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AS 394/2014-RRC

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Penal · 18 de agosto de 2014

Deja sin efecto el auto de vista

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Penal
Fecha
18 de agosto de 2014
Recurso
Recurso de casación
Magistrado relator
Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Doctrina

Derecho Procesal Penal / Juicio oral / Ausencia de fundamentación del incidente de nulidad sobre la exclusión probatoria. En la etapa del juicio oral, negada la exclusión probatoria por el juzgador y emergente de ello se interponga un incidente de nulidad por defectos absolutos, el juez o tribunal debe otorgar respuesta debidamente fundamentada –por ser el momento oportuno para plantearlo-, lo contrario significaría asumir un entendimiento errado del art. 172 del CPP.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 394/2014-RRC de 18 de agosto. Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina.

de los recurrente. Un razonamiento contrario, impediría que los defectos absolutos a los que podría incurrirse en la tramitación del juicio oral no puedan ser atendidos si se adopta el criterio que todos deben ser presentados en un solo acto y al inicio del juicio oral, cuando conforme con lo establecido en líneas precedentes las exclusiones probatorias deben ser presentadas en el momento de su judicialización, y no así al inicio del juicio, toda vez que la parte contraria no tiene certeza aún si las pruebas ofrecidas serán producidas o retiradas en el juicio oral o no se las introducirá al juicio por la parte proponente.

En este sentido, el Tribunal de alzada asumió un entendimiento contrario al sentido de la norma contenida en el art. 172, cuya interpretación debe estar orientada a lograr la funcionalidad y finalidad por el que fueron instituidas dentro del proceso”.

“Al razonamiento que antecede debe añadirse que el Tribunal de alzada con relación a la denuncia de falta de resolución expresa respecto a los incidentes de exclusión probatoria y de defectos absolutos, efectuó la siguiente fundamentación: `Los apelantes pretenden que se anule obrados sin tener en cuenta que se ha cumplido a cabalidad con lo previsto en el procedimiento penal, porque el saneamiento del proceso se llevó a cabo ante el Juez de Sentencia al momento en que la defensa planteó los incidentes y exclusiones probatorias que fueron resueltos por el Juez de la causa, autoridad que rechazó el incidente de exclusión probatoria y el de defectos absolutos por la oscura fundamentación carente de toda base legal, debido a que el abogado de la defensa no mencionó una sola norma escrita en la cual amparaba su petición; por lo que el Juez inferior hizo una correcta valoración y aplicación de la SC 1369/2010, no siendo viable retrotraer el proceso porque dilataría aún más el trámite normal de la causa´ (sic).

Del contenido de dicha fundamentación se advierte que el Auto de Vista impugnado, carece de uno de los elementos esenciales que hacen a una resolución debidamente motivada, cual es la legitimidad, en el entendido que toda resolución debe obedecer a la verdad jurídica de los actuados procesales ocurridos y que consten en el expediente; su ausencia significa incurrir en falta de fundamentación, según se ha precisado en el Fundamento Jurídico III.2.1. de esta Resolución. En la causa, el Tribunal de alzada determinó que hubo saneamiento procesal y que el Juez Octavo de Sentencia resolvió los incidentes formulados por los recurrentes, cuando de una revisión de los datos que informa el expediente y conforme se ha constatado en el apartado II.1.2 de este Auto Supremo, no existe ninguna resolución expresa con relación a los Derecho Procesal Penal / Recursos/ Recurso de apelación restringida/ Resolución/ Ilegal / Resolución sin la debida fundamentación.

La Resolución de alzada debe contener el elemento esencial de la legitimidad, en el entendido de obedecer a la verdad jurídica de los actuados procesales ocurridos y que consten en antecedentes, de no hacerlo se incurre en una falta de fundamentación.

incidentes de exclusión probatoria ni de defectos absolutos formulados por la defensa de los recurrentes”.

Por tanto: Deja sin efecto.

“…el debido proceso es entendido como “el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios´. (Gozaíni, Osvaldo Alfredo. El debido proceso en la actualidad Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Año 2004 Nº 2. Pág. 67). En este contexto, el debido proceso se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, al resultar una garantía expansiva y polivalente, pues se encuentra presente en todas las etapas del proceso penal, en el que se aplica la norma sustantiva y adjetiva, desde la investigación inicial ante la comisión de un hecho ilícito hasta la propia ejecutoria de la Sentencia; identificando como parte del debido proceso: el juicio previo, la intervención del Juez natural, la ley anterior (irretroactividad de la ley), inviolabilidad de la defensa en juicio, y declaración contra sí mismo, entre otros.

Precisamente la irretroactividad de la ley se encuentra garantizada por el art. 123 de la CPE, que establece que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, norma que impide la aplicación retroactiva de la ley para que no afecte la seguridad jurídica, ya que de permitirse esta actitud se cambiaría el derecho penal del acto a un derecho penal de autor.

Asimismo, vinculado al anterior artículo se encuentra el art.116.II de la norma fundamental que refiere que: “Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”, lo cual impide la aplicación retroactiva de la ley penal; coherente con esta disposición encontramos disposiciones de carácter internacional en los Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.2, la Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 9, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 15.1.

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 109 a 111.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

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