Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Penal · 4 de septiembre de 2015
Recurso infundado
Derecho Procesal Penal/ Recursos/ Apelación Restringida/ Resolución/ Ilegal/ Por excesivo rigorismo, pese a la subsanación de la apelación.
El rechazo del Tribunal de alzada del recurso de apelación restringida, aplicando de forma literal y rigurosa la disposición legal o de manera excesivamente rigorosa y formalista, pese haberse subsanado la misma por el apelante, constituye la vulneración del derecho de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
Auto Supremo: 571/2015-RRC de 04 de septiembre. Magistrada Relatora: Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán.
“En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene que el recurrente Genoario Cruz León, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10/2015 de 23 de febrero, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que después de la orden de subsanación, rechazó sin más trámite su recurso de apelación restringida. Corresponde entonces, conforme al Auto de admisión, analizar la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación restringida presentado por el recurrente, con la finalidad de establecer si resultan razonables o no los argumentos asumidos por el Tribunal de alzada.
En el caso analizado, presentado el recurso de apelación restringida por el imputado, alegando los motivos identificados en el punto II.4. del presente fallo, el Tribunal de apelación ordenó su subsanación en el plazo de tres días a fin de que el recurrente cumpla con tres observaciones que emergen del contenido de la Resolución de 19 de enero de 2015: a) Ser planteado de forma estructural y en observancia a la hermenéutica prescrita en el procedimiento; b) Expresar las reglas de la lógica que hubieren sido inobservadas, vincular su crítica al razonamiento del fallo e identificar los errores lógico jurídicos, proporcionando la solución que pretende, y; c) Fundamentar el defecto de sentencia advertido en correlación al motivo denunciado. El recurrente presentó memorial de subsanación en el plazo otorgado, habiendo el Tribunal de alzada rechazado el recurso, con los siguientes fundamentos: Respecto a la denuncia de `Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Art. 370 Inc. 1)´, señaló que implícitamente se direccionaba al Tribunal a valorar hechos y pruebas para evidenciar lo alegado en su apelación restringida, olvidando que esta actividad estaba vedada para un tribunal desprovisto de inmediación, omitiendo partir de los fundamentos de la sentencia en relación a los hechos sobre los cuales pudiera existir inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; en consecuencia, el fundamento del recurso era impertinente e insuficiente, además de ajeno a la hermenéutica establecida para este recurso en el art. 408 del CPP. Continuó señalando que el recurrente no señaló de manera separada cada una de las normas violadas, ni expresó cómo debían ser aplicadas e interpretadas, aspecto que demostró la falta de fundamentación del recurso y consiguiente incumplimiento de subsanación de la observación. Sobre la denuncia de: `Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba Art. 370 Inc. 6) del CPP´, alegó que los fundamentos del recurso no establecían con claridad el agravio que demuestre la existencia del defecto absoluto denunciado y que el recurrente se limitó a reiterar los argumentos del recurso observado, sin referirse a las normas presuntamente violadas, ni sobre la aplicación que pretendía. Señaló también que si bien denunció que no se aplicó la sana crítica, omitió mencionar qué reglas que configuran la sana crítica fueron vulneradas y sobre qué medio de prueba, aspecto que también fue observado y no fue considerado por el recurrente a tiempo de presentar el memorial de subsanación. Finalmente, al referirse sobre el `defecto de sentencia Art. 370 Inc. 6)´, afirmó que no se subsanaron las observaciones realizadas sobre la incoherencia del planteamiento del recurrente, así como la estructura del recurso de apelación restringida, aclarando que el supuesto de Sentencia basado en hechos inexistentes difiere del concepto de Sentencia fundamentado en hechos no acreditados y éstos debían haberse desarrollado de manera independiente, pues al englobar ambos supuestos en un solo punto derivó en un fundamento carente de coherencia.
Esto significa en primer término, que el Tribunal de alzada adoptó la determinación de rechazar el recurso de apelación restringida formulada por el imputado, con base a criterios que fueron puestos en su conocimiento para su subsanación, considerando que el recurrente no había cumplido con los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, razón por la cual concedió al recurrente el término de tres días para que subsane los defectos en observancia del art. 399 del CPP.
Por otra parte, analizados tanto el recurso de apelación restringida como el memorial de subsanación, se tiene, en cuanto al primer motivo del recurso, que el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 308 del CP, tomando en cuenta que el delito de Violación es un delito de acción y que la Sentencia no indicó de qué forma hubiese tenido acceso carnal con la víctima, ni cuál fue el tipo de violencia ejercida sobre la víctima, arguyendo además que la prueba testifical y documental no lo incriminaba respecto al delito de Violación, y que al haber consentimiento de por medio en las relaciones sexuales con la víctima, su conducta se adecuaba al delito de Estupro previsto en el art. 309 del CP, que por ende también fue erróneamente aplicado; concluyó señalando que se demostraba la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, identificando los arts. 13, 14, 20, 308 y 309 del CP. Ahora bien, a raíz de las observaciones del Tribunal de alzada, en el memorial de subsanación, el recurrente estableció que la aplicación pretendida era la siguiente: i) Realizar una correcta aplicación de los arts. 13 y 14 del CP, pues no existe prueba que acredite la existencia del delito de Violación, sino más bien el de estupro, pues su actitud dolosa fue respecto a este segundo delito por el que debía ser sancionado; ii) Correcta interpretación del art. 20 del CP, pues su persona no es autora material directa de la comisión del delito de Violación, por ello no puede ser condenado como autor de dicho delito; iii) Respecto a los arts. 308 y 309 del CP, su correcta interpretación que derivaría en su absolución por el delito de Violación y su condena por el de Estupro. De lo expuesto, se advierte que el recurrente cumplió mínimamente con la observación del Tribunal de alzada, en virtud de presentar el reclamo conforme la hermenéutica establecida en el art 408 del CPP, para este recurso; es decir, dentro del plazo establecido por ley, citando concretamente las disposiciones que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y expresando la aplicación que pretendía”.
Por tanto: Deja sin efecto.
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SALA CIVIL Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez Magistrado Presidente Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera
Dr. Antonio Guido Campero Segovia
Magistrado Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Auto Supremo: Nº 09/2015 de 29 de enero.
Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca.
Derecho de Seguridad Social/ Largo Plazo/ Renta de Vejez/ Calificación/ La recuperación de los montos devengados concierne al SENASIR y no al asegurado
Ante la falta de pagos a la Caja, el empleador es directamente responsable de esos aportes, el trabajador no pierde las prestaciones impagas, sino que éstas, deben ser canceladas íntegramente por el ente gestor, quien tiene la obligación de realizar los cobros correspondientes, pues la recuperación de montos devengados por la Compañía Minera Orlandini Ltda., concierne al SENASIR y no así a la asegurada
“…el ente gestor específicamente denuncia que, el Ad quem al dejar sin efecto la Resolución Nº 11300 emitido por la Comisión de calificación de rentas y disponer un cálculo de aportes tomando en cuenta los periodos enero de 1990 a abril de 1997 y el salario cotizable según los documentos que pueda comprobarse legalmente en cumplimiento de las observaciones realizadas en el Auto de Vista, desconoció lo dispuesto por el art. 180.I de la CPE, Ley Nº 65, DS Nº 0822, RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y arts. 1296.I y 1523 del Código Civil.
De los antecedentes remitidos en casación se establece que, la Comisión de calificación de rentas del SENASIR para pronunciar la Resolución Nº 11300 de 13 de noviembre de 2012, se basó en el Certificado de Salarios y Densidad de Años de Aporte emitido por el Área de Certificación y Archivo Central del SENASIR (fs. 16), en el que se resaltó el Instructivo 094.12 de 9 de mayo de 2012 (fs. 14); al ser impugnada dicha Resolución, la Comisión de reclamación dictó la Resolución Nº 00862/13 de 8 de noviembre, confirmando la resolución refutada, señalando que: ‘Respecto al periodo reclamado (01/90 a 04/97), el mismo NO se certifica en cumplimiento al instructivo 094.12 de fecha 09 de mayo , e Informe emitido por la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización (VAR/020/2012) sobre los Aportes al Seguro Social a largo plazo de la Compañía Minera Orlandini Ltda. Se aclara que la certificación de Aportes y/o Salario de los Ex trabajadores de la Empresa Minera Orlandini Ltda., debe provenir de acuerdo a documentación perteneciente a la Unidad de Archivos de Certificación CC, No debiendo tomar en cuenta en ningún momento aspecto las planillas que cursan en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización, amparado en el referido Informe Técnico emitido por la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización (VAR/020/2012)’ (sic).
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Ante este escenario la beneficiaria interpuso recurso de apelación (fs. 43-44) que fue resuelto mediante el Auto de Vista hoy debatido, concluyendo: ‘…en el mismo expediente cursa documentos idóneos como: el certificado de trabajo, record de Servicios (…) que evidencia que efectivamente la Sra. Mendoza García ha trabajado en la Empresa Minera Orlandini Ltda. de marzo de 1989 a abril de 1997; si el sistema de Repartos no cuenta con estos documentos no es de responsabilidad del trabajador que aportó en su momento para su jubilación, además la administración de pensiones tiene los mecanismos legales para el cobro coactivo en base a la normativa legal del empleador; además la norma adjetiva permite salvar estas contingencias para el cálculo como ser el art. 83 del Manual de prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Ministerial 10.0.0.087/97…’ (sic); posición y razonamiento que condice con una adecuada y correcta apreciación de los datos del proceso y la efectivización de los principios establecidos por el art. 45 de la CPE.
Sobre dicha determinación, si bien, los arts. 196 del Código de Seguridad Social (CSS) y 475 de su Reglamento (R-CSS), instituyen que el trabajador por quien no se hubiese pagado las cotizaciones requeridas, no tendría derecho a las prestaciones correspondientes; es necesario realizar una interpretación contextualizada y armónica de dichas previsiones con la Constitución Política del Estado y art. 194 del CSS, para concluir que al ser el empleador directamente responsable de esos aportes, el trabajador no pierde las prestaciones impagas, sino que éstas, deben ser canceladas íntegramente por el ente gestor, quien tiene la obligación de realizar los cobros correspondientes, recuperando en su integridad los importes adeudados, más los intereses por mora, multas y otros; en ese contexto, no es posible aceptar la aplicación del art. 80 del DS Nº 0822, pues en el caso concreto, la recuperación de montos devengados por la Compañía Minera Orlandini Ltda., concierne al SENASIR y no así a la asegurada; ante esta conclusión lo dispuesto en el Instructivo 094.12 de 9 de mayo de 2012, de ‘proceder a la Certificación de Aportes y/o Salario de los Trabajadores de la Empresa Minera Orlandini, con la documentación que cursa en archivos de Certificación CC y NO debiendo tomar en cuenta en ningún aspecto las planillas que cursan en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización con respaldo en el Informe Técnico VAR/020/2012’ (sic), es contraria a los dispositivos legales precedentemente citados; por lo que no es evidente que el Tribunal de alzada, hubiera interpretado errónea o aplicado indebidamente las normas citadas por el recurrente”.
Por tanto: Infundado.
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2015.pdf · páginas 142 a 148.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7a38ec867dd2c25b85f5a1cfa84abdcd20319ea653fe1016d094a7ddb2c3265f
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