B.IA.LEGAL

SCP 0003/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 23 de abril de 2025

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
23 de abril de 2025
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58005-2023-117-CCJ
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Niñez y adolescencia — interés superior

Qué se discutió

En la problemática planteada corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental de Sica Sica del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto de competencias jurisdiccionales.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, para conocer y resolver la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano 2° Disponer la remisión de obrados ante la autoridad jurisdiccional declarada competente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control competencial de constitucionalidad entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental
  2. III.2. El conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia y territorio
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2025 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PLENA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 58005-2023-117-CCJ Departamento: La Paz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui y el Juez Agroambiental de Sica Sica ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Resolución de la autoridad jurisdiccional ordinaria

Mediante Auto de 3 de mayo de 2023, cursante a fs. 42, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, declinó competencia en razón de materia, para conocer la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, ubicado en inmediaciones de la plaza principal de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del citado departamento, con una superficie de 255 m, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2092020000154, interpuesto por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano, disponiendo la remisión de obrados al Juzgado Agroambiental de Sica Sica del mismo departamento, bajo el argumento de que Eddy Huanca Apaza, Técnico Superior del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, emitió el Informe Técnico GAMS-DATPU-IT-EHA 016/2023 de 2 de marzo, que en sus conclusiones establece: “ʽPor lo tanto, se determina que la comunidad de Caracato aún sigue considerándose área rural..׳” (sic); por lo que, dispuso lo determinado en el art. 19 del Código Procesal Civil (CPC).

I.2. Resolución de la autoridad judicial agroambiental

El Juez Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, mediante Resolución 022/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 67 a 70 vta., se declaró incompetente para conocer la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, promoviendo el conflicto de competencias jurisdiccionales negativo ante este Tribunal Constitucional Plurinacional bajo los siguientes fundamentos: a) El motivo por el cual la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del citado departamento, declinó competencia, ya que, el predio en litigio estaría ubicado en el área “urbana” de la población de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del señalado departamento, sin tomar en cuenta su antecedente dominial o documentación respaldatoria, sino únicamente el informe emitido por un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui; b) Si bien los terrenos nacieron como rústicos siendo por ello de competencia agraria; empero, con el transcurso del tiempo fueron cambiando su uso de suelo y la actividad en los terrenos, produciéndose cambios en el destino de la propiedad, ya que es de conocimiento público que dichos terrenos se encuentran dentro del radio urbano del poblado de Caracato con características urbanas; además, las urbanizaciones son procesos mediante las cuales la población se concentra en el área urbana con la finalidad de construir viviendas, cambiando automáticamente el destino de la propiedad agraria a urbano; c) La demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción de reivindicación, en áreas urbanas sin actividad agrícola o pecuaria son de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, cuando la propiedad se encuentra en área rural o estando dentro del radio urbano tiene actividades agrarias, corresponde conocer a la jurisdicción agroambiental, situación que no se da en el caso; ya que, al encontrarse el objeto del proceso dentro del radio urbano con características urbanas, corresponde que el problema sea resuelto por la jurisdicción ordinaria; d) El razonamiento de la Jueza ordinaria, sería erróneo al pretender desconocer su propia competencia, ya que, los jueces de la jurisdicción agroambiental invadirían la competencia de la jurisdicción ordinaria, debido a que todas las ciudades capitales de Bolivia e interciudades, tienen antecedentes en documentos agrarios emitidos por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria en más de 50% de los que se componen los radios urbanos intensivos y extensivos; y, e) El Código Procesal Constitucional regula el conflicto de competencias entre jurisdicciones sin efectuar ningún tipo de diferenciación, sobre el hecho de que una o ambas jurisdicciones esté representada por un juez, vocal o magistrado, resultando posible la interposición de conflicto de competencias negativo.

I.3. Admisión y notificación

Asimismo, la Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante Auto Constitucional (AC) 0429/2023-CA de 26 de septiembre, cursante de fs. 73 a 78, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui y el Juez Agroambiental de Sica Sica ambos del departamento de La Paz; siendo notificadas dichas autoridades el 18 y el 20 de junio de 2024 respectivamente, conforme constan en las diligencias de notificación cursantes de fs. 81 a 82.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio y emitir un fallo correcto e imparcial, la Comisión de Admisión a petición de la Magistrada Relatora mediante decreto constitucional de 7 de abril de 2025, cursante a fs. 97, solicitó documentación complementaria, disponiendo para tal efecto la suspensión del plazo hasta que el informe sea efectivamente remitido, en cuya virtud, recibido el informe solicitado, se dispuso la reanudación del plazo mediante decreto constitucional de 16 de igual mes y año, cursante a fs. 101; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, por el cual Ángel Raúl Dávalos Pinto formalizó la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano (fs. 18 a 19 vta.). El cual mereció el decreto de 2 de igual mes y año, emitido por la referida Jueza, con la finalidad de establecer su competencia, dispuso que previamente se oficie al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, para que informe si el bien inmueble ubicado en inmediaciones de la plaza principal de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del citado departamento, con una superficie de 255 m, corresponde al área rural o urbana (fs. 20). II.2. Mediante Nota GAMS/MAE/DJ/NE/2023 de 3 de marzo, dirigida a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, puso en conocimiento el Informe Técnico GAMS-DATPU-IT-EHA 016/2023 de 2 de marzo, emitido por Eddy Huanca Apaza, Técnico Superior, de ese Gobierno Autónomo Municipal, que en su única Conclusión establece: “…la comunidad de Caracato se encuentra en la fase de PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL por lo que aún es considerado como ares rural” (sic [fs. 27 a 28]). II.3. Consta decreto de 1 de agosto de 2023, emitido por el Juez Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, que a efecto de abrir su competencia y evitar vicios de nulidad posterior, dispuso realizar la inspección judicial en el bien inmueble ubicado en las inmediaciones de la plaza principal de Caracato, entre las calles Bolívar y Concepción, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del referido departamento, para ese efecto se señaló audiencia para el 9 de igual mes y año, a objeto de verificar la existencia de actividad agraria o ganadera (fs. 45). Se adjunta el Acta de Inspección Judicial de 9 del citado mes y año, en la que el demandante -Ángel Raúl Dávalos Pinto- manifestó que no tiene ninguna actividad agraria en el bien inmueble objeto de la demanda; además, de indicar que casi ya tendría planimetría aprobada, cuenta con los planos individuales con folio real y pago de impuestos al día, así como también con servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica, siendo una vivienda familiar. Seguidamente, el Ingeniero de Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, efectuó la descripción de las características del bien inmueble, indicando que se trata de una vivienda de data antigua, contando con dos tiendas cerradas sobre la plaza principal, con la puerta calle con candado, con un letrero de peluquería, observándose cordones de acera y calles adoquinadas, alumbrado público en las calles, varias tiendas abiertas sobre la plaza principal y que al final de la calle Bolívar se observa una Cancha de césped sintético, de las que tomaron fotografías que se arriman al cuaderno procesal (fs. 50 a 57). II.4. Mediante Informe Técnico con Cite: 005/2023 de 10 de agosto, dirigido a Sabino Valeriano Llapacu, Juez Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, de Fernando Mario Núñez Zapata, Ingeniero de Técnico de Apoyo del Juzgado Agroambiental de Sica Sica de ese departamento, que en sus conclusiones estableció: que no se pudo ingresar al bien inmueble para evidenciar si tiene actividad agrícola, ganadera o de uso familiar, tampoco se pudo evidenciar la función social. En cuanto al bien inmueble indicó que tiene características urbanas, debido a que se encuentra en inmediaciones de la plaza principal de Caracato del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del departamento de La Paz (fs. 58 a 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En la problemática planteada corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental de Sica Sica del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto de competencias jurisdiccionales.

III.1. El control competencial de constitucionalidad entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental

El pluralismo jurídico que rige en el nuevo modelo de Estado Plurinacional se manifiesta en los arts. 1 y 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, lo que en el ámbito judicial se refleja en la pluralidad de jurisdicciones para impartir justicia en igualdad de jerárquica, siendo esas la ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria campesina y las especializadas reguladas por la ley. En ese marco, el art. 202.11 de la Norma Suprema establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre otras, conocer y resolver los conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígena originaria campesina (JIOC), ordinaria y agroambiental; aspecto que concuerda con el art. 14.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que prevé: “Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. La SCP 0064/2014 de 3 de enero, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas nos corresponden). Suscitado el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe resolver de acuerdo a las específicas atribuciones asignadas a cada una de estas jurisdicciones y conforme a los criterios citados en la jurisprudencia constitucional vinculada a la situación fáctica concreta. Sobre ese rol de definición competencial vinculada al debido proceso en su elemento de juez natural, la SCP 0065/2017 de 12 de octubre, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales al respecto, precisó que: “Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, el art. 202 de la CPE, refiere: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. En el marco antes referido, el art. 85 con relación al 100, ambos del CPCo, al respecto, señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos de competencias entre las JIOC, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental… (…) …el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el órgano encargado para dirimir dichos conflictos de competencia, asumiendo que, en mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, ninguna de ellas tiene la potestad de sobreponerse ni subordinar a la otra, en ese sentido, es este Tribunal quien definirá qué jurisdicción es competente para conocer y resolver el caso que suscitó dicho conflicto’”.

III.2. El conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia y territorio

La SCP 0048/2019 de 4 de septiembre, con relación al tema determino que: “ʽEl Tribunal Constitucional anterior, bajo la Constitución Política del Estado abrogada y la Ley del Tribunal Constitucional, no tenía la atribución para conocer los conflictos de competencias suscitados entre la judicatura agraria y la ordinaria, no obstante, en su labor de resguardar derechos y garantías constitucionales, a través de la acción de amparo constitucional, tuteló el elemento competencia del derecho al juez natural. Así, a través de la SC 0362/2003-R de 25 de marzo, entendió como único elemento determinante de la competencia, a la ubicación geográfica del inmueble; así, si el inmueble se encontraba en el área rural, debía aplicarse la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; por el contrario, si el inmueble se encontraba en el área urbana, debía aplicarse el Código Civil, con la aclaración, que la ordenanza municipal que declaraba la zona como urbana, debía estar homologada por una resolución suprema.

El razonamiento señalado anteriormente, fue modulado por la SC 0378/2006-R de 18 de abril, en el entendido que, para determinar la competencia en las acciones reales sobre bienes inmuebles urbanos y rurales objetos de litigio, además, de la ubicación geográfica del bien inmueble, se debe tener en cuenta si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda, supuesto en el cual son aplicables las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios. Posteriormente, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio del control competencial emergente de un conflicto de competencias jurisdiccionales entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, a través de la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, respecto al razonamiento citado precedentemente, señaló que, si bien fue efectuado en vigencia de la Constitución abrogada; sin embargo, resulta plenamente aplicable, por cuanto, no contradice a los nuevos postulados del art. 397 de la CPE actual, cuando determina al trabajo como fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y otros aspectos inherentes a la función económica social (FES), concluyendo en su Fundamento Jurídico III.3 que: …tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerará la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrollaʹ. De lo señalado supra, es evidente que el razonamiento desarrollado por la SC 0378/2006-R, permaneció de forma uniforme en toda la jurisprudencia constitucional, hasta la actualidad y, en ese sentido, para definir qué jurisdicción es competente, no sólo se considera si el inmueble se encuentra en área urbana o rural, sino fundamentalmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla. Si bien ese es el precedente aplicable a la generalidad de los casos, sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0015/2019, hizo referencia a los supuestos: ʽen los cuales existe una causa principal que ha sido conocida por una u otra jurisdicción y procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal), en los cuales, por el destino de la propiedad objeto del conflicto, la jurisdicción competente puede variar, con relación a la causa principalʹ. Dicha Sentencia, determinó en su Fundamento Jurídico III.2, que: …considerando los principios de celeridad, seguridad jurídica (art. 178 de la CPE), eficacia, eficiencia, accesibilidad, verdad material (art. 180 de la CPE), integralidad e inmediatez (art. 185 de la CPE), debe entenderse que la jurisdicción que conoció la causa principal es competente para conocer los subsiguientes procesos; pues sólo de esa manera es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso. Un entendimiento contrario, podría generar que existan razonamientos hasta discrepantes en procesos que tienen como base un mismo problema jurídico, lo que evidentemente ocasionaría inseguridad jurídica y restaría eficacia y eficiencia a la función judicial. Consecuentemente, para determinar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, deben considerarse las siguientes reglas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble, urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del inmueble y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales; sin embargo, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso, aun el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla establecida en el punto anterior. Entendimiento que, además, es coherente con el valor complementariedad previsto en el art. 8 de la CPE, que contextualizado al ámbito judicial, implica que en el ejercicio de la función judicial, las jurisdicciones deberán relacionarse sobre la base del respeto mutuo entre ellas, para así, no obstaculizar, usurpar competencias o impedir su labor de impartir justicia (art. 6 de la Ley de Organización Judicial (LOJ)” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

En la problemática planteada corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental de Sica Sica del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano. Al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde precisar que el conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por única finalidad definir en el marco de los arts. 202.11 de la CPE y 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano que motivó el conflicto, sin que en dicha labor el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda emitir criterio alguno sobre la problemática de fondo; puesto que, su atribución está limitada, única y exclusivamente a definir la competencia de la autoridad jurisdiccional que resolverá el asunto, en el ejercicio del control competencial de constitucionalidad. Labor que se cumplirá a continuación. En efecto, de acuerdo a los antecedentes se tiene que, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, mediante Auto de 3 de mayo de 2023, declinó competencia en razón de materia, para conocer la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, ubicado en las inmediaciones de la plaza principal de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del referido departamento, con una superficie de 255 m, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 2092020000154, interpuesto por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano, disponiendo la remisión de obrados al Juzgado Agroambiental de Sica Sica del mismo departamento, bajo el argumento que el Informe Técnico GAMS-DATPU-IT-EHA 016/2023, en sus conclusiones establece: “ʽPor lo tanto, se determina que la comunidad de Caracato aún sigue considerándose área rural..׳” (sic); por lo que, dispuso según lo determinado en el art. 19 del CPC.

Remitidos los antecedentes ante el Juez Agroambiental de Sica Sica del referido departamento, esa autoridad judicial mediante Resolución 022/2023, también se declaró incompetente para conocer la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, promoviendo el conflicto de competencias jurisdiccionales ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, fundamentando que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, declinó competencia debido a que el predio en litigio se encuentra ubicado en el área urbana de la población de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del referido departamento, sin tomar en cuenta su antecedente dominial o documentación respaldatoria, sino únicamente el informe emitido por un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui del citado departamento. Si bien los terrenos serían rústicos; empero, con el transcurso del tiempo fueron cambiando su uso de suelo y de actividad, produciéndose cambio en el destino de la propiedad, siendo de conocimiento público que dicho terreno se encuentra dentro del radio urbano de la población Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del departamento de La Paz, con características urbanas; además, las urbanizaciones son procesos mediante las cuales la población se concentra en el área urbana con la finalidad de construir viviendas, cambiando automáticamente el destino de la propiedad de agrario a urbano. En ese sentido, la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria, en áreas urbanas sin actividad agrícola o pecuaria son de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, cuando la propiedad se encuentra en área rural o estando dentro del radio urbano tiene actividades agrarias, corresponde a la jurisdicción agroambiental, situación que no se da en el presente caso, ya que, al encontrarse el objeto de la demanda dentro del radio urbano con características urbanas, corresponde que sea resuelto por la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, según se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que, para determinar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, la ubicación geográfica del bien inmueble, urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del bien inmueble y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales. Aplicando dichos criterios al caso en análisis, se tiene que de la Conclusión II.1., se observa que Ángel Raúl Dávalos Pinto formalizó la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz; en vista del cual, la referida Jueza emitió el decreto de 2 de diciembre de 2022; por el que dispuso que previamente se oficie al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, para que informe si el bien inmueble ubicado en inmediaciones de la plaza principal de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del señalado departamento, con una superficie de 255 m, corresponde al área rural o área urbana. En cuya virtud, mediante Nota GAMS/MAE/DJ/NE/2023, dirigida a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del citado departamento, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, puso en conocimiento el Informe Técnico GAMS-DATPU-IT-EHA 016/2023 de 2 de marzo, emitido por Eddy Huanca Apaza, Técnico Superior, de ese Gobierno Autónomo Municipal, que en su única Conclusión establece: “…la comunidad de Caracato se encuentra en la fase de PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL por lo que aún es considerado como ares rural” (sic [Conclusión II.2.]). Dicho Informe Técnico fue la base de la decisión de la referida Jueza para declinar su competencia. Por su parte, el Juez Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, previo a definir su competencia mediante decreto de 1 de agosto de 2023, dispuso realizar la inspección judicial en el bien inmueble, para verificar la existencia de actividad agraria o ganadera, efectuándose dicha inspección el 9 del citado mes y año, en la que el demandante -Ángel Raúl Dávalos Pinto- manifestó que no tiene ninguna actividad agraria en el bien inmueble objeto de la demanda; además, de indicar que casi ya tendría planimetría aprobada, cuenta con los planos individuales, con folio real y pago de impuestos al día, así como también con servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, siendo una vivienda familiar. Seguidamente, el Ingeniero de Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sica Sica del citado departamento, efectuó la descripción de las características del bien inmueble, indicando que se trata de una vivienda de data antigua contando con dos tiendas cerradas sobre la plaza principal, la puerta calle con candado, con un letrero de peluquería, observándose cordones de acera y calles adoquinadas, alumbrado público en las calles, varias tiendas abiertas sobre la plaza principal y que al final de la calle Bolívar se observa una cancha de césped sintético, de las que tomaron fotografías y se arriman al cuaderno procesal (Conclusión II.3.); siendo ratificado en el Informe Técnico con Cite: 005/2023 (Conclusión II.4.). De lo expuesto, se puede advertir que el bien inmueble objeto de litigio de acuerdo al Informe Técnico GAMS-DATPU-IT-EHA 016/2023 del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, corresponde al área rural; empero, como se precisó en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la ubicación del predio, si es rural o urbana, no define la competencia de las autoridades jurisdiccionales, sino el destino y la actividad que se desarrolla en ella, supuesto que se verifica en el caso concreto; ya que, en la inspección judicial efectuada en el bien inmueble, el demandante manifestó que no tiene ninguna actividad agraria, más bien tendría planimetría casi aprobada, teniendo planos individuales con folio real y pago de impuestos al día, contando el predio con servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica, siendo una vivienda familiar. Respecto al cual el Ingeniero Técnico de Apoyo del Juzgado Agroambiental de Sica Sica del departamento de La Paz, complementó con la descripción de las características del bien inmueble, indicando que se trata de una vivienda de data antigua con dos tiendas cerradas sobre la plaza principal, la puerta calle con candado lo que impidió su ingreso, con un letrero de peluquería, observándose cordones de acera y calles adoquinadas, alumbrado público, varias tiendas abiertas sobre la plaza principal, la cual se corrobora con fotografías que se arrimaron al cuaderno procesal. De lo expuesto, se puede concluir que el bien inmueble ubicado sobre la plaza principal de Caracato, del municipio de Sapahaqui, provincia Loayza del departamento de La Paz, con una superficie de 255 m, se encuentra destinado para vivienda contando con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica; además, de contar con una tienda en la que se presta el servicio de Peluquería, descartándose las actividades agrarias o pecuarias. En definitiva, se concluye que la competencia para conocer, tramitar y resolver la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano, corresponde a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Sapahaqui del departamento de La Paz, para conocer y resolver la demanda ordinaria de restitución de propiedad de un bien inmueble a través de la acción reivindicatoria planteada por Ángel Raúl Dávalos Pinto contra Mercedes Paz de Pinto y Agustín Román Pinto Lazcano 2° Disponer la remisión de obrados ante la autoridad jurisdiccional declarada competente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace contar que la Magistrada, MSc. Isidora Jiménez Castro, es de Voto Aclaratorio; asimismo, no interviene el Magistrado, Boris Wilson Arias López, por ser de Voto Disidente.

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Ph.D. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2025.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): c41a80c40484385e794f0dd85ebf1aa05c83efdf0d046d4a057fba23e5b1d873

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