Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Civil · 27 de marzo de 2026
Anula obrados
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 401.I.inc.c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda a fs. 27, a fin de que la autoridad de origen reconduzca la tramitación de la causa y continue con la sustanciación conforme a los lineamientos expuestos en la presente resolución. Sin responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales por ser el error excusable. De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remitase copia de la presente resolución a Consejo de la Magistratura.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0373/2026 Fecha: 27 de marzo de 2026 Expediente: SC-8-26-S Partes: Eneida Limón de Gutiérrez representada por Weimar Quiroga Barahona c/ Acencio Gutiérrez Rocha, Misael Limón Fernández y Francisco David Limón Fernández. Proceso: Nulidad de contrato de transferencia y aclarativas, orden de cancelación de inscripciones y sub-inscripciones, orden de reposición de asiento de titularidad sobre el dominio, orden de inscripción en los registros de Derechos Reales de la cuota parte, división y partición de bien inmueble ganancial. Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 326 a 329 vta, interpuesto por Misael Limón Fernández contra el Auto de Vista N° 311/2025 de 05 de septiembre, corriente de fs. 321 a 322 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia y aclarativas, orden de cancelación de inscripciones y sub-inscripciones, orden de reposición de asiento de titularidad sobre el dominio, orden de inscripción en los registros de Derechos Reales de la cuota parte, división y partición de bien inmueble ganancial, seguido por Eneida Limón de Gutiérrez representada por Weimar Quiroga Barahona contra Acencio Gutiérrez Rocha, Francisco David Limón Fernández y el recurrente, la contestación de fs. 333 y vta., el Auto de concesión de 25 de noviembre de 2025, visible a fs. 334, el Auto Supremo de admisión N° 0051/2026-RA de 19 de enero, obrante de fs. 341 a 342 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Eneida Limón de Gutiérrez representada legalmente por Weimar Quiroga Barahona por memorial de demanda que cursa de fs. 19 a 26, ampliado por memorial de fs. 28 a 29, promovió el proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia y aclarativas, orden de cancelación de inscripciones y sub-inscripciones, orden de reposición de asiento de titularidad sobre el dominio, orden de inscripción en los registros de Derechos Reales de la cuota parte, división y partición de bien inmueble ganancial, contra Acencio Gutiérrez Rocha, Misael Limón Fernández y Francisco David Limón Fernández, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 59 a 60 vta., Acencio Gutiérrez Rocha se apersonó y contestó, por otro lado por escrito de fs. 85 a 86 Misael Limón Fernández por si y en representación de Francisco David Limón Fernández se apersonó, contestó negativamente e interpuso excepción de incompetencia, pretensión que mereció el Auto interlocutorio de fecha 19 de marzo de 2020, obrante de fs. 139 a 140 vta., que declaró improbada la excepción de incompetencia; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 10/2025 de 13 de enero, que cursa de fs. 278 a 280, en la que el Juez Público de Familia 10° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda de nulidad de contrato de transferencia, declarando nulo e ilegal de documento de transferencia del inmueble objeto del proceso y disponiendo la cancelación de la inscripción en Derechos Reales en el Asiento A-2, así como las sub inscripciones de los Asientos A-3 y A-4 inscritos bajo la matrícula N° 7.01.1.05.0023294, e IMPROBADA la división y partición de bien inmueble ganancial, sin costos y costas.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Misael Limón Fernández según escrito de fs. 284 a 286, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 311/2025 de 05 de septiembre, corriente de fs. 321 a 322 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:
- El Tribunal de alzada señaló que, en relación al agravio planteado por el recurrente respecto a la falta de competencia de la autoridad judicial, el mismo carece de sustento para ser nuevamente discutido; toda vez que, dicha cuestión ya fue resuelta mediante Auto interlocutorio de fecha 19 de marzo de 2020, que declaró improbada la excepción de incompetencia, decisión que fue confirmada mediante Auto de Vista N° 175/2021 de 22 de noviembre; en consecuencia, resultaría estéril e innecesaria una nueva fundamentación sobre la competencia del Juez de primera instancia, no siendo evidente el agravio invocado.
- En relación al argumento de que el proceso de nulidad de transferencia y las demás pretensiones no podrían tramitarse en la vía familiar, el Tribunal sostuvo que, al haberse reconocido previamente la competencia del Juez, éste se encuentra plenamente facultado para conocer y resolver las pretensiones de la demandante en la vía ordinaria, conforme a lo dispuesto por el art. 420 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por lo que el agravio denunciado no resulta evidente.
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- Finalmente, respecto a la afirmación de que la Sentencia no señalaría el inmueble sobre el cual recaería la decisión, el Tribunal de alzada consideró que tal afirmación resulta ilógica, puesto que todo el proceso se ha sustentado en dejar sin efecto la transferencia de un inmueble respecto del cual la demandante no habría prestado su anuencia, encontrándose el mismo plenamente identificado en la demanda, la contestación y la Sentencia, por lo que el agravio denunciado tampoco resulta evidente.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Misael Limón Fernández, según escrito visible de fs. 326 a 329 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU C ONTESTACIÓN
1. El recurrente en el recurso de casación acusó:
a) Violación, interpretación y aplicación errónea del art. 420.11 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, señalando que la presente demanda versa sobre la transferencia de un bien inmueble realizada por el cónyuge de la demandante;
por lo que, ante cualquier conflicto respecto a dicho acto jurídico, éste debería dilucidarse en el ámbito del derecho civil, siendo competente el Juez civil y no el Juez de familia mediante una pretensión innominada dentro del proceso ordinario familiar, como se habría admitido en la presente causa. Asimismo, dicho aspecto fue reclamado oportunamente; sin embargo, no se habría explicado de qué manera o bajo qué fundamento se estaría tratando la pretensión como innominada.
En base a tales fundamentos, solicita se anule obrados.
2. Contestación al recurso de casación:
Eneida Limón de Gutiérrez representada legalmente por Weimar Quiroga Barahona respondió el recurso de casación mediante memorial a fs. 333 y vta., señalando en lo principal que:
- Refiere que el recurrente habría presentado el recurso de manera extemporánea, es decir, después de 34 días, por lo que estaría fuera de plazo.
Consiguientemente, solicitó se deniegue la concesión del recurso.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
111.1. De la nulidad de oficio.
El art. 106.1 del Código Procesal Civil, refiere que la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. De lo que se infiere que, el Juez o Tribunal de casación puede anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, revisión de oficio, que corresponde realizar en observancia al principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales, conforme prescribe el art. 180.1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Al respecto, el art. 17.1 de la Ley N° 025 en su texto señala: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se límitará a aquellos asuntos previstos por ley"; en este entendido, a los Tribunales les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio; sin embargo, esa facultad está limitada aquellos asuntos previstos por ley; entendiendo que, el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado; por lo que, en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria puede tomar una decisión anulatoria.
Sobre el tema el autor Gonzalo Castellanos Trigo en su obra Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil, señala: 'Algunos autores sostienen que no existen nulidades procesales absolutas. El consentimiento expreso o presunto de la parte a quien perjudica, permite la preclusión, sin que razones abstractas fundadas en el mero interés de la ley autoricen una revisión de oficio que atentaría, de entrada, contra la seguridad de decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada". De otra perspectiva, se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la correcta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido.
Estos parámetros así descritos para ordenar una posible nulidad procesal, han sido ampliamente abordado en el Auto Supremo N° 160/2022 de 17 de marzo, en el que citando a su precedente Auto Supremo N° 212/2016 de 11 de marzo, señaló:
"Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg", es decir que previamente a declarar la nulidad se debe Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas.". (Las negrillas nos pertenecen). III.2. Sobre la anulabilidad de transferencia de bienes gananciales. El art. 192 de la Ley N° 603 establece que: "I. Para enajenar, hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda los bienes comunes es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, dado por sí, con poder especial, o por medio de una o un apoderado con poder especial. Cuando no sea posible obtener este poder y en caso de ausencia o imposibilidad de ejercer la administración por uno de los cónyuges, debe obtenerse la autorización judicial respectiva. II. Los actos de disposición como enajenar, hipotecar, gravar, dejar en prenda, mutuo, usufructo y uso, comodato, anticresis, entre otros, de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a demanda de la o el otro cónyuge, salvo que ésta o éste prefiera reivindicar a título exclusivo la parte que le corresponda en el bien dispuesto, si ello es posible, u obtener el valor real de la misma.". El contenido de la norma señala la invalidez del acto de disposición de derechos reales por ausencia de consentimiento de uno de los cónyuges, por lo que el mismo puede anularse a demanda del otro cónyuge. La norma citada, señala que la vía para anular ese acto de disposición es la anulabilidad y no así la nulidad. En ese sentido se pronunció el Auto Supremo N° 980/2021 de 09 de noviembre, que expreso: "Lo expuesto por la recurrente, refuta dos cuestiones concretas de la resolución de alzada; primero, la errónea valoración de la prueba de cargo, y; segundo, la impertinencia del argumento concerniente a la contradicción entre la nulidad y la anulabilidad, como fundamento para desestimar la demanda incoada. (...) De todo lo hasta aquí expuesto, se infiere que la demandante de forma incoherente e imprecisa fundó su pretensión de nulidad en la falta de consentimiento, extremo que como se tiene dispuesto por el art. 549 del Código Civil, no constituye una causal de nulidad y más bien se subsume al de la anulación de contratos establecido por el art. 554 de la misma norma; de esta manera, se pone en evidencia la contradicción aducida por el Tribunal de alzada, pues ciertamente la recurrente confundió estas acciones y no consideró que ambas tienen diferencias substanciales que hacen que sus presupuestos o causales de procedencia sean distintos, pues no podemos olvidar que en la acción de nulidad se cuestiona la existencia del acto jurídico, mientras que se reconoce implícitamente que el acto jurídico en la acción de anulabilidad cuestionado existe, pero con vicios de validez que pueden ser subsanados o convalidados, lo que supone que no se puede plantear una demanda de nulidad con fundamentos que hacen a la anulabilidad del contrato, pues estas acciones si bien son comunes en cuanto a que ambas buscan la ineficacia de un acto jurídico, son diametralmente distintas en cuanto a su planteamiento. De ahí que en este caso, mal podría la recurrente pretender modificar la tipificación establecida por la norma respecto a los supuestos por los cuales concurren las acciones de nulidad y anulabilidad, pues debe entender que las razones por las cuales se activa cada una de estas acciones, no surgen del capricho de las partes, sino que se encuentra previamente establecido por la ley, y que es por esa razón, cuando los justiciables pretender invalidar un acto jurídico deben subsumir adecuadamente sus hechos al derecho que la respalda, lo que quiere decir que no es correcto demandar la invalidez de un acto juridico invocando cualquier causal que no se adecue al hecho que sustenta la acción. Entonces debe quedar claramente establecido que no se puede plantear una demanda de nulidad de un acto jurídico con fundamentos que hacen a la anulabilidad del contrato, ello tomando en cuenta que en la nulidad se cuestiona la existencia del acto jurídico, mientras en la pretensión de anulabilidad se reconoce implícitamente que el acto cuestionado existe pero con vicios de validez; además que de aceptarse esta confusión, se generaría un atentando al carácter prescriptible e imprescriptible de ambas acciones; de ahí que resulta importante la precisión de la demanda cuando de nulidad y anulabilidad se trata, a fin de que el fallo que recaiga sobre la acción genere la seguridad jurídica que las partes buscan a través del proceso, por ello es que en este caso la relación de hechos y el petitorio expuestos en la acción carecen de sustento, pues si la actora pretendía invalidar los actos que ahora cuestiona, bien podía acudir a la acción reconocida para ese efecto, la cual conforme se tiene descrito en el apartado III.3 de la doctrina aplicable es precisamente la acción de anulabilidad diseñada para los casos en los que uno de los cónyuges haya realizado actos de disposición de bienes gananciales sin el consentimiento de otro cónyuge". CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN La normativa preceptuada por el art. 106 del Código Procesal Civil, en concordancia con el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, reconoce la facultad de los Tribunales al examen de oficio de las actuaciones procesales, tal cual se expresó en el acápite ese marco corresponde hacer las siguientes III.1 de la doctrina aplicable, en consideraciones: De la revisión de antecedentes se tiene que la parte demandante promovió por memorial de fs. 19 a 26 y ampliada por memorial de fs. 28 a 29 proceso de "nulidad Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial de contrato de transferencia y aclarativa, orden de cancelación de inscripciones y sub-inscripciones, orden de reposición de asiento de titularidad sobre el dominio, orden de inscripción en los registros de Derechos Reales de la cuota parte, división y partición de bien inmueble ganancial" alegando como fundamento que su cónyuge habria dispuesto de un bien ganancial sin contar con su consentimiento, señalando como causales de dicha nulidad el art. 549 de Código Civil en su numerales " 1. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. 3. Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato.", pretensión que mereció los Autos de fecha 24 de enero de 2019 cursante a fs. 27, y de fecha 12 de marzo de 2019, visible a fs. 30; el primero que admite la demanda: "VISTOS: Revisados la Demanda de nulidad de contratos de transferencia y aclarativas, orden de cancelación de inscripciones y sub-inscripciones y orden de reposición de asiento de titularidad sobre el dominio...se admite en todo lo que hubiera lugar a derecho y con su tenor traslado a los demandados..." y, el segundo, que acepta la ampliación de la demanda "...mediante memorial ingresado en fecha 11 de Marzo de 2011 de fs. 28 a 29, en aplicación a los Art. 262, 420-11 y 421 inc. c) de la Ley 603, amplia su demanda por orden de inscripción en los registros de derechos reales de la cuota parte de la demanda. De conformidad al Art. 262 de la Ley 603, se admite y se amplia la demanda ingresada en fecha 11 de Marzo de 2011 de fs. 28 a 29...", desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 10/2025 de 13 de enero, que cursa de fs. 278 a 280, en la que el Juez Público de Familia 10° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda de nulidad de contrato de transferencia, declarando nulo e ilegal de documento de transferencia del inmueble objeto del proceso y disponiendo la cancelación de la inscripción en Derechos Reales en el Asiento A-2, así como las sub inscripciones de los Asientos A-3 y A-4 inscritos bajo la matrícula N° 7.01.1.05.0023294, e IMPROBADA la división y partición de bien inmueble ganancial, sin costos y costas, decisión que fue confirmada por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista ahora impugnado, motivo por el cual llega en conocimiento de esta instancia. En ese entendido, resulta pertinente efectuar una precisión respecto a los institutos de nulidad y anulabilidad del acto jurídico; toda vez que, si bien ambos suponen la ineficacia del acto jurídico, responden a supuestos y consecuencias distintas dentro del ordenamiento civil, en efecto, la nulidad se configura cuando el acto jurídico se encuentra afectado por un vicio grave que compromete elementos esenciales para su validez, como la ausencia de objeto o de la forma prevista por la ley, o la ilicitud de la causa o del motivo, supuestos previstos en el art. 549 del Código Civil; en cuyo caso el acto carece de validez jurídica desde su origen, teniendo entre sus características ser de orden público, inconfirmable e imprescriptible, correspondiendo su declaración a través de la acción de nulidad promovida ante la autoridad jurisdiccional competente. Por su parte, la anulabilidad se presenta cuando el acto jurídico, si bien reúne los elementos esenciales para su existencia, se encuentra afectado por vicios que la ley considera subsanables o susceptibles de convalidación, por ello sus características difieren del anterior al ser de carácter privado, confirmable y prescriptible, razón por la cual el acto produce efectos jurídicos mientras no sea anulado judicialmente, siendo necesario que la parte legitimada promueva la correspondiente acción dentro de los supuestos establecidos por la ley. En ese contexto, corresponde tener presente que el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que para la enajenación o disposición de bienes comunes es necesario el consentimiento expreso de ambos conyuges; sin embargo, cuando uno de ellos realiza actos de disposición sin el consentimiento del otro, la propia norma prevé la posibilidad de anular tales actos a instancia del cónyuge que no prestó su consentimiento, configurándose, en principio, un supuesto de anulabilidad del acto jurídico y no así de nulidad. Bajo ese marco normativo y conceptual, corresponde analizar los antecedentes del proceso a efectos de establecer si la pretensión planteada por la parte demandante y la decisión asumida por las instancias de mérito se adecuan al régimen jurídico aplicable, o si, por el contrario, se incurrió en una indebida aplicación de los institutos de nulidad y anulabilidad del acto jurídico en cuestión. En ese entendido, de la revisión del memorial de demanda de fs. 19 a 26 y su ampliación de fs. 28 a 29, se advierte que la parte actora promovió acción de nulidad de contrato de transferencia, sustentando su pretensión en el que el cónyuge habría dispuesto del bien inmueble de carácter ganancial sin contar con su consentimiento, invocando para dicho efecto las causales previstas en el art. 549 del Código Civil. No obstante, del análisis de los fundamentos expuestos en la demanda se evidencia que el hecho que sustenta la pretensión no se relaciona con la inexistencia de elementos esenciales del contrato ni con causales de nulidad previstas por el citado art. 549 del Código Civil, sino que radica específicamente en la falta de consentimiento de uno de los cónyuges para la disposición de un bien ganancial, supuesto que se encuentra regulado de manera expresa por el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, norma que establece que los actos de disposición realizados por uno de los cónyuges respecto a bienes Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial comunes sin el consentimiento del otro pueden ser anulados a demanda del cónyuge afectado. En ese contexto, se advierte que el supuesto fáctico descrito por la parte demandante se subsume dentro del régimen de anulabilidad del acto jurídico y no así de nulidad, extremo que el Juez de primera instancia no advirtió, pues mediante Sentencia N° 10/2025 de 13 de enero declaró PROBADA la demanda de nulidad de contrato de transferencia, determinación que fue confirmada por el Tribunal de alzada, resolviendo la controversia bajo el entendimiento de que el acto jurídico cuestionado se encontraba afectado por una causal de nulidad. En ese entendido, más allá de que las autoridades de instancia no hayan advertido la diferencia sustancial existente entre ambos institutos jurídicos, es evidente que tampoco tomaron en cuenta el desarrollo jurisprudencial emitido por este alto Tribunal, que ha precisado de manera reiterada que los actos de disposición de bienes gananciales realizados sin el consentimiento de uno de los cónyuges se encuentran sujetos al régimen de anulabilidad y no de nulidad, conforme se tiene desarrollado en el art. 192 de Código de las Familias y del Proceso Familiar y en la doctrina aplicable al caso citada en la presente resolución, específicamente en el apartado III.2. En ese contexto, corresponde precisar que la correcta identificación de la acción ejercitada constituye un presupuesto esencial para la adecuada resolución del litigio; toda vez que, las acciones de nulidad y anulabilidad responden a presupuestos jurídicos distintos. En ese entendido, cuando la pretensión deducida por la parte se sustenta en hechos que la ley ha previsto expresamente como supuestos de anulabilidad, no resulta jurídicamente viable que la controversia sea resuelta bajo el instituto de la nulidad, pues ello implicaría alterar el régimen jurídico aplicable al acto cuestionado, así como las reglas relativas a su consideración, aspectos que forman parte de la seguridad jurídica que debe resguardar la función jurisdiccional. Por lo expuesto, se advierte que la decisión asumida por las instancias se aparta del entendimiento normativo y jurisprudencial que regula la materia, generando una incorrecta aplicación del derecho material, al haberse resuelto la controversia; bajo un instituto jurídico distinto al previsto por la normativa especial. Esta situación impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la controversia; toda vez que, la causa fue tramitada y resuelta sobre la base de una pretensión jurídica inadecuadamente subsumida en el ordenamiento legal aplicable, lo que compromete la correcta resolución del litigio y afecta la coherencia jurídica que debe regir el proceso; por el contrario, corresponde reconducir la tramitación de la causa conforme al instituto jurídico aplicable al supuesto fáctico descrito, es decir, al régimen de anulabilidad previsto por el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, a fin de que la autoridad de origen reconduzca la tramitación de la causa y continue con la sustanciación conforme a los lineamientos expuestos en la presente resolución. Por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 401.I inc. c) del Código de las Familias у del Proceso Familiar.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el arts. 41 y 42.1 num. 1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 401.I.inc.c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda a fs. 27, a fin de que la autoridad de origen reconduzca la tramitación de la causa y continue con la sustanciación conforme a los lineamientos expuestos en la presente resolución. Sin responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales por ser el error excusable. De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remitase copia de la presente resolución a Consejo de la Magistratura. Registrese, comuniquese y devuélvase.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0373_2026_SalaCivil.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb3360c3eb16b983c1fe99563900e4a54335442c787011520b38f34f265e6a5e
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