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AS 0378/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de marzo de 2026

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Civil
Fecha
27 de marzo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 373 a 379 vta., interpuesto por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares, contra el Auto de Vista N° 573/2025 de 08 de septiembre, corriente de fs. 360 a 368, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos a los recurrentes.

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Texto completo

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0378/2026 Fecha: 27 de marzo de 2026 Expediente: LP-9-26-S Partes: Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno por sí y en representación de Svetlana Daniela y Tamara Inés ambas de apellidos Fuertes Zenteno c/ Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares Proceso: Reivindicación más pago de daños y perjuicios. Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 373 a 379 vta., interpuesto por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares contra el Auto de Vista N° 573/2025 de 08 de septiembre, corriente de fs.

360 a 368, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reivindicación más pago de daños y perjuicios, seguido por Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno por sí y en representación de Svetlana Daniela y Tamara Inés ambas de apellidos Fuertes Zenteno contra los recurrentes, la contestación de fs. 387 a 389; el Auto de concesión de 23 de octubre de 2025, visible a fs. 390; el Auto Supremo de admisión N° 0080/2026-RA de 02 de febrero, obrante de fs. 408 a 409 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno por sí y en representación de Svetlana Daniela y Tamara Inés ambas de apellidos Fuertes Zenteno, por memorial de demanda que cursa de fs. 105 a 111 vta., y subsanada a fs. 120 y vta., promovieron proceso ordinario de reivindicación más pago de daños y perjuicios contra Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 145 a 152, y de fs. 159 a 164, contestaron de manera negativa y reconvinieron por usucapión quinquenal;

pretensión que mereció el Auto interlocutorio de 04 de diciembre de 2023, obrante a fs. 165 y vta., que declaró la improponibilidad de esa última; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse Sentencia N° 330/2024 de 09 de septiembre, que cursa de fs. 295 a 298 vta. y Auto complementario visible a fs.

299, en la que el Juez Público Civil y Comercial 25° del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda de reivindicación, disponiendo que los demandados entreguen y restituyan el departamento ubicado en el tercer piso del inmueble con Matrícula N° 2.01.0.99.0072269, sea en plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo, e IMPROBADA respecto al pago de daños y perjuicios, sin costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares, según escrito visible de fs. 325 a 330 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 573/2025 de 08 de septiembre, corriente de fs. 360 a 368, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada y el Auto aclaratorio de fs. 299, en base a los siguientes argumentos:

- Se hace notar que la delimitación del objeto del proceso se encuentra claramente establecido en la demanda y fijada como objeto de la causa, no habiéndose planteado reclamo alguno, logrando entender que las partes se refirieron sobre la misma cosa (bien inmueble); en ese sentido, respecto a la individualización, la doctrina "sugiere" que al momento de hacer valer una pretensión, debe describirse el objeto demandado de tal manera que no exista confusión con algún otro de su misma naturaleza; en el caso, los demandantes expusieron a fs. 105 y en el petitorio a fs. 109 vta., que la reivindicación es sobre el departamento del tercer piso, del inmueble con Matrícula N° 2.01.0.99.0072269, con una superficie de 66.98 m2; por ello, no es correcto lo afirmado por los recurrente, en sentido de que se habría insinuado que la pretensión seria sobre la totalidad del inmueble; por ende, lo declarado no contradictorio con el plano a fs. 78 (copia legalizada del archivo digital del Sistema del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz), pues no existe confusión alguna sobre el inmueble a reivindicar.

- En relación a la numeración de la casa, si bien en el Folio Real de fs. 69 a 70, no consta como tal dicho número, no es menos cierto que tanto en la diligencia preparatoria, como en la inspección judicial y "otros actuados", las partes hicieron referencia a la numeración de la puerta de calle, que como "bien se conoce dicha numeración en cuanto a viviendas no se encuentra plenamente regularizada", pero

"sirve" como dato para determinar el predio, extremo que fue admitido por los recurrentes conforme memorial de contestación, en el que se planteo reconvención sobre inmueble ubicado en la calle Valentín Abecia N° 1785 de la ciudad de La Paz, resultando que posteriormente se confiese estar en posesión del bien demandado, por ello, se tiene que se discutieron derechos sobre el mismo objeto.

- Sobre la titularidad del inmueble, se tiene que dicho aspecto fue observado por la cr-,14,do- Aff, newja/de C;(7~1,4,4e,J autoridad en su momento, en todo caso, resultan fácilmente aclaradas puesto que, en relación Bernardino Crescencio Fuertes Callapino, a su fallecimiento los demandantes se declararon herederos conforme Escritura Pública N° 091/2020 de fs. 85 a 89 vta., teniéndose por acreditada la ausencia del de cujus en el registro, ingresando en su lugar, conforme Folio Real de fs. 69 a 70, como copropietarios los actores, no existiendo prueba alguna que acredite cambio en dicha titularidad.

- Asimismo, en el Folio Real de fs. 69 a 70 se tiene a la copropietaria Tamara Inés Fuertes Zenteno con C.I. 5115859-IQ, que si bien en la Escritura Pública N° 1130 de 06 de noviembre, la misma solo consigna un solo nombre -Tamara-; empero, dicho dato tiene la designación de los datos de identificación, no constituyendo duda respecto a su filiación y mucho menos al derecho propietario.

- La autoridad judicial valoró la literales de fs. 247 a 252, establecido que existe identidad entre los documentos de titularidad de los demandantes respecto del pretendido, constatando que no se contaba con catastro vigente; empero, que anteriormente si, inscrito a nombre de los vendedores, no causando agravio alguno, pues se apreció la prueba bajo el "principio" de sana crítica y prudente criterio,

"constando" de esa forma la individualización del objeto de la reivindicación, consistente en el departamento del piso tres del inmueble con Folio Real N° 2.01.0.99.0072269.

- Se observa la valoración de un certificado de registro catastral que no se encontraría vigente, puesto que existiría inconsistencia en cuanto a la superficie y ubicación, extremo que no determine el registro propietario de los demandantes, ni la fijación del objeto del proceso, que fue "realizada" en "base" a las diferentes documentales, no siendo el registro catastral que acredite derecho propietario; así, los datos de individualización no pueden ser analizados de forma separada como pretende la recurrente, existiendo otros elementos, como la inspección judicial, así como el documento sobre en el que se argumentó posesión.

- Se fundamento, la posesión de los demandados, en el compromiso de venta de departamento, realizado entre Jorge Linares Betancourt y Edwin Ernesto Alarcón Castillo y Pamela Stefanny Linares; constituyendo el mismo en un documento privado firmado entre partes de la cuales ninguna es titular del bien registrado en el Folio Real N° 2.01.0.99.0072269; reconociéndose en el clausula tercera que el departamento no pertenecía al vendedor, pues seria de propiedad de su hermano, por consiguiente, tampoco se observa aceptación o consentimiento del citado

"titular"; no siendo permisible la oponibilidad contra terceros, quienes no prestaron su consentimiento, extremo que fue observado en Sentencia, de ello, no se acredito que los demandados tengan una posesión legitima con título idóneo que debe ser respetada sobre el predio, salvándose sus derechos para hacerlos valer por la vía que correspondiera, en relación al documento, aspecto que no implica que se dé por improbada la demandada.

- A mayor abundamiento, se adjuntó a la apelación diferentes documentales acreditarían un supuesto doble registro en Derechos Reales, existiendo la Matrícula N° 2010990025895 donde figurarían como propietarios Zenón Vigabriel Gareca y Ana Victoria Muñoz de Vigabriel; asimismo, facturas y la acreditación de diversos procesos; lo que, en el fondo, deviene en una valoración de mejor derecho propietario; sin embargo, esto deben ser argumentado por los titulares del derecho, no siendo valido alegar derechos de terceros ajenas al caso de Autos.

- La existencia de multiplicidad de propietarios no enervan el registro propietario sobre el cual se determinó la reivindicación, mucho menos puede basarse en facturas, las cuales no "afirman" duda en relación al derecho propietario;

resaltándose que durante el proceso no se ofreció prueba pertinente que permita establecer error en cuanto a la individualización del bien, mucho menos han objetado dicho aspecto, reconociéndose incluso, en el documento a fs. 133, que el bien inmueble pertenecía a otra persona, no así al vendedor; por ello, la prueba de segunda instancia corresponde sea rechazada.

- Respecto a la vulneración al derecho a la defensa, por haberse celebrado audiencia fuera del horario fijado, reclamo que, la resolución apelada, en su contenido no trata dicho tema; por lo cual, este punto no merece mayor consideración, caso contrario, se estaría ingresando en incongruencia.

- Sin perjuicio de ello, en "grado" de aclaración, se tiene que el acta de audiencia de fs. 254 a 256 se consigna, como fecha de celebración el 20 de agosto de 2025 a horas 10:00; encontrando diferencia con el señalamiento de fs. 238 vta. (horas 15:

00); del cual, la parte demandada por escrito a fs. 245, pidió la suspensión, lo cual fue desestimado, sin haberse interpuesto recurso, «consignándose" una aceptación tácita; por ende, lo argumentado en el recurso incumple los principios de buena fe y lealtad procesal.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares, según escrito visible de fs. 373 a 379 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación acusaron que:

a) Vulneración al debido proceso en su elemento de congruencia y fundamentación, (11(141P Al2* '71 a ci / roya no dirial establecidos en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado; toda vez que, en el considerando 1 y 3, no guardan correspondencia entre sí; asimismo, en la demanda existirían contradicciones respecto a la individualización del objeto de la demanda, así como en la valoración de la prueba, lo que genera incongruencia entre la Sentencia y el Auto de Vista; pues, en la demanda se describió una casa de 75,70 m2.; sin embargo, las pruebas hacen referencia a un departamento de 68,98 m2., delimitado en la Matrícula N° 2.02.0.99.0072269, Asiento A-3; además, sobre el mismo inmueble existe otra Matrícula N° 2.01.0.99.0025895, donde figuran como propietarios Zenón Vigabriel Gareca y Ana Victoria Muñoz de Vigabriel; lo que demostraría la existencia de doble registro, pese a dichas contradicciones el Auto de Vista confirmó la Sentencia constituyendo en error de hecho y derecho.

b) El Auto de Vista no analizó correctamente la legitimación activa de los demandantes; por cuanto en la Matrícula N° 2.01.0.99.0072269, en el Asiento A-3 identifica a cuatro propietarios; sin embargo, la demanda fue interpuesta únicamente por tres personas, inclusive el testimonio de aceptación de herencia no habría sido registrado en Derechos Reales, conforme el art. 1538 de Código Civil.

c) Incurrió en falta de motivación racional al rechazar el incidente de nulidad de audiencia, sin ponderar los derechos constitucionales.

d) Incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración probatoria, así como en aplicación indebida de la ley sustantiva; toda vez que, se habría omitido valorar de manera integral documentos esenciales, aplicándose de manera errónea los arts.

1453, 1538 del Código Civil y los arts. 134, 145, 213 y 268 del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista, y en consecuencia, se declare la "insuficiencia probatoria de la demanda", se "reconozca la falta de legitimación activa de los demandantes" y se ordene que se "emita" una nueva resolución conforme a derecho.

2. Contestación al recurso de casación:

Rajiv Bernardo Fuertes Zenteno por sí y en representación de Svetlana Daniela y Tamara Inés ambas de apellidos Fuertes Zenteno, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 387 a 389 alegando en lo principal que:

- El recurso presentado es dilatorio, infundado y temerario que pretende cuestionar el Auto de Vista N° 573/2025, sin exponer ningún agravio fundamentado, con la única intención de mantener una ocupación ilegal del bien inmueble, realizando abuso del derecho.

- La parte recurrente no hace más que copiar los argumentos de la apelación, introduciendo argumentos respecto a la prueba presentada con el escrito recursivo, pretendiendo confundir a la autoridad, cuando desde la medida preliminar de llamamiento de los futuros demandados, se identificó con exactitud que los mismos ocupan ilegalmente el departamento ubicado en el tercer piso del bien de la calle Valentín Abecia, zona Tembladerani N° 1785 de la ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 2.01.0.99.0072269; teniendo conocimiento, siempre, que el predio que ocupan, no era de propiedad de quien los dejó ingresar y que nunca tuvieron su consentimiento -demandantes- como verdaderos propietarios.

- Se cumplió a cabalidad, con prueba documental, por informe y "verificación"

judicial, con los presupuestos de la reivindicación; habiendo alegado la parte demandada un supuesto registro doble, argumento falso que viola el principio de probidad y que debe ser sancionado en casación.

- Los recurrentes pretenden desconocer el entendimiento y disposiciones del régimen de la copropiedad, por el cual, mientras no exista división y partición del bien, los copropietarios pueden ejercer las acciones de protección, como en el presente caso; por lo que, el Auto de Vista N° 573/2025 de 08 de septiembre, obro de manera correcta, reconociendo su legitimación para el inicio y ejercicio de la acción de reivindicación.

- Se alega que se habría justificado la inasistencia a audiencia complementaria señalada por el Juez, hecho por demás falso, ya que nunca se presentó memorial;

por lo que, no existía motivo para la dilación o suspensión, careciendo de total fundamento.

Por lo referido, solicitaron se "rechace" el recurso, declarándolo inadmisible e infundado, con expresa condena en costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

111.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el limite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación g ta do , ck por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional N° 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia;

la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia..." (Las negrillas nos pertenecen).

Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0255/2014 y N° 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia "ultra petita", que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo N° 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo N° 11/2012, de 16 de febrero, que: "Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior g que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso".

De igual forma, a través del Auto Supremo N° 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: "La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada 'cara petita', que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso...

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, 'no es absoluto', en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes...

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple q llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios q derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 q 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa" (Subrayado y negrilla es nuestro).

111.2. El recurso de casación en la forma y el fondo.

El Auto Supremo No. 411/2012 de 14 de noviembre de 2012, señaló con meridiana claridad que: "El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de Casación revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de Casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en la forma y en el fondo o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el &tad nac uddeA4,x,;,, fah I artículo 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma "error in procedemdo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo "CASE" la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados".

111.3. Respecto a la acción reivindicatoria.

En el Auto Supremo N° 995/2019 de 26 de septiembre, se expuso lo siguiente: "El art. 1453 del Código Civil, señala: 'I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. Hl. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe reembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella'.

Por su parte el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257), señala que: 'Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee'.

(• • .)

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al 'propietario que ha perdido la posesión' pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión flsica del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo N°80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda ( ...)".

A su vez, en el Auto Supremo N° 1277/2018 de 18 de diciembre, se precisó: "...Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos ( ...).

Al respecto el autor 'Arturo Alessandri' señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida ( ...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar ( ...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee" (Las negrillas nos corresponde).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

,c-W,upta Játacio.

1. Previamente, cabe precisar que, de la atenta lectura del recurso de casación, se tiene que, si bien los recurrentes intentaron concretar sus reclamos dentro de las causales de casación en la forma y en el fondo, conforme permite el art. del Código Procesal Civil; empero, dicho extremo no fue concebido correctamente; por cuanto, en el marco de lo explicado en el Considerando 111.2 de la presente resolución, cuando se alega cargos en el fondo, se circunscribe por errores en la resolución sobre el fondo del litigio -error in judicando-; por ende, la pretensión recursiva se dirige a que se case el fallo de segunda instancia; por otro lado, cuando se reclama por la causal de forma, se denuncia errores de procedimiento -errores in procedendo- , siendo la finalidad la nulidad procesal.

En el caso de Autos, los recurrentes asocian una supuesta incongruencia omisiva (cargo en la forma) con argumentos referido a una supuesta valoración irracional de la pretensión y el acervo probatorio (cargo en el fondo), alegaciones impropias que, como se mencionó, orientan la falta de concepción coherente del recurso de casación; extremo que puede ser apreciado con claridad en el petitorio; por cuanto, se solicita que este Tribunal case el Auto de Vista "...y la Sentencia No. 330/2024 de 09 de septiembre...", por consiguiente "...se declaré la INSUFICIENCIA PROBATORIA de la demanda y se reconozca la FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS DEMANDANTES...", ello "...anulando los actos procesales efectuados sobre la base [esas] irregularidades"; añadiéndose que "...se ordene una NUEVA RESOLUCIÓN CONFORME A DERECHO, valorando la prueba respetando el principio de motivación racional, la seguridad jurídica, la individualización del bien y el derecho a la defensa de la parte recurrente" (El resaltado es propio).

En dichos términos, los recurrentes pretenden aspectos contradictorios, hasta incongruentes; por cuanto, solicitaron que se case la Sentencia; cuando ello no es finalidad de ninguna de las causales del recurso de casación, habida cuenta que, el objeto de impugnación -en grado de casación- es el pronunciamiento de segunda instancia y no así lo declarado por el A quo; asimismo, y fuera de toda lógica procesal, solicitan se establezca una "insuficiencia probatoria"; concluyendo, en contradicción con todo lo anterior, en un petitorio anulatorio, para que se emitan nueva decisión "valorando" la prueba; pese que, anteriormente se requirió una declaración de "insuficiencia probatoria".

Actuar que, si bien a priori generaría una decisión de improcedencia; empero, los yerros anotados no pueden ser considerados en un grado rigorista, afectando con ello a la parte litigante; por lo cual, en virtud a los principios pro homine y pro actione, procederemos al análisis y respuesta de fondo de los cargos propuestos, y a efectos de evitar reiteraciones innecesarias, así como la dispersión de argumentos, los atenderemos al unísono.

2. Ahora bien, conforme se precisó en los incisos a), b), c) y d), los recurrentes alegaron que en la demanda existirían "graves" contradicciones respecto a la individualización del objeto de la demanda y la legitimación de la parte actora; habida cuenta que, la Matrícula N° 2.02.0.99.0072269 no registraría la numeración del departamento ni colindancias, consignando únicamente la superficie de 75.70, diferente a la descrita en la demanda; asimismo, la citada matricula identificaría a cuatro propietarios; empero, solo demandaron tres; además, que la aceptación de herencia no hubo ser inscrita; por otro lado, los formularios de impuestos y el informe catastral serian inconsistentes en el numero del inmueble u número catastral, respectivamente; finalmente, se incurriría en falta de motivación en el rechazo del incidente de nulidad planteado, en relación a la audiencia complementaria, sin haberse ponderado derechos constitucionales.

Al respecto, los argumentos referidos a la individualización del predio pretendido de reivindicación y la supuesta falta de legitimación activa, evidencian un intento de subsanar la negligencia de los recurrentes de no haber opuesto los medios de defensa adecuados en su debido momento para cuestionar dichos aspectos; en otros términos, los recurrentes al momento de asumir defensa (memorial de respuesta y reconvención de fs. 145 a 152 y de fs. 159 a 164) en ningún momento objetaron lo que recién se trae a colación en etapa recursiva; además, no puede perderse de vista que los argumentos carecen de mérito, por no ajustarse a los datos de la causa.

En efecto, los antecedentes de la causa avistan que, la génesis del litigio fue una medida preliminar de exhibición de título (para justificar la posesión actual en que se encontraban) instada por los actores, conforme se evidencia de fs. 9 a 10 y subsanada a fs. 28 y vta.; describiéndose que, son copropietarios del inmueble (casa) ubicado en la calle Valentín Abecia de la zona de Tembladerani, con una superficie de 75.70 m2., registrado en la Matricula N° 2.01.0.99.0072269; del cual, el departamento del tercer piso estaba siendo ocupado por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares -ahora recurrentes- sin autorización alguna, por ello, para plantear acción exacta solicitaron a los referidos para que "...EXPRESEN Y PRESENTEN A QUÉ TÍTULO VIENEN OCUPANDO EL DEPARTAMENTO UBICADO EN EL PISO TRES DE NUESTRO INMUEBLE... "(El resaltado nos pertenece).

En ese sentido, en Audiencia de 18 de mayo de 2022 conforme acta de fs. 53 a 55, Pamela Stefanny Linares, expresó que "Ocupo el tercer nivel", conjuntamente "con mi concubino y mi hijo", ello en calidad de "anticresista, dada por mi tío el Sr. Jorge Linares con opción a venta", ratificándose todo lo expresado por Edwin Ernesto Alarcón Castillo.

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Circunstancia en la cual, se formalizó demanda de reivindicación y pago de daños, conforme memorial de fs. 105 a 111 vta., y subsanado de fs. y vta., en la que se precisó textualmente que el bien demandado (fs. 105 vta.) estaba constituido por el "...departamento de 66.98 mts2 ubicado en el tercer piso del inmueble de nuestra propiedad ubicado en la Calle Valentín Abecia, Zona Tembladerani N° 1785 de la ciudad de La Paz, inmueble registrado en la Oficina de Derechos Reales, bajo la matrícula N° 2.01.0.99.0072269" (El resaltado nos pertenece); de ello, los ahora recurrentes por escritos de fs. 145 a 152 y de fs. 159 a 164, contestaron negativamente, afirmando, entre otros, que el 13 de mayo de 2015 firmaron un contrato de compromiso de venta con Jorge Linares Betancourt

"...sobre un departamento ubicado en la calle Valentín Abecia No. 1785, parte delantera piso 3...", precisando que ingresaron "en legitima posesión del inmueble" (El resaltado nos corresponde); solicitando que se declare improbada la demanda "...sobre el bien inmueble ubicado en la calle Valentín Abecia, Zona Tembladerani, piso tercero, No. 1785 de la ciudad de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos Reales, bajo la Matrícula No. 2.01.0.99.0072269".

Asimismo, los ahora recurrentes plantearon demandada reconvencional de usucapión quinquenal o de buena fe (declara improponible por Auto cursante de fs. 165 y vta.) respecto del "...bien inmueble ubicado en la calle Valentín Abecia, Zona Tembladerani, piso tercero, No. 1785 de la ciudad de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos Reales, bajo la Matrícula No. 2.01.0.99.0072269", en el cual estaban en posesión continua por más de ocho arios.

En el marco de los antecedentes fácticos descritos, el A quo estableció en audiencia preliminar, conforme acta de fs. 216 a 219, que el objeto del proceso fue "...la restitución del Departamento ubicado en el tercer piso del inmueble situado en la calle Valentín Abecia, zona Tembladerani, N° 1785, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 2010990072269"; determinación que no mereció observación y/o impugnación alguna.

Por todo lo rememorado, no resulta coherente el reclamo de una supuesta falta de individualización o incertidumbre sobre el bien objeto de reivindicación, menos que la demanda seria sobre el inmueble -en sí mismo- y no sobre el departamento del tercer piso; habida cuenta que, desde la génesis del litigio, las partes procesales, en especial los ahora recurrente, conocían a cabalidad que la pretensión versaba sobre el departamento del tercer piso del bien inmueble ubicado en la calle Valentín Abecia, zona Tembladerani, N° 1785, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 2.01.0.99.0072269; es más, se confesó que sobre el mismo se ejercía posesión en virtud al documento de compromiso de venta de 13 de mayo de 2015 (fs. 133); en el que, precisamente se consignó como bien a ocupar "...el departamento del tercer piso..." del inmueble "...ubicado en calle Valentín Abecia No. 1785, de la zona de Tembladerani...".

En ese sentido, la Escritura Pública N° 1130/2013 de 06 de noviembre adjunta en copia legalizada de fs. 61 a 68 y el Folio Real con Matrícula N° 2.01.0.99.0072269 de fs. 69 a 70, claramente demostraron el derecho de propiedad del ya tantas veces citado, bien inmueble ubicado en la calle Valentín Abecia, zona Tembladerani, N° 1785 de la ciudad de La Paz, y por consecuencia lógica, del departamento ubicado en el tercer piso del mismo, siendo, en el caso concreto, irrelevante la consignación de colindancias, valga la reiteración, del departamento del tercer piso; conclusión que se encuentra corroborada por los pagos de impuestos de fs. 79 a 83; así como la prueba adjunta por los ahora recurrentes, consistentes en pago de servicios básicos de fs. 138 a 139 y certificación de la junta de vecinos cursante a fs. 140, y por la inspección judicial cuya acta sale de fs. 231 a 232, de todo los cuales se tiene por acreditado el derecho de propiedad y la posesión -sin título- de los demandados.

Sobre el Informe N° 0519/2024 de 13 de agosto cursante de fs. 247 a 248, fraccionado por la Unidad de Castrato Municipal de la ciudad de La Paz, cabe precisar que el mismo, conforme explicó el Ad quem, no otorga derecho propietario;

además, la individualización del objeto de la pretensión, claramente fue determinada por la aceptación expresa de los demandados y por efectos que produce la titularidad del predio sobre sus construcciones.

Conclusiones que se encuentran ligadas, al cargo relacionado a la legitimación de la parte actora; por cuanto, al margen de que dicho aspecto tampoco fue observado al inicio de la causa, lo cierto y real es que los demandantes están consignados como últimos y actuales titulares del predio -y por ende de sus construcciones-, conforme Folio Real con Matrícula N° 2.01.0.99.0072269, no teniendo lógica el pretender desconocer dicho extremo por no haberse inscrito la aceptación de herencia, cuando los efectos de la misma son instituidos por la Ley; además que ello, desde ningún punto de vista vulnera o suprime derecho fundamental.

Al contrario de los anterior, el argumento de una supuesta doble partida en Derechos Reales, solo incumbe a los supuestos propietarios en contra de los actores, bajo la mira de un mejor derecho de propiedad; empero de ello, no es fundamento para incumplir o pretender un reconocimiento de posesión legal, por ello, el argumento es improcedente.

Por todo lo explicado hasta el momento, los argumentos del recurso de casación son infundados; toda vez que, conforme precisaron los de instancias, la pretensión cumplió con las exigencias de procedencia de la acción reivindicatoria; habida cuenta que: 1) conforme Escritura Pública N° 1130/2013 de 06 de noviembre que &ta,(4, .° ck A ,/,./vf:a nya/rw ' ~ cursa de fs. 61 a 68 vta. y el Folio Real con Matrícula N° 2.01.0.99.0072269 de fs.

69 a 70, está demostrado el derecho de propiedad de la cosa por parte de los actores; 2) por la contestación, los pago de servicios básicos de fs. 138 a 139, certificación de la junta de vecinos cursante a fs. 140, y la Inspección judicial cuya acta sale de fs. 231 a 232, está acreditada la posesión de la cosa por los demandados; y 3) por la aceptación ad initio de la demanda, y las documentales antes precisadas, quedó identificada la cosa a reivindicar, máxime, si por su naturaleza (departamento) no evidencia posibilidad de confusiones con otro predio;

extremo que también es considerado como fundamento para enervar los reclamos de los recurrentes.

Finalmente, en relación al reclamo sobre el desarrollo de la audiencia complementaria; se tiene presente que, dicho aspecto fue interpelado en calidad de incidente conforme evidencia el escrito de fs. 283 a 285; mismo que, por Auto de 09 de septiembre de 2024 cursante de fs. 291 a 292 fue rechazado, ante su impugnación y posterior concesión en el efecto diferido; por Auto de 10 de octubre de 2024 visible a fs. 336 y vta., se lo tuvo por renunciado; decisión está que en ningún momento fue objeto de recurso alguno.

En ese sentido, este Tribunal carece de competencia para emitir criterio alguno; habida cuenta que, los hechos ya merecieron pronunciamiento judicial que al presente tienen la calidad de cosa juzgada por su irrecurribilidad; además, no puede perderse de vista que, por lógica procesal, dicho reclamo no fue tópico de la Sentencia de mérito; asimismo, el citado pronunciamiento incidental, se constituye en un Auto interlocutorio simple, el cual, no resuelve el fondo del problema litigioso, tampoco corta procedimiento ulterior ni mucho menos pone fin al proceso;

resultando por todo ello, improcedente su consideración.

En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión del recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.11 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.11 del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 373 a 379 vta., interpuesto por Edwin Ernesto Alarcón Castillo, Pamela Stefanny Linares y Ernesto Gabriel Alarcón Linares, contra el Auto de Vista N° 573/2025 de 08 de septiembre, corriente de fs. 360 a 368, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos a los recurrentes.

Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Notas al pie

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA -G FECHA2 9.132 C AUTO SUPREMO N° W LIBRO TOMA DE RAZON N° ........Q. k‘' VOTO DISIDENTE S£CRET4R1A jí . SALA TRjBUIVAL SUPREMO UE JUSTICIA

Otros autos supremos de la Sala Civil

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0378_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d47971c43a323b9e93c5a7be36f21f53adddb469f15fd2c3da8d4f875afae7b8

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