Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Social Primera · 15 de julio de 2026
Recurso infundado
La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.
184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 274 a 277, interpuesto por Margoth Torres Mita.
Sin costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 y 52 del Decreto Supremo 23215.
Interviene en la suscripción de la presente Resolución el Magistrado Germán Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito a la convocatoria.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 484/2026 Sucre, 15 de julio de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 109/2026 Demandante : Margoth Torres Mita Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: Conversión de Contrato Proceso Distrito : Chuquisaca Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe
I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 274 a 277, interpuesto por Margoth Torres Mita impugnando el Auto de Vista 237/2025 de 19 de septiembre, de fs. 270 a 272, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso por Conversión de Contrato, seguido por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; el memorial de fs. 279 a 281, el Auto 18/2026 de 26 de enero, a fs. 282, que concedió el recurso; el Auto de Admisión 109/2026-A de 5 de febrero, a fs. 288 y vta., que admitió el Recurso de Casación y lo obrado en el proceso.
Sentencia
Tramitado el proceso laboral, el Juez del Juzgado Público de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia 31/2023 de 25 de agosto, de fs. 237 a 242, que declaró IMPROBADA la demanda presentada por Margoth Torres Mita en contra del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), refiriendo que en la tramitación del proceso se ha probado que el demandante trabajó en el GAMS, que se encuentra comprendido en la excepción prevista por el art. 1.11 de la Ley 321 y; que no corresponde la reincorporación, conversión de contrato, la otorgación de ítem, que corresponda el pago de los derechos demandados de sueldos devengados y otros. Auto de Vista
En mérito al Recurso de Apelación de fs. 249 a 253, interpuesto por Margoth Torres Mita contra la referida Sentencia, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 237/2025 de 19 de septiembre, de fs. 270 a 272, que CONFIRMA la Sentencia 31/2023 de 25 de agosto.
Contra el referido Auto de Vista, Margoth Torres Mita, interpuso el Recurso de Casación de fs. 274 a 277, conforme lo siguiente:
1.- La recurrente argumenta que el Auto de Vista recurrido vulneró la Ley 321. Cita el art. 1.1 de la Ley 321 y refiere que, de acuerdo a las pruebas del proceso, los Programas Operativos Individuales (POAI), los cuales señalan de manera expresa que sus funciones eran operativas, por lo que, sus funciones están dentro de lo previsto por el citado art.
Refiere que, las instancias inferiores declararon improbada la demanda argumentando que la actora no se encuentra dentro de la LGT por que tiene perfil profesional, sin embargo, advierte que ella no se encuentra dentro de las excepciones previstas por el art.1.II de la Ley 321, toda vez que argumenta que se encuentran dentro de las excepciones los trabajadores que desempeñan el cargo de profesional. Asimismo, refiere que no ck . o/e;vf,et &tcAdo, ner viw ' .~ se valoro que en el GAMS existen cargos de profesional tal cual establece la escala salarial.
Manifiesta que de acuerdo al art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187, no están permitidos más de dos contratos sucesivos a plazo fijo como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa.
En consecuencia, refiere que el Auto de Vista 237/2025 de de septiembre, vulnera la Ley 321, toda vez que no tomó en cuenta el principio de verdad material, al omitir que su persona ha suscrito más de tres contratos consecutivos en funciones netamente operativos y ninguno de sus contratos se suscribió para desempeñar un cargo de profesional.
2.- Acusa vulneración a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, refiriendo que el Tribunal de Alzada manifestó que su persona era personal de libre nombramiento, interpretación que la recurrente considera contraria a la Ley del Estatuto del Funcionario Público la cual señala de manera textual quienes son funcionarios de libre nombramiento.
Refiere que no valoraron el sistema de administración de personal del GAMS el cual establece el cargo que desempeñó dentro del nivel operativo, es decir dentro del art.1.I de la Ley 321. Asimismo, refiere que el Ad quem de manera parcializada refirió que su POAI señala que el cargo que desempeñó requiere de perfil profesional, sin embargo, no dice nada respecto a su desempeño operativo contrastado por los POAIS y el reglamento específico del sistema de administración de personal del órgano ejecutivo del GAMS.
Asimismo, argumenta que el Auto de Vista recurrido vulneraron las Leyes 321 y la Ley del Estatuto del Funcionario Público al ignorar el principio de verdad material, toda vez que su persona suscribió mas de tres contratos consecutivos para desempeñar funciones operativas y que no fue contratada como profesional, en ese sentido alega que no se encuentra de ninguna manera dentro de las excepciones previstas en el art.1.II de la Ley 321, por cuanto su persona no se encontraba dentro de las excepciones.
En este sentido el recurrente solicitó que se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare PROBADA la demanda de conversión de contrato a plazo fijo en uno indefinido.
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre mediante memorial de fs. 279 a 281, que contestó el Recurso de Casación conforme lo siguiente:
1.- Respecto a la vulneración de la Ley 321, refiere que de acuerdo al art. 1.1 y II, se deben advertir tres aspectos importantes de la demandante: 1
La condición de permanente, que es el primer requisito para ser amparado por la LGT por imperio de la Ley 321, norma que establece que los servidores públicos municipales deben cumplir con el requisito de permanente en la institución, en ese sentido advierte que la actora tiene la suscripción de los siguientes contratos: 1. 2019 en el cargo de educadora CIDIM niñez y familia. 2. 2020 en el cargo de responsable en el mercado campesino CIDIM y 3. En la gestión 2021 en el cargo de responsable de CIDIM del mercado campesino. Refiriendo que la actora evidentemente tuvo 3 contratos consecutivos, pero no fueron constitutivos en las mismas funciones.
Manifiesta que el cargo de responsable del CIDIM del mercado campesino se encuentra fuera de la aplicación de la Ley 321, por lo que, en consecuencia, esos 3 contratos no pueden ser computados de forma conjunta.
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De las funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo, refiere que si bien la recurrente señala que sus funciones fueron técnico operativos según el POAI, eso es falso.
La Ley 321 establece quien quiera estar bajo su amparo deberá cumplir con funciones de servicios manuales y técnico operativo administrativo, asimismo, refiere que la recurrente cuenta con un cargo jerárquico, toda vez que el cargo es de responsable del correcto funcionamiento del Centro Integral de Desarrollo Infantil Municipal del mercado campesino, teniendo varias personas bajo su dependencia.
Finalmente refiere que de los requisitos de puesto en el punto 13 de experiencia necesaria se consigna como nivel de experiencia profesional, razón por la cual la demandante ocupaba un cargo de responsable de área, por lo que no hay lógica para que esta profesional pueda estar amparado por la Ley 321.
2.- Respecto al principio de verdad material y primacía de la realidad, refiere que no establecen que deban aplicarse de manera favorable en ninguna situación con relación a ningún sujeto procesal, por lo que estos no son principios que deban aplicarse en favor de uno y otro sujeto procesal, sino de forma objetiva e imparcial para arribar una resolución que realmente cumpla con el objetivo de impartir justicia.
JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO Contratos a plazo fijo en el sector público.
El Decreto Ley 16187 establece restricciones rigurosas a la contratación formal temporal, determinando que no están permitidos más de dos contratos sucesivos a plazo fijo y prohibiendo su uso en tareas propias y permanentes de la empresa, bajo sanción de operar la conversión automática a un contrato de duración indefinida (tácita reconducción). Sin embargo, este postulado protector de la estabilidad laboral del sector privado encuentra un límite normativo infranqueable frente al régimen administrativo de la función pública.
Cuando una entidad pública, como un Gobierno Autónomo Municipal, contrata personal eventual bajo la partida presupuestaria 121, el vínculo jurídico se adscribe de forma imperativa a las disposiciones de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SABS) emanadas de la Ley 1178 (SAFCO). En este ámbito, la suscripción de contratos sucesivos a plazo fijo responde a criterios de planificación técnica, programación operativa anual y, fundamentalmente, a la disponibilidad de techo presupuestario autorizado por el nivel central del Estado para cada gestión fiscal.
Por consiguiente, la sucesión de contratos temporales en el sector público no genera el derecho a la inamovilidad laboral ni viabiliza la conversión de un contrato temporal en uno indefinido bajo las reglas del DL 16187, a menos que el trabajador se encuentre expresamente incorporado y subsumido de manera plena en el ámbito de la LGT. Admitir la transformación automática de contratos eventuales en indefinidos en la administración pública, por la simple acumulación de contratos sucesivos, implicaría vulnerar las normas de orden público que regulan el presupuesto estatal, el acceso meritocrático a la función pública y los mecanismos de control fiscal establecidos por la Ley 1178.
Causales de exclusión del ámbito de la Ley General del Trabajo (LGT) por cargos de carácter profesional.
La Ley 321 constituye una norma de excepción que incorpora al régimen de la Ley General del Trabajo a un sector específico 73civi t gtw,do de la función pública municipal. El art. 1.1 de dicha norma delimita su marco de protección en favor de los trabajadores que realizan funciones operativas, manuales o técnico-administrativas de base. En contraposición, el art. 1.11 de la misma ley previene de forma taxativa las exclusiones a dicha regla, señalando textualmente: "Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo anterior al personal que desempeñe cargos de profesionales, directores, jefes, asesores o personal de confianza...".
Esta exclusión radica en la naturaleza técnica, científica o especializada de las funciones desempeñadas, las cuales requieren de un perfil profesional certificado, cuya complejidad y nivel de responsabilidad escapan a la naturaleza del trabajo manual u operativo de base. Los cargos de carácter profesional conllevan una carga de responsabilidad, juicio técnico y especialidad que, por definición normativa, han sido excluidos por el legislador del ámbito de la protección de la LGT, independientemente de si el trabajador ejerce o no mando jerárquico.
El desempeño de un cargo catalogado como profesional implica la aplicación de conocimientos técnicos y académicos especializados en la gestión pública. Por tanto, la exclusión establecida en el art. 1.11 de la Ley 321 responde a una decisión del legislador de mantener a los perfiles profesionales dentro del régimen del Estatuto del Funcionario Público y la normativa administrativa, al no compartir la misma naturaleza ni los mismos riesgos de vulnerabilidad que el trabajador u obrero operativo.
Asimismo, el carácter profesional del cargo no depende exclusivamente de la denominación formal que reciba el puesto en la escala salarial, sino de la naturaleza de las funciones asignadas, el perfil académico requerido para el desempeño del puesto y el grado de especialización exigido en la realidad de los hechos, debiendo valorar este punto conforme al principio de primacía de la realidad, el cual permite determinar si el trabajo efectivamente ejecutado posee la complejidad propia de un cargo profesional.
Del análisis de los argumentos del Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Margoth Torres Mita, corresponde establecer si el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia, incurrió en las infracciones identificadas.
A los puntos 1 y 2.- Por la estrecha relación metodológica y fáctica que guardan entre sí, las infracciones denunciadas respecto a la errónea aplicación de las Leyes 321 y la Ley del Estatuto del Funcionario Público, la calificación de las funciones operativas, el perfil del cargo según el POAI y la naturaleza jurídica del vínculo contractual, serán analizados de manera conjunta.
El Tribunal de Alzada al momento de cimentar su decisión, refiere que en la presente causa las pretensiones de la demanda fueron desestimadas por la Juez de primera instancia señalando que la demandante Margoth Torres Mita fue contratada para prestar servicios como educadora del CIDIM, responsable de mercado campesino CIDIM, dependiente de la secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social del GAMS, el Ad quem refiere que este extremo se evidencia en los contratos de fs. 114 a 116 y el POAI de fs. 8 a 9, en el cual se advierte que la demandante fue contratada como profesional por cuanto el grado de formación requerido es el de licenciatura, estando dentro de lo previsto por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el art. 1.11 de la Ley 321, el 0.7";?).¿a gia(k_ art. 7 la Ley 1178 y, Decreto Supremo (DS) 23318-A, con cargo a la partida presupuestaria 121 de personal eventual. Refiere que los contratos fueron realizados conforme el art. 29.15) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, lo que implica que es de libre nombramiento, análisis que el Ad quem lo corrobora con el POAI de fs. 8 a 9 de la gestión 2021 en la que se consignan las funciones específicas del puesto, correspondientes a un profesional, por lo que refiere que la demandante se encuentra comprendida dentro de las excepciones previstas por el art. 1.11.5) de la Ley 321.
Por otro lado, el Tribunal de Alzada refiere que la demandante no fue funcionaria permanente como lo exige el art. 1 de la Ley 321, conforme se evidencia en los contratos de fs. 114 a 116, los cuales consignan de manera expresa su calidad de funcionaria provisoria y personal eventual, es por ello que el Ad quem refiere que no está comprendida dentro lo previsto por el art. 1.1 de la Ley 321 y LGT. La cual declara improcedente la denuncia de reincorporación.
Al respecto, este Tribunal evidencia que el Ad quem incurrió en una imprecisión conceptual al calificar a la demandante como personal de "libre nombramiento" y "funcionaria provisoria" de manera simultánea. De conformidad con la Ley del Estatuto del Funcionario Público y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, el personal de libre nombramiento está constituido de forma taxativa por aquellas personas que realizan funciones de asesoramiento o confianza directa para las Máximas Autoridades Ejecutivas; mientras que el funcionario provisorio es aquel que ocupa un puesto de carrera sin haber aprobado el respectivo proceso de selección.
De la revisión minuciosa de los contratos de fs. 114, 115 y 116, se advierte que la actora fue vinculada bajo el régimen de personal eventual con cargo a la Partida Presupuestaria 121 (Personal Eventual), primero, mediante Contrato 103/2019 a fs. 114 como Educadora CIDIM; segundo, mediante Contrato 1128/2020 a fs. 115 como Responsable de Mercado Campesino CIDIM; y tercero, mediante Contrato 48/2021 a fs. 116 ratificada en el cargo de Responsable. Por lo tanto, las categorías jurídicas de libre nombramiento o provisoria utilizadas por el Ad quem resultan erróneas.
No obstante, la conclusión determinativa del Ad quem respecto a declarar improbada la conversión de contrato resulta correcta, toda vez que el eje central de la controversia radica en definir si la actora se encontraba o no amparada por la Ley 321.
Al respecto, el art. 1.1 de la Ley 321 incorpora al ámbito de la LGT a los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Municipales de capitales de departamento que desempeñen manuales y técnico-operativo funciones en servicios administrativos, disponiendo de forma expresa en su parágrafo II, la exclusión del personal que desempeñe cargos de profesionales, directores, jefes o personal de confianza.
En el caso analizado, aplicando el principio de verdad material invocado por la propia recurrente, la compulsa de la Programación Operativa Anual Individual (POAI) de la gestión 2021 de fs. 8 a 9 desvirtúa la afirmación de que realizaba tareas meramente técnico-operativas que la excluían de rango jerárquico. Si bien es cierto que el punto 4 del referido POAI cataloga el nivel del puesto como "operativo", el análisis integral del referido documento expone en su punto 3 que la actora ejercía "supervisión directa sobre las educadoras CIDIM del Mercado Campesino".
El ejercicio de la supervisión directa sobre otros dependientes de la institución denota de forma inequívoca facultades de (4 Molewa &tad,. 6yamo ' ~ dirección, control, fiscalización y jefatura de área, tareas profesionales que se contraponen a la naturaleza del técnico operativo protegido por el régimen laboral común; al detentar el cargo de "Responsable" con personal a su cargo y un perfil que requería formación especializada, la demandante se subsume de forma exacta en la excepción prohibitiva contenida en el art.
LH de la Ley 321.
Finalmente, al estar excluida del ámbito protector de la LGT, la relación jurídica que vinculó a las partes se rigió por el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 1178, en ese sentido, se faculta Estado a suscribir contratos de personal eventual por tiempo determinado y por ende, no opera en el presente caso la tácita reconducción ni la conversión de contratos regulada por el DL 16187, deviniendo este extremo en infundado.
Consiguientemente, al evidenciarse que el Tribunal de Alzada no incurrió en una interpretación errónea de la Ley y aprecio de manera correcta la toda la prueba del proceso, corresponde aplicar a lo determinado por el art. 220.11 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).
La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.
184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 274 a 277, interpuesto por Margoth Torres Mita.
Sin costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 y 52 del Decreto Supremo 23215.
Interviene en la suscripción de la presente Resolución el Magistrado Germán Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito a la convocatoria.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0484_2026_SalaSocial1era.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab0a90475b15e5c6754e1c3d82a1d9b68599a3f79da127f38ac3618a06edf813
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