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AS 0380/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de marzo de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
27 de marzo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 530 a 535 vta. interpuesto por Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas contra el Auto de Vista N°405/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs. 519 a 523, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0380/2026 Fecha: 27 de marzo de 2026 Expediente: CH-8-26-S Partes: Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas c/ Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leario Palenque. Proceso: Mejor derecho propietario. Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 530 a 535 vta, interpuesto por Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas contra el Auto de Vista N°405/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs. 519 a 523, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leario Palenque; la contestación de fs. 546 a 551 vta.; el Auto de concesión de 20 de enero de 2026, visible a fs. 552; el Auto Supremo de admisión N° 089/2026-RA de 04 de febrero, obrante de fs. 557 a 558 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas, por memorial de demanda que cursa de fs. 263 a 271 vta., subsanada a fs. 274 y vta., promovió el proceso ordinario de mejor derecho propietario, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leario Palenque, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 396 a 401 vta, se apersonó y contestó de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 90/2025 de 23 de junio, que cursa de fs. 496 vta. a 501 vta., en la que la Juez Público, Civil y Comercial 13° de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda, reconociéndose el mejor derecho propietario de Eusebio Cabezas Limachi frente al derecho del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre respecto al inmueble registrado en Derechos Reales de Chuquisaca con Matrícula N° 1.01.19.90018364, bajo el asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 07 de junio de 1983 con carácter exclusivo que contempla una superficie total de 93.219,00 m2.; asimismo, por la naturaleza declarativa de la resolución, se determinó la inscripción de la Sentencia en el Folio Real con Matrícula N° 1011990068200, correspondiente a la parte demandada, salvando el derecho del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre respecto a la superficie que llegare a corresponder por concepto de áreas de sesión según el porcentaje establecido por normativa municipal aplicable; sin costas ni costos por tratarse de una entidad pública estatal.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado ese entonces por Daniela Martínez Ordoriez según escrito de fs. 502 a 505 vta., originó que la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 405/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs. 519 a 523, que REVOCÓ la Sentencia declarando IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario incoada por Eusebio Cabezas Limachi, en mérito a los siguientes fundamentos:

- El Ad quem determinó que, de la revisión del informe técnico cursante de fs. 361 a 390 y los informes complementarios N° 627/23 y N° 20/2025, se acreditó que la fracción de terreno objeto de la /itis 3.407,76 m2., se encuentra dentro de la "Quebrada y Torrenteras Ancupiti Horno Kasa Tramo A"; de acuerdo con el art. 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Ley N° 482, y el art. 85 num. 4 de la Ley N° 2028 (Ley de Municipalidades), las quebradas, torrenteras y sus aires constituyen bienes de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

- El Tribunal de apelación razonó que la naturaleza de estos predios deriva de procesos naturales —erosión y formaciones tectónicas— y no de un proyecto de urbanización; al tratarse de bienes de dominio público originario pertenecientes al Estado (Municipio), su titularidad no se encuentra supeditada a formalismos como el registro en Derechos Reales; en consecuencia, el criterio del Juez A quo de otorgar mejor derecho propietario basándose únicamente en la antigüedad o prelación de un registro en Derechos Reales resulta errado; toda vez que las características físicas, geográficas y geodésicas del terreno determinan su calidad de bien público, excluyéndolo del comercio humano y de la posibilidad de regularización a favor de particulares.

- Sustentado en el Auto Supremo N° 341/2019 de 08 de abril, el Tribunal de alzada precisó que en las acciones de mejor derecho propietario no basta con realizar un estudio aislado del último registro o de la prelación (prioridad registral); sino, resulta imperativo efectuar un análisis minucioso de la tradición J.Jtack nyamc, ' ›c4;c.icti de dominio y fundamentalmente, verificar las características topográficas y la el predio es una Al haberse comprobado que naturaleza del bien.

torrentera/ quebrada (bien municipal), existe una preeminencia del interés público sobre el privado, amparada en el art. 339-II de la Constitución Política del Estado; por tanto, resulta jurídicamente inviable reconocer un mejor derecho a favor de un particular sobre un bien de dominio público originario del Estado, procediendo en consecuencia la revocatoria del fallo impugnado.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas según escrito visible de fs. 530 a 535 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. El recurrente en el recurso de casación acusó:

a) Incorrecta aplicación del art. 31 de la Ley N° 482 con relación a la temporalidad, al aplicar esta normativa que aún no se encontraba en vigencia y que el mismo fue publicado el 09 de enero de 2014 y el producto urbano aprobado por el Municipio de Sucre data del ario 2013 y en ese momento se encontraría vigente la Ley N° 2028 de las Municipalidades, entonces al no tener el carácter retroactivo, el Tribunal de segunda instancia no debió basar su motivación en función de una disposición futura, generando una vulneración al principio de la seguridad jurídica y al debido proceso en su vertiente de congruencia.

b) Vulneración a la disposición final cuarta del Decreto Supremo N° 27864 que reglamenta la Ley N° 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano, error en cuanto a su alcance, al no tomar en cuenta que el Municipio de Sucre a momento de proceder a la regularización y su registro en Derechos Reales de la "Quebrada y Torrenteras de Ancupiti y Horno Ckasa Tramo A del Distrito 2" lo hacen sin verificar que existen derechos dorniniales que se encuentran debidamente registrados en Derechos Reales, generando una sobreposición de derechos no habiendo realizado una correcta compulsa de los antecedentes y la prueba aportada, generando además una vulneración del art. 13.1 de la Constitución Politica del Estado y art. 105.1 del Código Civil.

c) Transgresión del art. 1545 del Código Civil, puesto que, ante la existencia de dos registros, el Tribunal de alzada debió aplicar lo previsto por la normativa citada precedentemente; es decir, debió primar su inscripción que fue registrada con antelación al registro hecho por el Municipio de Sucre y no solo aplicar un razonamiento que al ser un derecho privado tenga menor relevancia jurídica frente a un producto urbano, que además se encontraría afectado de vicios de nulidad.

d) Incorrecta valoración de la prueba infringiendo el art. 339.11 de la Constitución Política del Estado y art. 1 num. 16 del Código Procesal Civil, al no haber tomado en cuenta que la parte demandada no demostró ni desvirtuó con prueba, que el área registrada en Derechos Reales como Quebrada —en relación al derecho propietario objeto de la /itis—, sea en toda su extensión una quebrada y/o torrentera.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista impugnado y se declare firme y subsistente la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado por Enrique Leaño Palenque, respondió el recurso de casación mediante escrito visible de fs. 546 a 551 vta., alegando en lo principal que:

- Respecto a la supuesta aplicación retroactiva de la Ley N° 482, señala que los bienes de dominio público, quebradas y torrenteras son inviolables, inembargables e imprescriptibles por expreso mandato constitucional y legal; la transición de la Ley N° 2028 a la Ley N° 482 mantuvo intacta la esencia y clasificación legal de estos bienes bajo el principio de conservación de las normas, por lo que, el Tribunal de alzada realizó una correcta interpretación de la ley, no existiendo vulneración a la seguridad jurídica ni al debido proceso.

- Refiere que la Resolución Autonómica Municipal N° 509/16 no dispuso la modificación de la poligonal del proyecto de regularización, sino que, en ejercicio de su rol fiscalizador, el Concejo Municipal instruyó al Ejecutivo realizar un nuevo levantamiento topográfico para identificar de forma precisa las áreas de dominio público, resultando errado la interpretación de la parte actora.

- Afirma que el municipio cumplió a cabalidad con la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 27864 (Reglamento de la Ley N° 2372), al haber emitido la Ordenanza Municipal N° 023/2014, que aprueba el Proyecto de Regularización de Derecho Propietario Municipal de la Quebrada y Torrenteras Ancupiti Horno Kasa Tramo A, lo cual constituye título suficiente para su registro.

- Rechaza la alegación de nulidad por supuesta falta de notificación, demostrando que mediante Edicto Municipal N° 581/09 se convocó oportunamente a los colindantes; además, los propios apoderados del actor, Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas, se apersonaron y presentaron documentación referida a la fracción de 6.328,38 m2., evidenciando su pleno conocimiento del proyecto de regularización, por lo que precluyó su derecho a reclamar indefensión.

- Que la demanda de mejor derecho propietario incumple los presupuestos 11(1164 .`Z0421t.a Atado Aif14 Cy~10 ' >dita,/ jurisprudenciales; respecto a la prioridad de inscripción, los demandantes carecen de un derecho perfeccionado y definitivo, contando únicamente con una "Anotación Preventiva" (Asiento 8-2) sobre la fracción de 6.328,38 m2., lo cual representa solo un derecho expectaticio, careciendo de título idóneo para confrontar la inscripción definitiva del municipio.

- Los títulos en conflicto no provienen de un mismo origen o propietario, ya que el derecho del municipio nace por imperio de la ley (bienes de dominio público), mientras que el del actor deviene de una transferencia privada; asimismo, la demanda incumple el requisito de singularidad e identidad de la cosa; toda vez que, el actor demanda el mejor derecho sobre una fracción de 6.328,38 m2., pero su derecho matriz se encuentra registrado sobre una superficie total de 93.219,00 m2., intentando evadir los trámites administrativos de loteamiento y urbanización.

Por lo manifestado, solicitó declarar infundado el recurso de casación, manteniendo incólume el Auto de Vista confutado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. De la acción de mejor derecho propietario.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil, dispone que: "Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título".

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremos N° 588/2014 de 17 de octubre, emitida por la Sala Civil, que: "para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad".

Asimismo en el Auto Supremo N° 618/2014 de 30 de octubre, emitida por la Sala Civil, razonó que: "...sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: `...una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas...', la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)". Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial. En este mismo sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 408/2015 de 09 de junio, emitido por la Sala Civil, que: "...para que proceda el mejor derecho propietario, señalando además reglas de como los de instancia deben fallar, los presupuesto señalados por el recurrente se adecuan a lo razonado por este Supremo Tribunal a través del Auto Supremo N° 92/2013 que al respecto orientó: '...a los fines de determinar el mejor derecho propietario entre dos contendientes, necesariamente se debe contar con los siguientes presupuestos: el primero, referido a que exista más de un propietario que alegue dominio sobre un mismo bien, demostrándose a tal efecto que el inmueble adquirido proviene de un mismo dueño o que el antecedente dominial corresponda a uno común; el segundo, que el inmueble tenga la misma ubicación geográfica disputada entre contendientes; finalmente el tercero referido a que el peticionante hubiera registrado primero su derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales, publicitando el mismo a los efectos de hacer oponible frente a terceros;...'. Ahora bien, en cuanto al segundo presupuesto resulta conveniente citar lo razonado en el Auto Supremo N° 648/2013 que textualmente dice: 'La interpretación del art.

Estado Plurinacional de Bolivia Ongano Judicial 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio en lo referente al propietario de quien emana los títulos de propiedad del inmueble, por cuanto el autor no debe ser entendido como causante inmediato sino en establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo..?, en esta lógica corresponde precisar que con esta aclaración, los presupuestos señalados supra que determinan la procedencia del mejor derecho propietario, están referidos a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad, pero con la certeza de que se trata del mismo inmueble, es decir el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble alegando tener la titularidad preferente o superior al del demandado". Este mismo Auto Supremo N° 648/2013 de 11 de diciembre, pronunciado por la Sala Civil, citando el Auto Supremo N° 46, de 09 de febrero de 2011, que señaló: "...frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen. Siguiendo con el análisis, resulta importante determinar el antecedente del dominio por cuanto es desde ahí de donde se establece los derechos, pues la cadena de transmisiones acreditará el derecho de sus antecesores otorgando legitimidad al título del contendiente. Ahora bien, es posible que en este análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, no se arribe a un antecedente común, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda". III.2. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley. El Auto Supremo N° 410/2019 de 24 de abril, estableció: "El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación. Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece. En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley' que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial texto constitucional o bloque de constitucionalidad. Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico..." (Las negrillas son nuestras). III.3. Sobre el principio de legalidad del acto administrativo. Respecto al particular, Luiggi V. Santy Cabrera en su libro "Las bases constitucionales del Derecho Administrativo" (pág. VIII-3), refirió que: "El principio de legalidad es definida como la sumisión de la Administración al derecho, pues, el término 'legalidad' indica que la ley es la norma superior esencial a respetar por la Administración. El principio de legalidad es una regla fundamental en el Derecho Administrativo; esto quiere decir, que todo acto administrativo sea fundado sobre una base legal, situación que implica que haya un fundamento jurídico en el orden jurídico existente. De otro lado, esta 'base legal' no se encuentra necesariamente en el campo de la ley, sino también, de la Constitución, tratados internacionales, reglamentos, principios generales del derecho o de un acto administrativo". Por su parte el art. 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, señala: "El Principio de legalidad y presunción de legitimidad. - Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario." En armonía a lo expuesto, la Sentencia Constitucional N° 93/03-R de 24 de enero, con relación al principio de legalidad del acto administrativo estableció: "... El principio de legalidad del acto administrativo y de la seguridad jurídica, supone que en el momento en que el acto ha sido pronunciado por la autoridad pública, el mismo se ajusta a normas legales que existen en el ordenamiento jurídico, de manera que se permita a los particulares tener una razonable certeza de las decisiones o resoluciones que ha obtenido la autoridad pública, subsista en un clima de confianza. Es en ese marco que se presume la buena fe del administrador público que emite una resolución en la que se aprueba un determinado trámite, presumiéndose su legalidad..." (sic). III.4. Sobre el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. El Auto Supremo N° 566/2023 de 16 de junio, en su doctrina legal aplicable al caso explicó: "Preliminarmente, cabe determinar que esta temática procedimental, se encuentra abordada dentro del art. 271.I del Código Procesal Civil, con el epígrafe causales de casación, bajo el siguiente contendido: '...I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial...', regla de derecho, que nos permite instituir que el error de hecho y el error de derecho, no son más que un conjunto de errores cometidos por el Juez o Tribunal de instancia, al momento de valorar e interpretar los hechos que las partes representan por medio de los distintos elementos de probanza que producen dentro de una contienda judicial. En ese entendido, sobre este instituto en específico, la Sala Civil Liquidadora al momento de emitir el Auto Supremo N° 223/2014 de 21 de junio, desglosó que: ...El error de hecho en la apreciación de la prueba puede presentarse en tres modalidades: Por preterición, que tiene lugar cuando se ha omitido apreciar una o varias pruebas incorporadas válidamente al proceso; por suposición, que se presenta cuando se da por existente una prueba que no cursa dentro del expediente o da por probado un hecho sin respaldo probatorio; y por distorsión o alteración del contenido, que se da cuándo se aprecia erróneamente el contenido de la prueba, dándole al medio un significado distinto o contrario al que éste indica, según señala el doctrinante Humberto Murcia Ballén (Recurso de Casación Civil). Para la consideración casacional, es necesario que el error de hecho se presente como manifiesto y trascendente; es decir que su individualización y prueba deben aflorar sin mayores esfuerzos raciocinios o elucubraciones, y por otro lado dicho error debe constituir la causa por la cual se ha tomado decisiones contrarias a lo que dispone la norma sustantiva violada indirectamente; por ello, si la prueba admite dos o más interpretaciones que no sean contrarias a las reglas de la sana crítica, el error de hecho se descarta". El error de derecho en la valoración de la prueba tiene como antecedente jurisprudencia al Auto Supremo N° 293/2013 de 07 de junio que estableció: "...en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica", criterio reiterado en los A.S. N° 361/2016, 650/2016 y otros posteriores. CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como virtud al elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto. relación a los argumentos expuestos en el inciso a), donde se aduce 1. En incorrecta aplicación del art. 31 de la Ley N° 482 (Ley de Gobiernos Autónomos Municipales), argumentando que esta normativa fue publicada el 9 de enero de 2014, mientras que el producto urbano aprobado por el Municipio data de 2013, momento en el cual se encontraba vigente la Ley N° 2028 de Municipalidades; por lo que, el Tribunal de alzada basó su motivación en una disposición futura, vulnerando la seguridad jurídica y el debido proceso. Al respecto, de la revisión del Auto de Vista N° 405/2025 de 20 de noviembre, se advierte que el Tribunal Ad quem efectivamente citó la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales para fundamentar la naturaleza jurídica de los bienes de dominio público; sin embargo, este reclamo carece de trascendencia jurídica para modificar el fondo del fallo; pues, debe quedar absolutamente claro que la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de dominio público —como lo son las quebradas y torrenteras— no nació ni se originaron con la Ley N° 482; ya que, la abrogada Ley N° 2028 de Municipalidades, vigente al momento de la aprobación del producto urbano en 2013, en su art. 85 ya establecía de manera imperativa y taxativa que: "Son Bienes de Dominio Público y corresponden al Gobierno Municipal (...): b) Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, paseos, vías de tránsito, caminos vecinales o de herradura, plazas, parques, áreas verdes y de recreación, ríos, torrenteras y sus lechos...". Por lo tanto, el régimen de protección de las quebradas y torrenteras bajo la esfera del dominio público municipal se encontraba plenamente vigente tanto con la Ley N° 2028 como con la actual Ley N° 482 (art. 31); La cita de la norma actual por parte del Tribunal de alzada no constituye una aplicación retroactiva perjudicial que altere la esencia del derecho; toda vez que, la categorización legal de la "Quebrada y Torrenteras de Ancupiti y Horno Ckasa Tramo A" como bien de dominio público era idéntica bajo ambos cuerpos normativos, amparada fundamentalmente por el art. 339.II de la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, el agravio deviene en infundado. 2. Debido a que las acusaciones descritas en los incisos b) y c), se encuentran correlacionadas al contener argumentos afines, las mismas deben ser atendidas de manera conjunta a efecto de un mejor entendimiento y evitar una innecesaria reiteración de fundamentos; en tal sentido, el recurrente alegó que el Tribunal de alzada debió aplicar el art. 1545 del Código Civil, otorgándoles el "mejor derecho propietario"; toda vez que, su derecho sobre el inmueble de superficie de 6.328,38 m2 fue inscrito en el año 1983, con antelación al registro efectuado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en la gestión 2014. Asimismo, denuncian que el nombrado Municipio, en vulneración de la disposición final cuarta del Decreto Supremo N° 27864, procedió a la regularización y registro de la quebrada sin verificar la existencia de su derecho dominial privado previamente registrado, vulnerando su derecho a la propiedad en transgresión al art. 105.1 del Código Civil y art. 13.1 de la norma suprema. Para resolver esta controversia, resulta ineludible remitirnos a la doctrina legal aplicable desplegados en los apartados III.2 y III.3 del presente dictamen, en este comprendido, la acción de reconocimiento de mejor derecho propietario previsto en el art. 1545 del Código Civil, ha sido concebida para dirimir conflictos de titularidad respecto a bienes que se encuentran dentro del comercio humano (bienes patrimoniales); sin embargo, cuando la disputa involucra un bien que por su naturaleza fisica y destino constituye un bien de dominio público —en el caso de Autos, una torrentera o quebrada natural—, la prelación de registros en Derechos Reales resulta intrascendente. El Estado y los Municipios no adquieren la titularidad sobre los ríos, quebradas y torrenteras por el simple acto de inscribirlos en Derechos Reales, sino que su derecho nace directamente del imperio de la Constitución Política del Estado (art. 339.II) y la ley, que los declaran bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles; por consiguiente, la regularización y registro efectuado por el Municipio de Sucre, aunque fuere del año 2014, no es constitutivo de derecho, sino meramente declarativo de una realidad topográfica y natural preexistente y protegida por el Estado. Con base en lo expuesto, el recurrente debe tener presente que el objeto del presente caso es determinar el mejor derecho propietario y no así dilucidar si el bien objeto de litis corresponde o no a torrenteras o quebradas como aduce en su recurso de casación, pues estos aspectos no corresponden ser revisados en la presente litis, en razón a que aquella determinación correspondió a un procedimiento de naturaleza administrativa que derivó en la emisión de la Ordenanza Municipal N° 34/2014 de 20 de febrero de 2014, procedimiento administrativo en el que —con base a los estudios e informes técnicos efectuados— se llegó a establecer la naturaleza de dichos terrenos y a consecuencia de ello, en aplicación de las normas en las que se amparó la referida resolución de orden Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial administrativo, se aprobó el "Proyecto de Regularización de Derechos Propietario Municipal - Bienes de Dominio Público Quebrada y Torrenteras Ancupiti Horno Kasa Tramo A". Ahora bien, si en aquel procedimiento administrativo y/o en las resoluciones que emergieron del mismo, existió una incorrecta calificación de los terrenos como quebradas y torrenteras que en realidad no corresponderían, porque su inclinación no hubiere sido correctamente comprobada; ello configura aspectos y cuestionantes que no corresponden ser analizados ni revisados via jurisdicción ordinaria (menos aún mediante un acción de mejor derecho propietario), puesto que, su revisión y susceptible modificación incumbe a la vía administrativa, porque fue en esa instancia donde se generó tanto el procedimiento como las resoluciones que ahora cuestiona la parte recurrente, o en cuyo defecto, corresponde a la vía administrativa que ostenta competencia en verificar la legalidad y corrección de actos y resoluciones administrativas. Conforme a lo expuesto, se advierte que el análisis del mejor derecho de propiedad en el caso concreto, de ninguna manera puede devenir únicamente de la fecha de registro que corresponda a uno u otro título; pues, es necesario verificar la naturaleza jurídica del acto que da origen a los derechos en contienda, sobre todo al que origina el derecho del estado para establecer si el mismo puede ser desconocido por la jurisdicción ordinaria civil o si, por el contrario debe ser impugnado en sede administrativa o contenciosa administrativa, en consideración a que la vía ordinaria civil no tiene competencia para realizar el control de legalidad del acto administrativo. De modo que, en el caso particular no corresponde debatir si la determinación asumida en sede administrativa —que reconoció la existencia de torrenteras o quebradas en el terreno—, resulta técnica o legalmente correcta, pues lo esencial es determinar si la fracción afectada corresponde a dominio público o permanece en dominio privado a afecto de dilucidar el mejor derecho de propiedad; circunstancia que fue correctamente entendida por el Tribunal de alzada, que ha establecido, con base a los contenidos y fundamentos de la Ordenanza Municipal, que existe una afectación en el inmueble en debate y que el mismo a causa de esa afectación corresponde a dominio público; por este motivo, no se puede controvertir el derecho de propiedad sobre esa extensión del terreno que, los mismos demandantes reconocen, deviene de la referida afectación; derecho de propiedad público que debe ser reconocido y admitido en tanto la legalidad y validez de aquella resolución administrativa no sea invalidada en vía legal competente; de igual forma, es preciso enfatizar que conforme a lo expuesto, no se puede establecer el mejor derecho propietario en favor del actor, toda vez que, el derecho del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre deviene de la Ordenanza Municipal N° 23/2014 de 20 de febrero; por cuanto, mientras dicho acto no sea declarado nulo o invalidado, el mismo se encuentra plenamente vigente y se presume su legalidad y validez ante el título de propiedad alegado por la parte demandante, ello conforme al principio de legalidad del acto administrativo orientado en el apartado III.3 de la presente resolución, no pudiendo, por ello, reconocerse el mejor derecho de propiedad a favor de la parte actora, pues como se ha reiterado, la fracción de terreno que reclaman se encuentra afectada por una disposición sustentada en una resolución de naturaleza administrativa. En este marco, el Juez A quo al declarar probada la demanda en Sentencia, basándose únicamente en que el registro del actor de 1983, era más antiguo que el del Municipio de 2014, incurrió en un error de derecho; dicho desacierto fue correctamente subsanado por el Tribunal Ad quem, quien, en observancia de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, determinó que es jurídicamente inviable oponer un título privado de propiedad contra un área que corresponde al cauce de una quebrada pública. En este entendido, el registro privado del actor, no obstante, a su antigüedad, no tiene la eficacia de transmutar un bien de dominio público en un bien privado; por consiguiente, no se torna evidente la presunta transgresión del art. 1545 del Código Civil, lo que conlleva que el agravio no pueda ser acogido. 3. En relación al inciso d) que denunció infracción del art. 339.II de la Constitución Política del Estado y el art. 1 num. 16 del Código Procesal Civil, bajo el argumento de que el Municipio de Sucre, no habría demostrado con prueba fehaciente que el área sobrepuesta en relación al derecho propietario objeto de litis sea, en toda su extensión, una quebrada o torrentera. Sobre este argumento, rige el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Carta Magna; de la revisión del Auto de Vista impugnado y los antecedentes del proceso, se constata que el Tribunal de alzada realizó una compulsa integral de los medios probatorios, particularmente de la prueba pericial y la inspección judicial (fs. 462 a 463), las cuales son idóneas y determinantes en este tipo de controversias técnicas. La prueba pericial (fs. 467 a 472, de fs. 483 a 484, de fs. 488 a 493) desarrollada en el curso del proceso determinó objetiva y gráficamente que, de la superficie total de 6.328,38 m2., reclamada por la parte actora, existe una sobreposición en la superficie de 3.407,76 m2., que recae fisicamente sobre la franja denominada "Quebrada y Torrenteras de Ancupiti y Horno Ckasa Tramo A"; esta conclusión técnica no fue desvirtuada por la parte actora con prueba en contrario de igual jerarquía; puesto que, la carga de la prueba para demostrar que dicha área superpuesta correspondía a terreno útil privado y no al cauce natural o franja de Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial seguridad de la quebrada, recaía sobre la parte demandante que pretendía la declaratoria del mejor derecho. El Tribunal Ad quem no se basó en presunciones, sino en la pericia técnica que delimitó topográficamente la sobreposición sobre el área de dominio público municipal; por tanto, no resulta evidente la omisión valorativa acusada; por el contrario, la resolución de segunda instancia aplicó correctamente las reglas de la sana crítica previstas en el art. 145 del Código Procesal Civil, al otorgar el valor correspondiente a los dictámenes técnicos que identificaron la realidad material del terreno en disputa. Por todas las consideraciones expuestas de manera amplia, se colige que el Auto de Vista recurrido contiene una adecuada, lógica y legal compulsa de los antecedentes, una correcta valoración integral de la prueba y una cabal subsunción de los hechos a la normativa sustantiva. No siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, los agravios expuestos no hallan sustento legal para ser acogidos. Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 530 a 535 vta. interpuesto por Eusebio Cabezas Limachi representado por Luis Cabezas Quispe y Aurelia Barrón de Cabezas contra el Auto de Vista N°405/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs. 519 a 523, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Registrese, comuníquese y devuélvase.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0380_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d4eb7627dc23e5c711ff64a2272b2551f2a2505680c295d75c29c4e35ffebdc3

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