B.IA.LEGAL

SCP 0026/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Recurso directo de nulidad · Sala Plena · 21 de mayo de 2024

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
21 de mayo de 2024
Acción
Recurso directo de nulidad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
36289-2020-73-RDN
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Reincorporación / conminatoria laboral

Qué se discutió

La recurrente interpone recurso directo de nulidad contra Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; Tito Charles Conde Moreno, Vicepresidente; Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, todos de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí, demandando la nulidad de los actos por los cuales las autoridades recurridas, determinaron su pérdida de mandato y posteriormente negaron su reincorporación por el mismo motivo. Consiguientemente, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a efectos de declarar la nulidad o no de los actos recurridos.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional; en su Sala Plena, en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: FUNDADO el recurso directo de nulidad presentado por Eulogia Olga Vilacahua Francisco; y en consecuencia, declara nulos los actos denunciados de 17 de agosto de 2020, que dispuso la pérdida de su mandato como Concejal y de 22 de octubre del mismo año, que negó su reincorporación como Concejala, emitidos por el Concejo Municipal de Potosí: 1° Se dispone, en cumplimiento del art. 148 del CPCo, la remisión de antecedentes al Ministerio Público respecto de la actuación de Elizabeth Ugarte La Torre, Tito Charles Conde Moreno y Cledy Ruíz Delgado, todo parte de la Directiva del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; 2° Se exhorta al Tribunal Supremo Electoral, como autoridad máxima en su materia y jurisdicción, a cumplir con su obligación de resguardo de derechos y garantías constitucionales respecto de los servidores públicos electos; y en función de ello, en uso de su atribución reglamentaria, deberá emitir una norma específica que comprenda en detalle el procedimiento que debe seguirse en caso de pérdida de mandato por la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, estableciendo el procedimiento, los requisitos, las condiciones y las instancias pertinentes encargadas de atender estas solicitudes, debiendo garantizar en todo este trámite el debido proceso incluido el derecho de impugnación, conforme la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Se dimensionan los efectos del presente fallo constitucional, de acuerdo el fundamento señalado en el acápite III.8 del presente fallo constitucional, por lo cual la procedencia del presente recurso no implica la nulidad de actos administrativos realizados por el suplente ni la restitución de la ex autoridad edil –ahora recurrente–, en la gestión gubernamental en desarrollo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y alcances del recurso directo de nulidad.
  2. III.2. Régimen democrático electivo-representativo
  3. III.3. El servicio público y los tipos de funcionarios
  4. III.4. Aproximación al marco jurídico de la pérdida de mandato
  5. III.5. Marco jurídico del Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí
  6. III.6. Marco constitucional y legal de la estructura y atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional, con especial referencia a la pérdida de mandato
  7. III.7. Análisis del caso concreto
  8. III.8. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2024 Sucre, 21 de mayo de 2024 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Recurso directo de nulidad Expediente: 36289-2020-73-RDN Departamento: Potosí En el recurso directo de nulidad interpuesto por Eulogia Olga Vilacahua Francisco, –en ese entonces– Concejal Municipal de Potosí contra Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; Tito Charles Conde Moreno, Vicepresidente; Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, todos parte de la Directiva del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, demandando la nulidad de: a) El acto de 17 de agosto de 2020, que dispuso la pérdida de su mandato como Concejal; y, b) El acto de 22 de octubre del mismo año, que negó su reincorporación como Concejala Munícipe.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2020, cursante de fs. 126 a 132, la recurrente manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

En mérito a la elección de autoridades políticas departamentales regionales y municipales de 2015, y con base en el acta de cómputo departamental aprobada por Resolución de Sala Plena del Tribunal Departamental Electoral de Potosí E-46/2015 de 4 de abril, fue elegida como Concejal titular del referido municipio, por el periodo 2015-2020, cargo que ejerció de manera continua y sin interrupciones. Por otro lado, fue juzgada por delitos de acción penal privada ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, proceso en el que se le impuso la sanción de prestación de trabajo, que fue cumplida y no se encuentra pendiente. Asimismo, padeció la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19), lo que le impidió presentarse en su fuente laboral y que la motivó a solicitar licencia indefinida; sin embargo, el 21 de agosto de 2020, dejaron en su domicilio un acto administrativo de 17 del mismo mes y año, firmado por la Presidenta y Secretaría del Concejo Municipal de Potosí, en el que le comunicaron la pérdida de su mandato como concejala, acto que no es lo suficientemente claro. Una vez recuperada su salud, el 19 de octubre de 2020, presentó una nota dirigida al Concejo Municipal de Potosí, solicitando formalmente su restitución, recibiendo como respuesta por parte de la Directiva, la determinación de 22 del igual mes y año, indicando que no corresponde su reincorporación; por lo que, dicha instancia del Órgano Legislativo procedió a destituirla al contar con sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y negándose su reincorporación, sin que intervenga el Pleno del Concejo Municipal, ni exista Resolución Municipal que así lo establezca, lo que constituye una decisión arbitraria, abusiva e ilegal de la Directiva, que se ha arrogado una atribución que la Ley no le reconoce, habiendo actuado sin jurisdicción ni competencia. En el presente caso, si bien su persona cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada por un delito de acción privada, cuya sanción ya fue cumplida, no es menos evidente que la Directiva del Concejo Municipal de Potosí no tiene facultad, atribución, competencia y mucho menos jurisdicción para destituirla, sino que es una atribución del Pleno del Concejo Municipal, conforme el art. 22 del Reglamento General de esa instancia; mientras que la Directiva invoca el art. 21 de dicho Reglamento, mismo que no puede ser interpretado aisladamente. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, preveía la suspensión temporal y destitución de autoridades electas, previsiones que fueron declaradas inconstitucionales por la SCP 2055/2012 de 16 de octubre; no obstante, las normas aún vigentes permiten afirmar que únicamente se podrá destituir a un Concejal si en su contra se hubiere pronunciado sentencia condenatoria por delito de acción penal pública, por lo que la Directiva ahora recurrida, no tiene ninguna facultad, atribución o competencia para destituirla por el delito de acción privada por el que fue condenada ni aplicar el art. 234.4 de la Noma Suprema, que es un requisito de acceso al desempeño de la función pública. En caso que se pretendiera invocar el art. 12 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales –Ley 482 de 9 de enero de 2014–, de igual manera debe aplicarse sobre delitos de acción penal pública; y en cuanto al art. 27 de la Ley referida, es una norma específica para Alcaldes, sancionando con nulidad de efectos cualquier acto ilegal de destitución.

I.1.2. Autoridades recurridas y petitorio

Plantea recurso directo de nulidad contra Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; Tito Charles Conde Moreno, Vicepresidente; Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, todos, parte de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí, demandando la nulidad de: 1) El acto de 17 de agosto de 2020, que dispuso la pérdida de su mandato como Concejal; y, 2) El acto de 22 de octubre del mismo año, que negó su reincorporación como Concejala Munícipe.

I.2. Admisión y citación

Mediante Auto Constitucional (AC) 0254/2020-CA de 4 de diciembre (fs. 133 a 137), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió el recurso directo de nulidad y dispuso que la demanda se ponga en conocimiento de las autoridades demandadas conformantes de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí, a fin de que remitan los antecedentes correspondientes a los actos denunciados.

I.3. Alegaciones de las autoridades recurridas

Mirtha Guzmán Canelas, Presidenta; y, Henry Próspero López Álvarez, Secretario, ambos del Concejo Municipal de Potosí, a través del memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 208 a 209, en respuesta al AC 0254/2020-CA y ante la cesación de funciones de la anterior Directiva del Concejo Municipal, señalaron los siguientes puntos: i) Fueron elegidos en las Elecciones subnacionales de 7 de marzo de 2021, y de acuerdo con el Reglamento General del Concejo Municipal, eligieron entre ellos a la nueva Directiva y Comisiones del referido ente municipal; por lo que, recién asumieron conocimiento de los actos administrativos denunciados sobre la suspensión de la ahora recurrente y su solicitud de reincorporación; ii) En conocimiento del citado Auto Constitucional, la Directiva solicitó la verificación de los archivos correspondientes, documentos adjuntados; y, iii) Asimismo, se ofició a Secretaría para que pueda revisar los libros y antecedentes de la gestión 2020, sobre el referido caso.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 11 de marzo de 2022 (fs. 215), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación por Decreto Constitucional de 10 de mayo de 2024 (fs. 269); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se adjunta copia del Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí, cuyas previsiones serán analizadas más adelante (fs. 1 a 74).

II.2. Cursa oficio de 17 de agosto de 2020, suscrito por Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; y, Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí dirigida a la ahora recurrente, que, como referencia, señala: “PONEMOS A SU CONOCIMIENTO PÉRDIDA DE MANDATO COMO CONCEJALA”; bajo el siguiente tenor:

“Como es de conocimiento de su Autoridad, su persona cuneta con AUTO SUPREMO N° 534/2019-RA SUCRE, 24 DE JULIO DE 2019, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL, por el delito de Injuria, previsto en el artículo 287 del Código Penal, por demanda incoada por el señor EDWIN JUSTO TEJERINA RODRÍGUEZ.

En virtud de lo manifestado, Ejecutoriada, como se encuentra la demanda que se siguió en su contra, adquiriendo la calidad de Cosa Juzgada y no existiendo otro recurso ulterior; conforme disponen el Artículo 234 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ, en su Capítulo III, artículo 21.- numeral 5, que a la letra dice ‘Se ejecutorié en su contra Sentencia Condenatoria en Materia penal’ que dispone la PÉRDIDA DE MANDATO, de las y los concejales del Municipio de Potosí” (sic).

En la reversa de dicho oficio, consta Acta notariada y certificada en su diligencia de entrega a la ahora recurrente, el 20 de agosto de “2018”, firmada por la Notaria de Fe Pública Segunda del Potosí (fs. 76 y vta.). II.3. Cursa oficio de 18 de agosto de 2020, suscrito por Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; y, Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí dirigida a Julio Mújica, Presidente del Tribunal Departamental Electoral de Potosí, como referencia, señala: “PONEMOS A SU CONOCIMIENTO DE SU AUTORIDAD PÉRDIDA DE MANDATO DE LAS CONCEJALAS PROFA. EULOGIA OLGA VILACAHUA FRANCISCO Y LIC. AZUCENA ALEJANDRA FUERTES MAMANI, POR SENTENCIA EJECUTORIADA EN MATERIA PENAL” (fs. 77 y vta.). II.4. Cursa oficio de 22 de octubre de 2020, suscrito por Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; Tito Charles Conde Moreno, Vicepresidente; Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, todos partes de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí, dirigida a la ahora recurrente, que, como referencia, señala: “RESPUESTA A SU SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN COMO CONCEJALA MUNICIPE”; bajo el siguiente tenor:

“La Directiva del Concejo Municipal, se permite responder a su solicitud de reincorporación, de fecha 19 de agosto de 2020, y de solicitud de respuesta a carta de reincorporación de fecha 20 de octubre de 2020, de acuerdo al informe jurídico y la norma legal aplicable al siguiente caso.

Como es de conocimiento de su persona, con carta notariada de 17 de agosto del año en curso, su persona fue notificada con REF. PONEMOS A SU CONOCIMIENTO PERDIDA DE MANDATO COMO CONCEJALA, por atribuciones conferidas a la Directiva, mediante aprobación de sesión del Pleno, por contar su persona con SENTENCIA EJECUTORIADO, dentro de proceso penal instaurado en su contra y de otra por el señor Edwin Justo Tejerina Rodríguez, dictada por autoridad competente del estado Plurinacional de Bolivia.

Ahora bien, en aplicación de las normas prescritas dentro del Art. 234. En su numeral 4. De la Constitución Política del Estado, Ley N° 482. Ley de 9 de enero de 2014, Artículo 12. PÉRDIDA DE MANDATO). La Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas o Concejales, perderán su mandato por: a) Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y especialmente en cumplimiento estricto del REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, CAPÍTULO III, PÉRDIDA DE MANDATO, Artículo 21.-PÉRDIDA DE MANDATO, numeral 5. Que a la letra dice ‘Se Ejecutorié en su contra Sentencia condenatoria en materia penal’.

En tal virtud, su persona en la actualidad, como es de su conocimiento cuenta con Sentencia Ejecutoriada, por lo que se puede colegir que no corresponde la REINCORPORACIÓN, de su persona como Concejal Munícipe, dando cumplimiento a cada una de las normas descritas y que son de cumplimiento obligatorio para todas la ciudadanas y ciudadanos” (sic [fs. 79 a 80]). II.5. Según Acta 043/2020 de 17 de agosto, de sesión ordinaria de Concejo Municipal de la ciudad de Potosí, en el que, como primer punto del Orden del día, se posesiona al Concejal Tito Charles Conde Moreno, por parte de la Presidenta del mencionado ente municipal –ahora recurrida–, señalando: “…que se ha cumplido con todos los requisitos establecidos de la Ley 482 en ese sentido ya se ha emitido el pronunciamiento del tribunal electoral…” (fs. 81 a 95). II.6. Cursan en el expediente los antecedentes correspondientes al proceso penal seguido por Edwin Justo Tejerina Rodríguez contra Eulogia Olga Vilacahua Francisco –ahora recurrente– y otra, que culminó con la dictación del Auto Supremo 534/2019-RA de 24 de julio, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Potosí que declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos, por lo tanto confirmando la Sentencia condenatoria por el delito de injurias; y el Auto de 15 de octubre de 2020, emitido por el Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, que declaró probado el cumplimiento de la condena de prestación de trabajo y días multa en contra de Eulogia Olga Vilacahua Francisco (fs. 96 a 124).

II.7. Por Informe UUJ 014/2022 de 18 de marzo, emitido por la Unidad de unificación y jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, a solicitud de esta Relatoría, en el que únicamente se consigna jurisprudencia anterior a la vigencia de la actual Constitución Política del Estado (fs. 225 a 245).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente interpone recurso directo de nulidad contra Elizabeth Ugarte La Torre, Presidenta; Tito Charles Conde Moreno, Vicepresidente; Cledy Ruíz Delgado, Concejal Secretaria, todos de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí, demandando la nulidad de los actos por los cuales las autoridades recurridas, determinaron su pérdida de mandato y posteriormente negaron su reincorporación por el mismo motivo. Consiguientemente, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a efectos de declarar la nulidad o no de los actos recurridos.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances del recurso directo de nulidad.

Jurisprudencia constitucional reiterada

El art. 202.12 de la Norma Suprema establece como atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional el recurso directo de nulidad, que busca reguardar la garantía constitucional contenida en el art. 122, disponiendo que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

Así, el art. 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que el objeto del recurso directo de nulidad, es: “…declarar la nulidad de los actos de Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional señaló que la naturaleza jurídica de este recurso: “…es una acción de orden constitucional sobre los actos o resoluciones de las personas o autoridades que ejercen jurisdicción o competencia que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes, su finalidad es preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano ha realizado en miras de garantizar para las bolivianas y bolivianos, que ninguna decisión de interés público, sea asumida por quien no goce de la facultad jurídica para hacerlo.

En ese marco, el recurso directo de nulidad es un mecanismo reparador de los actos emanados sin jurisdicción ni competencia, pues la sanción de nulidad constitucional, es la respuesta a un actuar jurisdiccional o competencial al margen de la constitucionalidad y/o legalidad, precautelando no solamente a la institucionalidad estatal, sino también los derechos subjetivos del pueblo boliviano de ser gobernados en un Estado Constitucional de Derecho, en el cual nadie ejerza aquello que la Norma Suprema y las leyes no le han encomendado. Dentro del Capítulo Primero del Título IV de la Constitución Política del Estado, referido a ‘Garantías Jurisdiccionales’, se encuentra el art. 122, que precisa ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’. De ahí que la procedencia del recurso se da en dos supuestos: a) Usurpación de funciones sin competencia, referido al ejercicio de funciones ajenas; y, b) Ejercicio de potestad o jurisdicción no asignada por la Norma Suprema o las leyes, referido al ejercicio de funciones inexistentes.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha sido en el Estado Plurinacional de Bolivia, configurado como un órgano jurisdiccional llamado a precautelar el sistema constitucional boliviano, para hacerlo se le han encomendado tres tipos de atribuciones: 1) El control de constitucionalidad; 2) La supervisión de la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y, 3) El control competencial del ejercicio del poder público.

Contexto normativo en el cual el recurso directo de nulidad es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por decisión del constituyente debe ejercer en los casos previstos el rol de ser un dirimidor competencial y un contralor del respeto de las atribuciones jurisdiccionales y competenciales que ejerzan una función pública” [(las negrillas nos corresponden) SCP 0006/2015 de 6 de febrero].

Por otro lado, la SCP 0014/2017 de 2 de mayo, estableció que: “El recurso directo de nulidad tiene por objeto proteger al ciudadano del ejercicio abusivo del poder, pues las autoridades y servidores públicos pueden ejercer únicamente aquellas facultades y/o atribuciones que expresamente les reconoce el ordenamiento constitucional y legal; dado que, toda extralimitación en el ámbito de su jurisdicción y competencia está sancionada de antemano con la nulidad; enmarcándose entonces este recurso, dentro del ámbito del control de constitucionalidad de carácter competencial, a través del cual el Tribunal Constitucional Plurinacional declara la nulidad de los actos invasivos o usurpativos de jurisdicción y competencia, en los casos en que las autoridades y/o servidores públicos hayan ejercido atribuciones o potestades que corresponden a otras autoridades y/o servidores públicos, o cuando el ordenamiento constitucional y legal no les atribuye expresamente el ejercicio de tales atribuciones; siendo que, en un Estado Constitucional de Derecho, la competencia es de orden público y sólo emana de la ley (principio de legalidad), con el advertido de que esta última debe ser entendida en un sentido amplio en cuanto ley, decreto supremo, resolución reglamentaria, etc. En ese sentido, el recurso directo de nulidad procede en tres situaciones específicas, a saber: 1) Contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen; 2) Contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley; y, 3) Contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado. En tales casos, a la justicia constitucional sólo le atañe determinar si el órgano o autoridad pública recurridos al dictar la resolución o actos impugnados, actuaron con jurisdicción y competencia, o si por el contrario, usurparon funciones que no les competen, sin que pueda referirse a otras cuestiones propias de vías legales diferentes, como el contenido y/o alcances del acto o resolución, ni la forma o modo en que fueron proferidas o resueltas; por lo que, en el recurso directo de nulidad no es posible ingresar al examen del acto o resolución en particular, sino únicamente a establecer si se actuó o no con jurisdicción y competencia emanada de la ley”. Por último, el art. 144 de CPCo, con relación al término “acto” utilizado en la redacción del art. 143 del mismo procedimiento, previamente citado, señala lo siguiente: “Se entenderá por acto, toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular, de autoridad u Órgano Público, emitida en violación de la Constitución Política del Estado o las leyes”.

III.2. Régimen democrático electivo-representativo

La Constitución Política del Estado de 2009, amplió la democracia y los mecanismos de participación ciudadana, reforzando la institucionalidad democrática basada en el reconocimiento de diferentes tipos de ejercer la democracia, conforme dispone el art. 11 de la CPE. Así entonces, la participación ciudadana en Bolivia reconoce tres formas democráticas: a) La democracia directa y participativa; b) La democracia representativa; y, c) La democracia comunitaria.

De acuerdo con la problemática que ahora nos atinge, la democracia representativa es aquella que se ejerce a partir de un acto eleccionario, en que la ciudadanía, ante una convocatoria del Órgano Electoral, acude a un proceso de votación para elegir a las autoridades que ocuparán los cargos disponibles objeto del procedimiento. En ese sentido, la SCP 0009/2022 de 21 de febrero, respecto del principio democrático señaló: «En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el principio democrático tiene un papel fundamental al constituirse en el pilar elemental sobre el que este se consolida, y en virtud del cual, los derechos adquieren su verdadero contenido. En criterio de la Corte IDH: “114. (…) el principio democrático permea la Convención y, en general, el Sistema Interamericano, en el cual, la relación entre derechos humanos, democracia representativa y derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana. Este instrumento jurídico es una norma de interpretación auténtica de los tratados a que se refiere, pues recoge la interpretación que los propios Estados miembros de la OEA, incluyendo a los Estados parte en la Convención, hacen de las normas atingentes a la democracia tanto de la Carta de la OEA como de ésta. En los términos de la Carta Democrática, ‘el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la [OEA]’ y aquélla ‘se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional’. El ejercicio efectivo de la democracia en los Estados americanos constituye, entonces, una obligación jurídica internacional y éstos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva.

115. Pues bien, según la referida Carta, son ‘elementos esenciales de la democracia representativa’, entre otros: ‘el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; […] la separación e independencia de los poderes públicos’ y, en definitiva, ‘la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad’ y ‘es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia’, por lo cual ‘la eliminación de toda forma de discriminación […] y de las diversas formas de intolerancia […] contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”» (las negrillas fueron añadidas).

III.3. El servicio público y los tipos de funcionarios

La Norma Suprema prevé en su art. 233 que: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento” (el resaltado es nuestro). Asimismo, no obstante que la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999– es anterior a la Constitución Política del Estado promulgada en 2009, sus regulaciones se mantienen vigentes en el país en tanto no se emita otra normativa que defina los parámetros de la función y dentro de la cual se establecen las previsiones para la función pública en Bolivia; en ese sentido, se establecen las siguientes previsiones: “TÍTULO II SERVIDOR PUBLICO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES (…) ARTICULO 4º (SERVIDOR PUBLICO). Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. ARTÍCULO 5º (CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS). Los servidores públicos se clasifican en: a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto. e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias” (las negrillas son nuestras).

III.4. Aproximación al marco jurídico de la pérdida de mandato

Desde la Norma Suprema, inicialmente y de manera general se establece el régimen para el servicio público, en el que se prevé la definición de servidor o servidora –previamente anotada– y las condiciones de acceso a las funciones públicas, considerando estas condiciones como una etapa previa a asumir el ejercicio del cargo; en ese sentido, se prevé:

“Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país” (las negrillas fueron añadidas).

Por otro lado, debe diferenciarse de lo anterior las causales de terminación de las funciones públicas; y en ese entendido, respecto de los cargos electivos de los órganos nacionales de gobierno, la Norma Suprema establece las siguientes previsiones:

“Artículo 150. (…) II. Los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública, bajo pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria”.

“Artículo 157. El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento”.

“Artículo 170. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato” (el subrayado nos corresponde).

Las previsiones constitucionales señaladas, respecto de los funcionarios electos de nivel nacional, definen la pérdida de mandato –entre otras–, por la causal señalada de emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; previsión que es replicada hacia los demás niveles de gobierno, en mérito al Estado con autonomías. Bajo ese entendido, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) –Ley 482 de 9 de enero de 2014–, rige en las entidades territoriales autónomas de manera supletoria, cuando éstas no cuenten con una Carta Orgánica aprobada en referendo y en lo que no hubieren regulado dentro del ámbito de sus competencias. Así, respecto de las autoridades electas en el nivel de gobierno municipal, se prevé:

“Artículo 12. (PÉRDIDA DE MANDATO). La Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas o Concejales, perderán su mandato por: a) Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. b) Renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal. c) Revocatoria de mandato, conforme al Artículo 240 de la Constitución Política del Estado. d) Fallecimiento. e) Incapacidad permanente declarada por Autoridad Jurisdiccional competente.

(…) Artículo 17. (CONCEJALAS Y CONCEJALES SUPLENTES). I. Mientras no ejerzan de forma permanente el cargo de Concejales Titulares, las Concejalas y los Concejales Suplentes podrán desempeñar cargos en la administración pública, con excepción de aquellos cargos en el propio Gobierno Autónomo Municipal de su jurisdicción o cualquiera de sus reparticiones.

II. Las Concejalas y los Concejales Suplentes asumirán la titularidad cuando las Concejalas o Concejales Titulares dejen

sus funciones por ausencia temporal, impedimento, por fallo judicial ejecutoriado, o ante renuncia o impedimento definitivo” (las negrillas nos corresponden).

Por último, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) –Ley 031 de 19 de julio de 2010–, regula el régimen de las autonomías, conforme el mandato del art. 271 de la CPE, norma especial en la que se prevén las siguientes disposiciones:

“TÍTULO IX SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DESTITUCIÓN DE AUTORIDADES ELECTAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES (…) CAPÍTULO II DESTITUCIÓN Artículo 148. (SENTENCIA).- Si la sentencia es condenatoria se mantendrá la suspensión hasta que la misma adquiera ejecutoria; ejecutoría que produce la destitución de la autoridad enjuiciada. Artículo 149. (TITULARIDAD).- I. Tratándose de gobernadoras, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjere antes de la mitad del mandato respectivo, deberá convocarse a nuevas elecciones las mismas que se realizarán en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días.

Si la sentencia condenatoria ejecutoriada se dictase después de la mitad del mandato, la autoridad interina adquirirá titularidad hasta la conclusión del periodo.

II. Tratándose de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente adquirirá titularidad hasta la conclusión del periodo” (las negrillas fueron añadidas).

III.5. Marco jurídico del Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí

El Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí, cuyo objeto es normar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones y facultades que tiene el órgano deliberativo, señala respecto de la pérdida de mandato y su configuración interna:

“CAPÍTULO III PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DE MANDATO Artículo 21.- PÉRDIDA DE MANDATO Las y los Concejales Municipales perderán su mandato por las siguientes causales: 1. Ejerzan, desde el momento de su elección, otra función pública, con excepción de la docencia universitaria, de conformidad a lo establecido por la Constitución Política del Estado. 2. Adquieran o tomen en arrendamiento, desde el momento de su elección, a su nombre o el de terceras personas, bienes públicos. 3. Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado, desde el momento de su elección. 4. Sean directoras o directores, funcionarias o funcionarios, empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras o asesores o gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contrate con el Estado, desde el momento de su elección. 5. Se ejecutoríe en su contra sentencia condenatoria en materia penal. 6. En el caso de las o los Concejales indígena originario campesino elegidas y elegidos por usos y costumbres, la pérdida y suspensión de su mandato estará sujeta a sus propias normas y procedimientos, las mismas que deberán ser puestas a conocimiento del pleno. 7. Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita. 8. Se revoque su mandato, conforme al artículo 240 de la Constitución

Política del Estado, siguiendo los procedimientos señalados en la ley. 9. Abandonen injustificadamente sus funciones por más de seis días continuos de trabajo y doce discontinuos en el año

(…)

TÍTULO IV ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

CAPÍTULO I ESTRUCTURA ORGÁNICA Artículo 23.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA La estructura organizativa y administrativa del Concejo Municipal estará conformado de la siguiente manera: 1.- Estructura Organizativa:

1.- Pleno del Concejo Municipal 2.- Directiva del Concejo Municipal. 3.- Comisiones del Concejo Municipal. (…)” (las negrillas nos corresponden). Por una parte, la Directiva del Concejo Municipal, de acuerdo con el art. 26 del Reglamento precitado señala que: “…se constituye en la instancia que representa, regula y dirige el normal funcionamiento del Concejo Municipal; ejecuta, cumple y hace cumplir las resoluciones, disposiciones y mandatos que de ella emanen” (las negrillas fueron añadidas). En cuanto a su conformación, el art. 27 del mismo Reglamento señala que se compone de los siguientes miembros: “1) Presidenta o Presidente; 2) Vicepresidenta o Vicepresidente; y, 3) Secretario o Secretario”. A su turno, entre las atribuciones previstas para la Directiva se tiene la siguiente: “Artículo 31.- ATRIBUCIONES E IMPEDIMENTOS DE LA DIRECTIVA I. La directiva del Concejo Municipal tiene como atribuciones las siguientes: 1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, disposiciones y mandatos relativos a funcionamiento del Concejo Municipal. (…)”.

III.6. Marco constitucional y legal de la estructura y atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional, con especial referencia a la pérdida de mandato

En el presente acápite se desarrollarán solamente las disposiciones normativas pertinentes al caso que se atiende, vinculadas con las atribuciones del Órgano Electoral y la pérdida de mandato de autoridades electas, cuando se presente la excepcional circunstancia que en el periodo de funciones de una autoridad electa se emita una sentencia condenatoria en materia penal, que además se encuentra ejecutoriada. Así, de acuerdo con el art. 12 de la Ley Fundamental: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

En cuanto al Órgano Electoral, su estructura se encuentra prevista en el art. 205 de la señalada Norma Suprema, el cual establece que:

“I. El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por:

1. El Tribunal Supremo Electoral 2. Los Tribunales Electorales Departamentales 3. Los Juzgados Electorales 4. Los Jurados de las Mesas de sufragio 5. Los Notarios Electorales II. La jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral y de sus diferentes niveles se definen, en esta Constitución y la ley”.

En cuanto al desarrollo legislativo que merece este órgano del Estado, se promulgó la Ley 018 de 16 de junio de 2010 –Ley del Órgano Electoral Plurinacional–, que prevé en su contenido las siguientes disposiciones:

“TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I OBJETO Y FUNDAMENTOS

(..)

Artículo 6. (COMPETENCIA ELECTORAL). El Órgano Electoral Plurinacional tiene las siguientes competencias:

1. Organización, dirección, supervisión, administración, ejecución y proclamación de resultados de procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato que se realicen en el territorio del Estado Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior;

(…)

TÍTULO II TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CAPÍTULO II OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 23. (OBLIGACIONES). El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes obligaciones:

(…)

2. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley del Régimen Electoral y la presente Ley;

(…)

Artículo 24. (ATRIBUCIONES ELECTORALES). El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones electorales:

1. Organizar, dirigir, supervisar, administrar y ejecutar los procesos electorales de alcance nacional, departamental, regional y municipal, pudiendo delegar la administración y ejecución a los Tribunales Electorales Departamentales.

(…)

Artículo 30. (ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS). El Tribunal Supremo Electoral, con sujeción a las normas vigentes, tiene las siguientes atribuciones administrativas:

(…)

5. Expedir los reglamentos internos para la organización y funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales; y reglamentos para el desempeño de los Jueces Electorales, Notarios Electorales y Jurados de las Mesas de Sufragio, y la implementación de los sistemas de administración y control fiscal.

(…)

TÍTULO III TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES

(…)

CAPÍTULO II OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 37. (OBLIGACIONES). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, tienen las siguientes obligaciones: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes, reglamentos, resoluciones y directrices del Tribunal Supremo Electoral.

2. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley del Régimen Electoral y la presente Ley

(…)

Artículo 38. (ATRIBUCIONES ELECTORALES). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones electorales: 1. Administrar y ejecutar los procesos electorales y las revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal, bajo la organización, dirección y supervisión del Tribunal Supremo Electoral.

(…)”.

Por otra parte, la Ley 026 de 30 de junio de 2010 –Ley del Régimen Electoral–, prevé:

“TÍTULO III DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

CAPÍTULO I SUFRAGIO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

(…)

ARTÍCULO 46. (ELEGIBILIDAD). Son elegibles las bolivianas y los bolivianos que cumplan los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley.

Para ser elegible es necesario ser postulado por una organización política o, cuando corresponda, por una nación o pueblo indígena originario campesino.

En el caso de los Magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, su postulación se realizará de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en las leyes.

(…)

ARTÍCULO 51. (TITULARES Y SUPLENTES). En las circunscripciones para senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas departamentales, asambleístas regionales y concejalas y concejales municipales serán elegidos, tanto los titulares como sus suplentes, en igual número, al mismo tiempo y con las mismas disposiciones y procedimientos establecidos en esta Ley.

(…)

CAPÍTULO IV ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES

(…)

SECCIÓN III COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 70. (COMPOSICIÓN). I. Los gobiernos autónomos municipales están compuestos por dos órganos: a) El Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde elegida o elegido mediante sufragio universal, por mayoría simple, en lista separada de las candidatas y candidatos a Concejalas y Concejales. b) El Concejo Municipal, integrado por Concejalas y Concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La conformación del Concejo Municipal se establecerá en la Carta Orgánica Municipal. (…)

TÍTULO V ORGANIZACIÓN, PROCESO Y ACTO DE VOTACIÓN

(…)

CAPÍTULO III CÓMPUTO, PROCLAMACIÓN Y ENTREGA DE CREDENCIALES

(…)

SECCIÓN III ENTREGA DE CREDENCIALES

ARTÍCULO 192. (ENTREGA DE CREDENCIALES). I. El Tribunal Supremo Electoral, una vez oficializado el cómputo nacional, y resuelto todos los recursos, entregará credenciales a las autoridades o representantes, electas y electos, en los procesos electorales nacionales.

II. Los Tribunales Electorales Departamentales, una vez oficializados los cómputos respectivos, y resuelto todos los recursos, entregarán credenciales a las autoridades o representantes electas y electos en los procesos electorales departamentales, regionales y municipales. III. Las credenciales serán entregadas únicamente a las personas electas, previa acreditación de su identidad y dentro del plazo establecido en el calendario electoral. IV. En caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de autoridades acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Electorales Departamentales, entregarán credenciales a las autoridades sustitutas correspondientes. (…)

SECCIÓN IV SUSTITUCIÓN DE AUTORIDADES ELEGIDAS

ARTÍCULO 194. (SUSTITUCIÓN DE AUTORIDADES LEGISLATIVAS). En caso, debidamente acreditado por las organizaciones políticas interesadas, de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente de autoridades legislativas nacionales, departamentales y municipales, el Tribunal Electoral competente habilitará al suplente correspondiente para asumir la titularidad. Esta regla también se aplicará para la sustitución de candidaturas uninominales.

ARTÍCULO 195. (HABILITACIÓN EXTRAORDINARIA DE SUPLENTE). Si alguna de las causales señaladas en el artículo anterior afectara tanto al titular como a su suplente, el Tribunal Electoral competente, a pedido de la organización política interesada, habilitará al suplente de otro titular plurinominal o uninominal, siguiendo el orden correlativo de la lista de plurinominales de la misma organización política. El Tribunal Supremo Electoral establecerá mediante reglamento el procedimiento para los casos no previstos en la Ley.

ARTÍCULO 196. (SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE). En caso de muerte, renuncia, ausencia o impedimento definitivo o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, se aplicará el mecanismo de sucesión establecido en la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 197. (SUSTITUCIÓN DE OTRAS AUTORIDADES EJECUTIVAS). En caso de muerte, renuncia, ausencia o impedimento definitivo u otras causales de suspensión o pérdida de mandato, especificadas en Ley, de autoridades ejecutivas departamentales, regionales y municipales, se aplicarán los mecanismos de sucesión establecido en la Constitución Política del Estado, las Leyes, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, según corresponda.

ARTÍCULO 198. (SUSTITUCIÓN DE AUTORIDADES REVOCADAS). En caso de revocatoria de mandato de la Presidenta o del Presidente, el sucesor o sucesora convocará a elecciones de forma inmediata. Si pasados quince (15) días de la sucesión no se cumpliera con este mandato, el Tribunal Supremo Electoral convocará al proceso electoral.

En caso de revocatoria de mandato de las Gobernadoras o Gobernadores y de las Alcaldesas o Alcaldes, se aplicará los mecanismos de sucesión establecido en la Constitución Política del Estado, las Leyes, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, según corresponda.

En caso de revocatoria de mandato de Asambleístas Plurinacionales, Departamentales, Regionales y Concejalas o Concejales, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará a la elección de nuevos titulares y suplentes, para la sustitución de las autoridades revocadas, hasta la finalización del periodo constitucional. Si pasados quince (15) días de la revocación la Asamblea Legislativa Plurinacional no realiza la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral convocará al proceso electoral de forma inmediata.

La elección se realizará en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su convocatoria” (las negrillas son nuestras).

III.7. Análisis del caso concreto

El recurso de nulidad interpuesto por Eulogia Olga Vilacahua Francisco, quien acreditó ser anteriormente Concejal del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, impugna las actuaciones de la Directiva del Concejo del referido ente Municipal que determinaron la pérdida de su mandato como autoridad legislativa del mencionado órgano deliberativo (Oficio de 17 de agosto de 2020) y la negativa de reincorporación (Oficio de 22 de octubre), al considerar que aquella representación actuó sin tener atribución alguna para dictar los actos señalados, la que correspondería al Pleno de la entidad territorial autónoma. En primer lugar, debemos apuntar de los antecedentes con que cuenta este Tribunal, que el presupuesto para que la Directiva del Concejo Municipal de Potosí determine la pérdida de mandato de la ahora recurrente –como señala el memorial interpuesto–, fue la conclusión del proceso penal instaurado en su contra por la comisión del delito de injuria –delito de acción penal privada–, del cual fue declarada culpable y condenada, con pena cumplida en la actualidad; conforme se señala en la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional, cuyos actuados fueron corroborados por este Tribunal en actuados. Asimismo, se tiene de las previsiones del Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí, descritas en el Fundamento Jurídico III.5 que la Directiva de dicha entidad se constituye en la representante del Órgano Legislativo, encargada de hacer cumplir sus determinaciones y procurar el normal funcionamiento del mismo. En razón de ello, la Directiva, actuando en representación del Pleno del Concejo Municipal –como refieren las propias autoridades demandadas en la respuesta a la solicitud de reincorporación–, determinó la pérdida de mandato de la ahora recurrente, conforme se entiende por el texto de los actos ahora impugnados (Conclusiones II.2 y 4 de este fallo constitucional). Ahora, nos remitimos al marco jurídico legal vigente acerca de la destitución de autoridades electas y las consiguientes consideraciones sobre ellas. Inicialmente, el Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí, en su art. 21 –citado también en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional–, prevé la pérdida de mandato de Concejales Municipales por ejecutoria de una sentencia condenatoria en materia penal. Sin embargo, este mandato reglamentario no define la forma en que debe darse aquella pérdida del mandato sino sólo la causal del mismo, siendo ésta última inconducente de ser aplicada de manera directa, para lo cual tiene que inexorablemente estar sujeta al resto de la legislación vigente. Por otra parte, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, aplicable a todas las entidades territoriales autónomas de nivel municipal que no cuenten con una Carta Orgánica propia, como es el caso del municipio de Potosí, en su art. 12 establece del mismo modo las causales de pérdida de mandato de las autoridades electas tanto del Ejecutivo como del Legislativo, regulación ratificada por el art. 17 de la misma Ley, en sentido de prever que los suplentes de Concejalas y Concejales asumirán la titularidad en el ejercicio de las funciones públicas, cuando se produzcan las causales referidas. Por último y en el mismo sentido, respecto de la destitución de autoridades electas, el art. 148 de la LMAD dispone que la ejecutoría de la Sentencia –se entiende dentro de un proceso penal contra autoridades electas en el ejercicio de su mandato– supone la destitución de éstas, ante lo cual el sustituto debe asumir la titularidad del cargo. Las previsiones señaladas definen en sí el motivo de la destitución o pérdida de mandato; más, sin embargo, no prevén la forma en que ésta será efectuada. Bajo ese entendido, las normas descritas deben ser complementadas en su aplicación con el marco jurídico vigente; y por ello, se recurre a la Ley de Régimen Electoral (Fundamento Jurídico III.6), que señala en su art. 194 que la sustitución de autoridades legislativas en los casos señalados se produce a instancia del “Tribunal Electoral competente”. Con base en los antecedentes señalados y el marco jurídico descrito, es posible inferir que el proceso electoral de autoridades elegidas mediante la democracia representativa, se encuentra a cargo del Órgano Electoral en las diferentes instancias de su estructura y consta de tres fases, una fase previa en la que se realizan todas las gestiones conducentes a la segunda fase, que sería el proceso electoral en sí; y por último, una fase posterior en que se producen circunstancias especiales de terminación del mandato y otro tipo de impugnaciones. La fase previa comprende el proceso de registro de candidaturas para lo cual se verificará el cumplimiento del art. 234 de la Norma Suprema y ante la conformidad con las condiciones allí señaladas se procederá conforme prevé la ley. Posteriormente, cumplido el acto electoral y computados los resultados del sufragio, las autoridades electas dentro del proceso democrático representativo, asumen las funciones en las que resultaren vencedores, recibiendo a tal fin una credencial por parte de la autoridad electoral pertinente. Estas servidoras y servidores públicos, de acuerdo al modo de su ingreso a la administración pública, corresponden a la clase de funcionarios electos, los cuales no se encuentran sujetos a la carrera administrativa, pero si cuentan con derechos, garantías y obligaciones propias a su cargo; y, el Órgano Electoral, en las diferentes fases señaladas, es responsable de su cumplimiento y resguardo.

En atención de todo lo anterior, podemos establecer las pautas para estimar la pertinencia del recurso directo de nulidad interpuesto contra los actos denunciados, entendiendo que la potestad de definir la destitución ante la concurrencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada corresponde al Órgano Electoral, asumiendo qué este poder estatal tiene la facultad electoral –valga la redundancia– en la elección y un deber posterior de ejecución de ésta (arts. 24.1 y 38.1 de la Ley 018), ante la concurrencia de las circunstancias previstas bajo la forma de pérdida de mandato que produce una vacancia; ello se corrobora no sólo con las obligaciones de la entidad de garantizar los derechos políticos (art. 23.2 de la Ley 018), sino también con el deber de otorgar la credencial del sustituto como titular (art. 192.IV de la Ley 026), debiendo para ello verificar la causal alegada (art. 194 de la Ley 026); es decir, corroborar – en el caso de pérdida de mandato que ahora se analiza– que exista un fallo jurisdiccional ordinario dictado que reúna las cualidades necesarias previstas por norma, para que de ese modo se otorgue la credencial al suplente respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de todas las personas involucradas; y asimismo, porque es una atribución administrativa del Órgano Electoral el emitir los reglamentos pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, en sus diferentes niveles (art. 30.5 de la Ley 018). Entonces, cualquiera sea la causal de pérdida de mandato que se invoque ante el Órgano Electoral pertinente, se debe cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley y los reglamentos pertinentes, garantizando así el cumplimiento del debido proceso en todas sus facetas, conforme a lo previsto en el art. 115 de la Norma Suprema, garantizando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia (art. 116 de la CPE), y el derecho de impugnación (art. 180 de la CPE), y otros, aplicables a todo tipo de procesos. Es así que, conforme señala la recurrente, existió una usurpación de funciones por parte de la Directiva del Concejo Municipal de Potosí sobre las atribuciones del Órgano Electoral, al dictar la pérdida de mandato de Eulogia Olga Vilacahua Francisco, que le fue comunicada a través del oficio de 17 de agosto de 2020 (Conclusión II.2), en que la propia entidad legislativa señala: “…conforme disponen el Artículo 234 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ, en su Capítulo III, artículo 21.- numeral 5, que a la letra dice ‘Se ejecutorié en su contra Sentencia Condenatoria en Materia penal’ que dispone la PÉRDIDA DE MANDATO, de las y los concejales del Municipio de Potosí” (las negrillas nos corresponden); criterio reiterado en la nota de respuesta de 22 de octubre del mismo año (Conclusión II.4), que indica: “Como es de conocimiento de su persona, con carta notariada de 17 de agosto del año en curso, su persona fue notificada con REF. PONEMOS A SU CONOCIMIENTO PERDIDA DE MANDATO COMO CONCEJALA, por atribuciones conferidas a la Directiva, mediante aprobación de sesión del Pleno, por contar su persona con SENTENCIA EJECUTORIADO (…) en aplicación de las normas prescritas dentro del Art. 234. En su numeral 4. De la Constitución Política del Estado, Ley N° 482. Ley de 9 de enero de 2014 (…).

En tal virtud, su persona en la actualidad, como es de su conocimiento cuenta con Sentencia Ejecutoriada, por lo que se puede colegir que no corresponde la REINCORPORACIÓN…” (las negrillas nos corresponden). Lo anterior denota claramente que quien decidió la pérdida de mandato en forma directa de la ahora recurrente fue el Concejo Municipal de Potosí, decisión comunicada a través de su Directiva el 17 de agosto de 2020 (primer acto denunciado); y no obstante que la recurrente reclama precisamente que aquella fuera la potestad del Pleno del Concejo, y no de la Directiva, en la presente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha constatado que aquel dictamen corresponde al Órgano Electoral, luego de verificar el cumplimiento estricto de las condiciones para romper el vínculo establecido en elección democrática, y no así al Concejo Municipal. Para corroborar este punto, también se tiene la nota remitida por el ente legislativo al Tribunal Departamental Electoral de Potosí, en el que “informan” acerca de la Sentencia emitida por la jurisdicción ordinaria contra la ahora recurrente, a objeto de obtener un pronunciamiento (Conclusión II.3), pero esta “comunicación/consulta” sobre la situación jurídica de la ahora recurrente recién fue remitida a la entidad electoral el 19 de agosto de 2022; es decir, en forma posterior a la comunicación ya elaborada de pérdida de mandato que fue efectuada por el precitado Concejo Municipal a Eulogia Olga Vilacahua Francisco; y además, como se pudo verificar, se utiliza una errónea base normativa, pues refieren como preceptos aplicables en la decisión de pérdida de mandato el art. 234 de la Norma Suprema, sobre el que precedentemente se aclaró, corresponde a una fase previa al proceso electoral como requisito de acceso, no de continuidad; así como los artículos del Reglamento General del Concejo Municipal de Potosí y la Ley 482, que como también se advirtió anteriormente, solo prevén la causal de la pérdida de mandato y no así su procedimiento. Por otro lado, se tiene que ante aquella “comunicación/consulta” al Órgano Electoral, no se obtuvo una respuesta oficial del mismo, pues ésta no se encuentra en antecedentes ni referida en los actuados; y pese al requerimiento de documental que realizó esta Relatoría ante la entidad legislativa del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en dos ocasiones, no se aportó ningún actuado que avale la pérdida de mandato conforme a la Ley y de acuerdo con la fundamentación efectuada en el presente caso;

por lo que se infiere que el Concejo Municipal del precitado municipio, asumió la determinación de pérdida de mandato en forma directa, incluso antes de la solicitud de pronunciamiento que realizó al Órgano Electoral. Al respecto, solo resta señalar que la pérdida de mandato y la consecuente vacancia de funciones en el puesto de una autoridad municipal electa, es una forma de control que produce el cese de funciones de la servidora o el servidor, cancelando la relación político-jurídica emergente de la votación popular, en cumplimiento de causales taxativamente previstas en la ley, y que en el caso particular de la causal por la emisión de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, pretende garantizar la idoneidad del servicio; sin embargo, para arribar a aquel resultado, deben producirse los actos necesarios y legalmente pertinentes que aseguren el cumplimiento de la causal, que garanticen los derechos de los involucrados y que se emitan por una autoridad competente. Por ello, la pérdida de mandato que ahora denuncia la recurrente fue emitida sin competencia por el Concejo Municipal de Potosí y su Directiva, que correspondía –según la interpretación ahora efectuada– al Órgano Electoral, en tanto los hechos descritos, verificados y entendiendo que la propia acreditación del suplente como titular ante el referido Órgano Electoral, presupone un pronunciamiento previo conforme a normas vigentes y reglamentos del precitado órgano estatal, emitidos al efecto; aspectos sobre los que no se tiene ninguna constancia, y sólo la decisión del Concejo Municipal de Potosí, sin la competencia requerida. En consecuencia, se determina que la Directiva en representación del Concejo Municipal de Potosí, en la gestión anterior a la actual y en las personas que fueron recurridas en el presente caso, actuaron sin competencia al determinar la pérdida de mandato de Eulogia Olga Vilacahua Francisco; lo que da lugar a fallar en sentido favorable a la recurrente.

III.8. Otras consideraciones

Sin perjuicio de lo decidido previamente, respecto del marco normativo señalado en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional, este Tribunal sólo pudo recabar de la información disponible las normas legales señaladas y ningún otro instrumento legal o reglamentario que permita conocer más a detalle el procedimiento en caso de que sea concurrente la pérdida de mandato por la causal ahora examinada. En virtud de ello, se debe exhortar al Tribunal Supremo Electoral a emitir y publicar un reglamento que contenga el trámite, requisitos y condiciones necesarias para poder cumplir a cabalidad con el trámite pertinente.

Por otro lado, en cuanto a los efectos del presente fallo constitucional, se tiene que la recurrente indica expresamente que fue elegida como Concejal titular por el periodo 2015-2020, siendo destituida en la forma previamente analizada hacia el final de la gestión; mientras que en el informe de las autoridades demandadas que actualmente ejercen los cargos en el Gobierno Autónomo Municipal, se señala que asumieron funciones a partir de las Elecciones subnacionales de 7 de marzo de 2021. Bajo aquellos antecedentes, y con base en el art. 28.II del CPCo, el cual permite a esta jurisdicción dimensionar la parte resolutiva de un fallo en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto, corresponde efectuar un dimensionamiento al presente caso; manteniéndose firmes y subsistentes los actos administrativos en los que participó el Concejal suplente de la ahora recurrente durante el periodo que ejerció la titularidad del cargo; asimismo, considerando que a partir de la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales efectuada en la fecha indicada, se eligieron nuevas autoridades en todos los niveles gubernamentales autonómicos, correspondiendo el hecho ahora declarado nulo a la anterior gestión del Concejo Municipal de Potosí, la decisión asumida en el presente fallo no implicará la restitución de la recurrente – ahora ex autoridad edil–, pues el periodo de funciones para el cual fue elegida concluyó, debiendo únicamente procederse con el reconocimiento de los derechos emergentes desde la indebida destitución, bajo responsabilidad de los funcionarios que corresponda.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional; en su Sala Plena, en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: FUNDADO el recurso directo de nulidad presentado por Eulogia Olga Vilacahua Francisco; y en consecuencia, declara nulos los actos denunciados de 17 de agosto de 2020, que dispuso la pérdida de su mandato como Concejal y de 22 de octubre del mismo año, que negó su reincorporación como Concejala, emitidos por el Concejo Municipal de Potosí: 1° Se dispone, en cumplimiento del art. 148 del CPCo, la remisión de antecedentes al Ministerio Público respecto de la actuación de Elizabeth Ugarte La Torre, Tito Charles Conde Moreno y Cledy Ruíz Delgado, todo parte de la Directiva del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; 2° Se exhorta al Tribunal Supremo Electoral, como autoridad máxima en su materia y jurisdicción, a cumplir con su obligación de resguardo de derechos y garantías constitucionales respecto de los servidores públicos electos; y en función de ello, en uso de su atribución reglamentaria, deberá emitir una norma específica que comprenda en detalle el procedimiento que debe seguirse en caso de pérdida de mandato por la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, estableciendo el procedimiento, los requisitos, las condiciones y las instancias pertinentes encargadas de atender estas solicitudes, debiendo garantizar en todo este trámite el debido proceso incluido el derecho de impugnación, conforme la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Se dimensionan los efectos del presente fallo constitucional, de acuerdo el fundamento señalado en el acápite III.8 del presente fallo constitucional, por lo cual la procedencia del presente recurso no implica la nulidad de actos administrativos realizados por el suplente ni la restitución de la ex autoridad edil –ahora recurrente–, en la gestión gubernamental en desarrollo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen el Presidente Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, por estar declarado en comisión, y los Magistrados, Dr. Petronilo Flores Condori, MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, por ser de Voto Disidente.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADA

Notas al pie

1 La Ley 026 de 30 de junio de 2010 -Ley del Régimen Electoral-, establece lo siguiente: “ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL). Los principios, de observancia obligatoria, que rigen el ejercicio de la Democracia Intercultural son: (…)

g) Representación. Las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a ser representados en todas las instancias ejecutivas y legislativas del Estado, así como en instancias de representación en organizaciones, instituciones, asociaciones y otras entidades de la Sociedad, para lo cual eligen autoridades y representantes mediante voto. (…) ARTÍCULO 9. (DEMOCRACIA REPRESENTATIVA). La democracia representativa se ejerce mediante la elección de autoridades y representantes, en los diferentes niveles del Estado Plurinacional, según los principios del sufragio universal”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2024.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1edf7c12567c4f6ea9d7f31742b2fafeb173a4219c276e41ce98cc2de4ed2b89

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