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AS 0449/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 17 de abril de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
17 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1)

de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 390 a 392 vta., interpuesto por Wilma Daysi Taquichiri Mamani y Oscar Choque Flores, contra el Auto de Vista N° 3/2026 de 06 de enero, corriente de fs. 383 a 388, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado que contestó al recurso de casación en la suma de Bs. 1000.

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Texto completo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0449/2026 Fecha: 17 de abril de 2026 Expediente: OR-21-26-S Partes: René Martín Sánchez Quispe, Pablo Vicente Sánchez Quispe, Gabriel Sánchez Quispe, Silvia Sánchez Quispe y Juan Sánchez Gonzales c/ Wilma Daysi Taquichiri Mamani de Choque y Oscar Choque Flores. Proceso: Acción reivindicatoria. Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 390 a 392 vta., interpuesto por Wilma Daysi Taquichiri Mamani de Choque y Oscar Choque Flores, contra el Auto de Vista N° 3/2026 de 06 de enero, corriente de fs. 383 a 388, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria, seguido por René Martín Sánchez Quispe, Pablo Vicente Sánchez Quispe, Gabriel Sánchez Quispe, Silvia Sánchez Quispe y Juan Sánchez Gonzales contra los recurrentes; contestación de fs. 395 a 397; el Auto de concesión N° 22/2026 de 6 de febrero, visible a fs. 398 y vta.; el Auto Supremo de admisión N° 0253/2026-RA de 05 de marzo, saliente de fs. 403 a 404 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. René Martín Sánchez Quispe, Pablo Vicente Sánchez Quispe, Gabriel Sánchez Quispe, Silvia Sánchez Quispe y Juan Sánchez Gonzales, por memorial de demanda de fs. 40 a 44, subsanado de fs. 120 a 124, promovieron el proceso ordinario de acción reivindicatoria contra Wilma Daysi Taquichiri Mamani de Choque y Oscar Choque Flores, quienes una vez citados, según escrito de fs.

a 146, subsanado de fs. 149 a 151, se apersonaron y contestaron de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 98/2025 de 29 de septiembre, cursante de fs. 335 a 343, en la que el Juez Público Civil y Comercial 6° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de acción reivindicatoria, con costas y costos procesales, disponiendo que, en el plazo de treinta días de ejecutoriada la Sentencia, la parte demandada restituya el inmueble con Matrícula N° 4.01.1.03.0001598, en favor de los propietarios René Martín Sánchez Quispe, Pablo Vicente Sánchez Quispe, Gabriel Sánchez Quispe, Silvia Sánchez Quispe y Juan Sánchez Gonzales.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Wilma Daysi Taquichiri Mamani de Choque y Oscar Choque Flores, según escrito de fs. 350 a 356 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 3/2026 de 06 de enero, corriente de fs. 383 a 388, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada en base a los siguientes argumentos:

- Conforme el art. 128 del Código Procesal Civil, la parte demandada tenía la oportunidad de interponer excepción de demanda defectuosamente propuesta si consideró que la demanda no era precisa o ambigua, empero se limitó a contestar a la demanda sin oponer excepción alguna, resultando extemporáneo observar la demanda o la concurrencia de algún vicio.

- Para la procedencia de la demanda de reivindicación se requieren tres requisitos esenciales, los cuales son demostrar la propiedad del inmueble, la determinación del bien y que el demandado posea o detente actualmente el bien sin tener derecho alguno; en el presente caso la autoridad judicial ha adquirido dicho convenimiento a tiempo de valorar las pruebas en base a la lógica, ciencia y experiencia común, evitando arbitrariedad, asimismo en la Sentencia se consideró los argumentos de la contestación, si bien se ha acumulado antecedentes de un anterior proceso de interdicto de recuperar la posesión, el mismo fue declarada no presentada.

- En cuanto a la habitabilidad y habitualidad que ostentarían los demandados sobre el bien, no se planteó pretensión de usucapión para hacer valer la posesión, por lo que dicho reclamo carece de asidero legal; en cuanto a la legitimación para interponer la presente demanda, los recurrentes no interpusieron excepción de falta de legitimación para observar tal aspecto; respecto a que debería considerarse nula la transferencia por el cual los demandantes adquirieron el derecho propietario, según el art. 546 del Código Civil, toda nulidad debe ser declarada por autoridad judicial mediante demanda contenciosa, mientras no ocurra ello, el documento de propiedad es válido.

- De la revisión de la Sentencia impugnada, se ha hecho mención de las pruebas aportadas por la parte demandada y se le ha dado la valoración correspondiente, si bien no se ha hecho referencia a los argumentos de la contestación, es porque no existió pretensión reconvencional, por lo que no puede acusarse de vulneración a la tutela efectiva, derechos o garantías constitucionales.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Wilma Daysi Taquichiri Kr i~johrtal

Mamani de Choque y Oscar Choque Flores, según escrito de fs. 390 a 392 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. Los recurrentes en el recurso de casación acusaron:

En el fondo.

a) Error de hecho en la apreciación de la prueba y violación de la ley sustancial al no haberse demostrado la singularización del lote con plano legalizado expedido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; contrariamente se habría demostrado que el inmueble ubicado en la Urbanización Las Floridas (Santa Ana)

no existe, tanto en el ente edil como en Derechos Reales, por lo que al no existir dicha urbanización no existe el lote de terreno; además según el tracto sucesivo de la parte demandante, el lote de terreno N° 6, manzana M-83, estaba comprendido en la Urbanización Las Floridas, que la Matrícula N° 4.01.1.03.0001598 tiene su antecedente dominial en la Partida 3504, cuyo propietario fue Ana Pelaez Jiménez de Velarde, en cambio la propiedad de los demandados tiene su antecedente dominial en la Matrícula N° 4.1.01.03.0000144, siendo su antecedente la Partida N° 99, con la misma vendedora, lo que coincidiría con su minuta de transferencia, es así que conforme el historial de registros de ambas partes se establecería que los demandantes obtuvieron su derecho propietario de la Urbanización Las Floridas Santa Ana que no existe y cuya identificación únicamente puede ser demostrado con plano legalizado por el Gobierno Municipal.

En la forma.

b) Incongruencia omisiva, del contenido esencial del Auto de Vista "N° 243/2023"

omitiría considerar, valorar y dar respuesta a los fundamentos del recurso de apelación descritos supra, que no habrían sido transcritos en la parte de exposición de los motivos del recurso, no fueron respondidos, limitándose el derecho a la defensa.

c) Omisión en la valoración de la prueba, los Vocales de la Sala Civil habrían omitido valorar el informe del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que evidencia que el lote de terreno, manzano y urbanización no existe, el informe de Derechos Reales que acreditaría que la Urbanización Las Floridas no se encuentra registrada, el Folio Real de la Urbanización Santa Ana II antiguo, Matrícula N° 4.01.1.01.0000144, que demostrarían que no se fraccionó el lote de terreno de la urbanización Las Floridas, y el peritaje que sólo habría tomado en cuenta los planos que no se encuentran aprobados por el Gobierno Municipal, tales pruebas serían determinantes para la identificación plena del inmueble, máxime si la única autoridad que puede determinar la ubicación de los lotes es el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

En mérito a tales argumentos, se solicitó se anule el Auto de Vista recurrido y se pronuncie uno nuevo con los argumentos esgrimidos precedentemente.

2. De la contestación al recurso de casación.

Ruth Esther Rollano Calle en representación de René Martín Sánchez Quispe, Pablo Vicente Sánchez Quispe, Gabriel Sánchez Quispe, Silvia Sánchez Quispe y Juan Sánchez Gonzales, contestó al recurso de casación señalando lo siguiente:

En el fondo.

- Se ha demostrado la procedencia de los presupuestos de la acción de reivindicación, se tuvo por probado el derecho propietario de la parte actora, así como la posesión que ostenta los demandados, en cuanto a la ubicación del bien, el mismo fue acreditado mediante prueba pericial, así como el informe topográfico;

en cuanto al hecho de no haberse presentado un plano demostrativo emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, tal reclamo carece de fundamento legal por cuanto la jurisprudencia no indica como requisito presentar un plano demostrativo visado, sólo exige la identificación o singularización de la cosa reivindicada.

- En cuanto a las pruebas de descargo, la parte demandada presentó una minuta de transferencia, empero el mismo no puede ser considerada al no cumplir con lo dispuesto por el art. 1538 del Código Civil, por lo que no tiene validez para referirse al antecedente dominial del cual deviene la propiedad de la parte demandante, si los demandados creen irregular el registro del derecho propietario, están en su derecho de demandar la nulidad del mismo, empero en la presente causa no se interpuso ninguna demanda reconvencional, por lo que no puede ser motivo de análisis.

En la forma.

- Se indica incongruencia omisiva puesto que se habría omitido valorar los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, así como valoración de la prueba; sin embargo, no corresponde el recurso de casación en la forma ya que no expone algún error de procedimiento.

En base a dicho marco de argumentos, la parte demandante solicitó se declare infundado el recurso de casación en la forma y en el fondo, con imposición de costas y costos.

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CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1. De la acción reivindicatoria y sus requisitos de procedencia.

El Auto Supremo N° 201/2021 de 05 de marzo, emitido por esta Sala Civil, orientó respecto a dicha acción real de defensa de la propiedad: "Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: 'I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta', de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella; por esa razón, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión.

(...) En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo: 'Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación', son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño;

2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar; y, 3. La posesión de la cosa por el demandado.

De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión fisica de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma.

Sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión fisica del inmueble.

De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar al autor Arturo Alessandri R., que señaló que: `...la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee'; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la 'posesión' emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la 'posesión Civil', que a su vez está integrado por sus elementos 'corpus' y `animus'. "

111.2. El demandado de reivindicación en caso de no alegar derecho propietario (reivindicación simple), no puede pedir el examen del origen del título propietario del demandante.

El Auto Supremo N° 1071/2025 de 26 de septiembre, en su epígrafe 111.2. relativo a la doctrina aplicable, desarrolló el siguiente razonamiento: "En cuanto al tópico que se trae a colación, iniciaremos señalando que, conforme lo desarrollado en los antecedentes jurisprudenciales emitidos por este Tribunal, así como la extinta corte Suprema de Justicia, dicha acción real puede clasificarse en dos tipos, la reivindicación simple, por una parte, y una reivindicación compleja por otra.

Conforme el entendimiento asumido en el Auto Supremo N° 122/ 2012 de 17 de mayo que dispuso: 'Ahora bien cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no puede ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras, deberá previamente hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación y por lo tanto sin controversia sobre el derecho propietario, el resultado será una sentencia de simple condena en la faz petitoria. ', entendimiento jurisprudencial que se encuentra reiterado y uniforme en los fallos posteriores que modularon respecto al entendimiento de la función compleja de la reivindicación.

Es así que, en caso de encontrarse frente a una reivindicación compleja en el que el demandado alegue y demuestre ostentar también derecho propietario sobre el bien que se pretende vindicar, se encuentra plenamente justificado la realización de un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad, que a su vez da paso a los contenientes a analizar el tracto sucesivo del cual deviene los títulos de propiedad controvertidos, en aras de justamente determinar a quien le asiste el mejor derecho de propiedad y por consecuente su posesión.

Sin embargo, en caso de estar frente al primer supuesto, es decir que el demandado no alegue derecho propietario sobre el bien, resulta completamente superfluo la realización de tal juicio de mejor derecho, razón por la que el demandado al resultar ser mero poseedor no le asiste la facultad de poner en tela de duda la validez del título gt,,cio, ., , € , ),.,,,,,, 0.~ , i ,4 Aiimú, .,1,,,i de propiedad del demandante, y en ese mérito, tampoco se encuentra facultado a solicitar el examen de los antecedentes de dominio por cuanto el mismo se encuentra reservado únicamente para el juicio de mejor derecho.

Es así que, siendo que dicho extremo aún resulta insuficiente en el razonamiento esbozado en la línea jurisprudencial moduladora de la acción reivindicatoria, corresponderá nutrimos del derecho comparado, recurriendo al razonamiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que mediante la Sentencia SC-776 de 15 de marzo de 2021, en un caso similar de autos razonó: 'El cargo formulado por el impugnante gira en tomo al alcance de esa última defensa que puede esgrimir el poseedor demandado, precisamente en lo tocante al dominio del bien litigado en cabeza del actor. ¿Podrá remontarse el demandado al pasado para pedir que se examinen los títulos que en la cadena de traspasos preceden al del reivindicador, de modo que, por encontrar uno de esa serie viciado (por nulo, falso, inexistente, etc.) le comprometa su condición de propietario porque imposibilite que el bien raíz objeto de la causa litigiosa le haua sido eficamente transferido? Algunos han pensado que sí está legitimado en la causa porque como 'nadie puede transmitir más derecho del que tiene', si un título traslaticio anterior es ineficaz, el accipiens no ha podido recibir lo que quería, ni podrá tampoco transferirlo, a resultas de lo cual el reivindicador que con esas anomalías adquirió, no tendría entonces la calidad de dueño, requisito éste que es el pórtico al ejercicio de la acción de dominio.

Pero la Corte, en multitud de providencias ha consagrado otra solución, pues ha indicado, entre otras muchas oportunidades:

(...) En 1943: 'Esta Sala de Casación ha sostenido en numerosos fallos que para el ejercicio de la acción reivindicatoria no es necesario presentar ni exhibir el certificado del Registrador, sobre suficiencia de una titulación de propiedad, a que se refiere el artículo 635 del Código Judicial, porque en esta clase de controversias no se trata de apreciar o demostrar la existencia o validez de las sucesivas transferencias del dominio de las fincas reivindicadas en espacio matior de treinta años, sino únicamente de enfrentar el título de dominio del actor con los del demandado o con la posesión que éste pretende, para decidir en cada caso ti sólo entre las partes cual de esas situaciones debe ser preferida ti respetada en el orden prevalente de antigüedad. Si el título del actor reivindicante es anterior al título del opositor o a la posesión que alega, debe prosperar la acción y ordenarse la restitución del bien al que aparece con mejor derecho entre las dos para conservar su dominio y goce, en orden a la mayor antigüedad'. (SC de 24 de marzo de 1943, G. 1 t. L V, pág. 247)

( ...) En 2009: En principio, el poseedor está privilegiado por el legislador puesto que su ánimo de señor y dueño prevalece, aún frente al mismo titular del derecho de dominio, si su posesión es anterior a la prueba de la propiedad que exhiba y presente la persona que reclama la devolución de la cosa (...) Dentro del proceso reivindicatorio se pueden presentar varias circunstancias relacionadas con los contrincantes y, especialmente respecto de la forma en que cada uno de ellos afronta el litigio. La primera, alude a que solo el demandante esgrime en su pro la existencia de título de propiedad para oponerlo a la mera posesión que tiene en su favor el contradictor y la segunda, se configura cuando ambas presentan 'títulos' de dominio ( ...) Importa destacar que la circunstancia que viabiliza la reivindicación cuando el reclamante aduce 'título' demostrativo del derecho de dominio con suficiencia para destruir la posesión del accionado tiene efectos meramente relativos, esto es, entre las partes enfrentadas en el respectivo litigio, que no se extienden a terceras personas no intervinientes en el proceso y que tampoco atribuyen de manera absoluta la propiedad a la parte actora vencedora. En esta clase de acciones no se trata de establecer la suficiencia de los 'títulos' de propiedad del actor mediante la verificación de la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restitución se depreca, sino simplemente de poner en contradicción o enfrentar la posesión del accionado con la calidad de dueño que ostenta el demandante, produciendo protección u prevalencia el que logre comprobar mayor antigüedad (sentencia de 28 de septiembre de 2009, exp. 2001-00002-01).

La anterior constituye una sólida posición de la Corte -que fue la que el Tribunal adujo-. Y que en esta oportunidad no encuentra razones para modificar.'

Si bien el derecho civil colombiano, además de los requisitos consuetudinarios que exige la reivindicación, también exige que el título de propiedad sea anterior a la fecha de ingreso de posesión del demandado, nótese que el razonamiento que se asume en su ámbito respecto a la improcedencia de examinar los antecedentes de dominio en caso de estar frente a una reivindicación simple, encuentra plena aplicabilidad -por analogía- al ámbito civil nacional, habida cuenta que conforme la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal, al demandante de reivindicación, sólo se le exige la demostración de su título de propiedad debidamente inscrito en el registro correspondiente de Derechos Reales para acreditar el derecho de dominio que tiene sobre el bien, el cual al resultar plena prueba conforme los arts. 1289 y 1538 del Código Civil, no puede ser objetado por un simple poseedor, tampoco presumirse su invalidez, a menos que dicho poseedor también ostente derecho propietario, pues sólo en dicho caso se le encuentra facultado de examinar los antecedentes de dominio tanto del derecho de propiedad que ostenta alegar, así como de su adversario, a fin de determinar a quien le asiste un mejor derecho de propiedad que justifique la posesión gta10 , A 2,4-ia o rlt,cl,f;Ce;cli controvertida, sin embargo, mientras el demandado resulte ser únicamente poseedor, no le asiste tal facultad." (Negrillas añadidas)

111.3. En relación al "per saltum".

Respecto al "per saltum", este Tribunal a través del Auto Supremo N° 436/2018-RI, de 01 de junio, razonó: "El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el Auto Supremo N° 939/2015-L de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: "De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia; empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia" (Negrillas nos pertenecen).

111.4. Respecto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1662/2012 de 01 de octubre, concluye señalando lo siguiente: "Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez". Razonamiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1881/2012 de 12 de octubre.

111.5. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo N° 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: "En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art.

258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación, atendiendo primigeniamente los agravios de forma conforme lo estipulado en el acápite 111.5. de la doctrina aplicable.

En la forma.

1. Iniciando con el análisis del agravio de forma identificado como inciso b) por el t a cío A z 04?)ft nya47,0 ' que acusa incongruencia omisiva, corresponde manifestar lo siguiente:

La congruencia, como componente del debido proceso, conlleva un sentido estrictamente procedimental, pues atinge exclusivamente a la estructura formal de la resolución impugnada, mismo que exige que todo fallo cuente con una debida coincidencia entre lo solicitado, lo considerado y lo resuelto (congruencia externa), así como la coherencia lógica y ordenada sin visos de contradicción entre la parte argumentativa y dispositiva (congruencia interna); en ese entendido, al acusarse una incongruencia omisiva en el fallo de segunda instancia, se alega un vicio procesal que concierne al ámbito externo, es decir, que el Tribunal de apelación no habría respondido a todas las pretensiones recursivas expuestas en el medio impugnatorio, siendo carga procesal del impugnante, no solo precisar cuál sería el reclamo debidamente alegado que no haya merecido pronunciamiento expreso por el Ad quem, sino también justificar cual sería la trascendencia de dicha supuesta omisión que amerite una sanción anulatoria.

En el caso de Autos, del análisis y lectura íntegra del referido agravio expuesto en el escrito de casación, no se vislumbra que la parte recurrente haya cumplido con tal premisa, por cuanto su carga retórica se limita únicamente a citar precedentes jurisprudenciales de la justicia ordinaria y constitucional relativos a la incongruencia interna, más en ninguna parte expone o explica de forma puntual cual sería el o los agravios que no habrían merecido cabal respuesta por parte del Tribunal de alzada, incluso haciendo alusión a un inexistente Auto de Vista N° 243/2023, que no pertenece al presente caso, lo cual hace denotar a todas luces que dichas alegaciones expuestas se reducen a una simple cita o reproducción de argumentos planteados en un caso totalmente ajeno.

Por lo concretamente explicado, dicho reclamo resulta infundado, correspondiendo su desestimación.

2. Relativo al agravio plasmado en el inciso c) mediante el cual se acusa omisión en la valoración de la prueba, por cuanto los Vocales no habrían valorado los diferentes medios de prueba que detalla.

A fin de absolver el merituado reclamo, rememoraremos brevemente lo dispuesto en el Considerando 111.3. del presente fallo que orienta que, por el carácter vertical que reviste el recurso de casación, todo reclamo que pretenda hacerse valer mediante dicho medio recursivo de ultima ratio, debe previamente haber sido planteado vía apelación, a objeto de que el Tribunal de alzada tenga la opción y obligación de pronunciarse puntualmente sobre dicho reclamo, pues sólo así este máximo Tribunal apertura su competencia para el análisis y evaluación de lo analizado y lo resuelto por el Ad quem, y en ese mérito determinar la fundabilidad o no de las pretensiones recursivas planteadas.

En ese entendido, de la revisión y contraste de los diferentes agravios planteados en el escrito impugnatorio y los identificados por el Ad quem en el Auto de Vista ahora recurrido, de su lacónica redacción, no se vislumbra haberse planteado concretamente vía apelación agravio alguno que hubiere ameritado al Tribunal de impugnación como órgano de hecho, a realizar una revisión de la valoración probatoria efectuada en primera instancia de las merituadas pruebas documentales a objeto de la singularización del bien inmueble objeto de /itis.

Es así que, el razonamiento analítico efectuado por el Tribunal de segunda instancia, se centró en atender y responder los agravios planteados en el medio impugnatorio, en la medida y en la forma en que estos fueron propuestos, entre los cuales no se encuentra dicha acusación (omisión en la valoración de las referidas pruebas documentales), consecuentemente, no mereció pronunciamiento fáctico alguno, por lo que mal podría pretender plantear dicha acusación sin haber agotado de forma debida la doble instancia que le asistió para hacer valer tal reclamo, pues de ningún modo resulta permisible plantearlo de forma directa vía casación, por cuanto este Tribunal apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, así como los posibles errores de hecho o de derecho que se hubieren suscitado en la causa, siempre y cuando hubieren sido oportunamente apelados y sometidos a conocimiento del Tribunal de segunda instancia, lo cual no ocurrió en el caso de Autos.

Por lo esgrimido, dicho reclamo decanta en inatendible.

En el fondo.

3. En atención al reclamo inserto en el inciso a) por el que acusa error de hecho en la apreciación de la prueba y violación de la ley sustancial por cuanto no se habría demostrado la singularización del bien mediante un plano aprobado o legalizado expedido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; y que, según el tracto sucesivo del registro de propiedad de la parte demandante, habría obtenido su derecho propietario de una urbanización inexistente.

De la inteligibilidad de dicho reclamo, lo que esencialmente se acusa, es que el bien inmueble objeto de la acción de reivindicación no estaría plenamente identificado, por lo que no se habría cumplido -según los recurrentes- el presupuesto que exige toda acción real como es la ubicación exacta del inmueble, a lo cual corresponderá realizar el siguiente análisis:

La pretensión de reivindicación planteada, recae sobre el bien inmueble que la JJtal, f wfaheaI parte actora describe como ubicación la Ex Hacienda Socomani, Cantón R. Bullaín, Urbanización "Las Floridas", lote N° 6, Manzano 83 (Santa Ana), de superficie 300 m2., de dimensiones al frente 12,00 m2. y un fondo de 25,00 m2, con colindancias al norte: lote N° 7, al sur: lote N' 5, al este: lote N° 15 y al oeste: calle 1, inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 4.01.1.01.0001598, registrado a nombre de René Martín, Pablo Vicente, Gabriel y Silvia, todos de apellidos Sánchez Quispe, y Juan Sánchez Gonzales.

A objeto de corroborar tal descripción de ubicación espacial del referido bien, se suscitó en la causa prueba pericial cursante de fs. 287 a 293, aclarado de fs. 306 a 313, cuyo dictamen informó que, el bien que poseen los demandados, es el mismo inmueble de propiedad de los demandantes del cual solicitan su reivindicación, esto conforme las características técnicas plasmadas en el Folio Real y plano demostrativo aportado por la demandante, así como la referencia de coordenadas geográficas UTM, no existiendo visos de incertidumbre en cuanto a la plena ubicación del predio, por cuanto los puntos conclusivos de dicho informe pericial (no impugnado), se halla corroborado también por la prueba documental consistente en un informe técnico topográfico de ubicación obrante de fs. 224 a 231, contribuido por la parte actora como medio de prueba de reciente obtención, el cual si bien fue realizada a solicitud de parte, no mereció objeción o reproche alguno a tiempo de su incorporación a la causa, informe topográfico que dictaminó que, conforme el levantamiento topográfico georreferenciado, se tiene por evidenciado la locación física del bien, cumpliéndose de esta forma la necesidad de establecer la plena ubicación e individualización del inmueble objeto de la acción real.

Por otro lado, si bien los merituados informes técnicos a la par de determinar la ubicación del predio informaron también que, no existiría registro oficial en el archivo técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, de la Urbanización

"Las Floridas", así como la inexistencia de planos de la Urbanización Santa Ana II, por lo que no existirían planos aprobados por el ente edil respecto a dichas urbanizaciones, se debe tener presente que, las unidades o direcciones de catastro urbano de los Gobiernos Municipales, cumplen una función técnico administrativa de sistematizar, registrar y de informar sobre aspectos fisicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles, esto conforme el art. 3 del Decreto Supremo N° 25100 de 15 de julio de 1998, otorgando a cada predio un código de identificación, similar situación acontece respecto a la planimetría, que tiene por objeto realizar la representación gráfica de una zona urbana para fines de planificación urbana y ordenamiento territorial, por lo que dichos registros de carácter técnico-administrativo no otorgan ni generan derecho propietario; por tanto, la existencia física de un determinado bien no puede estar supeditado a dichos registros, pues un hecho en contrario implicaría sobreponer un aspecto de índole meramente formal como lo es el registro urbanístico, sobre un aspecto sustancial como lo es el derecho propietario conforme lo razonado en el epígrafe 111.4. de la doctrina aplicable.

Por ello, la tesis que asume la parte recurrente relativo a manifestar que no se habría demostrado la singularización del bien por ausencia de un plano legalizado o aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro o que no existiría registro edil de las mencionadas urbanizaciones resulta errado, por cuanto prioriza un aspecto de carácter formal y administrativo como lo es la actividad registral desplegada por el Gobierno Municipal de Oruro, sobre el derecho propietario plenamente demostrado en su ubicación geográfica que ostenta la parte actora, no resultando óbice para determinar la individualización del bien inmueble, ya que la falta de conclusión de aprobación o regularización de las mencionadas urbanizaciones o incluso los posibles cambios de denominación que hubieren sufrido no pueden repercutir ni estar por encima del hecho plenamente probado en la presente causa, como lo es la plena correspondencia físico-registral del bien inmueble que se reclama.

Ahora; en cuanto al reclamo relativo a que, según el estudio del historial de registro de ambas partes se demostraría que el derecho propietario de la parte demandante habría sido obtenido de una urbanización inexistente, debemos acudir al amplio razonamiento plasmado en el acápite 111.2. del presente fallo que determinó que, al demandado poseedor no se le tiene permitido realizar o en su caso solicitar un análisis de la cadena de traspasos de propiedad a origen del demandante como elemento de defensa o en su caso como argumento de casación para desvirtuar la posible identidad física del bien, ya que dicha atribución compele únicamente a la acción reivindicatoria de función compleja en el que ambas partes adversas hayan demostrado ostentar derecho propietario sobre el bien en disputa, lo cual no ocurre en el presente caso; ya que, si bien la parte demandada presentó una minuta de transferencia sobre el mismo inmueble que es reclamada por su contrario, dicho documento no resulta oponible, ni surte efecto alguno frente a la parte demandante al no haberse cumplido con el precepto legal establecido en el art. 1 538 del Código Civil, tal como argumentaron los jueces de instancia.

Es así que, no existe mérito alguno para efectuar un examen del tracto sucesivo del derecho propietario para cuestionar la singularización del bien como pretende la parte recurrente, habida cuenta que la parte demandante indefectiblemente figura como titular del inmueble; asimismo, tampoco se evidencia consignación de datos imprecisos o inexistentes en cuanto al identificación del predio, por cuanto ' nywito-conforme se tiene de la fotocopia legalizada de la Partida N° 3504 visible a fs. 222, desde la adquisición del predio vía compraventa por parte de Guillermina Quispe Chino (anterior propietaria y causante de los demandantes), el bien siempre estuvo plenamente identificado como lote de terreno ubicado en la Urbanización "Las Floridas" Santa Ana Segunda, lote N° 6, manzano 83, de superficie 300 m2., con colindancias al norte: lote N° 7, al sur: lote N° 5, al este: lote N° 15 y al oeste: calle 1, mismo bien que -indistintamente de la irregularidad en la denominación de la Urbanización- la parte demandada ocupa sin título eficaz frente a la parte actora que justifique su posesión, por lo que dichos reclamos carecen de asidero legal para ser considerados.

En suma; por lo previamente referido, no advierte un accionar incorrecto por parte del Tribunal Ad quem en la emisión del Auto de Vista recurrido, correspondiendo emitir resolución conforme prevé el art. 220.11 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.1 num. 1)

de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 390 a 392 vta., interpuesto por Wilma Daysi Taquichiri Mamani y Oscar Choque Flores, contra el Auto de Vista N° 3/2026 de 06 de enero, corriente de fs. 383 a 388, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado que contestó al recurso de casación en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Notas al pie

- TRIBUNAL SUPREMO OE JUSTICIA ANTE MI: SECRETARIA DE SALA CIVIL TRIBUNAL SUPRE,A0 DE JUSTICIA

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0449_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 023fbb171f4cc5a3dd903291cf60b2090f52b2b83d562d6d7240b6c0c3fca869

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