación y la celeridad de los procesos judiciales.

En el sistema recursivo, la apelación constituye una garantía procesal porque cío :L'Ad, a nyamo ' posibilita que la decisión de instancia sea revisada por jueces de mayor jerarquía que, por la composición colegiada, otorga certeza decisoria por el criterio compartido de su determinación. En esa medida, el Tribunal de segunda instancia no constituye solo un revisor del obrar del proceso que se limita a identificar afectaciones al debido proceso o, en su caso, contrastar las decisiones que resolvieron la controversia y derivarla luego al mismo juez para su reparación; es un colegiado que debe otorgar la celeridad necesaria y que sus determinaciones derivadas de su juicio sean soluciones jurídicas de resolución de la problemática.

En tal caso, el sistema recursivo civil no adopta un procedimiento de reenvío, por el que, por los errores de fondo o forma advertidos en segunda instancia, se reenvíe la causa al Juez A quo y se dicte nuevo fallo, situación inadecuada que no era aceptada en el anterior régimen procesal y, lógicamente, es ausente en el actual. Así el art.

218.111 del Código Procesal Civil, establece que: 'Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo', percepción concreta de la norma que determina la labor del Tribunal de apelación de fallar en el fondo de la causa, es decir, otorgar una solución jurídica, aun la sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas, ya que, como se dijo, la labor del Ad quem no se puede limitar a identificar defectos de la sentencia sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia para el beneficio de los usuarios del sistema de justicia".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución, toda vez que uno de los reclamos acusados en el recurso de casación, está centrado en cuestionar la decisión del Tribunal de alzada que anuló la Sentencia, ordenando al Juez de primera instancia dictar una nueva Sentencia bajo los parámetros expuestos en la resolución ahora recurrida; asimismo, en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde dar respuesta como a continuación sigue:

1. Lo acusado por el recurrente en los incisos a) y b) del Considerando II contiene una exposición coincidente; por ello, y con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias, se procederá a absolver los mismos de manera conjunta bajo las siguientes precisiones:

El Tribunal de alzada, para asumir la decisión de anular la Sentencia de primer grado, señaló que: el argumento principal de la parte apelante versa sobre una supuesta falta de valoración o incorrecta valoración de las pruebas oficiadas a través del Servicio de Registro Cívico, mismas que la autoridad judicial las mencionó en el análisis del caso concreto, más no habría realizado la valoración y ponderación que le corresponde a dichas pruebas, señalando únicamente que no se hubiera perfeccionado la publicidad del registro correspondiente y que la autoridad judicial tendría la obligación en Sentencia de valorar tanto las pruebas decisivas y esenciales como los elementos que hagan presumir la existencia o no de los hechos y derechos litigados; situación que en el caso de Autos no se lograría percibir, basando su decisión únicamente en la prueba que cursa a fs. 178 que se estima es de la Partida de Matrimonio, omitiendo verificar que antes a fs. 176 y 177 de obrados, cursan dos certificaciones emitidas por Asesoría Legal de la misma institución respecto de las cuales en Sentencia, nada se habría dicho y resultaría trascendente su valoración, consiguientemente los argumentos expuestos en el recurso de apelación son ciertos ante la falta de valoración o pronunciamiento mencionado.

En ese entendido, es pertinente precisar que la legislación nacional vigente en materia familiar, establece que, las formas están al servicio de los derechos sustanciales, garantizado mediante la oralidad e inmediación y la celeridad de los procesos judiciales. En ese marco, es claro advertir que los Tribunales de alzada no deben limitarse a anular Sentencias por cuestiones probatorias, pues si consideran que el Juez no valoró o faltó producción probatoria, el Ad quem tiene el deber y poder para generarla y valorarla directamente en segunda instancia para garantizar la justicia material; es así que, la facultad y deber del Ad quem, al revisar la apelación no se limita a evidenciar la necesidad o carencia de un medio probatorio, sino que, si lo ve necesario debe ordenar su producción antes de dictar resolución, conforme el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, medida que busca evitar la dilación indebida de los procesos.

Es así que, el Tribunal de apelación, no se constituye solo en un revisor del proceso que se limite a identificar afectaciones al debido proceso para luego reenviarla al mismo Juez para su reparación; al contrario, conforme se describió en el considerando 111.2 de esta resolución, aplicable por analogía, es un Tribunal de hecho y colegiado, por el cual debe otorgar celeridad al trámite; es así que las determinaciones derivadas de su juicio, deben ser soluciones jurídicas de resolución de la problemática.

En el caso presente, es necesario precisar que, la demandada en su memorial de apelación de fs. 248 a 249 vta., acusó que en la Sentencia no se mencionó la prueba a fs. 177, en la cual el Servicio de Registro Cívico, certificó Martha Rosario Jiménez &tad°. nrow "

Molleda (+) y Oscar Callau Barbery cuentan con divorcio activo de fecha 29 de octubre de 1974, sin observación, contradiciendo así lo mencionado en Sentencia donde se habría asumido que el divorcio se encontraba observado, contradiciendo según la recurrente lo dispuesto por el art. 1534 del Código Civil.

De lo precisado, es claro concluir que la recurrente, dio a conocer al Tribunal de alzada sobre lo omitido en la Sentencia, respecto a la prueba que no se habría valorado o hubiera errónea apreciación; en tal mérito el Ad quem, evidenció esta deficiencia y consideró que existe falta de valoración de la prueba y que resulta trascendente su valoración; motivo por el cual el Auto de Vista impugnado, determinó incorrectamente el reenvío al Juez de origen, con el objeto de que dicte una nueva Sentencia.

En ese entendido, es preciso aclarar que los errores de fondo o forma advertidos en segunda instancia, no deben ser reenviados al Juez A quo, para que dicte nuevo fallo, conforme lo desarrollado en la doctrina aplicable al caso en su considerando III. 2 y 3 aplicable al presente caso de Autos por analogía; pues, aplicar dicho criterio es ingresar en una situación inadecuada y contraria a la ley y al debido proceso, más aún, si el art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, determina la labor del Tribunal de apelación del recurso de apelación fallar en el fondo de la causa y el art. 383.11 de la misma norma, establece la facultad de mejor proveer en caso de que viere por conveniente el diligenciarniento de prueba; es decir, otorgar una solución jurídica, aún la Sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas; ya que, como se dijo, la labor del Ad quem no se puede limitar simplemente a identificar defectos de la Sentencia, sino a enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia para el beneficio de los usuarios de acuerdo a la justicia material y el debido proceso, conforme lo acusado por las recurrentes.

Bajo esa línea de razonamiento, de acuerdo a los arts. 383 y 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, en una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal Ad quem al ser otra instancia y tener las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa, tiene el deber observar el fallo de primera instancia y contrastarlo con cada uno de los argumentos insertos en los reclamos, teniendo la atribución de realizar el análisis de fondo y resolver la problemática y, no necesariamente declarar la nulidad.

Dichos criterios no pueden pasar por alto por este Tribunal, teniendo en cuenta que tanto los jueces como tribunales de instancia están dotados de poderes para el bien de las partes involucradas en el mismo y efectivizar una justicia pronta y oportuna; es así que, la anulación de la Sentencia de fs. 243 a 245, no es la medida adecuada, pues la aplicación correcta de la normativa implica que las autoridades de segunda instancia, en su rol de administradores de justicia, deben corregir las deficiencias u omisiones de la Sentencia y abordar el fondo del litigio.

Por todo lo manifestado, en el marco de la normativa desarrollada en la presente resolución, siendo evidente el defecto identificado, este Tribunal considera fundados los agravios, correspondiendo anular el Auto de Vista N° 377/2025 de 21 de agosto, visible de fs. 347 a 349 vta., a objeto de que el Tribunal de segunda instancia, asuma su competencia, resolviendo las omisiones señaladas y fallar en el fondo de la pretensión principal o si viere conveniente previamente aplicar el art.

383.11 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Por todo lo manifestado corresponde emitir resolución, conforme lo previsto por el art. 401.1 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 401.1 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ANULA el Auto de Vista N° 377/2025 de 21 de agosto, visible de fs. 347 a 349 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, se emita nuevo Auto de Vista conforme a lo desarrollado en la presente resolución y dentro el marco de lo establecido en los arts. 383.11 y 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

No siendo excusable la actitud asumida por los Vocales suscribientes del Auto de Vista anulado, habiéndose advertido anteriormente que el perjuicio causado tiene relevancia al tratarse los sujetos procesales miembros de un grupo vulnerable como es la tercera edad, mereciendo por ello la aplicación de criterios de protección reforzada y siendo notorio el perjuicio causado y el incumplimiento de los principios de celeridad y eficacia en la emisión del fallo anulado, remítanse antecedentes del caso ante la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura para fines de su procesamiento y sanción en caso de corresponder.

De conformidad al art. 17.1V de la Ley del Órgano Judicial, póngase en Alf)v¿ct &talo ny.(7~ ' ›cif:cúbi conocimiento del Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0452_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): e0e35535af20cbcc1e4c36faf5839438464d893836a8df9c40ace44e20220156

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