Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 5 de diciembre de 2023
Define la competencia
Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre la Jueza Pública de Familia Décima Primera; y, la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco, ambas del departamento de Santa Cruz; quienes, a su turno, consideran no contar con competencia para conocer y resolver una demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; División y partición de bienes gananciales; y, Ocultación maliciosa de bienes. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública de Familia Décima Primera del departamento de Santa Cruz, para que conozca y resuelva la demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales; y, ocultación maliciosa de bienes, interpuesta por Renata Cristina Mazeto Scolaro contra Osias Wagner Greve.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0143/2023 Sucre, 5 de diciembre de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 53227-2023-107-CCJ Departamento: Santa Cruz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública de Familia Décima Primera; y, la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco, ambas del departamento de Santa Cruz.
Por Auto 60/22 de 24 de agosto de 2022, y su Auto Complementario 61/22 de la misma fecha, cursantes de fs. 88 a 90, Grecia Dayana Ortuño Esquivel, Jueza Pública de Familia Décima Primera del departamento de Santa Cruz, declarándose incompetente para conocer y resolver una demanda de nulidad de documento de transferencia, determinó declinar competencia a la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco del citado departamento, conforme a lo siguientes fundamentos: a) Renata Cristina Mazeto Scolaro, mediante memorial planteó ante su jurisdicción demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrícula de registro, sobre bienes inmuebles que abarcan una extensión territorial de 9000 ha que en diferentes proporciones estarían registrado a su nombre y a nombre de su exesposo, Osias Wagner Greve, inmuebles que se encuentran destinados a actividades ganaderas; b) Conforme establecen los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), son nulos los actos de las autoridades que usurpen funciones; 11 del Código Procesal Civil (CPC), la competencia de la autoridad judicial se determina en razón de materia y territorio; 152 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los jueces agroambientales tienen competencia para sustanciar las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; y, 223.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), la autoridad jurisdiccional deberá inhibirse de conocer el procedimiento por falta de competencia en su primera actuación; c) La SCP 0569/2019-S4 de 29 de julio, establece que, la competencia entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental deberá considerar no solo la delimitación urbana o rural efectuada por la municipalidad, sino también el destino que tiene el bien inmueble objeto de la demanda particular; y, d) Siendo que, por la documentación adjunta en la demanda de nulidad de transferencia, se hace evidente que los bienes inmuebles objeto del litigio se encuentran destinados a actividades ganaderas y agrícolas, debe ser la autoridad jurisdiccional agroambiental quien resuelva la referida pretensión.
Evelin Ortega Vallejos, Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 98 a 101, declarándose incompetente para conocer y resolver las demandas de nulidad de documento de trasferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales y ocultación de bienes, ordenó la remisión de los antecedentes la Tribunal Constitucional Plurinacional, para que esta instancia resuelva el conflicto negativo de competencias, decisión asumida conforme a los siguientes argumentos: 1) En su memorial de demanda, Renata Cristina Mazeto Scolaro, señaló que, existen bienes gananciales que a la fecha no se habrían dividido; por otro lado, dentro de la separación judicial por mutuo consentimiento, el demandado –Osias Wagner Greve– le habría otorgado a la demandante un 10% en acciones y derechos de un frigorífico, cuando le correspondía el 40%; por otro lado, en la conciliación del divorcio, tampoco otorgó a la demandante ninguna acción o derecho sobre una empresa denominada “Karanda Greve & Greve”, negándole su derecho sobe los bienes gananciales; 2) Antes de la separación, el esposo, hoy demandado, señalando cubrir algunas deudas vendió con conocimiento de la demandante tres propiedades; empero, su accionar solo se debió a la necesidad de ocular la verdad y no efectuar una división adecuada e igualitaria entre ambos cónyuges, respecto a los bienes gananciales; 3) Si bien, la competencia de los Juzgados agroambientales, se extiende a controversias reales y personales, relacionados a actividades agrarias o pecuarias; empero, el Acuerdo SP.TA. 009/2019 del Tribunal Agroambiental, ha establecido que, es competencia de los Juzgados en materia familiar, la resolución de controversias derivadas del régimen de gananciales, aspecto reiterado por los Autos Agroambientales Plurinacionales: AAP S1º 10/2022 de 9 de febrero; APP S1º 59/2021 de 21 de julio; AAP S2º 2/2019 de 6 de febrero; y AAP S2º 55/2018 de 27 de junio, entre otros; y, 4) Tomando en cuenta que la demanda principal versa sobre la pretensión de la demandante de declarar la nulidad de los documentos de transferencia de bienes gananciales, le corresponde a la jurisdicción ordinaria familiar resolver la misma, y dada la declinatoria de esta jurisdicción, produciéndose con ello un conflicto de competencias, es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional resolver el mismo.
La Comisión de Admisión de este Tribunal, a través del Auto Constitucional (AC) 0091/2023-CA de 22 de febrero, cursante de fs. 108 a 112, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública de Familia Décima Primera; y, la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco, ambas del departamento de Santa Cruz.
Por Decreto Constitucional de 6 de noviembre de 2023 (fs. 121) se dispuso la suspensión del cómputo de plazo con el objeto obtener mayores elementos sobre la línea jurisprudencial de este Tribunal, respecto a la competencia de la jurisdicción agroambiental sobre demandas en las que se dilucide la propiedad de bienes gananciales, se ordene a la Unidad de Unificación Jurisprudencial de este Tribunal, remita un informe sobre lo señalado, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 29 de noviembre de 2023 (fs. 137).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Certificado de Casamiento de 17 de agosto de 1985, emitido por Registro Civil del Estado de Mato Grosso, Comarca de Mirassol D`Oeste de la República Federativa del Brasil, mediante el cual se advierte que Osias “Vagner” Greve y Renata Cristina Mazeto Scolaro, contrajeron matrimonio civil, en dicha jurisdicción territorial, aclarándose que ambos cuentan con nacionalidad brasilera (fs. 1). II.2. Consta Demanda de separación judicial por mutuo consentimiento de 7 de mayo de 2009, firmada por Osias Wagner Greve y Renata Cristina Mazeto Greve; documento que al ser traducido por Lucia María Façanha França el 26 de octubre de 2021, establece los siguientes datos: i) Osias Wagner Greve y Renata Cristina Mazeto Greve, contrajeron matrimonio bajo el régimen de bienes gananciales el 17 de agosto de 1985; ii) De la unión conyugal nacieron dos hijos, AA de diecisiete y BB de trece años de edad; iii) Ambos menores, quedaron bajo la tutela de la madre; y, iv) Se establecieron ciertas condiciones respecto al patrimonio y las deudas contraídas dentro del matrimonio (fs. 13 a 16 vta.); en relación a esta documentación cursa, Sentencia de Homologación de 7 de mayo de 2009, firmada por Patricia Ceni Rodrígues, Jueza de Derecho; Douglas Lingiardi; Fiscal de Justicia, Mario Alcides Sampaio e Silva, Abogado; Renata Cristina Mazeto Greve, requirente; y, Osias Wagner Greve, Requirente, traducida por Miguel Ángel Ferrari el 13 de mayo de 2019, por la cual se “HOMOLOGÓ el convenio presentado para que surta efectos jurídicos y efectos legales, quedando así los requirentes separados consensualmente” (sic [fs. 4 a 5]). II.3. Mediante matrícula 7.03.1.01.0004938, Asiento A-1, se demuestra la inscripción del derecho propietario a nombre de Osias Wagner Greve, efectuada el 4 de septiembre de 2012, respecto al lote de terreno denominado El Destino, con una superficie de 570.5806 ha, ubicado en San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz (fs. 58). II.4. A través de matrícula 7.03.0.10.0000236, Asiento A-1, se demuestra la inscripción del derecho propietario a nombre de Osias Wagner Greve, efectuada el 6 de julio de 2016, en cuanto al lote de terreno denominado Santa Teresita, con una superficie de 5000 ha, ubicado en San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz (fs. 35). II.5. Cursa memorial de demanda de: a) Nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; b) División y partición de bienes gananciales; y, c) Ocultación maliciosa de bienes, interpuesta el 24 de agosto de 2022 ante el Juzgado de turno en materia familiar de la capital del departamento de Santa Cruz, por Renata Cristina Mazeto Scolaro, contra Osias Wagner Greve (fs. 81 a 87).
Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre la Jueza Pública de Familia Décima Primera; y, la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco, ambas del departamento de Santa Cruz; quienes, a su turno, consideran no contar con competencia para conocer y resolver una demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; División y partición de bienes gananciales; y, Ocultación maliciosa de bienes. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.
De conformidad con el art. 179.I de la CPE: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. Reconocida que se encuentra la vigencia de tres jurisdicciones en la Norma Suprema, dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo dispuesto por el art. 202.11 de la Ley Fundamental, se encuentra la de conocer y resolver “los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. En la misma línea normativa, el art. 85.I.3 y principalmente el art. 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determinan que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los conflictos de competencias entre las Jurisdicciones Indígena Originaria Campesina, Ordinaria y Agroambiental”, atribución que tiene la finalidad de regular las competencias, dentro del marco de la cooperación y coordinación jurisdiccional, en este sentido, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, sostuvo que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas son nuestras). A su turno, la SC 0001/2005 de 2 de febrero, asumió que: “El conflicto de competencia, en la Jurisdicción Constitucional, se configura cuando sobre la tramitación de un determinado asunto existen dos autoridades que reivindican para sí la competencia, es decir, una autoridad que tramita un asunto, sin tener, en apariencia, competencia para ello, y una segunda autoridad que, en apariencia, sí tiene competencia para tramitar ese asunto, en cuyo caso corresponde al Tribunal Constitucional dirimir el conflicto señalando cuál es la autoridad competente”, en este segundo ámbito de entendimiento, los conflictos de competencia negativos, también deben ser parte del conocimiento y resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues se debe dirimir, qué autoridad es competente para resolver un aspecto del cual dos autoridades rehúsan o no aceptan la competencia emanada de la Constitución Política del Estado y las leyes.
Los conflictos negativos de competencias, de acuerdo a su naturaleza jurídica, se producen cuando dos autoridades rechazan el conocimiento de determinada pretensión, dicho de otro modo, se rehúsan a resolver una controversia puesta en su conocimiento, al considerarse incompetentes para resolver la misma, razonamiento asumido en la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, la cual sostuvo que: “…la función judicial, podría generar conflictos de competencia ya sea positivos o negativos. Positivos, cuando en aplicación de mecanismos intra-procesales para el resguardo de esta garantía normativa, dos o más autoridades jurisdiccionales se consideran competentes para el conocimiento y resolución de una problemática determinada. Por el contrario, el conflicto jurisdiccional negativo, opera cuando mediante la utilización de mecanismos intraprocesales para el cuestionamiento de la competencia, dos o más autoridades jurisdiccionales se inhiben del conocimiento de la causa por considerarse incompetentes” (las negrillas nos corresponden).
Sobre la configuración de este tipo de conflicto, la SCP 1536/2012 de 24 de septiembre, estableció que: “…es menester precisar que desde un punto de vista procesal, el inicio del conflicto de competencias negativo, está dado por el momento en el cual, la autoridad jurisdiccional a la cual, por declinatoria de competencia se le reenvía el conocimiento de una causa, no se allane al conocimiento de la misma” (las negrillas nos pertenecen). Dicho de otro modo, este tipo de conflictos se produce cuando la autoridad jurisdiccional se niega a conocer y resolver la pretensión de la parte por considerarse, también incompetente, situación en la cual se produce un vacío competencial, que debe ser resuelto por esta instancia, declarando, en virtud de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia constitucional, qué autoridad es competente para conocer y resolver una determinada demanda, momento en el cual se proseguirá el trámite procesal, en la jurisdicción declarada competente según la determinación de esta jurisdicción constitucional.
Al respecto, ya la temprana jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, “…tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerara la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla” (las negrillas son nuestras [SCP 2140/2012 de 8 de noviembre]). Recientemente, interpretando el alcance de la señalada línea jurisprudencia, la SCP 0015/2019 de 13 de marzo, sostuvo que: “Si bien, ese es el precedente aplicable a la generalidad de los casos; sin embargo, pueden presentarse supuestos en los cuales existe una causa principal que fue conocida por una u otra jurisdicción, y procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal), en los cuales, por el destino de la propiedad objeto del conflicto, la jurisdicción competente puede variar, con relación a la causa principal. En estos casos, considerando los principios de celeridad, seguridad jurídica (art. 178 de la CPE), eficacia, eficiencia, accesibilidad y verdad material (art. 180.I de la CPE), integralidad e inmediatez (art. 186 de la CPE), debe entenderse que la jurisdicción que conoció la causa principal es competente para conocer los subsiguientes procesos; pues sólo de esa manera, es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso. Un entendimiento contrario, podría generar que existan razonamientos hasta discrepantes en procesos que tienen como base un mismo problema jurídico, lo que evidentemente ocasionaría inseguridad jurídica y restaría eficacia y eficiencia a la función judicial. Consecuentemente, para determinar la competencia entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, deben considerarse las siguientes reglas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble en litigio, sea ésta urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del mismo y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que, si está destinado al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que, si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales; sin embargo, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso, aun el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla establecida en el inciso anterior” (las negrillas nos pertenecen).
Conforme establece el art. 29.II de la LOJ: “Es inherente a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la ley”; por otro lado, el art. 70.7 y 11 del mismo cuerpo normativo, establece que: “Las juezas y jueces en materia Familiar tienen competencia para: Conocer procedimientos de desacuerdos entre los cónyuges y de constitución de patrimonio familiar, e Intervenir en otros casos previstos por ley”. Ahora bien, respecto al ámbito competencial de la jurisdicción ordinaria familiar, el art. 421 del CFPF, señala que: “Se tramitarán conforme al proceso ordinario las siguientes acciones: (…) c) División y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramite en ejecución de proceso de divorcio.
d) Determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad”.
Respecto a la necesidad de que, sea la jurisdicción ordinaria familiar, la jurisdicción que deba resolver controversia sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles adquiridos dentro del matrimonio, y para determinar la cualidad y derechos sobre estos, la SCP 0079/2023 de 28 de agosto, sostuvo que: “…con la unión conyugal, se generan derechos para ambos cónyuges, como miembros de un núcleo familiar jurídicamente constituido, uno de ellos el derecho a decidir sobre los bienes gananciales generados dentro de la unión conyugal, el mismo que no puede ser modificado por convenios particulares, bajo pena de nulidad, es decir, se constituye en un derecho que implica un respeto en su protección y ejercicio, que bien pudiera ser transferido a los hijos, pero solo mediante escritura pública; por otro lado, corresponde señalar que estos bienes gananciales, se convierten en bienes comunes, pues es de disposición de ambos cónyuges, quienes deben otorgar su autorización para hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda los mismos; en un mismo contexto, cuando uno de los cónyuges dispone de estos bienes comunes sin autorización del otro, este acto puede ser anulado a petición del agraviado, debiendo en consecuencia, la jurisdicción ordinaria familiar, resolver estas controversias. En consecuencia, los derechos adquiridos por unión conyugal, sea matrimonio o unión libre, y un posible desconocimiento de los mismos, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria familiar, como jurisdicción especializada en la protección judicial efectiva de las familias y los miembros del núcleo familiar, por lo cual toda controversia surgida del desconocimiento de los derechos que implica los bienes gananciales y bienes comunes, debe ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria familiar, la misma que en aplicación del Código de Familias y Procedimiento Familiar, el Código Civil y Código de Procedimiento Civil, debe resolver demandas que tengan la finalidad de reivindicar el derecho de uno de los cónyuges sobre los bienes gananciales y bienes comunes” (las negrillas nos pertenecen).
Conocidos los argumentos de ambas autoridades jurisdiccionales, conforme se tiene del análisis del presente conflicto negativo de competencias, corresponde inicialmente señalar que, mediante resoluciones fundamentadas, tanto la Jueza Pública de Familia Décima Primera; y, la Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco, ambas del departamento de Santa Cruz, se declararon incompetentes para conocer y resolver una demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales; y, ocultación maliciosa de bienes, interpuesta por Renata Cristina Mazeto Scolaro, contra Osias Wagner Greve el 24 de agosto de 2022, con relación a diferentes bienes muebles e inmuebles, entre estos últimos, las haciendas Santa Teresita y El Destino, ubicadas en el municipio de San Ignacio de Velasco de dicho departamento (Conclusiones II.3., II.4. y II.5.), bajo el argumento de al ser éstos bienes gananciales, deben ser divididos y repartidos en acciones y derechos de manera igualitaria. En ese marco, de las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, se hace evidente que, Renata Cristina Mazeto Scolaro y Osias Wagner Greve, contrajeron matrimonio “casamiento” el 17 de agosto de 1985, en el Estado de Mato Grosso de la República Federativa del Brasil; así como, mediante acuerdo voluntario homologado por Patricia Ceni Rodríguez, Jueza de Derecho, se separaron legalmente el 7 de mayo de 2009, precisamente del acuerdo voluntario se tiene que, el matrimonio se constituyó bajo el régimen de bienes gananciales, procreando ambos esposos durante ese tiempo dos hijos, uno de trece y otro de diecisiete años –dato del momento de la separación–, así como las condiciones de distribución de activos y pasivos adquiridos dentro de la unión conyugal. Tanto de la documentación adjunta como de la demanda planteada por Renata Cristina Mazeto Scolaro, se puede establecer que, también adquirieron diferentes propiedades en nuestro país –Bolivia–, y por lo cual, la prenombrada, considerando que la división de bienes gananciales referido a estos bienes, fue efectuada de manera irregular, planteó ante la jurisdicción ordinaria familiar, la demanda que hoy es motivo del conflicto competencial entre dicha jurisdicción y la jurisdicción agroambiental. En compulsa de tales antecedentes, y siendo una atribución de la jurisdicción constitucional conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción ordinaria, sean estos positivos, cuando ambas autoridades se consideran competentes para conocer una determinada demanda, o negativos, cuando ninguna de las dos autoridades considera ser competente para resolver una demanda, por ende declinan competencia a la otra autoridad jurisdiccional (Fundamentos Jurídicos II.1 y II.2), es atribución de este Tribunal, mediante el análisis normativo y jurisprudencial aplicable al caso, determinar a qué autoridad jurisdiccional –agroambiental u ordinaria– le corresponde la competencia para conocer y resolver la demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales; y, ocultación maliciosa de bienes, interpuesto por Renata Cristina Mazeto Scolaro. Con carácter previo a ingresar en el análisis jurídico, sobre a qué jurisdicción le corresponde la competencia para resolver la referida demanda, es preciso señalar que, si bien, la unión conyugal entre Renata Cristina Mazeto Scolaro y Osias Wagner Greve se formalizó en la República Federativa del Brasil en aplicación de las Leyes brasileras; siendo que los bienes por los cuales se activa la demanda se encuentran en Bolivia; y, dado que el art. 14.V de la CPE, establece que: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano”, y que, el mismo artículo en su parágrafo VI, señala que: “Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución”, no existe óbice alguno para que la justicia boliviana resuelva la pretensión de una ciudadana brasilera que exige el ejercicio de sus derechos adquiridos en nuestro territorio nacional, máxime si en el presente caso, no se trata únicamente de la separación de dos personas, sino también los derechos de los hijos del señalado matrimonio que deben ser resguardados por el Estado boliviano en cuanto a sus derechos sobre los bienes familiares. En ese entendido, del Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, si bien los jueces ordinarios como los agroambientales, tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas, se debe considerar que, para determinar la competencia de una de estas dos jurisdicciones, no solo se deberá considerar la ordenanza municipal que determine los límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; sin embargo, la jurisprudencia constitucional reciente, determinó que, para determinar la competencia de una autoridad jurisdiccional, también se debe buscar una solución integral al problema jurídico planteado en la demanda principal. En ese marco, del Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, se tiene que, los arts. 29.II y 70.7 de la LOJ, establecen que, le corresponde a la jurisdicción ordinaria familiar, resolver los desacuerdos surgidos entre cónyuges; así como, aquellos desacuerdos respecto a la constitución del patrimonio familiar; por otro lado, el art. 421 incs. c) y d) del CFPF, disponen que, le corresponde a la misma jurisdicción –ordinaria familiar– conocer y resolver las demandas de división y partición de bienes gananciales, y las controversias, respecto a la determinación de bienes propios exigidos dentro del matrimonio. En una misma línea, la jurisprudencia de este Tribunal, ha establecido que, cuando existen controversias en cuanto a los bienes adquiridos dentro del matrimonio, por ejemplo, ante la pretensión de que se declare la nulidad de un documento de transferencia de un bien familiar, que no fue de conocimiento por uno de los cónyuges, también debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria familiar, especializada en la materia y resguardo de los derechos de las familias y los miembros de las mismas. Ahora bien, si se considera que, la demanda planteada por Renata Cristina Mazeto Scolaro de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales; y, ocultación maliciosa de bienes, tiene por finalidad hacer prevalecer los derechos subjetivos adquiridos dentro del matrimonio que mantuvo con Osias Wagner Greve, con el cual procreo dos hijos; es pertinente que sea la jurisdicción ordinaria familiar, la que resuelva su pretensión, como una jurisdicción especializada en la defensa de los derechos de las familias y los miembros del núcleo familiar; por lo cual, la competencia para resolver su demanda le corresponde a la Jueza Pública de Familia Décima Primera del departamento de Santa Cruz.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública de Familia Décima Primera del departamento de Santa Cruz, para que conozca y resuelva la demanda de nulidad de transferencia y cancelación de matrículas; división y partición de bienes gananciales; y, ocultación maliciosa de bienes, interpuesta por Renata Cristina Mazeto Scolaro contra Osias Wagner Greve. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0143_2023.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 558120a7b83709ed65cf1b8c613ae062a005fd8bb5322f9089f93b14c9b82166
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