Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de junio de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la seguridad argumentando que encontrándose privada de libertad cumpliendo detención preventiva, Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, emitió la Resolución 023/22 de 24 de mayo, la misma fue apelada, no obstante, la mencionada autoridad, apercibida de que se presentó una apelación contra la Resolución disciplinaria que había emitido, procedió a ejecutar la misma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2024-S3 Sucre, 7 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48562-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 028/2022 de 27 junio, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Lucio Jáuregui Sempertegui y Brian Joel Ruíz Luna en representación sin mandato de Luciana Regina Cagnola contra Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de junio de 2022, cursante de fs. 13 a 16; la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, cumpliendo con todas las reglas impuestas al interior del mencionado Centro; empero, en mayo de 2022 se le inició un proceso disciplinario en el cual fue sancionada por la presunta comisión de faltas, determinación que fue apelada en tiempo oportuno y cuyo tenor fue puesto en conocimiento de la autoridad accionada; sin embargo, el 23 de junio del mismo año, ésta procedió a ejecutar la sanción disciplinaria, en función a una resolución del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del señalado departamento, quien refirió la inexistencia de recurso alguno, que si bien fue presentado ante una autoridad diferente no implica que el mismo no se haya presentado y que deba ser resuelto por el principio pro actione.
Señaló como lesionados sus derechos a la dignidad y a la seguridad, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia ordenar a la autoridad accionada deje sin efecto la sanción mientras el recurso de apelación no sea resuelto.
Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus representantes, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar.
Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, a través de su abogado, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) El último oficio que cursa en el expediente de la ahora impetrante de tutela es del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del referido departamento, mediante el cual se remitió la sanción disciplinaria con todos los antecedentes; b) El Juez del citado Juzgado el 3 de junio de 2022, emitió un decreto ejecutando la sanción disciplinaria con la cual fue sancionada la ahora impetrante de tutela; y, c) Al tener el pronunciamiento de la autoridad competente conforme lo establecido en el art. 125 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, se dio cumplimiento de la sanción ejecutoriada, precautelado la seguridad y convivencia pacífica del “recinto penitenciario”.
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 028/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 28 a 29, denegó la tutela solicitada fundamentando que:
1) La sanción disciplinaria no puede ser ejecutada en tanto no haya sido resuelto el recurso de apelación al cual tiene derecho el privado de libertad ante el juez de ejecución penal; en caso de no haber interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación, a partir de lo cual, la Resolución dictada por la Directora del establecimiento penitenciario, recién podrá considerarse ejecutoriada; 2) La Resolución 023/2022 de 24 de mayo, por la cual se impuso una sanción a la accionante, fue objeto de recurso de apelación; sin embargo, también se advirtió que el referido recurso fue presentado en un juzgado distinto de aquel donde radica la causa, que es el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del Departamento de La Paz; 3) El Juez del precitado Juzgado el 3 de junio de 2022 dispuso la ejecutoria de la referida Resolución, en cumplimiento de la misma la autoridad hoy accionada dispuso la ejecución de la sanción; y, 4) A partir de los elementos descritos no se evidenció que la accionada haya lesionado algún derecho y/o garantía constitucional de la impetrante de tutela, cuyos actuados se encuentran en el marco de sus atribuciones y fundamentalmente en el cumplimiento del Auto de 3 de junio de 2022, por ende si existe un error en el lugar de presentación del recurso de apelación interpuesto por la accionante no puede ser responsabilidad de la Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa sanción disciplinaria 023/2022 de 24 de mayo, emitida por Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz -hoy accionada-, estableciendo la responsabilidad de la privada de libertad Luciana Regina Cagnolia -accionante-, por una falta grave, disponiendo su traslado a otra sección con régimen más riguroso por un máximo de quince días (fs. 9 a 12). II.2. Consta Recurso de apelación de 27 de mayo de 2022, interpuesto por la accionante, contra la Resolución disciplinaria 023/2022 de 24 del mismo mes, solicitando sea revocada (fs. 5 a 8) y proveído de 30 de referido mes y año, declarando no ha lugar a lo impetrado debiendo acudir ante la autoridad llamada por ley (fs. 8 vta). II.3. Mediante nota de 27 de mayo de 2022, dirigida al Juzgado Tercero de Ejecución Penal de la Capital del departamento de La Paz, se puso a su conocimiento la Sanción Disciplinaria 023/2022 de 24 de mayo (fs. 24) y el auto de ejecutoria de 3 de junio del mismo año, emitida por la precitada autoridad jurisdiccional (fs. 24 vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la seguridad argumentando que encontrándose privada de libertad cumpliendo detención preventiva, Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, emitió la Resolución 023/22 de 24 de mayo, la misma fue apelada, no obstante, la mencionada autoridad, apercibida de que se presentó una apelación contra la Resolución disciplinaria que había emitido, procedió a ejecutar la misma. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0594/2023-S2 de 3 de julio, citando a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, sostuvo que: ‘“…protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras «violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…» Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos’. La acción de libertad correctiva, también alcanza en su protección a supuestos donde se denuncia afectación a los derechos a la salud y a la vida de un privado de libertad; en ese sentido, la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, reiterada por la SC 0739/2011-R de 20 de mayo; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0184/2013 de 27 de febrero y 0898/2016-S3 de 24 de agosto, entre otras, sostuvo que: ‘De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes”’.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y seguridad argumentando que encontrándose privada de libertad cumpliendo detención preventiva, Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, emitió la Resolución 023/22 de 24 de mayo, la misma que fue apelada, no obstante, la mencionada autoridad, apercibida de que se presentó una apelación contra la Resolución disciplinaria que había emitido, procedió a ejecutar la misma.
De lo traído en revisión tenemos que la ahora impetrante de tutela fue sancionada disciplinariamente mediante Resolución 023/2022, emitida por Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, estableciendo su responsabilidad por una falta grave, disponiendo su traslado a otra sección con régimen más riguroso por un máximo de quince días (Conclusión II.1), determinación que fue en alzada mediante recurso de apelación de 27 de mayo de 2022, interpuesto por Luciana Regina Cagnola, solicitando que la Resolución disciplinaria mencionada sea revocada pretensión que fue respondida con proveído de 30 del mismo mes y año, declarando no ha lugar a lo impetrado debiendo acudir ante la autoridad llamada por ley (Conclusión II.2), así mismo la autoridad accionada, envió nota de 27 de mayo de 2022, al Juzgado Tercero de Ejecución Penal de la Capital del departamento de La Paz, poniendo en conocimiento la Sanción Disciplinaria 023/2022 y determinación disciplinaria que quedo ejecutoriada mediante el Auto de ejecutoria de 3 de junio del mismo año, emitida por la precitada autoridad jurisdiccional (Conclusión II.3).
El Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que: ”una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado”, determinado el objeto de la presente acción de libertad en la ejecución de la sanción disciplinaria que disponía trasladar a la privada de libertad a un régimen más estricto, debemos establecer que si bien la ahora impetrante de tutela no conforme con el veredicto de la autoridad carcelaria presentó una apelación pidiendo su revocatoria; empero, lo hizo de forma errónea ante la autoridad que no tenía competencia para conocer las incidencias de su detención preventiva, situación que no permitió que sea revisada de acuerdo a su pretensión, situación ajena a la autoridad ahora accionada, quien en cumplimiento de la normativa establecida en los arts. 122 y 125 de la LEPS, remitió la Resolución disciplinaria ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, misma que transcurrido el plazo establecido en el art. 123 de la citada Ley, sin que se presente recuso alguno fue declarada ejecutoriada por la autoridad competente, lo que dio lugar a su cumplimiento por parte de Adriana Heredia Morillas, Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento, no pudiendo dicho actuar refutarse como indica la jurisprudencia glosada de ilegal. Por ende, la autoridad accionada con su actuar no agravó de forma ilegal la situación de Luciana Regina Cagnola ahora impetrante de tutela, mucho menos se puede establecer un menoscabo a su dignidad o seguridad por las determinaciones asumidas dentro de un debido proceso, debiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 28 a 29, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0296_2024-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ed113caf64143eb726e80815d717037804dce778e5407d5bf93de869f51db24
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