Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de abril de 2026
Recurso infundado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en el art. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1134 a 1140 vta., interpuesto por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles representados por Eloy Gumercindo Mamani Díaz y Gabriela Micheell Mamani Gutiérrez contra el Auto de Vista N° 711/2025 de 17 de noviembre, cursante de fs. 1123 a 1130, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.
Se regulan honorarios profesionales para el abogado que contestó el recurso en la suma de Bs.1.000.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0451/2026 Fecha: 17 de abril de 2026 Expediente: LP-26-26-S Partes: Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles c/ Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Salazar Torrico. Proceso: Nulidad de contrato y reivindicación. Distrito: La Paz
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1134 a 1140 vta., interpuesto por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles contra el Auto de Vista N° 711/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1123 a 1130, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato y reivindicación, seguido por los recurrentes contra Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Salazar Torrico;
la contestación de fs. 1143 a 1151; el Auto de concesión de 28 de enero de 2026, visible a fs. 1152; el Auto Supremo de admisión N° 0171/2026-RA de 20 de febrero, obrante de fs. 1158 a 1160, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles por memorial de demanda que cursa de fs. 107 a 115 vta., subsanado de fs. 159 a 163 vta., promovieron el proceso ordinario de nulidad de contrato y reivindicación contra Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Salazar Torrico, quienes una vez citados, según escritos visibles a fs. 173, de fs. 219 a 225 vta, y de fs. 237 a 238, se apersonaron, contestaron de manera negativa, opusieron excepciones de obscuridad en la demanda, litispendencia y prueba ilegítima y reconvinieron por daños y perjuicios, pretensión que mereció el Auto interlocutorio de fecha 29 de mayo de 2019, corriente a fs. 239, que declaró por no presentada la demanda reconvencional, salvando su derecho para hacerlo valer en un proceso distinto;
posteriormente por escrito de fs. 275 a 277, Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles, solicitaron acumulación de procesos y mediante Auto de 13 de noviembre de 2019 a fs. 282 y vta., se aceptó la acumulación disponiéndose que se remita el proceso civil ordinario de usucapión decenal caratulado Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Mazar Torrico c/ Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 149/2024 de 16 de febrero, que cursa de fs. 1017 a 1030 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 7° de la ciudad de El Alto - La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de documento privado, protocolo, escritura pública y reivindicación interpuesta por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García de Torrico, y PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, debiendo por la oficina de Derechos Reales de El Alto se proceda a la inscripción definitiva del bien inmueble objeto de la /itis a favor de los demandados y cancelarse el registro de derecho propietario a nombre de los demandantes, sin costas y costos por ser proceso doble.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles representados por Eloy Gumercindo Mamani Díaz y Gabriela Micheell Mamani Gutiérrez, según escrito de fs. 1037 a 1099 vta., originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 711/2025 de 17 de noviembre, corriente de fs. 1123 a 1130, que REVOCÓ parcialmente la Sentencia apelada, declarando IMPROBADA la demanda acumulada sobre usucapión decenal, quedando lo demás firme y subsistente, en base a los siguientes fundamentos:
- Respecto a la errónea valoración de las pruebas, al considerar las pruebas periciales, se evidenció que, ante la observación del primer informe pericial, se produjo el segundo informe pericial y este último llegó a determinar la existencia de la firma de uno de los vendedores y no así de los dos; por lo que, el documento privado trascrito en la Escritura Pública N° 0632/2016, sería nulo por ilicitud al señalar la falsedad en sus firmas y rúbricas. Sin embargo, no acoge específicamente la nulidad - ilicitud por causal de falsedad, debiendo probarse dicha falsedad precisamente por los informes periciales. Es así que, valorando ambos peritajes, llegó a la conclusión de la improcedencia de la pretensión puesto que la parte demandante no probó la falsedad señalada.
- En cuanto a la procedencia de la usucapión decenal, teniendo en cuenta que el fundamento de la apelación es el plazo de 10 arios de posesión pacífica y continua, siempre que tal ocupación reúna las características de la posesión, la parte reconvencionista indicó que ostentó el bien inmueble en calidad de poseedor desde la gestión 2003 sin interrupción. Sin embargo, el hecho de haber pagado la deuda al FONVIS, no acreditó una situación de posesión y dicha deuda cancelada no es objeto de juicio, máxime cuando los mismos reconocen la suscripción del documento privado de mayo de 2008; en tal sentido, no se los puede considerar Játah h ai,f;via eyagw ' como poseedores desde la gestión 2003, ya que su calidad hasta la suscripción del documento de 2008, fue la de detentadores. En tal sentido, no es evidente que la usucapión haya operado desde el 2003.
- Con referencia a la imposibilidad de enajenar un inmueble adquirido bajo normativa o condición de beneficio social de vivienda, el inmueble no era susceptible de transferencia dentro de los 10 arios siguientes de su adquisición, es decir hasta marzo de 2015, aspecto que no resulta evidente o atendible bajo el principio de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. En ese entendido, si bien el inmueble se habría adquirido como beneficio social, no se ajusta a la causal de nulidad - falsedad, incoada por el demandante, menos aún resulta vinculante con la posibilidad de la usucapión señalada por la parte reconvencionista.
- Respecto a la procedencia de la reivindicación, incumple el primer requisito de la reivindicación sobre la titularidad del bien objeto de la /itis; puesto que, con la suscripción del documento privado de transferencia de mayo de 2008, existe la posibilidad del cambio de titularidad, siendo ambigua la continuidad del registro propietario a favor de los demandantes.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles, según escrito visible de fs. 1134 a 1140 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. Los recurrentes en el recurso de casación acusaron:
a) Errónea aplicación de los arts. 1538, 1543 y 1545 del Código Civil, puesto que el Tribunal de alzada, pese a reconocer la existencia y vigencia del derecho propietario inscrito a su favor, negó indebidamente la tutela jurisdiccional solicitada, atribuyendo efectos jurídicos reales a un documento privado de mayo de 2008, carente de inscripción registral e incapaz de producir transferencia del dominio. De esta manera, equipara un documento privado con un Folio Real vigente y desconoce el carácter constitutivo, preferente y oponible erga omnes de la inscripción en el registro de Derechos Reales, conforme lo previsto en la normativa citada. Por su parte, desnaturaliza la acción reivindicatoria al introducir una exigencia de "titularidad indiscutible", no prevista por ley; es decir, atribuye al documento privado de mayo de 2008 efectos reales traslativos de dominio que la ley no le reconoce.
b) Error de derecho y hecho en la valoración de la prueba, puesto que otorgó al documento privado de mayo de 2008, un valor jurídico y probatorio que no le corresponde, privilegiando un instrumento carente de inscripción registral y desprovisto de eficacia traslativa de dominio, por sobre el Folio Real vigente, que constituye el único medio idóneo para acreditar el derecho propietario, vulnerando de manera directa el régimen legal de la prueba y el sistema registral inmobiliario.
Asimismo, indica que la resolución recurrida incurre en un error de hecho, al afirmar la existencia de una "posibilidad de cambio de titularidad" sustentada en un documento privado carente de efectos reales, incapaz de producir mutación dominial.
Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista y en el fondo declare probada la acción reivindicatoria.
2. De la contestación al recurso de casación
Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Salazar Torrico, respondieron al recurso de casación mediante memorial de fs. 1143 a 1151 vta., argumentando que:
- No cumple los requisitos formales ni sustanciales exigidos por los arts. 271 y 274 del Código Procesal Civil, no precisa si interpone casación en la forma o en el fondo, mezcla indistintamente supuestos vicios procesales con cuestionamientos de fondo, no identifica ninguna norma sustantiva o adjetiva vulnerada, no existe explicación jurídica del supuesto error; desnaturaliza el recurso de casación, pretendiendo convertirlo en una tercera instancia; reitera varios agravios ya resueltos en Sentencia y Auto de Vista y; persigue una finalidad estrictamente dilatoria, buscando desconocer documentos firmados por los propios demandantes y desalojarnos ilegítimamente de una propiedad que nos pertenece.
Por lo expuesto, solicitaron falle declarando infundado el recurso de casación, condenando al pago de costos y costas procesales.
CONSIDERANDO III
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
111.1. De la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.
El Auto Supremo N° 0813/2025 de 01 de agosto, en referencia al Auto Supremo N° 410/2019 de 24 de abril, razonó: "El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común Alai& Aklxa denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/ o aplicación.
Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.
En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica 'la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley' que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.
Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotetico jurídico...". (Las negrillas son nuestras)
111.2. Error de hecho y error de derecho.
Sobre el error de hecho y de derecho, el Auto Supremo N° 0494/2025 de 27 de mayo, refirió al respecto el Auto Supremo N° 293/2013 de 07 de junio, que orientó:
"Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica".
111.3. De la acción reivindicatoria.
El Auto Supremo N° 915/2022 de 21 de noviembre, respecto a esta acción real en particular, señaló que: "...La primera parte del artículo 1453 del Código Civil, describe: '(ACCIÓN REIVINDICATORIA). I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta.'. Este precepto ha tenido diversas formas de expresarse en distintos autos supremos, así cuando el demandado no tenga un título que justifique esa posesión, la jurisprudencia en esta rama tan solo ha orientado a la procedencia de la acción reivindicatoria contra una persona que posee el bien, sin que haya merecido debate considerar si el demandado tiene algún justificativo para su permanencia en el bien. Tratándose de un inmueble.
En otros casos, al trabajarse con mayor exquisitez la explicación del contenido del artículo 1453 del Código Civil, el alcance de la acción reivindicatoria ha radicado en describir sus presupuestos, así se encuentra señalado en la doctrina aplicable cuando se citó el contenido del Auto Supremo N° 712/2018 de 23 de julio.
El Auto de Vista impugnado, al momento de considerar el presupuesto de la acción reivindicatoria, señaló lo siguiente: '2) Legitimación pasiva, también debe demostrar que el demandado o los demandados han despojado al actor y son poseedores Moki'm J.Itachi rzywo, ' ilegítimos, sea que no cuentan con una causa justa o válida para poseer'. Menciona que al art. 1453.1 del Código Civil no se le podía agregar la condición o calidad a la posesión o detentación.
( ...) La descripción efectuada en el Auto de Vista refiere que la legitimación pasiva se identifica en la persona que ejerce la posesión ilegítima, o sea, que el poseedor no cuente con una causa justa o válida para poseer. Esta descripción obedece a una interpretación finalista de la norma, puesto que, con esta acción, se protege al propietario, permitiéndole que recupere la posesión de la cosa de manos de un tercero que no tenga un justificativo legal que ampare esa posesión. A contrario sensu, si el demandado tiene un título que justifique su posesión, haría improcedente la acción reivindicatoria. Es ese título puede emanar de propietario que está solicitando la reivindicación o de otro que delegó esa detentación. Obviamente que el título debe tener su justificación, es decir, que el título debe fundarse en un derecho plenamente constituido, de tal manera que si no está acreditada la fuente de la procedencia del título hará inválida la posesión, calificándola como una posesión ilegítima. ...
En el apartado III. 1 de la doctrina aplicable, se ha establecido que el poseedor debe ser una persona que no tenga un justificativo legal para permanecer en la propiedad, tratándose de una reivindicación de inmuebles. Dicho criterio está fundado en una interpretación teológica de la norma y en el aporte doctrinario de Piug Brutau, quien, refiriéndose a la acción reivindicatoria, manifiesta que: 'es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión'...
Se entiende que la acción reivindicatoria procede en contra de un poseedor que no tenga justa causa para poseer la cosa, o sea, que su posesión sea ilegítima. Se entiende que el poseedor ilegítimo es quien no tiene derecho a poseer, tal como lo manifiesta el recurrente en su escrito de casación.". (Las negrillas son nuestras).
CONSIDERANDO IV
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.
1. Respecto a las acusaciones descritas en el inciso a), debemos indicar que el art.
271 del Código Procesal Civil, prevé que una de las causales en que el recurso de casación se funda, es la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; así, como cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho.
En este marco, debe tenerse presente que son diferentes los entendimientos de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley conforme se ha desglosado en la doctrina aplicable en el parágrafo III.1., cada uno de ellos tiene un sentido propio y un alcance distinto. En consecuencia, los recurrentes no observaron que la aplicación indebida ocurre cuando, sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma, se aplica a un hecho o situación no previsto en el supuesto fáctico de la disposición, o se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal, aspecto que resulta elemental para comprender la presunta infracción. Asimismo, se tiene que la interpretación errónea refiere que la autoridad al analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y jurisprudencia.
Con la finalidad de ingresar en contexto, debemos indicar que los ahora recurrentes, demandaron la nulidad de un documento privado de transferencia de un inmueble que suscribieron en mayo del 2008 con los demandados. Así también;
demandaron la reivindicación del bien inmueble objeto del referido contrato de transferencia, ubicado en la zona Mercedario de la Ciudad de El Alto. Al efecto, mediante Sentencia N° 149/2024 de 16 de febrero, se declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de documento privado, protocolo, escritura pública y reivindicación interpuesta. Asimismo, ante el recurso de apelación presentado por los demandantes, se emitió el recurrido Auto de Vista, el mismo que REVOCÓ la Sentencia apelada, solo en cuanto se refiere a la demanda acumulada de usucapión, declarándola IMPROBADA y manteniendo lo dispuesto respecto a la nulidad de documento y acción de reivindicación. En ese sentido, los agravios traídos en recurso de casación, sólo se refieren a la acción de reivindicación dispuesta en el art. 1453 del Código Civil, desarrollado en el Considerando III.
punto 3.5. del referido Auto de Vista.
Es así que, los recurrentes acusan la errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 1538, 1545, 1543 y 1453 del Código Civil. A este efecto; es importante indicar que, si bien el Auto de Vista en su Considerando III. punto 3.5. fundamentó su decisión estrictamente en las disposiciones del art. 1453 del Código Civil, aclarando los supuestos para la aplicación de la acción de reivindicación, se hace evidente que el art. 1538 del Código Civil guarda estricta relación en cuanto tiene que ver con la inscripción y publicidad del título de derecho propietario ante el ck . .0v¿a ny,~0~ registro de Derechos Reales, esto con la finalidad de demostrar el primer supuesto de la reivindicación, que los actores cuenten con el derecho propietario de la cosa a reivindicar. Sobre el tema en cuestión, el Auto de Vista, recurrido, señaló que, la acción reivindicatoria debe cumplir ciertos requisitos como: 1) Que el actor tenga el derecho propietario sobre la cosa cuya reivindicación pretende, sin que interese si haya estado o no en posesión material de la misma, porque el derecho propietario trae aparejada la posesión civil; 2) que la cosa esté en poder del demandado como tercero poseedor o detentador; y, 3) la identificación o singularización de la cosa cuya reivindicación se demanda. Respecto al derecho de propiedad, se tiene el Folio Real del inmueble registrado bajo la Matrícula N° 2.01.4.01.0207426 cursante a fs.
148, el cual consigna en la columna de titularidad en el Asiento A-2 a Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García de Torrico como propietarios; por lo que se tiene debidamente acreditado el derecho de propiedad; la fe probatoria de este documento es indubitable con relación a la reivindicación. Sin embargo, es necesario recordar que la inscripción o registro del derecho propietario ante Derechos Reales, es una formalidad que evidentemente hace público el carácter constitutivo y preferente del derecho sobre un inmueble haciéndolo oponible ante terceros, como también indican los recurrentes en su memorial de recurso de casación, la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, únicamente se perfecciona con la inscripción del título en el Registro de Derechos Reales, inscripción que produce efectos constitutivos, así como oponibilidad frente a terceros. En este entendido, pese a que el Auto de Vista no menciona ni fundamenta su decisión en los arts. 1538, 1545 y 1543, se hizo importante para este Tribunal enfatizar dichos aspectos en el presente fallo, con la finalidad de evidenciar que no existe propiamente una errónea interpretación y aplicación indebida de la ley, ya que en rigor de los presuntos argumentos invocados por los recurrentes, no podrían constituir fundamento válido en un recurso de casación para dejar sin efecto una determinación judicial o para casar la misma, correspondiendo desestimar los reclamos acusados.
2. Considerando las acusaciones señaladas en el Considerando 11.1. inc. b) del presente fallo, respecto al supuesto error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba; nos referiremos inicialmente al error de hecho, indicando que como se apreció en la doctrina inserta en el punto 111.2. anterior, este se produciría cuando el Juez altere o modifique, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio. Al respecto es importante señalar que, ante la existencia del documento privado de mayo de 2008 debidamente suscrito por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles por una parte y Gunnar Wilson Salazar Torrico y Sorka Sthael Salazar Torrico por la otra, el mismo que al no haberse producido nulidad alguna, dicho contrato conserva total validez, vigencia y exigibilidad al tenor de los arts. 450 y 519 del Código Civil;
consecuentemente, si bien el referido documento no fue registrado en Derechos Reales conforme el art. 1538 del Código Civil, vinculado al art. 1540 del mismo compilado civil y art. 1 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, surte efectos jurídicos entre sus suscribientes.
De esta manera, ante estos hechos fehacientes y verídicos, con la suscripción del documento de mayo de 2008, es evidente que los recurrentes manifestaron su voluntad de transferir su derecho propietario del bien inmueble objeto de la /itis a favor de los ahora demandados, es decir que de manera voluntaria procedieron a entregar el inmueble que ahora pretenden reivindicar, por lo que el Auto de Vista recurrido en su Considerando 111.3.5., claramente manifestó: "...existiendo la posibilidad del cambio de titularidad, siendo ambiguo la continuidad de su registro propietario, ...".
Por tal motivo, no es evidente que la resolución recurrida hubiere incurrido en un error de hecho, al afirmar la existencia de una "posibilidad de cambio de titularidad", justamente porque los ahora demandados mantienen latente esa posibilidad, en cualquier momento, de otorgarle y hacer valer los efectos reales al documento privado, así como la capacidad plena para producir una mutación dominial.
Respecto al error de derecho, tampoco es evidente que se hubiere otorgado algún tipo de preferencia o privilegio al documento privado de mayo de 2008 frente a un Folio Real vigente; en virtud a que, en principio en ningún momento se cuestionó el derecho propietario de los demandantes sobre el bien inmueble, sino más bien, el Auto de Vista recurrido, aclaró y explicó que no existiría una "titularidad indiscutible", esto, precisamente porque ante la manifestación de la voluntad expresada con la suscripción del documento privado, fue evidente la decisión de transferir el bien inmueble, existiendo a la fecha un documento vigente sujeto simplemente al cumplimiento de una formalidad exigida por el art. 1538 del Código Civil. En este entendido, no es evidente que se hubiere otorgado un valor jurídico preferente al documento privado suscrito en mayo de 2008.
Consecuentemente, no se advierte error de hecho o de derecho en la valoración de los medios de prueba por parte del Tribunal Ad quem, que obró de forma correcta y en función a un análisis individual e integral de la prueba producida; siendo por ello, infundado este motivo de casación. De cualquier manera, conforme la doctrina legal aplicable, indicada en el punto 11.3. del presente fallo, se encuentra claramente establecido que la acción reivindicatoria resulta improcedente ante la entrega voluntaria del inmueble objeto de la /itis, por parte de los propietarios.
En consecuencia, la decisión del Ad quem se apoya en un análisis comprensivo y equilibrado de los elementos probatorios disponibles, asegurando así la correcta aplicación de los principios legales y la protección de los derechos de todas las partes involucradas en el litigio. Los argumentos esgrimidos por los recurrentes en relación con un presunto error de hecho y de derecho, no logran desacreditar la fundamentación sólida sobre la cual se basa la resolución de segunda instancia, que se orienta hacia la interpretación adecuada de las circunstancias fácticas y jurídicas pertinentes.
En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; correspondiendo negar la pretensión de los recurrentes y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en el art. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1134 a 1140 vta., interpuesto por Germán Américo Torrico Aguilar y Gloria Elena García Gonzáles representados por Eloy Gumercindo Mamani Díaz y Gabriela Micheell Mamani Gutiérrez contra el Auto de Vista N° 711/2025 de 17 de noviembre, cursante de fs. 1123 a 1130, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.
Se regulan honorarios profesionales para el abogado que contestó el recurso en la suma de Bs.1.000.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA TRI ANTE MI; <Set h 946g. SECRETARIA DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0451_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 270ba3321f42b101eea0bea6b0cc082400842a5942e0a2ef0384c2947b1c970d
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →