Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Penal · 4 de abril de 2022
Recurso fundado
S A L A P E N A L MAGISTRADO RELATOR: Dr. Edwin Aguayo Arando
INCIDENCIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado la doctrina respecto a la debida fundamentación, congruencia e incidencia para juzgar con perspectiva de género, adopta la normativa ordinaria y constitucional a efectos de conocer y resolver los procesos penales que tienen por finalidad la atención oportuna y resolución de causas por violencia de género atribuibles a los parámetros descritos en la Ley 348, para cuyo efecto los Tribunales Departamentales deben adoptar medidas que coadyuven a la investigación y sanción penal respecto a la incidencia de ilícitos penales contra las mujeres en su conjunto, teniendo para ello los mecanismos normativos, jurisprudenciales y toda Ley venidera que tenga por finalidad sancionar, proteger y cuidar a toda víctima de violencia, principalmente a niños, niñas y/o adolescentes y toda sociedad vulnerable.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
La parte recurrente advierte que el Tribunal de alzada no efectuó su labor de control de logicidad y legalidad respecto a las pruebas testificales de cargo de Patricia Torrico Torrico, Ilze Amanda Pérez Vargas, la declaración anticipada de las menores víctimas M.N.H., D.N.H., J.M.S., E.C.Q. y otros, que develan relatos desgarradores, dejando en estado de indefensión a las víctimas, ya que las declaraciones testificales de las menores no fueron consideradas por el Tribunal de Sentencia y menos en el Auto de Vista impugnado, teniendo simplemente que el Tribunal de apelación advirtió que no se logró establecer la culpabilidad de los acusados; empero, existe la errónea aplicación de la Ley Sustantiva, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.
“…este Tribunal Supremo de conformidad a los acápites IV.1, 2 y 3, ha desarrollado la doctrina respecto a la debida fundamentación, congruencia e incidencia para juzgar con perspectiva de género, que tiene incidencia en el fallo de mérito y que debe ser reflejado en las Resoluciones de los Jueces y Tribunales competentes, para lo cual en base a la congruencia se advierte que la base del juicio y el presente caso se apertura con la acusación fiscal y particular en contra de Joel Grover Quisberth Venegas, Javier Alonzo Choque Ortega y Víctor Augusto Choque Ortega por la presunta comisión de los delitos de Violación de Niño, Niña o Adolescente y Abuso Deshonesto, en el que el SEDEGES junto al equipo interdisciplinario integrado por psicólogas y trabajadoras sociales, efectúa el proceso de entrevista a las niñas AAA de 14 años de edad, BBB de 7 años de edad, CCC de 6 años de edad, DDD de 5 años de edad, EEE de 9 años de edad, FFF de 12 años de edad, del que se advierte la supuesta perpetración de delitos sexuales en su contra, y conforme a las pruebas literales consistentes en informe psicológico preliminar (MP-P1), certificados médicos forenses de 27 de noviembre de 2009, efectuado por la S A
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Médico Forense Dra. Miriam Rocabado Carvajal (MP-P2, MP-P3, MP-P4, MP-P5, MP-P6, MP-P7, MP-P8, MP-P9 y MP-P10) (…) En ese sentido el Tribunal de alzada no puede pasar por alto el proceso de verificación y control efectivo de la Sentencia respecto a la valoración integral de las pruebas de cargo y descargo, teniendo de por medio que la Sentencia en el Considerando V (Fundamentación intelectiva), simplemente otorga valor y efectúa criterio con relación a las pruebas signadas como MP-P16, MP-P3, MP-P19 y 20, MP-5 y 20, MP-P20 y 6, MP-P8 y 20, MP-P17 y 20, MP-20 y 14, MP-P11 y 20, MP-P19, MP-P12, MP-P8 y DP-1, 2, 5 y 6; sin que se constate el análisis integral con las pruebas (MP-P1), certificados médicos forenses de 27 de noviembre de 2009, efectuado por la Médico Forense Dra. Miriam Rocabado Carvajal (MP-P2, MP-P3, MP-P4, MP-P5, MP-P6, MP-P7, MP-P8, MP-P9 y MP-P10), respecto a las cuales es evidente que el Tribunal de alzada no efectuó el control de legalidad y logicidad a efectos de determinar si dichas pruebas tuvieron o no mérito para la emisión del fallo absolutorio; en cuyo sentido, resulta evidente la denuncia de casación en el entendido que el Tribunal de apelación no puede limitarse a indicar que no existen los defectos descritos en los incs. 1), 4) y 6) del art. 370 del CPP, soslayando las disposiciones de la Ley 348 que en su art. 92…”
Auto Supremo N° 214/2007 de 28 de marzo
DERECHO PENAL/ DERECHO PROCESAL PENAL/ RECURSOS/ RECURSO DE CASACION/ FUNDADO/ POR INCUMPLIR EL TRIBUNAL DE ALZADA DOCTRINA LEGAL APLICABLE
SOBRE LA INCIDENCIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
FUNDADO
S A L A P E N A L MAGISTRADO RELATOR: Dr. Olvis Egüez Oliva
El interés superior de la niña, niño y adolescente, como principio jurídico, debe entenderse de la manera más amplia posible y que su aplicación, desde el principio de favorabilidad, debe ser de manera preferente en cualquier circunstancia en la que estén de por medio los derechos de una niña, niño o adolescente, pues es tarea de todas las personas, y en especial, de los operadores de justicia, hacer prevalecer no sólo los intereses individuales, sino, sentar precedentes para todo el grupo etario y así, garantizar, desde el sistema de justicia penal, una protección adecuada de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los recurrentes plantean a través de sus Recursos de Casación, errónea aplicación de la ley, por inadecuada y errónea concreción del marco penal sustantivo vinculado a los institutos jurídicos de omisión por comisión, instituto de complicidad y del instituto de incomunicabilidad, incongruencia omisiva y valoración de las pruebas testificales, al no haber resuelto el Tribunal de Alzada, los puntos reclamados en apelación, por lo que corresponde a la Sala Penal, resolver el recurso interpuesto en el fondo por los precedentes invocados, cumpliendo las exigencias de fundamentación y motivación.
“…en el contexto del caso analizado, esta sala, en consideración de la normativa, jurisprudencia y doctrina expuesta, establece que, el interés superior de la niña, niño y adolescente, como principio jurídico, debe entenderse de la manera más amplia posible y que su aplicación, desde el principio de favorabilidad, debe ser de manera preferente en cualquier circunstancia en la que estén de por medio los derechos de una niña, niño o adolescente, pues es tarea de todas las personas, y en especial, de los operadores de justicia, hacer prevalecer no sólo los intereses individuales, sino, sentar precedentes para todo el grupo etario y así, garantizar, desde el sistema de justicia penal, una protección adecuada de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo, Bolivia al haber ratificado la Convención sobre los derechos del niño (CDN), obliga a que, los funcionarios públicos del sistema de justicia penal, de manera general, y, de manera específica, los jueces, están sometidas a ella, lo que les obliga al cumplimiento de su contenido, y en específico, a velar por cumplimiento del interés superior del niño (art. 3), por lo que, no solo se debe cumplir la normativa interna del país, en tanto y en cuanto se aplique el control de constitucionalidad (art. 60), sino que, deben realizar un control de convencionalidad, entre las normas internas y la CDN, para así, garantizar la función protectora de los derechos de esta población vulnerable en particular.”
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2022.pdf · páginas 58 a 59.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5aa9ea88ad8ef3f4ec8abcd36a042eb9a87b6046347f21275b608095d079f91
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