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AS 0489/2026-A

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Penal · 10 de abril de 2026

Recurso inadmisible

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Penal
Fecha
10 de abril de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, cursantes de fs. 317 a 319 vta. y 328 a 333 vta., respectivamente.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 0489/2026-A

Sucre, 10 de abril de 2026

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD: Oruro 30/2025 Proceso

Autónomo Público y Gobierno Parte acusadora : Ministerio Departamental de Oruro

Parte acusada Armin Gerardo Lero Martínez

Delito : Incumplimiento de Deberes, art. 154 del Código Penal (CP)

1. VISTOS: Por memoriales presentados el 5 de febrero de 2025, de fs. 317 a 319 vta., y 328 a 333 vta., el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro respectivamente, impugnan el Auto de Vista 10/2025 de 27 de enero, de fs. 306 a 311 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal que siguen contra Armin Gerardo Lero Martínez, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP.

II. ANTECEDENTES

11.1. Sentencia

Por Sentencia 56/2024 de 18 de julio, de fs. 39 a 55, el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Armin Gerardo Lero Martínez, absuelto de culpa y pena por el delito de Incumplimiento de Deberes, al no haber sido suficiente la prueba aportada para generar convicción sobre su responsabilidad penal.

11.2. Apelación restringida y Auto de Vista

Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro formularon los recursos de apelación restringida de fs. 61 a 65 vta. y 70 a 75 vta., resueltos por el Auto de Vista 10/2025 de 27 de enero de fs. 306 a 311 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos interpuestos confirmando la Sentencia apelada.

III. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

111.1. Recurso de Casación del Ministerio Público

Denuncia que la Sala Penal Primera no otorgó respuesta suficiente a los agravios expuestos en apelación restringida relacionados con los defectos de sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), referidos a falta de fundamentación, contradicción interna y valoración defectuosa de la prueba.

Sostiene que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre diversos elementos probatorios documentales que, a su criterio, demostraban la existencia de un doble pago salarial a 106 funcionarios del Hospital General San Juan de Dios y la responsabilidad del acusado en tales hechos, sin tener ningún descargo de que los salarios hayan sido devueltos. Asimismo, el Auto de Vista se limitó a señalar que no correspondía revalorizar prueba, sin responder específicamente a los cuestionamientos formulados respecto a la motivación de la Sentencia absolutoria.

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 183 de 6 de febrero de 2007 y 448 de 12 de septiembre de 2007, señalando que ambos establecen la obligación de que las resoluciones judiciales contengan fundamentación suficiente, respuesta expresa a los agravios planteados y análisis integral de la prueba producida en juicio.

111.2. Recurso de casación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro

Denuncia la vulneración a la garantía del debido proceso, específicamente en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al considerar que el Auto de Vista 10/2025 carece de un análisis profundo y razonado sobre los agravios expuestos en la apelación restringida, omitiendo pronunciarse sobre la aplicación del principio iura novit curia y la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. del CP).

En relación al primer motivo menciona la errónea aplicación del art. del CP respecto a la errónea fundamentación en relación a la participación criminal que carece de una adecuada calificación del hecho, la Sala Penal Primera al dictar el Auto de Vista recurrido, debió analizar si ante la presunta insuficiencia del tipo penal de Incumplimiento de Deberes, la Juez tenía la facultad y el deber de adecuar la conducta a otro tipo penal, como el de Conducta Antieconómica, en virtud de la carga probatoria presentada. La omisión de este análisis, o el rechazo del mismo mediante una fundamentación aparente o insuficiente, configura el defecto de h gtah d nyame sentencia.

Referente al segundo motivo, denuncia que la Sentencia carece de fundamentación y motivación suficiente, al no explicar de manera clara los elementos que sustentan la absolución del acusado ni otorgar una valoración integral a la prueba producida, como ser la MP-D1, MP-D2, MP-D3 y MP-19. Asimismo, el Auto de Vista recurrido tampoco brindó respuesta concl-eta a dichos cuestionamientos, limitándose a señalar de manera genérica que el recurso de apelación no cumplía con identificar adecuadamente los defectos denunciados ni la normativa presuntamente vulnerada. En ese entendido, cuestiona que el Tribunal de Alzada se haya limitado a reiterar argumentos formales y jurisprudencia, sin emitir una respuesta debidamente motivada respecto ál agravio relativo al defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP.

Cita como precedentes contradictorios los AASS 329 de 29 de agosto de 2006, 431/2006 de 11 de octubre y 315 de 25 de agosto de 2006, con relación a la errónea aplicación de la Ley sustantiva y calificación del tipo penal.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1V.1. Del derecho a la impugnación multinivel

Previo a referirnos sobre el recurso de casación y su admisibilidad, incumbe manifestar que, el derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria; en ese, sentido conforme lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.

Bajo ese marco normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, sostuvo que:

"La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marca del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defénsa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evItar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona" (el resaltado es añadido).

Del mismo modo, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que:

"... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable" (las negrillas son nuestras).

En el ámbito nacional, la Norma Suprema mediante el art. 180.11, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales, y el art. 394 del Código de Procedimiento Penal (CPP), consagra el derecho a recurrir, señalando que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante".

Por su parte, el Auto Supremo (AS) 013/2013-RRC de 6 de febrero, respecto del derecho a recurrir precisó que el mismo:

"(...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicio, lo que importo, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia" (el resaltado es propio).

De lo descrito, es posible establecer que la impugnación se constituye en derecho y principio consagrado en el Bloque de constitucionalidad integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y Normas de Derecho Comunitario ratificados por el país conforme el art. 410.1de la CPE, y se encuentra reconocido y garantizado ampliamente por la Corte IDH y las instancias que imparten justicia en el ámbito nacional.

IV.2. Del recurso de casación y presupuestos

En referencia al derecho a recurrir, claramente establecido en líneas precedentes, incumbe remitirnos al recurso de casación como un mecanismo de impugnación en el ámbito penal, el art. 416 del CPP, preceptúa que, este recurso procede para impugnar Autos de Vista emitidos, por los ahora denominados, Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Justicia), que contravengan otros precedentes dictados por las Salas Penales de dichos Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el art. del mismo cuerpo procesal legal, establece los requisitos que deben observarse para su interposición: el primero, relacionado al carácter temporal que exige su presentación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o, en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que pronunció la resolución objetada; y, el segundo concerniente al deber de invocar el precedente contradictorio al momento de la interposición del recurso de apelación restringida; en tal sentido, conforme a las citadas normas, la simple mención y cita de dicho precedente resulta insuficiente, recayendo en el recurrente la carga procesal de expiicitar, con claridad y precisión, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado.

Bajo ese entender, el recurrente, tiene el deber de exponer de manera fundada la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada y otros precedentes, consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, mediante la comparación de hechos análogos y de las normas aplicadas con interpretaciones jurídicas divergentes. Por consiguiente, resulta ineficaz la mera mención, invocación o transcripción del precedente, así como la argumentación subjetiva del recurrente sobre su parecer respecto a la resolución de la alegación, siendo imperativa la adecuación del recurso a la normativa legal descrita. A lo expresado, concierne puntualizar un aspecto muy importante relacionado a la invocación del precedente, en sentido que, los Autos de Vista y los Autos Supremos citados o invocados por el recurrente, deben estar vigentes y conservar su calidad de precedentes en vigor, y no tratarse de un Auto de Vista que fue dejado sin efecto por el Auto Supremo, o que este último fue anulado por una acción constitucional, ya que, de presentarse estas situaciones, los precedentes invocados carecerán de efectos jurídicos para el caso concreto. ,

Por su parte, cuando el art. 416 del CPP, se refiere a la invocación de precedentes, está haciendo alusión a los Autos de Vista dictados por los vigentes Tribunales Departamentales de Justicia o los Autos Supremos emitidos por el actual Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal, y no a la invocación de Sentencias Constitucionales como precedentes; al respecto, este Tribunal mediante la jurisprudencia desarrollada fue categórico en señalar de manera uniforme, sobre la imposibilidad de fundar un recurso de casación en la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y una Sentencia Constitucional; en tal sentido, el AS 079/2021-RA de 15 de marzo, entre otros estableció lo siguiente:

"(...) Con relación a la temático planteada invocaron como precedentes contradictorios sentencias constitucionales SCP0450/2012 de 29 de junio y SC 0217/2006-R de 7 de marzo, las cuales versan sobre la no impugnación de las resoluciones una vez que estas adquieren autoridad de cosa juzgada y la SC 1386/2005-R relacionada al principio de favorabilidad. Se debe tener preserlte que las Sentencias Constitucionales, no cuentan con la calidad de precedentes contradictorios debido a que no se encuentra bajo los alcances del art. 416 del CPP; aspecto que hace inviable su consideración a efectos del contraste" (negrillas añadidas).

En consecuencia, el recurrente debe tener presente que las Sentencias Constitucionales, no pueden ser invocados como precedentes contradictorios, conforme lo explicado en la jurisprudencia citada.

IV.3. De la flexibilización a los presupuestos de admisibilidad.

Si bien el recurrente tiene el deber de cumplir con los presupuestos normativos desarrollados precedentemente; empero, existe la doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permiten, de forma excepcional, la apertura de la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y manifiestas infracciones a los derechos y garantías constitucionales de las partes que constituyan vicios absolutos insubsanables.

Cabe destacar que, esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos fue adoptada por este Tribunal, mediante los Autos Supremos (AASS) 026/2012 de 29 de febrero y 312/2012 de 30 de noviembre, precisando lo siguiente:

"Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional"

(el resaltado es ilustrativo).

Razonamiento que fue ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SSCCPP) 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales, ocurridas en la tramitación de los procesos.

En similar línea de razonamiento, el AS 051/2014-RA de de marzo, con relación a la denuncia de falta de fundamentación o incongruencia omisiva y defectuosa valoración de la prueba, fue categórico en señalar los siguientes presupuestos que deben ser cumplidos de forma inexcusable por el recurrente, a los fines de que esta Sala Penal pueda aplicar los criterios de flexibilidad para la admisión del recurso de casación.

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"Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: 1) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no merecio o merecieron debida fundamentación u omisión cle respuesta; ü,1 identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivacion y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denunc+as genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.

Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, la vulneración de derechos y garantías constitucionales emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) Especificar que prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sirio distinta, se entiende favorable a sus pretensiones"

(énfasis agregado).

Como se advierte, la aplicación de la doctrina de la flexibilización a tiempo de examinar el presupuesto primario del recurso de casación, requiere de información para el ejercicio de la fiscalización judicial.

A lado de ello, ante graves y manifiestos casos de transgresión de derechos y garantías constitucionales, el tecnicismo recursivo no puede constituirse en la barrera formalista para la reparación y protección jurídica del ciudadano recurrente que clama justicia, porque el valor justicia no es una declaración retórica, más bien, un pilar fundamental del Estado Boliviano; consiguientemente, la Sala Penal abrirá competencia cuando del argumento recursivo y la información suficiente se advierta la flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales, aun los presupuestos flexibles de admisión no sean expresamente señalados, criterio compatible con la SCP 0609/2024-S1 de 24 de septiembre.

V. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD

V.1. Del plazo de presentación

En el caso de autos, se advierte que el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 29 de enero de 2025 conforme la diligencia a fs. 312 y 313, interponiendo ambos los recursos de casación el 5 de febrero del mismo año, según Buzón Judicial y timbre electrónico a fs. 315 y 328; al respecto, se establece que los recursos fueron presentados dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en observancia del requisito temporal exigido por el primer párrafo del art. 417 del CPP; en cuyo mérito, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

V.2. Verificación de los presupuestos de contenido

A los fines de establecer la concurrencia o no de los requisitos exigidos por la norma para la admisión de los recursos de casación, es necesario puntualizar previamente que, presentado el recurso de casación y remitidos los antecedentes en observancia del art. 418 del CPP, corresponde a esta Sala Penal la verificación de los requisitos de admisibilidad a ser observados, como los referidos al cumplimiento del plazo de su interposición, a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en observancia del art. 394 del cuerpo procesal penal, en sus párrafos primero y segundo, respectivamente; además, de los demás requisitos de contenido descritos en el art. 417 del CPP; esto significa que, la labor encomendada por la norma, debe centrarse en la verificación del cumplimiento del plazo de presentación del recurso, si la resolución es o no impugnable, si quien recurre tiene o no facultad para hacerlo, además, de verificarse dentro del juicio de admisibilidad, que en el contenido del recurso de casación se señale con precisión la contradicción en términos precisos, entre el o los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, según la previsión del art. 416 del CPP que dispone: "El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Corte Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema"; considerando que, la finalidad que tiene el recurso de casación en el régimen de los medios de impugnación, es la uniformización y unificación de jurisprudencia y la aplicación de la ley en forma homogénea.

V.2.1. Del recurso de casación del Ministerio Público

Del examen del recurso de casación se advierte que el Ministerio Público denuncia, en esencia, que el Auto de Vista 10/2025 habría incurrido en falta de fundamentación al declarar improcedente su recurso de apelación restringida, sosteniendo que el Tribunal de Alzada no habría otorgado respuesta suficiente a los agravios vinculados a los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 5) y 6)

del CPP, referidos a la supuesta insuficiente fundamentación de la Sentencia absolutoria y a la defectuosa valoración de la prueba producida en juicio.

Asimismo, invoca como precedentes contradictorios los AASS 183 de 6 de febrero de 2007 y 448 de 12 de septiembre de 2007, alegando que el Tribunal de Apelación se limitó a formular consideraciones genéricas sin resolver de manera concreta los agravios expuestos en apelación restringida, sin embargo, no logró precisar la contradicción entre el Auto de Vista confutado y los precedentes invocados, a &tad°, 30h),,z ny,(~' dra d partir de la concurrencia de situaciones similares, incumpliendo una carga de I responsabilidad exclusiva de quien recurre de casación, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del mismo cuerpo legal, con relación al art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOA en caso de ser evidente la denuncia efectuada, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de Apelación; requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso y que se constituye en una obligación que tiene trascendental importancia, de ahí partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo; por cuanto, de la invocación del contenido del memorial no se advierte ninguna precisión de contradicción, por lo que no se cumplió con los presupuestos establecidos para la admisión de su casación, debido a que la entidad recurrente más que alegar una contradicción jurisprudencial, reitera su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada en la causa; omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, además de ser necesario reiterar que los fallos de la jurisdicción constitucional no constituyen precedentes a los fines del recurso de casación, en incumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP.

Tampoco concurren los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el cápite IV.3 del presente Auto Supremo; pues, a pesar de alegar que el Tribunal de Alzada asumió una posición respecto a su reclamo de apelación, no detalla con precisión en qué consistiría la restricción o disminución de derechos o garantías constitucionales, omitiendo proporcionar insumos necesarios para comprender su reclamo, cuando en casos como el presente, resulta necesario que a partir de la clara identificación de razones asumidas por el Tribunal de Alzada para declarar la improcedencia de una apelación restringida, se exponga de forma clara y precisa del por qué son contrarios a la norma y vulneratorias ide derechos y garantías constitucionales; además, de evidenciarse que en el recurso no se precisa cuál el resultado dañoso emergente de algún defecto, en el que hubiere incurrido el Auto de Vista, denotando la ausencia de suficiente información generada por la falta de carga argumentativa que corresponde a quien recurre de c sación, incurriendo en una falencia recursiva que no puede ser suplida de oficio p r esta Sala, sujeta en su actuación al principio de imparcialidad.

En consecuencia, se concluye t: ue el recurso sujeto a análisis, incumple las previsiones y exigencias contenid s en el art. 416 y siguientes del CPP, así como los presupuestos de flexibilización inadmisible el recurso interpuest ara su admisión extraordinaria, deviniendo en por el Ministerio Público.

V.2.2. Del recurso de casación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro De la revisión del recurso de casación interpuesto el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro contra el Auto de Vista, se advierte que denuncia como primer agravio que, dicha resolución habría incurrido en falta de fundamentación al declarar improcedente la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP, referida a la incorrecta interpretación y aplicación del art. 154 del CP, señalando que el Tribunal de Alzada no efectuó un análisis de fondo respecto de la tipicidad de la conducta atribuida al acusado ni de los fundamentos expuestos en apelación restringida.

Como segundo motivo, denuncia que el Auto de Vista carecería de una adecuada motivación respecto al defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, afirmando que la Sentencia absolutoria no otorgó una valoración individualizada y suficiente a la prueba producida en juicio y que el Tribunal de Apelación se limitó a formular consideraciones genéricas sin responder concretamente a los agravios planteados.

Se advierte que el recurso sujeto al presente análisis adolece de falencias recursivas atribuibles a la entidad recurrente, que no pueden ser subsanadas por esta Sala Penal regida en su actuación bajo el principio de imparcialidad; lo que significa que la forma inadecuada de formular su recurso, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo de la problemática planteada; por. cuanto invoca los precedentes contradictorios AASS 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006, los mismos que omite explicar en términos precisos la contradicción existente entre estos y el Auto de Vista impugnado, siendo necesario reiterar que, los fallos de la jurisdicción constitucional no constituyen precedentes a los fines del recurso de casación. En consecuencia, se advierte que la entidad recurrente incumple con las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, para que este Tribunal, asuma competencia conforme el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, ya que la falta de precisión de contradicción imposibilita a esta Sala ingresar al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de Apelación, al requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso y que se constituye en una obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo; por lo que, resulta evidente la insuficiencia en la técnica recursiva empleada en este recurso; omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Tampoco concurren los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV.3 del presente Auto Supremo; pues, no 0 &icih zac iaIb.

›ch•rwd ny,~' identificó cuál sería la restricción o disminución de derechos o garantías constitucionales, omitiendo proporcionar motivos necesarios para comprender su reclamo, cuando en casos como el presente, resulta necesario que a partir de la clara identificación de razones asumidas por el Tribunal de Alzada para declarar la improcedencia de una apelación restringida, se exponga de forma clara y precisa del por qué son contrarios a la norma y vulneratorias de derechos y garantías constitucionales; denotando la ausencia de suficiente información generada por la falta de carga argumentativa y evidenciando la falencia recursiva, se concluye que el recurso sujeto a análisis, incumple las previsiones y exigencias contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, así como los presupuestos de flexibilización para su admisión extraordinaria, deviniendo en inadmisible.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, cursantes de fs. 317 a 319 vta. y 328 a 333 vta., respectivamente.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0489_2026-A_SalaPenal.pdf · páginas 1 a 12.

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