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AS 0379/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de marzo de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
27 de marzo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 754 a 762, interpuesto por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste en la forma; y en aplicación parágrafo III del citado articulado, atendiendo los argumentos en el Fondo del recurso, se deja sin efecto únicamente lo dispuesto en relación a la cancelación del Asiento de propiedad A-8 de 16 de agosto de 2022 de la Matricula N° 3.01.1.01.0066461 y lo determinado en el numeral 3, todo del Auto de Vista N° 61/2025 de 02 de junio, corriente de fs. 741 a 750 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; manteniéndose todo lo demás incólume. Asimismo, se salva expresamente los derechos de la parte actora, en calidad de legitimas interesadas, respecto a la adjudicación efectuada en el proceso ejecutivo seguido por Marcos Ugarte Rojas en contra de Patricia Rosa Dajbura Mustafá, donde deberán hacer valer los efectos de lo sentenciado en el presente, sea sobre las acciones y derechos que les corresponden. Se llama severamente la atención a la Vocal presidenta de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por injustificado retardo en la resolución de la presente causa, pese a su disposición de adelanto de sorteo.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0379/2026 Fecha: 27 de marzo de 2026 Expediente: CB-10-26-S Partes: Carmen Mustafá Montaño de Guzmán, Silvia Antonieta Dajbura Mustafá, Carmen Julia María Dajbura Mustafá de Muñoz, Marusella Rosario Dajbura Mustafá c/ Patricia Rosa Dajbura Mustafá, y como litisconsortes pasivos Salvador Antonio Dueri Samur, Gabriela del Carmen Rojas Urioste, Eddy Wilson Antezana Caballero, Michelle Ondarza Delgado, Giancarla María Dajbura Mustafá y Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste. Proceso: Nulidad de documentos y resarcimiento de daños. Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 754 a 762 interpuesto por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste contra el Auto de Vista N° 61/2025 de 02 de junio, corriente de fs. 741 a 750 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de documentos y resarcimiento de daños, seguido por Carmen Mustafá Montaño de Guzmán, Silvia Antonieta Dajbura Mustafá, Carmen Julia María Dajbura Mustafá de Muñoz, Marusella Rosario Dajbura Mustafá contra Patricia Rosa Dajbura Mustafá, Salvador Antonio Dueri Samur, Gabriela del Carmen Rojas Urioste, Eddy Wilson Antezana Caballero, Michelle Ondarza Delgado, Giancarla María Dajbura Mustafá y el recurrente; la contestación de fs. 766 a 769; el Auto de concesión de 07 de enero de 2026, visible a fs. 770; el Auto Supremo de admisión N° 0081/2026-RA de 02 de febrero, obrante de fs. 777 a 780, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Carmen Mustafá Montaño de Guzmán, Silvia Antonieta Dajbura Mustafá, Carmen Julia María Dajbura Mustafá de Muñoz y Marusella Rosario Dajbura Mustafá por memorial de demanda que cursa de fs. 83 a 92, subsanado de fs. 95 a 97, promovieron proceso ordinario de nulidad de documentos y resarcimiento de daños, contra Patricia Rosa Dajbura Mustafá, integrándose por la A quo, en calidad de litisconsortes pasivos a: Salvador Antonio Dueri Samur, Gabriela del Carmen Rojas Urioste, Eddy Wilson Antezana Caballero y Michelle Ondarza Delgado, quienes una vez citados, produjeron los siguientes actuados:

Según escrito visible a fs. 123 y vta., Patricia Rosa Dajbura Mustafá se apersonó y contestó de manera afirmativa.

Por escrito de fs. 136 a 139 vta. Gabriela del Carmen Rojas Urioste y Salvador Antonio Dueri Samur se apersonaron y contestaron de manera negativa, opusieron excepciones de demanda defectuosa, trámite inadecuado dado por la autoridad judicial o indebida acumulación de pretensiones, mismos que por Auto de 07 de abril de 2023, de fs. 444 a 445 vta., se las tuvo por desistidas.

Asimismo, por escrito de fs. 198 a 200 vta., Eddy Wilson Antezana Caballero se apersonó, contestó de manera negativa, opuso excepciones de incapacidad de la parte demandante o Impersoneria del apoderado, falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda y demanda defectuosa, tramite inadecuadamente dado por la autoridad judicial o indebida acumulación de pretensiones; medios de defensa que por Auto 09 de mayo de 2023, obrante de fs.

448 vta. a 455 vta, se declaró improbadas.

Por otra parte, mediante Auto de 17 de enero de 2022, saliente a fs. 294 se designó a Cinthia García Rojas como defensora de oficio de Michelle Ondarza Delgado, quien según escrito a fs. 298 y vta., se apersonó y contesto de manera negativa.

Por Auto 01 de septiembre de 2022, cursante de fs. 341 a 342 vta., se dispuso la integración como /itis consorte necesario a Giancarla María Dajbura Mustafá, quien una vez citada, según escrito de fs. 389 a 391, se apersonó y ratificó los términos de la demanda.

De la misma forma, mediante el Auto de 27 de septiembre de 2022, saliente de fs.

356 a 357 vta., se dispuso la citación de Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste en condición de /itis consorte pasivo necesario, quien una vez citado, por escrito de fs.

408 a 409 vta., se apersonó, contestó de manera negativa y opuso excepciones de demanda defectuosa, tramite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma e inadecuada acumulación de pretensiones, medios de defensa que por Auto de 04 de abril de 2023, de fs. 438 a 439, se dio por desistidas ante la inasistencia injustificada a la audiencia preliminar.

Bajo esos antecedentes, se desarrolló la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 11/2023 de 31 de agosto, que cursa de fs. 652 a 667 vta. y Auto complementario de 28 de septiembre de 2023, obrante de fs. 672 a 675, en la que la Juez Público Civil y Comercial 7° de la ciudad de Cochabamba, declaró PROBADA en parte la demanda, en consecuencia se estableció la nulidad de los Testimonios de Escrituras Públicas N° 419/2018 de 09 de junio, N° 395/2018 de 13 de junio, N° ck okur:oi Jábuk-ny,amo ' >d'ida/

496/2018 de 15 de junio, N° 426/2018 de de junio, N° 645/2018 de de julio, N° 847/2018 de 04 de septiembre, N° 474/2018 de de octubre y N° 998/2022 10 de agosto, la cancelación de los Asientos A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 y A-8 y los gravámenes B-1, B-2, B-3, B-4, B-6 y B-7 de la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461, con la aclaración de que solamente se mantiene sobre las acciones y derechos de Patricia Rosa Dajbura Mustafá.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, así como por, Gabriela del Carmen Rojas Urioste y Salvador Antonio Dueri Samur, según escritos de fs. 670 a 676 vta., y de fs. 680 a 681, respectivamente; originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 61/2025 de 02 de junio, obrante de fs. 741 a 750 vta., donde se REVOCÓ parcialmente la Sentencia, declarando probada en parte la demanda; en consecuencia, determinó la nulidad de los Testimonios de Escrituras Públicas N° 419/2018 de 09 de junio, N° 395/2018 de 13 de junio, N°496/2018 de 19 de junio, N° 426/2018 de 19 de junio, N°645/2018 de 27 de julio, N°847/2018 de 04 de septiembre y N°474/2018 de 24 de octubre, la cancelación de los Asientos A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 y A-8 de la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461; asimismo, IMPROBADA la nulidad de los contratos de préstamo y constitución de garantía hipotecaria suscritas mediante las Escrituras Públicas N° 1130/2018 de 23 de octubre y N° 1129/2018 de 23 de octubre, haciendo constar que las mismas deben modificarse en su registro, consignando primero el gravamen de usufructo en favor de Carmen Mustafá Montaño y las demás hipotecas solo alcanzan a las acciones y derechos de Patricia Rojas Dajbura Mustafá; como emergencia de lo anterior, se declara nula la venta judicial a favor de Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, debiendo en ejecución de Sentencia restituir los dineros producto del remate, en base a los siguientes argumentos:

- De antecedentes se advierte que la demanda inicio el 20 de octubre, ampliada el 5 de noviembre y admitida el 13 de noviembre, todo de la gestión 2020; en trámite, el 21 de septiembre de 2022, las actoras acompañando copias del folio real del inmueble "objeto" de la demanda solicitaron se integre al proceso al adjudicatario Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, quien resulto ser hermano de la ejecutante Gabriela del Carmen Rojas Urioste dentro del proceso ejecutivo seguido en el mismo juzgado de la presente causa ordinaria; hechos que dieron lugar al pronunciamiento del Auto de 27 de septiembre de 2022 que dispuso, en aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, la citación al prenombrado en calidad de litisconsorte pasivo necesario, para que en el plazo de treinta días comparezca y responda a la demanda, acompañando la prueba de la que intentare valerse.

- De ello, notar que el derecho de propiedad de Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, emergente de adjudicación judicial conforme Escritura Pública N° 9987/2022 de 10 de agosto y registrada en Derechos Reales bajo el Asiento A-8 de la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461 de 16 de agosto de 2022; es decir, con casi dos arios posteriores al inicio y admisión de la demanda; por lo cual, resulta inadmisible que se pretenda argüir que la pretensión debió ser dirigida en contra del recurrente -Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste- o que se anule obrados; por lo que, la vía correcta en resguardo de los derechos era la integración al proceso como /itis consorte pasivo, como se hizo; siendo inatendible la nulidad procesal pretendida, así como el argumento de violación al derecho a la defensa, pues, conforme antecedentes, se otorgó el mismo plazo para responder a la demanda y presentar pruebas, lo cual fue ejercido con el apersonamiento y contestación negativa, así como al formulación de excepciones conforme escrito de 27 de noviembre de 2022.

- En cuanto a que no se demandó la nulidad del derecho de propiedad emergente de la adjudicación; se tiene que la pretensión refiere a la nulidad varios contratos sobre el inmueble de propiedad de cinco hermanas (Patricia Rosa, Silvia Antonieta, Giancarla María, Marusella Rosario y Carmen Julia María todos de apellidos Dajbura Mustafá), por advertirse la falsificación de cédulas de identidad y suplantación de personas, hasta el momento de dar lugar a la transferencia "falsa"

a favor de Patricia Rosa Dajbura Mustafá, registrándose en el Asiento A-6 de la indicada matrícula, obteniéndose diversos préstamos hipotecarios; teniéndose, en consecuencia, el petitorio de la demanda la nulidad de los contratos "...y las que en el transcurso de este proceso se registren o pretendan registrarse con posterioridad... "; es esta parte la que respalda la Sentencia; por ende, no es ultra o extra petita como alegó el recurrente.

- Si bien resulta evidente que entre los puntos fijados como objeto del proceso y de la prueba no se consigna a la Escritura Pública N° 9987/2022 de 10 de agosto, registrada en Derechos Reales bajo el Asiento A-8 de la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461 de 16 de agosto de 2022 a favor de Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste; empero, se fijó como objeto de prueba los fundamentos de la contestación conforme se advierte del acta de audiencia preliminar de 09 de mayo de 2023 visible a fs. 456 vta. En ese orden, cabe privilegiar la conservación de los actos procesales, sin que el descuido de la juzgadora pueda ser suficiente para pretender "restar"

efectos jurídicos a la Sentencia, menos pretenderse anularse el proceso o alegarse un fallo extra o ultra petita, pues al reconocerse y establecerse de manera expresa que el litisconsorcio pasivo necesario del recurrente debe probar su rechazo a la cbmd, <, gt,,,,,A.

demanda, suplen implicitamente esa omisión.

- En relación a lo anterior, si bien la demanda ejecutiva seguida por Marcos Ugarte Rojas en contra de Patricia Rosa Dajbura Mustafá, inicio el de noviembre de 2019; empero, los actos de ejecución (medidas previas de remate) se efectuaron en fecha 09 de diciembre de 2020; es decir, en forma posterior a la interposición de la presente demanda ordinaria de nulidad de documentos por falsificaciones, conforme evidencian las fotocopias legalizadas cursantes de fs. a 639; de las cuales, resulta relevante el hecho de que de fs. 619 a 621, cursa memorial de de septiembre de 2020, presentado por las actuales demandantes "denunciando" y solicitando la suspensión de la ejecución, dándose a conocer la falsificación del título de compraventa con el que se otorgó la garantía hipotecaria de la obligación perseguida.

- La anterior petición "debió" dar lugar a que se aplique la previsión contenida en el art. 1289.11 del Código Civil; no obstante, la A quo optó por rechazar la solicitud por no ser parte del proceso, debiéndose a acudir a la vía llamada por ley;

determinación que el Tribunal -Ad quem- consideró con excesivo formalismo debido a que, resulta evidente que el proceso ejecutivo y el presente ordinario, fueron de conocimiento de la misma autoridad; por lo que, debió realizarse una interpretación progresiva de la ley, suspendiendo temporalmente la ejecución.

- No obstante lo anterior, quedó claro que dicha solicitud, pese a su rechazo, permitió hacer público y dejar precedente en el proceso ejecutivo que existía una denuncia de falsedad de los documentos de ejecución, lo que debió ser tomado en cuenta por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, máxime si el mismo resulta ser hermano de Gabriela del Carmen Rojas Urioste, quien fue demandada en el presente, citándola el 19 de febrero de 2021; haciéndose notar que, conforme advierte la Escritura Pública N° 998/2022 de 10 de agosto cursante de fs. 678 a 695, consta como antecedente que, en el segundo señalamiento de remate para el 25 de junio de 2021, la referida litisconsorte se presentó como única postora, manifestando adjudicarse el inmueble, lo que, por proveído de 03 de marzo de 2022, se tuvo por desistida; señalándose por ello, un tercer remate para el 29 de abril de 2022, donde se presentó como único postor el recurrente, a quien finalmente se adjudicó el bien, lo que lleva a considerar que la calidad de adquiriente de buena fe no es del todo evidente; pues, como se expuso, no podría alegarse desconocimiento de la existencia de la denuncia de falsedad del título, además que el mismo resultó ser hermano de la coacreedora, quien intento la adjudicación, desistiendo de forma posterior, por ello, se asumió las consecuencias de una posible Sentencia de nulidad contractual.

- En relación a que la A quo desarrolló la audiencia preliminar de 09 de mayo de 2023, con la presencia de los apoderados de las demandantes, sin haberse acreditado justificación alguna, se tiene que dicha observación no fue expuesta en audiencia, menos impugnada, por lo que existió tácito consentimiento y aplicación del principio de preclusión.

- En cuanto a la apelación efectuada por Gabriela del Carmen Rojas Urioste y Salvador Antonio Dueri Samur, se tiene que los mismos fueron demandados en la causa de nulidad de documentos, en ese sentido, conforme enseña el art. 547 del Código Civil, el efecto de la nulidad es retroactivo, quedando a salvo el derecho de repetición de los afectados, en ese orden, queda implícito que, al demandase la nulidad de un documento «primigenio", los posteriores a este resultan "igualmente"

nulos, de dar otro entendimiento de ello importa restar valor al efecto nulificante del contrato; de ahí que el legislador, para "estos" casos, ha previsto la posibilidad del resguardo y protección de los derechos de terceros adquirientes a título oneroso de buena fe, lo que se sobreentiende, entre otro, con la hipoteca. En el caso, el titulo primigenio del inmueble "objeto" de la demanda corresponde a cinco hermanas, con usufructo a favor de Carmen Mustafá Montario, empero este derecho, en el nuevo sistema de Derechos Reales, no fue registrado; empero, al no ser renunciado ni cancelado se entiende que el mismo tiene vigencia; aspecto que debió ser observado por los acreedores hipotecarios, por cuanto su privilegio no puede afectar el usufructo, salvo consentimiento del titular, por lo que resulta ilegal su afectación.

- En tal virtud, si bien no puede declararse la nulidad absoluta del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, tampoco puede desconocerse el derecho de la usufructuaria, máximo si por el efecto retroactivo de la nulidad, el inmueble debe retornar a la titularidad de las cinco hermanas, más el derecho de usufructo.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste, según escrito visible de fs. 754 a 762, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación acusó que:

En la Forma.

a) El Auto de Vista vulneraría el derecho y garantía del debido proceso previsto en el art. 115.11y art. 117 de la Constitución Politica del Estado; toda vez que, en fecha 09 de mayo de 2023, se habría llevado la audiencia preliminar, sin concurrencia ck oir)vicb ' dItc4ce.‘ti r zywiw del recurrente debido a que no fue notificado oportuna y legalmente, ya que tal notificación con la convocatoria se realizó en tablero tal cual se evidenciaría de la diligencia de fs. 441 y en franca vulneración del art. nums. 2) y 5) concordante con los arts. 82.1y 83 del Código Procesal Civil, lo que privó a su persona para que asuma defensa por la negligencia de su abogado, quien renunció a su patrocinio y la ineficaz dirección del proceso por parte de la Juez a quo, lo que condujo a tener por desistidas las excepciones que opuso y se vea privado de ejercer actos de defensa en las etapas procesales prescritas en el art. 366 del adjetivo civil, sobre todo el intervenir en la fijación del objeto del proceso, en el que no fue objeto del proceso la nulidad de la Escritura Pública N° 998/2022, porque no fue falsificado, ni otorgado con vicios denunciados en la demanda por ser venta judicial.

b) Errónea aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, al razonar que la integración de su persona a la litis desvirtuaría cualquier irregularidad, cuando al tenor del art. 49.11 del mismo código, no se adoptó las medidas necesarias para establecer correctamente la relación procesal, puesto que solo fue citado con el memorial de 21 de septiembre de 2022 y el Auto de 27 de septiembre de 2022, mas no fue citado con la demanda y por ende no puede oponerse a los hechos contenidos en la misma, por lo que no se cumplió con las formalidades del debido proceso.

c) Vulneró el art. 365.1 del Código Procesal Civil, al sostener en el punto 1.4, que su observación a la inconcurrencia personal de las demandantes a la audiencia preliminar de 09 de mayo de 2023, debía haberse hecho valer en dicha audiencia, sin considerar que él no pudo comparecer a dicha audiencia debido a la renuncia de su abogado patrocinante así como la notificación irregular a la referida audiencia no fueron de su conocimiento y la Juez a quo, debió suspender la audiencia exigiendo la justificación de la incomparecencia de las demandadas, pero con una conducta parcializada dicha autoridad daría continuidad a la audiencia vulnerando el debido proceso, en franco desconocimiento de la jurisprudencia sentada en el Auto de Supremo N° 240/2020 de 20 de marzo.

En el Fondo.

d) Omitió considerar lo previsto en el art. 229.11 del Código Procesal Civil; puesto que, su derecho propietario no derivaría de los contratos impugnados expresamente en la demanda, sino de un proceso judicial tramitado en el mismo juzgado, en la que la misma Juez a quo suscribió la venta judicial. Asimismo, para la fecha del registro no existía ningún gravamen (anotación preventiva) dispuesto en el presente proceso tal como se tendría del folio real de fs. 355, que le restrinja la posibilidad de adquisición, por lo que no se le puede atribuir responsabilidades emergentes de los actos procesales que se discutían en esta causa y que no fueron debidamente publicitados. No obstante, que en el parágrafo III num. 1.d) del Auto de Vista, incurriría en incongruencia interna, toda vez que el Tribunal de alzada concluyó que su buena fe estaría descartada y que los hechos juzgados resultarían ser suficientes para declarar la nulidad del acto constitutivo de su derecho propietario.

e) Incurrió en interpretación errónea del art. 110 del Código Procesal Civil; al concluir en el punto 1.2 parágrafo III, que la irregularidad en el juicio no es suficiente para atribuir la incongruencia en la Sentencia y que era su obligación probar el rechazo a la demanda, desconociendo que la demanda no fue dirigido en su contra, ni la Escritura Pública N° 998/2022 de adjudicación que le otorga su derecho fue objeto del proceso, por lo que la Sentencia no podía pronunciarse legalmente sobre dicho acto, tal como establece el art. 213 del adjetivo civil, si bien el Tribunal de alzada reconoce que la adjudicación fue posterior a la fecha de la demanda, de manera contradictoria daría por bien hecho la determinación de la Sentencia, evidenciando a su vez que tal determinación no observaría los principio de congruencia externa.

f) El Auto de Vista en el punto 1.3 incurrió en errónea apreciación de la prueba y errónea aplicación del art. 1289.11 del Código Civil, al sostener que los actos de ejecución de la sentencia ejecutiva fueron posterior a la iniciación y admisión de la demanda de nulidad, por lo que siendo que las demandantes habrían solicitado la suspensión del remate en dicho proceso ejecutivo, este acto permitiría hacer público y dejar precedente de la denuncia por falsedad de los documentos de ejecución y que debería ser considerado por su persona como adjudicatario y más aún cuando es hermano de la codemandada Gabriela del Carmen Rojas Urioste;

conclusión arribada por el Tribunal de alzada sin considerar que no existía acusación formal en el proceso penal y que tampoco en el proceso ejecutivo se denunció tal falsedad en la vía incidental como correspondería, por lo que no sería evidente que cumplió con la fmalidad de publicidad, tal como establece el art.

1538.11 del sustantivo civil.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se anule obrados hasta fs. 356.

2. Contestación al recurso de casación:

Carmen Mustafá Montaño de Guzmán, Marusella Rosario Dajbura Mustafá, Silvia Antonieta Dajbura Mustafá, Carmen Julia María Dajbura Mustafá de Muñoz y Giancarla María Dajbura Mustafá, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 766 a 769 alegando en lo principal que:

h A4e« &tío, ny~9, ' dAhei,al

- El recurso interpuesto no solo carece de técnica recursiva, sino que pretende desnaturalizar la finalidad de la casación, utilizándola como una instancia de revisión general; así, el recurso se sustenta en una supuesta irregularidad en la citación con la demanda, extremo que resulta jurídicamente insostenible; por cuanto, de manera indubitable compareció voluntariamente al proceso, tal como consta de fs. 408 a 409, donde se responde la demanda y se opone excepción de demanda defectuosamente propuesta.

- El recurrente fue válidamente "incluido" como litisconsorte pasivo por haberse adjudicado en remate judicial el bien "objeto" de la /itis, dentro del proceso ejecutivo seguido por "su" hermana, Carmen Rojas Urioste contra Patricia Dajbura Mustafá;

de ello, es hecho procesal incontrovertible que el recurrente compareció a la causa sin reserva alguna, contesto la demanda en el fondo, opuso excepciones, ejerció defensa material y produjo contradicción, lo cual fue expresamente analizada en la Sentencia y se interpuso recurso de apelación; por lo cual, recién después de haber sido vencido en juicio, pretende cuestionar la citación y promover nulidad y casación.

- El recurrente no demuestra indefensión real, concreta, ni verificable, presupuestos indispensables para la procedencia de nulidad procesal; por el contrario, consta que se tuvo conocimiento efectivo del proceso, se ejerció defensa material en todas las instancias y se produjo contradicción, siendo vencido por resolución debidamente motivada; de lo cual, no se satisface el principio de transcendencia de la nulidad; toda vez que, no se explicó de qué manera la supuesta irregularidad en la citación habría tenido incidencia directa en la parte dispositiva de la Sentencia o Auto de Vista.

- El recurso no se dirige en contra del Auto de Vista N° 61/2025 de 02 de junio, sino que se centra en supuestas irregularidades anteriores que, además, se encuentran precluidas y convalidadas.

- Se contraviene el art. 72 del Código Procesal Civil, por cuanto, las notificaciones practicadas en el domicilio procesal constituido son plenamente válidas y producen efectos legales, no siendo admisible alegar con posterioridad supuestos vicios de notificación; añadiéndose que, siendo el recurrente abogado, ni puede desconocer los efectos del señalamiento del domicilio; siendo una conducta contraria a los principios de buena fe, lealtad procesal y prohibición de "conducta contradictoria".

- Carece de veracidad la afirmación de que el recurrente desconocía de la existencia del proceso ordinario de nulidad al momento de adjudicarse el inmueble; toda vez que, en el Asiento B-5 se tiene anotación preventiva dispuesta por el Ministerio Público, dentro del proceso penal seguido por los delitos de estelionato y falsificación de instrumento públicos, en contra de Patricia Dajbura Mustafá, lo que advertía, de manera objetiva, la existencia de controversia sobre el derecho de propiedad.

- Asimismo, consta que se apersonaron al proceso ejecutivo en calidad terceros interesados, acto que fuere rechazado por la Juez Civil y Comercial N° 7, misma que conocía el presente caso; de la misma forma se tiene Auto Constitucional N° 0171/2025-S$ de 02 de abril, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto actuaciones relativas a la oposición de levantamiento de gravámenes y entrega sustanciadas incidentalmente; en ese contexto, la alegación de no haberse conocido la existencia de la causa ordinaria, no resulta sostenible, habiéndose, de forma voluntaria, adjudicado el inmueble asumiendo el riesgo jurídico existente, resultando el recurso de casación improcedente.

Por lo referido, solicitaron se disponga el rechazo in limine; subsidiariamente se declare la improcedencia; por consiguiente, se "confirme" en todas sus partes el Auto de Vista, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. La trascendencia como presupuesto para la nulidad de obrados.

Sobre la nulidad de obrados en el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se razonó lo siguiente: "La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo N° 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley N° 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de Ai,~« Járaio .(Y) Kya~>,(4cial esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente".

Respecto al principio de trascendencia el Auto Supremo N° 223/2013 de 06 de mayo señaló: "Es asimismo importante señalar, que existen principios que rigen las nulidades procesales, así tenemos por ejemplo, el principio de trascendencia, respecto del cual, para que resulte procedente la declaratoria de nulidad, deben mediar requisitos que demuestren que el vicio que se acusa ha producido perjuicio en la parte que se siente afectada, además la afectación que el mismo produjo en la defensa que a su favor pudo realizar de no haber mediado la circunstancia o el acto cuestionado, resultando el daño producido, cierto e insubsanable. Otro principio que rige especificamente la nulidad, es el de conservación o instru mentalidad de las formas, a través del cual debe observarse si el acto, que se acusa de irregular, cumple o no con la finalidad para el que ha sido dispuesto, en resguardo de la seguridad y firmeza de las Resoluciones judiciales y de los actos del proceso, sostiene este principio que las nulidades no tienen como meta comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, sino que sustenta que los actos procesales son válidos si han cumplido sus fines, aunque exista un defecto formal".

111.2. De los principios que rigen las nulidades procesales.

Al respecto, el Auto Supremo N° 94/2018 de 05 de marzo, haciendo referencia a los Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el N° 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, preciso que:

"Principio de especificidad o legalidad. - Este principio se encuentra previsto por el artículo 105.1 del Código Procesal Civil, en virtud a él 'no hay nulidad sin ley específica que la establezca' Jicts de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto. Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación. - Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio Pas de nullite sans grieg', es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: `...No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección.

La anulación por anulación no vale.'

Principio de Convalidación. - Conviene señalar que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular;

por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

é'ázai, cz'y,agto.~

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro 1 Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: 'En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia'. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en precedentes acápites, se deduce que los jueces y tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque en el proceso se cumplan los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115.H de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.1 de la referida norma, cuyo texto señala: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez'.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso" (El resaltado nos corresponde).

111.3. Respecto al litisconsorcio necesario y su integración al proceso.

En el Auto Supremo N° 264/2018 de 04 de abril, emitida por la Sala Civil, estableció: "Mientras que el art. 48 de la misma norma procesal se encuentra referido al Litis consorcio necesario disponiendo que: 'I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica substancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos deberán ser emplazados en forma legal' (..)

En consecuencia, a los efectos de las responsabilidades otorgadas al juzgador en previsiones de los arts. 24- 213 num.1 del Código Procesal Civil, se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la Autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

En este marco es preciso tener en cuenta que en cuanto al análisis de la legitimación pasiva a momento de admitir las causas, no se trata solo de poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los Tribunales y jueces que imparten justicia, bajo el principio dispositivo entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.

Razonamientos que también se encuentran contenidos y orientados en los Autos Supremos Nros. 441/2013 de 28 de agosto, 243/2014 de 22 de mayo y 509/2016 de 16 de mayo" (El resaltado nos corresponde).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como (Á Mo4via Cyr~, ' j¿I,c4.0((ii elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la Forma.

1. A efectos de evitar reiteraciones innecesarias, así como la dispersión de argumentos, procederemos a dar respuestas los cargos expuestos en los incisos a), b) y c), en los cuales se precisó que, el Auto de Vista vulneraría el derecho y garantía del debido proceso; toda vez que, el 09 de mayo de 2023, se habría llevado la audiencia preliminar, sin su concurrencia -recurrente- debido a que no fue notificado oportuna y legalmente, por haberse realizado la misma en tablero conforme evidencia a fs. 441, lo que habría privado de asumir defensa por la negligencia de su abogado, quien renunció a su patrocinio; asimismo, existiría errónea aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, cuando lo que debió aplicarse es el tenor del art. 49.11 del mismo código; no habiéndose adoptado las medidas necesarias para establecer correctamente la relación procesal, es más no fue citado con la demanda; por ende, no habría podido oponerse a los hechos de la misma; finalmente, se habría vulnerado el art. 365.1 del Código Procesal Civil, al sostener en el punto 1.4, que su observación a la inconcurrencia personal de las demandantes a la audiencia preliminar de 09 de mayo de 2023, debía haberse hecho valer en dicha audiencia, sin considerar que no pudo comparecer a la misma, debido a la renuncia de su abogado, así como la notificación irregular, siendo que la A quo debió suspender la audiencia exigiendo la justificación de la incomparecencia de las demandadas.

Al respecto, reconstruyendo los argumentos del recurrente se tiene que la pretensión recursiva está dirigida a la nulidad de obrados; toda vez que, no se le hubiere citado con la demanda; por ende, no habría podido oponerse a los hechos de la misma; asimismo, existiría errónea aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, cuando lo que debió aplicarse es el tenor del art. 49.11 del mismo código, es decir, debió disponer la suspensión de la causa y no, simplemente, disponerse su comparecencia a la causa; de la misma forma, no pudo asistir a la audiencia preliminar por no haber sido notificado oportuna y legalmente, ya que la diligencia habría sido realizada en tablero; además, su abogado renunció a su patrocinio; a más que, en dicho acto -audiencia- no asistió la parte demandante, por ello, se debió suspender y exigir la justificación de la incomparecencia.

Argumentos que no se ajustan a los principios que rigen las nulidades procesales, en concreto, a los principios de preclusión y convalidación; por ello, carente de transcendencia el pedido de nulidad de obrados; habida cuenta que:

Los antecedentes de la causa evidencian que el recurrente fue convocado a la /itis por medio del Auto de 27 de septiembre de 2022 de fs. 356 a 357 vta., que declaró probado el incidente de litisconsorcio pasivo; por lo cual, dispuso, en aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, la citación a tercero para que "...comparezca y responda dentro el plazo de treinta días improrrogables de su legal citación, con la advertencia que al momento de responder a la presente acción deberán ofrecer toda la prueba de la que intentare valerse en la forma establecida por el art. 111 de la Ley N° 439" (El resaltado nos corresponde); en ese marco, se desarrolló la citación el 28 de noviembre de 2022 conforme evidencia la diligencia a fs. 407; presentando el ahora recurrente memorial de 03 de enero de 2023 cursante de fs. 408 a 409 vta., en el que, entro otros, expresó que "Habiendo sido citado como litisconsorcio necesario pasivo, con una demanda ordinaria de nulidad de escrituras... ", "...en termino hábil establecido por ley tengo a bien a responder a la misma en forma negativa y oponiendo excepciones... "; explicando que, por Escritura Pública N° 998/2022 de 10 de agosto, sobre adjudicación judicial, es propietario del inmueble, siendo "dueño y poseedor de buena fe"; así "Mediante demanda presentada por escrito de fecha 05 de noviembre de 2020 las Sras. (...)

inician demanda ordinaria de nulidad de escrituras públicas, con argumentos contradictorios e imprecisos, pretendido primero anular un acto notarial, [asi]mismo fundamentan su pretensión en la ilicitud de los documentos suscritos por la supuesta utilización de documentos fraudulentos y suponiendo una suplantación de personas..."; empero, "...no cursa en obrados prueba alguna fehaciente que evidencie un proceso penal donde por sentencia ejecutoriada se haya declarado la comisión de los delitos de falsedad material o ideológica, en su caso tampoco se ha declarado probada la comisión del delito de suplantación de personas como se presente hacer creer, en tanto esto no sea probado por autoridad competente, no se puede decir que no es válido un documento o demanda su nulidad...". Asimismo, afirmó que "Las mismas -escrituras públicas- han sido suscritas de forma voluntaria y personal, por las demandantes, quienes compareciendo de forma personal acreditada mediante sus cedulas de identidad a notaria", por ello, "...no existiendo causal alguna para su nulidad, en tanto no exista sentencia judicial emanada por autoridad jurisdiccional competente" la demanda no se ajustaría al art. 110 numeral 3 y 10 y art. 114 del Código Procesal Civil, es decir, "no cuenta con la suficiente personería jurídica, e interés legítimo para demandar la nulidad de múltiples documentos, al no estar todas las supuestas propietarias", siendo por ello -según el ahora recurrente- improponible de hecho y de derecho "defectuosa y sin interés legítimo ni legitimidad activa"; finalizando el escrito (Otrosí) con "Anunciamos que, durante la tramitación de la causa, haremos uso de los medios probatorios, cb Molict &todo-permitidos por el Código Procesal Civil".

Remembranza que, de forma objetiva y probada, evidencian dos extremos; el primero, el recurrente en su primera oportunidad no reclamó la falta de citación con la demanda, menos que su comparecencia hubiere sido por errónea aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil, cuando debería de aplicarse el tenor del art.

49.11 del mismo código, es decir, debió disponer la suspensión de la causa; por lo cual, ante la falta de reclamos claramente debe aplicarse la convalidación del acto, por no considerarse vulneratario de derecho y garantías constitucionales, siendo los reclamos que recién se presentan en grado recursivo son inoportunos, pues como se explicó en el Considerando 111.2 no puede ser considerado el pedido de nulidad cuando la parte procesal o tercero interviniente, deja pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el acto lesivo (preclusión); es decir, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica; por ello, la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos afectados de alguna nulidad.

En el caso de Autos, conforme se dijo, el recurrente no impugnó o cuestionó lo que recién trae a colación en etapa recursiva; por ende, es innegable que existió convalidación de lo actuado; máxime cuando, el precitado Auto de 27 de septiembre de 2022 de fs. 356 a 357 vta., de ninguna forma vulneró el debido proceso; habida cuenta que, dispuso la citación para que "comparezca y responda dentro el plazo de treinta días", precisando que "...al momento de responder a la presente acción deberán ofrecer toda la prueba de la que intentare valerse..."; es decir, se respetó los plazos que la ley procesal prescribe para la defensa del litigante, siendo totalmente clásico y formalista el cuestionamiento a que la diligencia a fs. 407, no consigne como actuado puesto en conocimiento sea la demanda; pues en los hechos, el contenido del escrito de respuesta evidencia la cognición de la pretensión.

En efecto, y en grado de segundo fundamento, el recurrente no puede alegar desconocimiento de la demanda; pues el memorial de respuesta de fs. 408 a 409 vta., puntualizado anteriormente, a todas luces evidencia el conocimiento real y efectivo de la pretensión; por lo cual, el reclamo en su integridad carece de transcendencia, al no existir afectación al derecho a la defensa o igualdad entre partes; toda vez que, el recurrente ejercitó su derecho precisamente contestando y oponiendo excepciones, teniendo la facultad, de ofrecer y producir la prueba que vea por conveniente.

Argumentos que se replican en cuestión a los cargos relacionados con la inasistencia -del recurrente- a la audiencia preliminar y que la autoridad judicial debió suspender la misma por ausencia de la parte demandante; por cuanto, dichos reclamos no fueron opuestos en su debido momento; por ende, como se explicó anteriormente, se consintió tácitamente lo actuado; prueba clara de ello es que, posterior a la Audiencia Preliminar de 09 de mayo de 2023 (acta de fs. 448 a 460 vta.) el recurrente estuvo presente en Audiencia complementaria de 29 de junio de 2023 (acta de fs. 503 a 505) y ulteriormente a la misma presentó memorial de 30 de agosto de 2023 cursante de fs. 644 a 645; actuados en los que, no se reclamó la supuesta vulneración de derechos que ahora se alega, por lo cual, aplicable el contenido del principio de convalidación.

Por lo ampliamente expuesto, no corresponde acoger los argumentos en la forma, por ende, infundada la pretensión recursiva de declaración de nulidad de obrados.

En el Fondo.

2. En relación a lo precisado en los incisos d), e) y f), en los que se acusó; omisión en consideración que el derecho propietario -del recurrente- no derivaría de los contratos impugnados expresamente en la demanda, sino de un proceso judicial tramitado en el mismo juzgado; además, para la fecha del registro -adjudicación-no existiría ningún gravamen como evidenciaría el folio real de fs. 355, no obstante el Tribunal de alzada habría concluido en que su buena fe estaría descartada y que los hechos juzgados resultarían suficientes para declarar la nulidad del acto constitutivo de su derecho; asimismo, se desconocería que la demanda no fue dirigida en su contra, ni en relación a la Escritura Pública N° 998/2022 de adjudicación; por lo que, la Sentencia no podría haberse pronunciado legalmente sobre dicho acto, lo que, el Ad quem de manera contradictoria daría por bien hecho;

finalmente, habría errónea apreciación de la prueba y aplicación del art. 1289.11 del Código Civil; por cuanto, no se habría considerado que no existía acusación formal en el proceso penal y que tampoco en el proceso ejecutivo se denunció la falsedad en la vía incidental como correspondería; por lo que, no sería evidente que cumplió con la finalidad de publicidad, tal como establece el art. 1538.11 del sustantivo civil.

Al respecto, es necesario precisar que los argumentos descritos están vinculados al derecho de propiedad que ostenta el recurrente, misma que deriva de una adjudicación judicial efectuada dentro del proceso civil ejecutivo seguido por Marcos Ugarte Rojas en contra de Patricia Rosa Dajbura Mustafá; actos procesales que fueron plasmados y dieron fundamento a la Escritura Pública N° 998/2022 de 10 de agosto e inscrita en la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461, en el Asiento A-8; en éüJtack Kya„wdr././ ese sentido, por consecuencia lógica, el cargo en análisis está supeditado a la determinación revocatoria parcial del Ad quem, en lo que respecta a la cancelación del Asiento A-8 y la declaración de nulidad de la venta judicial.

En ese marco, el reclamo, en lo que toca al derecho de propiedad del recurrente por adjudicación judicial, tiene fundamento para ser acogido favorablemente; toda vez que; en el fondo, el disponerse el levantamiento del Asiento de propiedad y declarar la nulidad de la venta judicial, implica trastocar lo actuado dentro del citado proceso civil ejecutivo; dicho en otros términos, la determinación afecta flagrantemente lo desarrollado en el proceso ejecutivo seguido por Marcos Ugarte Rojas en contra de Patricia Rosa Dajbura Mustafá y consiguientemente de la Sentencia del mismo, incluidos los actos de ejecución del fallo, contraviniendo con todo ello, el sistema procesal vigente.

Así, conforme la regla prescrita en el art. 386 del Código Procesal Civil, se tiene que la única forma de modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo es un «proceso ordinario posterior", "...que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso... "; además que, dicha causa debe ser pretendida "en el plazo de seis meses" de ejecutoriada la Sentencia; en suma, para modificar lo declarado en el litigio ejecutivo debe cumplir con exigencias procesales taxativamente delineas en la norma; que en la especie no se tiene fundamentadas en la demanda, menos podrían darse curso dentro de una pretensión de nulidad de escrituras públicas, por su manifiesta disparidad normativa.

En efecto, la declaración de nulidad y consiguiente levantamiento del Asiento de propiedad, no se hace coherente con los fundamentos normativos de la pretensión perseguida; es decir, no es lógico que un proceso ordinario juzgue y determine la nulidad de actos procesales desarrollado en un proceso ejecutivo bajo la tesis de nulidad de contratos por causa ilícita (falsedad); por cuanto, ello involucra la intromisión en la competencia de la autoridad que conoce la ejecución de una Sentencia en calidad de cosa juzgada.

En ese marco, lo determinado por el Ad quem, que en esencia se circunscribe a la nulidad de la Escritura Pública N° 998/2022 10 de agosto, sobre adjudicación judicial (declaración de nulidad de venta judicial) y consiguiente cancelación del Asiento A-8 en la Matrícula N° 3.01.1.01.0066461, vulnera flagrantemente el derecho de propiedad del recurrente; no porque el mismo no haya sido citado con la demanda del presente o por la inexistencia de gravamen en el folio real, o por ser tercero de buena fe; sino, porque, como se explicó, no puede surgir dentro de la presente causa ordinaria de nulidad de negocios jurídicos, determinación o sanción de nulidad procesal de los actos procesales desarrollados en otro litigio con calidad de cosa juzgada; en todo caso, es la autoridad de ejecución que deberá emitir pronunciamiento congruente, en consideración con la nulidad dispuesta en la especie, que en su esencia es restituir la propiedad a sus verdaderas propietarias, sea en acciones y derechos; pues, de consideración también, la codemandada Patricia Rosa Dajbura Mustafá, continua como titular, empero, solo en acciones y derechos. Así, es lógico sostener que los actuados procesales desarrollados en un proceso judicial, que vulneren derechos y garantías constitucionales de las partes o terceros con interés legítimo, deben ser analizados intraproceso; más nunca pretenderse su revisión en otro proceso ordinario; en ese sentido, como se dijo, la determinación del Ad quem respecto a la nulidad de la venta judicial y cancelación del Asiento de propiedad, claramente vulnera el derecho de propiedad del recurrente, lo que también trasunta en la intromisión en la competencia de la autoridad del proceso ejecutivo; por ello, como remedio a dicho error, corresponde dejar sin efecto únicamente dicha determinación; para que ulteriormente, la autoridad de ejecución se pronuncie, considerando las acciones y derechos de las legítimas titulares. Cabe precisar que, si bien es cierto y evidente, conforme precisaron los de instancia, que en la demanda expresó que la pretensión incluía los actos "que en el transcurso de este proceso se registren o pretendan registrarse con posterioridad"; empero, como explicamos, no es lógico, ni legal que en una causa ordinaria se determine la nulidad de actuados procesales de un litigio ejecutivo; en todo caso, queda a salvo el derecho de las recurrentes de acudir ante la autoridad de ejecución de la causa ejecutiva, para hacer valer los efectos de la Sentencia emitida en el presente, que, valga la reiteración, debe considerarse las acciones y derechos de las legítimas titulares, así como de la beneficiaria usufructuaria; sin perder de vista que Patricia Rosa Dajbura Mustafá es copropietaria en acciones y derechos. Consideración añadida De antecedente, se tiene que la causa fue remitida a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 07 de junio de 2024; providenciándose su radicatoria el 10 del mismo mes y gestión; de forma posterior, ante el pedido de "sorteo anticipado" por la parte demandante por causas de pertenencia a población de la tercera edad y afección a la salud, se emitió Auto de 02 de agosto de 2024 cursante a fs. 734 y vta., en el que se dispuso el adelanto de sorteo. Circunstancias en las cuales, el proceso fue sorteado a Vocal relator Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial el 26 de mayo de 2025 (fs. 736 vta.) Reminiscencia que evidencia que el proceso, pese a la disposición de adelanto de sorteo, aguardo el cumplimiento más de nueve meses, lo que notoriamente evidencia el incumplimiento al principio de celeridad; que comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la administración de justicia; así como el derecho de los litigantes de acceder a una justicia pronta y oportuna; máxime cuando la presidenta del Tribunal (Clelia E. La Fuente Torrico), entre otra, fue quien autorizó el adelanto; además, conforme el art. 55.3 de la Ley del Organo Judicial, es su atribución "Supervisar las funciones de las o los servidores de apoyo judicial de la sala respectiva...". En ese sentido, corresponde llamar severamente la atención a dicha autoridad, exhortándola a que cumplir sus funciones en estricto apego a los principios que rigen la administración de justicia. Además, debe considerarse por el Tribunal de segunda instancia, en función al cumplimiento efectivo de la labor judicial, el controlar, sobre los de primera instancia, el cumplimiento de plazos en la remisión de las causas; afectos de erradicar la demora injustificada en el trámite y resolución de los procesos.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 754 a 762, interpuesto por Jaime Víctor Ovidio Rojas Urioste en la forma; y en aplicación parágrafo III del citado articulado, atendiendo los argumentos en el Fondo del recurso, se deja sin efecto únicamente lo dispuesto en relación a la cancelación del Asiento de propiedad A-8 de 16 de agosto de 2022 de la Matricula N° 3.01.1.01.0066461 y lo determinado en el numeral 3, todo del Auto de Vista N° 61/2025 de 02 de junio, corriente de fs. 741 a 750 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; manteniéndose todo lo demás incólume. Asimismo, se salva expresamente los derechos de la parte actora, en calidad de legitimas interesadas, respecto a la adjudicación efectuada en el proceso ejecutivo seguido por Marcos Ugarte Rojas en contra de Patricia Rosa Dajbura Mustafá, donde deberán hacer valer los efectos de lo sentenciado en el presente, sea sobre las acciones y derechos que les corresponden. Se llama severamente la atención a la Vocal presidenta de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por injustificado retardo en la resolución de la presente causa, pese a su disposición de adelanto de sorteo.

Registrese, comuníquese y devuélvase.

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0379_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 22.

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