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AS 506/2014-RRC

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Penal · 1 de octubre de 2014

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Penal
Fecha
1 de octubre de 2014
Recurso
Recurso de casación
Magistrado relator
Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Doctrina

Derecho Penal Sustantivo / Ley Penal / Aplicación de la norma penal en el tiempo.

Los jueces y tribunales para imponer la pena deben considerar no solo la norma aplicable en el momento de la comisión del delito, también la pena más leve, si con posterioridad a la comisión del ilícito la ley dispone una pena menor.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 506/2014-RRC de 1 de octubre. Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina.

Sala Penal

“El alcance de este principio encuentra un desarrollo a nivel de los instrumentos internacionales, tan es así que el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece que: `Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello´. (El resaltado es nuestro). Principio que también se encuentra contenido en los arts. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El contenido de dicho precepto viene a complementar en forma expresa lo previsto en el art. 123 de la CPE, en cuyo texto se establece la aplicación retroactiva de la ley penal `siempre y cuando beneficie al imputado o a la imputada´, al determinar que no se puede imponer pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito, adicionando el mandato de imponer la pena más leve, si con posterioridad a la comisión del delito la ley penal dispone una pena más benigna; es decir, aplicar como principio rector: la ley penal más favorable.

Bajo estas precisiones es importante resaltar, que la relevancia de este principio y su fiel observancia ha sido destacada por el sistema interamericano, estableciendo su carácter medular en todo Estado de Derecho. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor vs. Panamá, determinó que `en un Estado de Derecho, los principios de legalidad y retroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo´.

Lo precedentemente señalado, obliga a que los tribunales, en sujeción del principio de legalidad, al imponer la pena no sólo observen la norma aplicable en el momento de la comisión del delito, sino que apliquen la norma penal más favorable, beneficiando al condenado con la pena más leve si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena menor. Esta sujeción al principio de legalidad, vincula en nuestro ordenamiento jurídico no sólo a los jueces y tribunales de sentencia, sino también a los Tribunales de apelación, así como a este Tribunal Supremo, en el marco de sus respectivas competencias”.

Derecho Procesal Penal / Ley penal / Aplicación de la norma penal en el tiempo/ Ley penal vigente.

En aplicación del principio de la legalidad, los jueces y tribunales de juicio deben imponer la pena, con la ley penal vigente a momento de la comisión del ilícito.

“En cuanto al agravio referido a que la sentencia carece de fundamentación y es contradictoria en cuanto a la aplicación de la pena, el recurrente en apelación restringida, concretamente en el punto 4, como otro aspecto de Sala Penal apelación hizo notar errónea aplicación de la pena, señalando que el Código Penal en cuanto al delito de Abuso Deshonesto, sanciona con la pena de 10 a 15 años y con agravante podría llegar a 20 años; de la revisión de la Sentencia, este aspecto ciertamente no ha sido debidamente valorado y aplicado en la imposición de la pena.

En efecto, el tipo penal Abuso Deshonesto, ha sufrido numerosas modificaciones. Así de una revisión de las diferentes reformas se tiene que por Ley 2033, de 29 de octubre de 1999, de Protección a las Víctimas de delitos contra la libertad sexual, art. 7 se modifica el texto disponiendo lo siguiente:

`Artículo 312. (Abuso Deshonesto). El que en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308, 308 bis y 308 ter, realizara actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. Si la víctima fuere menor de catorce (14) años, la pena será de cinco (5) a veinte (20) años. La pena se agravará conforme a lo previsto en el Artículo 310 de este Código´.

Posteriormente, el art. 18 de la Ley Nº 054, de Protección legal de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 10 de noviembre de 2010, determinó la siguiente modificación:

`Artículo 312. (Abuso Deshonesto). El que en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308, 308 bis y 308 ter, realizara actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. Si la víctima fuere menor de catorce años, la pena será de diez a quince años.

En los demás casos, la pena se agravará conforme lo previsto en el Artículo 310 de este Código´.

Actualmente, el art. 83 de la Ley 348, de 9 de marzo de 2013, `Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia´, modifica el art. 312 con el siguiente texto:

`Artículo 312 (Abuso Sexual). Cuando en las mismas circunstancias y por los mismos medios señalados en los artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad.

Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años´.

Ahora bien, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este Auto Supremo, cumple a los tribunales de justicia sujetarse al principio de legalidad y al momento de imponer la pena observar la norma aplicable en el momento de la comisión del delito, y en su caso, aplicar la norma penal más favorable, beneficiando al condenado con la pena más leve si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena menor. De una revisión de los antecedentes procesales respecto a la fundamentación fáctica, el hecho en el caso en examen sucedió el 24 de septiembre de 2012, lo que implica que el Tribunal de Sentencia debió considerar la norma aplicable en el momento de la comisión del delito.

Sala Penal La Sentencia emitida en el caso de autos, si bien en el apartado VI, Imposición de la pena, realizó una adecuada motivación y fundamentación en cuanto a las circunstancias en que ocurrió el hecho y las disposiciones a ser valoradas en la imposición de la pena, en la parte resolutiva concluyó sancionando al imputado a la pena de 25 años de privación de libertad en la que se incluyó la agravante; es decir, no aplicó de manera correcta la norma penal para imponer la pena, toda vez que el Código punitivo vigente a esa fecha y año por disposición del art. 18 de la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, sancionaba el delito de abuso deshonesto con una privación de libertad de uno a cuatro años; si la víctima era menor de catorce años, como en el caso de autos, la pena a imponerse oscilaba entre diez a quince años, al margen de la agravante prevista en el art. 310 del mismo Código; lo que permite evidenciar que se vulneró el principio de legalidad.

Consecuentemente, el Tribunal en el caso de autos, al haber sancionado al imputado con una pena que no estaba vigente en el momento del hecho, vulneró el debido proceso, teniendo en cuenta que para la sanción penal o imposición de la pena, el Tribunal debió observar la norma vigente al momento del hecho conforme determina el art. 116.II de la CPE, que señala: `Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible´, norma constitucional que guarda coherencia con los arts. 4 del CP, 6 y 70 del CPP y lo previsto en el art. 9 de la CADH, toda vez que no se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

Por tanto: Deja sin efecto.

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Sala Social Primera

Dr. Antonio G. Campero Segovia Magistrado Sala Social y Administrativa Primera

Dr. Pastor S. Mamani Villca Presidente Sala Social y Administrativa Primera

Sala Social I

“Para resolver la cuestión debatida en autos, hay que determinar cuál es la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, como consecuencia del trabajo prestado por el actor para el demandado, para lo que debe tenerse en cuenta la realidad de esa relación, pues los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional independientemente de la denominación que se les otorgue; por lo que para establecer su auténtica naturaleza, debe tenerse en cuenta la realidad de su contenido, manifestado por los actos realizados en su ejecución, mismo que debe prevalecer sobre el ‘nomen iuris’ asignado por los contratantes; ya que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no está a su libre disposición, sino que su calificación debe derivar del contenido real de las prestaciones concertadas, y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual. El elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el contrato civil de obra, radica en que el trabajo se preste dentro o fuera del ámbito de organización y dirección del empresario; puesto que en ambos supuestos las partes convienen la realización de obra que constituyen el objeto del contrato a cambio de un precio cierto, así en el contrato de arrendamiento de servicios lo característico es la prestación de estos últimos mediante la contrapartida de un precio o remuneración pactada, en el contrato de trabajo, se produce también, ese intercambio de prestación de servicios por pago de un precio pero, a través de las notas específicas de ajeneidad y dependencia que son, precisamente, las que permiten su encuadramiento en el ámbito de la legislación laboral. En el contrato de trabajo, el trabajador utiliza los medios que son propios de la empresa, que ejerce también facultades de control sobre su ejecución, requisito de dependencia se acredita fácilmente cuando el trabajador tiene un puesto en la empresa, sometido a un horario fijo y a las instrucciones de la empresa sobre el modo de realizar el trabajo, así como porque puede ser sancionado por hechos relacionados con la prestación del servicio. En los contratos civiles, el personal contratado realiza el servicio con sus propios medios, organizándolo autónomamente, sin que el empresario disponga de facultades de control y dirección del mismo. En ese sentido, en los casos como el presente para determinar si nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de servicios o ante un contrato de trabajo deben considerarse entre otros aspectos si la obra que se encomienda está relacionada al giro de la empresa, la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario, el desempeño personal del trabajo, la adopción por parte del empleador de Auto Supremo: 190/2014 de 26 de junio.

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca.

Relación laboral / Contrato de trabajo o Contrato Civil de Obra / Debe tenerse en cuenta que la actividad que desarrolló el actor esté relacionada al giro de la empresa, en aplicación del principio de la primacía de realidad.

Sala Social I las decisiones concernientes a las relaciones con los clientes, el pago de un sueldo que puede ser el pago de una tarifa por metro cuadrado trabajado, que en el caso estaban traducidas en el pago de un sueldo con criterios o factores estandarizados de actividad, manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena. En el caso, existen dos contratos de obra suscritos entre el recurrente y el actor que determinan el objeto del contrato de obra, su plazo, la modalidad del trabajo y el pago por obra; asimismo establecen que los riesgos de la obra corresponden al contratista, quien podía contratar a terceras personas bajo su cuenta y riesgo. Asimismo, constan varias órdenes de obra (fs. 39 a 44), cada una, según la obra tenía un precio diferente, la fecha inicio de la obra y la fecha de conclusión de la misma. Sin embargo, esas características contenidas en el contrato no son suficientes para llegar a la convicción de que en el caso no existe una relación laboral, por cuanto, como señaló el Tribunal de apelación en aplicación del principio de primacía de la realidad debe tenerse en cuenta que la actividad que desarrolló el actor está relacionada al giro de la empresa, en este caso de la carpintería ‘Nueva Idea’, el contratado (demandante) desarrollaba su trabajo en la carpintería y utilizaba sus medios, firmaba un libro de control de asistencia elementos considerados en su conjunto permiten concluir que en el caso existió una relación laboral, enmascarada en un contrato de obra civil. Ahora bien, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, en concordancia con la norma del mismo rango Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, disponen con total claridad la constitución de las características esenciales de la relación laboral y los principios que se aplican en relación con ella. A saber: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. En la especie, como acertadamente interpretó el Tribunal de Alzada, existió entre el actor y la demandada, relación de dependencia y subordinación, pues el desarrollo del trabajo no podía ser efectuado por cuenta y riesgo del ex trabajador; el tamaño, modelo, determinación del precio y su comercialización eran definidos y se desarrollaban sobre la base de las decisiones del empleador, realizando el trabajo por cuenta ajena, en instalaciones, con materiales, equipos y herramientas de propiedad del empleador, en actividades propias y permanentes del giro de la empresa, percibiendo por ello una remuneración, sueldo, salario, emolumento o cualquier otra denominación que pudiera dársele, concurriendo en consecuencia las características esenciales de la relación laboral, en relación con los principios ya referidos en líneas precedentes y detallados en el art. 4 del DS Nº 28699”. Por tanto: Infundado.

Otros autos supremos de la Sala Penal

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 129 a 136.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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