B.IA.LEGAL

SCP 0017/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 22 de marzo de 2023

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
22 de marzo de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
40665-2021-82-CCJ
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Niñez y adolescencia — interés superior

Qué se discutió

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales entre Filomena Huanca Mamani, Jiliri Irpiri Amaut´a y Luis Quisbert Clares, Jiliri Jacha Jucha Taripiri Amaut´a, ambos del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, quienes a su turno y en representación de su jurisdicción, consideran ser competentes para conocer y resolver una controversia que fue denunciada en la jurisdicción ordinaria penal por los presuntos delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: 1° COMPETENTES, a las autoridades IOC en ejercicio del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, para conocer y resolver la señalada controversia que fue denunciada en la jurisdicción ordinaria penal como presuntos delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa; y, 2° Disponer que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del proceso a las autoridades IOC declaradas competentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina
  2. III.2. Jurisprudencia constitucional respecto a la concurrencia necesaria de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2023 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 40665-2021-82-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Filomena Huanca Mamani, Jiliri Irpiri Amaut´a y Luis Quisbert Clares, Jiliri Jacha Jucha Taripiri Amaut´a, ambos del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Alegaciones de las Autoridades Indígena Originaria Campesinas

Por memorial presentado al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, el 12 de mayo de 2021 cursante de fs. 44 a 50, las citadas Autoridades Indígena Originario Campesino (IOC), solicitaron a su titular se inhiba del conocimiento del caso 113/2020 –proceso penal por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa–, declinando competencia para conocer y resolver dicha problemática a su Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), pretensión con base a los siguientes fundamentos: a) El hecho denunciado en justicia ordinaria, ocurrió en la comunidad Huanchuyo del cantón Santiago de Huata provincia Omasuyos del citado departamento, con lo que se cumple el ámbito de vigencia territorial; b) Las personas involucradas son miembros de la comunidad Huanchuyo del cantón Santiago de Huata, con lo cual se cumple el ámbito de vigencia personal; c) Los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y amenazas no se encuentran proscritos con relación a las materias que no pueden ser conocidas por la JIOC, con lo cual se cumple el ámbito de vigencia material; d) El sector denominado Huanchuyo, con una extensión de diez parcelas, pertenecía a los esposos Guadalupe Calderón y Santiago Quispe, y a la muerte de este último, ante la imposibilidad de declarar herederos a todos sus hijos, la viuda de éste, mediante testimonio de compra y venta dejó en favor de Mario Quispe Calderón –hijo mayor–, la señaladas diez parcelas, con la promesa de que ante el fallecimiento de su madre éste debía repartir de forma equitativa el terreno a todos sus hermanos menores –Martin, Ismael, y Zacarías, todos Calderón Quispe– y Bárbara Quispe Calderón; empero, Martin Calderón Quispe, de manera abusiva y prepotente intentó apropiarse de las parcelas, desconociendo la voluntad de su madre, vendiendo incluso parte de las mismas; por lo que, Mario Quispe Calderón, trató de solucionar este problema en la justicia ordinaria mediante conciliación y ante las autoridades de la comunidad Huanchuyo, sin que el mismo se haya presentado a las citaciones; e) Martin Calderón Quispe, también fue denunciado por la tala de veinte árboles en el lugar, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y ante la muerte de uno de los hermanos –Zacarías– y la ausencia de su hija como heredera, Martin se apoderó de ese sector; y, f) Una vez que las autoridades de la JIOC de la mencionada comunidad Huanchuyo, conocieron el caso, resolvieron repartir las parcelas conforme la última voluntad de Guadalupe Calderón, en audiencia comunal de 13 de diciembre de 2020, decisión que Martin Calderón Quispe no quiere acatar; por lo cual, acudió a la jurisdicción ordinaria con la finalidad de esconderse y desobedecer a las autoridades IOC.

I.2 Resolución de la Autoridad Jurisdiccional Ordinaria

Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 143/2021 de 20 de mayo, cursante de fs. 53 a 57 vta., rechazó la solicitud de declinatoria de competencias impetrada por el Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos del señalado departamento; por lo cual, remitió a este Tribunal los antecedentes para que sea esta instancia quien determine que autoridad es competente para conocer y resolver la controversia denunciada en la jurisdicción ordinaria penal como presuntos delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), establecen que para el ejercicio de la JIOC, se requiere la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material; 2) En relación al ámbito de vigencia personal, este no se cumple pues si bien el denunciante Martin Calderón Quispe y los denunciados, Mario Quispe Calderón, Ismael Calderón Quispe, acreditaron ser naturales de Santiago de Huata, los co-denunciados Mabel Calderón Quispe, Jackeline Norma Calderón Quispe y Cristina Huanca Quispe, no acreditaron dato alguno sobre el lugar de su nacimiento y los co-denunciados Albina Machicado de Calderón y Efraín Larico Cutile acreditaron haber nacido en Achacachi provincia Omasuyos; 3) Con relación al ámbito de vigencia territorial, éste tampoco se cumple, pues el hecho denunciado ocurrió en la comunidad Guaracaya Sayaña Huanchuyo, parcela Challa Pata del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos, por lo cual, “…se toma en cuenta que la autoridad indígena originario campesino no ha acreditado su legitimación al no concurrir el ámbito de vigencia personal establecida en la Ley de Deslinde Jurisdiccional” (sic).

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión de este Tribunal, a través del Auto Constitucional (AC) 0292/2021-CA de 24 de agosto, cursante de fs. 66 a 71, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre las autoridades IOC del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En conocimiento de esta Relatoría y con el objeto obtener mayores elementos sobre la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto al ejercicio de la JIOC en cuanto al ámbito de vigencia material, en hechos y/o controversias que deriven en la calificación en la jurisdicción ordinaria penal como presuntos delitos de avasallamiento y asociación delictuosa; solicitó a la Comisión de Admisión, se ordene a la Unidad de Unificación Jurisprudencial de este Tribunal, remita un Informe sobre lo señalado, mismo que fue ordenado mediante Decreto Constitucional de 28 de julio de 2022 (fs. 102), ante cuya remisión, mediante Decreto Constitucional de 27 de febrero de 2023 (fs.131) fue dispuesta la reanudación del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del plazo previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene acta de posesión de 2 de abril –sin consignarse año– mediante la cual se tomó posesión como autoridades del Consejo Amawtico Mayor de Justicia del cantón de Santiago de Huata a Filomena Huanca Mamani y Luis Quisbert Clares, miembros de la comunidad Guarcaya (fs. 13 a 14); Certificado de 10 de marzo de 2020 firmado por Autoridades de la Subcentral Guarcaya y la Central Agraria Santiago de Huata, mediante la cual reconoces a Filomena Huanca Mamani y Luis Quisbert Clares como autoridades en ejercicio de la JIOC a nivel Cantonal (fs. 15); Credenciales por las cuales se tienen que, Filomena Huanca Mamani y Luis Quisbert Clares son autoridades representantes del Cantón Santiago de Huata provincia Omasuyos (fs. 11 y 12). II.2. Por memorial presentado al Ministerio Público el 22 de septiembre de 2020, por Martin Calderón Quispe, mediante el cual formaliza denuncia por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y amenazas contra Mario Quispe Calderón, Mabel Calderón Quispe, Ismael Calderón Quispe, Jackeline Norma Calderón Llanos, Albina Machicado de Calderón, Efraín Larico y Cristina Huanca Quispe, señalando que presentó el memorial en protección de su derecho propietario, ya que los denunciados, sin ningún consentimiento el 9 de igual mes y año, ingresaron a las parcelas de su propiedad ubicada en la comunidad Guarcaya, Sayaña Huanchuyo, parcela Challa Pata de la Quinta Sección de Santiago de Huata provincia Omasuyos, mismo que le pertenece según Escritura Pública extendida por la Notaria de Fe Pública Primera a cargo de Elmer Arenas Aguilar, teniendo la posesión de esta extensión territorial desde hace muchos años atrás bajo el consentimiento de su madre; por otro lado, el 19 del mismo mes y año, los denunciados volvieron a ingresar a su propiedad con la finalidad de arar la tierra para la siembra, esta vez, a través de un tractor agrícola (fs. 2 a 6 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 13 de octubre de 2020, Reynaldo Chambi Gutiérrez, Fiscal de Materia, informo al Juez de Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, sobre el inicio de las investigaciones ante la denuncia formulada por Martin Calderón Quispe, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa, hechos ocurridos en la comunidad Challa Pata municipio Santiago de Huata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz (fs. 7 y vta.). II.4. Cursa Resolución de audiencia comunal, de 13 de diciembre de 2020, suscrita por Lucio Mamani Alarcón, Secretario General; Eloy Quenta Mendoza, Secretario de Actas; Alberto Mamani Alarcón, Secretario Vocal; y, el Secretario de Deportes –nombre ilegible– todos de la comunidad Huanchuyo, mediante la cual, al verificarse la existencia del testimonio de compra y venta 368/2009 de 16 de octubre firmado por Juan Chávez Alanoca Notario de Fe Pública, por el cual Guadalupe Calderón transfiere en favor de Mario Quispe Calderón una extensión de terreno con la “misión de repartir los terrenos de la siguiente forma: Mario Quispe Calderón (Jachujhuyo y Matara); Bárbara Quispe Calderón (Kota Mayta y Nakat Huyo); Martín Calderón Quispe (Chijipamapa arriba y Chijipampa abajo); Ismael Calderón Quispe (Collpa pampa Churu y Uthawi segunda parte); Zacarías Calderón Quispe (Challpata y Ñeke Yapu), resolvió: i) Acreditar la validez de la señalada documentación y el mejor derecho propietario en favor de los hermanos, hijos de Guadalupe Calderón respecto a los sectores mencionados; y, ii) Ante la supuesta venta efectuada por Martin Calderón Quispe de su propiedad en favor de Franz Chana Torres, mediante Testimonio 129/2020 de 20 de agosto, firmado por Jesús Ticona Notario de Fe Publica, desconocieron el mejor derecho propietario de este último, dando un plazo de 15 días para que Martin Calderón Quispe, presente documentación complementaria al respecto (fs. 39 a 43). II.5. Cursa notificación “judicial” 001/2021 de 6 de enero, por la cual Filomena Huanca Mamani y Luis Quisbert Clares autoridades IOC del Consejo Amawtico de Justicia del cantón Santiago de Huata, notificaron a Martin Calderón Quispe para comparecer ante esa instancia, con la finalidad de resolver los problemas que éste tendría con Mario Quispe Calderón, debiendo presentarse a audiencia el 13 de enero de 2021, recordando que sería la única audiencia y que su presencia es importante para no lesionar su derecho al debido proceso (fs. 36); muestrario fotográfico por el cual el 11 de enero de 2021, se hubiere notificado a la citada persona mediante funcionario policial y en su domicilio (fs. 37 a 38).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales entre Filomena Huanca Mamani, Jiliri Irpiri Amaut´a y Luis Quisbert Clares, Jiliri Jacha Jucha Taripiri Amaut´a, ambos del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, quienes a su turno y en representación de su jurisdicción, consideran ser competentes para conocer y resolver una controversia que fue denunciada en la jurisdicción ordinaria penal por los presuntos delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

III.1. Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina

De conformidad con el art. 202.11 de la Constitución política del Estado (CPE), “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina; y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”, en ese sentido, corresponde a esta instancia dilucidar los conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre las citadas jurisdicciones; en cuanto a la importancia de este proceso Constitucional, la SCP 0363/2014 de 21 de febrero, sostuvo que: “Ahora bien, estando reconocido que la jurisdicción indígena originaria campesina es una de las formas de ejercicio de la función judicial, se hace necesario garantizar la misma por medio de mecanismos instrumentados para evitar que sea desconocida o exceda sus límites, razón por la cual el constituyente ha previsto la existencia de conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental; instrumento que en esencia, no es solo un conflicto inter jurisdiccional, sino y sobre todo, es un mecanismo de protección del ejercicio material del derecho de los pueblo indígena originario campesinos a la autodeterminación, por lo que a diferencia de los conflictos entre jurisdicciones a ser resuelto por vías ordinarias, tienen una evidente trascendencia constitucional.

En definitiva, este tipo de conflictos son la garantía jurisdiccional para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina y del derecho de estos pueblos a su autodeterminación, identidad cultural, al ejercicio de sus sistemas político, jurídico y a que sus instituciones sean parte del Estado; por medio de la preservación de su ámbito de acción de indebidas invasiones por parte de las autoridades jurisdiccionales ordinarias o agroambientales. Dada su trascendencia constitucional, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental, se regulan constitucional y legalmente, así las normas del art. 190, 191 y 192 de la CPE, estatuyen los principios y preceptos sustantivos que se deben respetar a tiempo de determinar a qué jurisdicción corresponde la dilucidación de un preciso asunto. En ese orden, las normas de los arts. 100 a 103 del CPCo, regulan el procedimiento a seguir para tramitar un conflicto de esta naturaleza, que no puede ser asimilado a las pautas previstas para los otros tipos de conflictos precisamente por su natural distinción” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Jurisprudencia constitucional respecto a la concurrencia necesaria de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial

En el marco de lo establecido en el art. 191.II de la CPE, que dispone que: “La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial…”, los cuales deberán concurrir simultáneamente, es decir, ante la falta de acreditación de uno de estos ámbitos de vigencia, se hará innecesario el análisis de los dos restantes, en ese entendido la SCP 0018/2017 de 31 de mayo, al respecto señaló que: “…a objeto de establecer competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, deben concurrir necesariamente y de manera conjunta los tres ámbitos de vigencia, material, personal y territorial” (las negrillas son nuestras), en ese contexto, la SCP 0026/2013 de 4 de enero respecto a los ámbitos de vigencia para el ejercicio de la JIOC, señaló que: “III.2.1. Ámbito de vigencia personal El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’. En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza 1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país. 2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: ‘La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio’. 3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE. III.2.2. Ámbito de vigencia territorial Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: ‘El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley’, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: ‘…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’. Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: ‘Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino’, es decir: i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo, cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

III.2.3. Ámbito de vigencia material Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a ingresar en el análisis de la concurrencia de los ámbitos de vigencia para el ejercicio de la JIOC, corresponde verificar si efectivamente las autoridades IOC cumplieron con acreditar su legitimación activa para planbtear la presente demanda competencial, y la oportunidad en la que fue planteada la misma. En ese contexto, de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que, Filomena Huanca Mamani y Luis Quisbert Clares, fueron posesionados el 2 de abril –si precisarse el año– como autoridades del Consejo Amawtico de Justicia del cantón Santiago de Huata, condición que fue acreditada también mediante credenciales, y principalmente certificación de 10 de marzo de 2020, por la cual autoridades de la Subcentral Guarcaya y la Central Agraria Santiago de Huata, reconocieron que éstas ejercen la JIOC a nivel cantonal, con lo cual se acreditó de manera suficiente la legitimación activa de las autoridades requirentes de competencia. Por otro lado, del Antecedente I.2, se establece que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 143/2021 de 20 de mayo, rechazó la solicitud de declinatoria de competencias presentada por el Consejo Amawtico Mayor de Justicia del cantón Santiago de Huata, remitiendo antecedentes a este Tribunal para la sustanciación del presente proceso constitucional, encontrándose –en ese momento– la causa penal en etapa investigativa; por lo cual, la oportunidad de plantearse el conflicto de competencias, se encuentra dentro del plazo determinado por la jurisprudencia constitucional, además de no advertirse la existencia de una Sentencia ejecutoriada (SCP 0041/2018 de 22 de octubre).

Ahora bien, ingresando al análisis de fondo, de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que las autoridades IOC, mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2021, solicitaron al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, se inhiba de conocer la causa penal instaurada a denuncia de Martin Calderón Quispe contra Mario Quispe Calderón y otros, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y amenazas, bajo el argumento de cumplirse los tres ámbitos de vigencia, personal, territorial y material, que determinan el ejercicio de la jurisdicción a la que representan; empero, la citada señalada autoridad jurisdiccional ordinaria rechazó tal solicitud, señalando que no se cumplen con los ámbitos de vigencia personal y territorial, remitiendo obrados a este Tribunal para resolver qué autoridad es competente para sustanciar la problemática. En ese entendido, del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato de la Constitución Política del Estado y del Código Procesal Constitucional, cuenta con la atribución de resolver la presente demanda constitucional, con la finalidad de evitar que las autoridades jurisdiccionales asuman competencia no reconocida por la Norma Suprema y las Leyes, además para garantizar el ejercicio de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a sus sistemas jurídicos, políticos y sociales; por lo cual, al definirse la competencia de una determina jurisdicción, debe tenerse en cuenta, la normativa vigente y aplicable al caso concreto, señalado la importancia de la coexistencia en armonía de los diferentes sistemas jurídicos reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia. Bajo dichas precisiones normativas, del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que, la jurisdicción indígena originaria campesina, se ejerce ante la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, es decir que, para determinar la competencia de la JIOC para conocer y resolver una controversia concreta, debe necesariamente acreditarse de manera simultánea la concurrencia de los señalados ámbitos de vigencia, en ese contexto respecto al:

III.3.1. Ámbito de vigencia personal

Conforme dispone la propia Constitución Política del Estado; la Ley de Deslinde Jurisdiccional; y, la jurisprudencia de este Tribunal, la JIOC alcanza a los miembros de la colectividad humana que compartan identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión; en tal sentido, el primer elemento a ser considerado, será el vínculo particular que une a los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, y un segundo elemento, la auto identificación que será manifestada de manera expresa para pertenecer a una organización indígena originaria campesina; no obstante, cabe aclarar, que también es posible que este ámbito de vigencia sea cumplido, cuando una persona que aun sin ser miembro de esta colectividad o compartir su identidad cultural pueda de manera tácita expresar esa voluntad de someterse a dicha jurisdicción, por ejemplo al ingresar a su territorio y causar alguna afectación a su organización o espacio territorial.

En el presente caso, en relación al denunciante –Martin Calderón Quispe–, éste señaló de manera expresa que, los presuntos delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y amanezcas, ocurrieron en su propiedad que está ubicada en la comunidad Guarcaya, Sayaña Huanchuyo, de la Quinta Sección de Santiago de Huata provincia Omasuyos, la misma que hubiere pertenecido a su madre y que posee hace muchos años atrás bajo su consentimiento (Conclusión II.2); por otro lado, de Antecedentes I.1 y la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, se puede establecer que, efectivamente la extensión territorial, que es la causa del presunto avasallamiento, le pertenecía a Santiago Quispe y Guadalupe Calderón, y que a la muerte de éstos, sus hijos debían poseer los terrenos, debiendo dividirse el mismo en fracciones iguales, según la última voluntad de Guadalupe Calderón; empero, justamente a raíz de la posesión de estos terrenos es que surgen los conflictos que fueron denunciados en la jurisdicción ordinaria penal, en tal sentido, los denunciados Mario Quispe Calderón, Ismael Calderón Quispe, bajo ese mismo razonamiento del interés de los terrenos que pertenecían a los prenombrado –Santiago Quispe y Guadalupe Calderón– también acreditaron ser naturales de Santiago de Huata.

Ahora bien, respecto a los co-denunciados Mabel Calderón Quispe, Jackeline Norma Calderón Quispe y Cristina Huanca Quispe, si bien no se tiene ninguna documental que acredite, respecto a ellos, el cumplimiento del ámbito de vigencia personal, una vez que se estableció que los terrenos en disputa se encuentran en la comunidad Guarcaya, Sayaña Huanchuyo, de la Quinta Sección de Santiago de Huata, y quienes a denuncia de Martin Calderón Quispe intentan tomar posesión sobre ellos, también se encuentra acreditado el aludido ámbito; por lo cual, en relación a ambas partes procesales, mas aun si se toma en cuenta que las autoridades IOC, intentaron resolver esta disputa territorial mediante una asamblea comunal (Conclusión II.5), corresponde declarar por cumplido este ámbito de vigencia para el ejercicio de la JIOC.

III.3.2. Ámbito de vigencia territorial

Respecto a este ámbito, de los Fundamentos Jurídicos glosados supra, se tiene que la JIOC se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan dentro del espacio territorial donde se tiene una organización IOC, o cuyos efectos, se produzcan al interior de este espacio territorial, pudiendo aplicarse entonces en los territorios ancestrales, o a hechos cometidos fuera del espacio territorial, empero cuyos efectos que puedan afectar la cohesión social; en el presente caso, de las Conclusiones II.2 y II.3 de este fallo constitucional, se tiene que el hecho denunciado como presunto avasallamiento, ocurrió en la comunidad Guarcaya, Sayaña Huanchuyo, parcela Challa Pata de la Quinta Sección de Santiago de Huata provincia Omasuyos, espacio territorial, donde las hoy autoridades IOC requirentes de competencia, –según se estableció al dar por cumplida su legitimación activa– ejercen la JIOC en representación de la Comunidad Guarcaya, de la Quinta sección Santiago de Huata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, por lo cual, el ámbito de vigencia territorial, también se encuentra cumplido.

III.3.3. Ámbito de vigencia material

Respecto al ámbito de vigencia material, la JIOC conoce las controversias producidas en su interior conforme a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, analizando cada problemática de manera individual, para determinar la exclusión de un asunto de la competencia de esta jurisdicción; en el presenta caso, al tratase de un ámbito penal, el art. 10.II inc. a) de la LDJ establece que, “…(l)a jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio”; en ese contexto, dado que los tipos penales de avasallamiento, amenaza y asociación delictuosa, no se encuentran excluidos para el conocimiento de la JIOC, sin que sea advertible alguna condición particular en torno a la comisión de los mismos, así como la inexistencia de personas en situación de vulnerabilidad que amerite el desarrollo de mayores consideraciones; corresponde declarar por cumplido este último ámbito de vigencia.

En ese contexto, tomando en cuenta que los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, se encuentran debidamente acreditados en favor de la JIOC, corresponde declarar competentes para resolver la controversia denunciada en la jurisdicción ordinaria a las autoridades IOC del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos, con la aclaración que la competencia dictaminada, sólo alcanza al conocimiento y resolución de los hechos constitutivos de los señalados tipos penales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: 1° COMPETENTES, a las autoridades IOC en ejercicio del Consejo Amawtico Mayor de Justicia Jach´a Kamachinak Apnaqeri Amawt´anaka del cantón Santiago de Huata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, para conocer y resolver la señalada controversia que fue denunciada en la jurisdicción ordinaria penal como presuntos delitos de avasallamiento, amenazas y asociación delictuosa; y, 2° Disponer que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes del proceso a las autoridades IOC declaradas competentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano, por ser Voto Disidente; por otra parte, la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, es de Voto Aclaratorio.

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0017_2023.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 773d1321b376602974e55653faa4b6240fe1f19c3e4c592ea5d621b063ca82cd

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