Cómo resuelve el Tribunal Constitucional Plurinacional la detención preventiva y su cesación cuando el proceso es por explotación ilegal de recursos minerales: qué riesgos discute y con qué palabras. 3 sentencias de 2023 a 2026.
Art. 232 ter del Código Penal (Explotación ilegal de recursos minerales)
Artículo 232 Ter. (Explotación ilegal de recursos minerales). El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.
Incorporado por disposición del Artículo Único de la Ley 367 de 01 de mayo de 2013.
B.IA.Legal lee el expediente, te dice qué riesgos le atribuyen y cómo desvirtuarlos, y te arma el memorial de cesación o la apelación citando estas sentencias.
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«Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales; por lo que, presentaron…»
«Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público el 28 de septiembre de 2023, de conformidad con el art. 239.I. del CPP, solicitaron al Juez hoy accionado, la cesación de su detención preventiva; empero, habiendo transcurrido…»
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Las sentencias son las de 2023 a 2026 sobre detención preventiva en las que el proceso penal es por explotación ilegal de recursos minerales, tal como lo nombra el Tribunal Constitucional en los antecedentes de cada sentencia. Lo que dice el Tribunal se copió del PDF oficial; la ley, del texto vigente en B.IA.Legal.
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce resoluciones judiciales públicas; no es asesoramiento legal.
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