B.IA.LEGAL

SCP 0199/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Sala Tercera · 22 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2024
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
59309-2023-119-AP
Departamento
La Paz.
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción popular — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de religión y culto, libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, a la libre determinación, y a su propia cosmovisión, a la protección de sus lugares sagrados y el derecho a la propiedad colectiva; puesto que, la ahora accionada les impide el acceso a la capilla y su respectiva plazuela, destinada a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz por décadas, para la celebración de sus festividades patronales, bautizos comunales, matrimonios, misas dominicales, como parte de la práctica de sus creencias religiosas, espiritualidades, costumbres y a su propia cosmovisión, en suma forma parte de su identidad cultural, encontrándose obligados a realizar algunas de esas actividades en el campo deportivo de la señalada comunidad.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 205/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 157 a 162, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al derecho a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, como parte de su derecho a la libre determinación que corresponde a la comunidad Indígena Originario Campesina Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, disponiendo: a) Que la ahora accionada permita el acceso a la iglesia de los comunarios y el Párroco o Sacerdote para la celebración de las festividades patronales de cada 3 de mayo y 14 de septiembre de cada año, los bautizos comunales, matrimonios y misas dominicales, disposición que se encuentra condicionada al cumplimiento del Acta de Compromiso de “12 de marzo”, suscrito por las autoridades de la comunidad, por el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del departamento de La Paz y comunarios; y, b) Dado que las mencionadas actividades en la iglesia requieren la realización de actos preparativos previamente y actos posteriores a su conclusión, se dispone la coordinación de los mismos, con el Párroco y las autoridades de la comunidad Indígena Originario Campesina Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad de religión y de culto, la libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, y el derecho a la propiedad colectiva.

3º Exhortar a las partes a llevar a cabo gestiones permanentes entre sí y/o con la concurrencia de autoridades municipales y eclesiásticas, para honrar los compromisos asumidos en el Acta de Compromiso de “12 de marzo”, suscrito por las autoridades de la comunidad, el entones Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del departamento de La Paz y comunarios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción popular y su ámbito de protección
  2. III.2. La acción popular como medio idóneo para la protección de los derechos de las NPIOC
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2024-S3 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción popular Expediente: 59309-2023-119-AP Departamento: La Paz. En revisión la Resolución 205/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 157 a 162, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Diego Aldahir Aguirre Roca, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Achocalla dependiente de la Arquidiócesis de La Paz; Anacleto Mamani Gómez, Secretario General; Ricardo Luque Mamani, Secretario de Justicia; Calixto Durán Condori, Secretario de Hacienda; Nicolaza Mendoza Moya, Secretaria de Deportes; Javier Nina Quispe, Secretario de Organización; y Cecilia Mamani Gómez, Secretaria de Portaestandarte, en representación del Sindicato Agrario Tupac Katari de la comunidad Indígena Originaria Campesina (IOC) Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz contra Paulina Rueda Mejía.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 49 a 54 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz cuenta con su respectivo patrimonio ancestral comunal, el cual se encuentra en la capilla de la señalada comunidad y su respectiva plazuela, el cual fue objeto de apropiación y privatización por la ahora accionada, quien afirma ser propietaria de dicho patrimonio comunal, así como de la capilla, los santos patronales y su plazuela, impidiendo su acceso desde hace más de tres décadas.

Las misas dominicales programadas para las 9:00 horas en las instalaciones de la capilla de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, no fueron celebradas por la negativa de la hoy accionada, tampoco se realizó el bautizo comunal de los diferentes miembros de la señalada comunidad, que se encontraba programado para el 8 de octubre de 2022. Desde hace más de tres décadas, cada 3 de mayo de cada año, se celebraba las misas en conmemoración al señor de la cruz, su santo patronal y en su plazuela se realizaban dianas en vísperas de la señalada fecha; sin embargo, esas celebraciones tradicionales que forman parte de las costumbres de dicha comunidad, tampoco pudieron realizarse en el lugar, por la misma causa. Esas medidas de hecho adoptadas por la hoy accionada afectaron a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, bajo el pretexto de que su persona sería propietaria del lugar por haber adquirido en calidad de compra la capilla y la plazuela, negándoles el acceso a dichas instalaciones. Situación que se agravó; puesto que, se encuentra realizando construcciones clandestinas sin ninguna autorización del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del citado departamento, que afectan al lugar y causan deterioro, destrozo y demolición de la capilla.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de religión y culto, libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, a la libre determinación, y a su propia cosmovisión, a la protección de sus lugares sagrados y el derecho a la propiedad colectiva; citando al efecto los arts. 21, 30 y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La restitución y entrega inmediata de la capilla y su plazuela a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz; y, b) La ahora accionada se abstenga de negar el acceso a la capilla de la indicada comunidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2023 cursante de fs. 150 a 156 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción popular, y ampliándolo manifestó que: 1) En ningún momento se cuestionó el derecho a la propiedad, sino la falta de acceso a la iglesia para celebrar de manera libre las festividades religiosas, llevar a cabo los bautizos, rendir culto a los santos patronales cada 3 de mayo y 14 de septiembre de cada año en la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz; 2) La ahora accionada alegó la propiedad de la iglesia y sus santos patronales, sus banquetas, la mesa de mármol, la campana y demás bienes de la iglesia; no obstante, se debe tomar en cuenta que los mismos forman parte del patrimonio cultural y de ninguna manera puede atribuirse la propiedad privada; por lo que, no están reclamando la titularidad de la iglesia, tampoco la entrega de los bienes que hay en su interior; por cuanto, son las instituciones pertinentes quienes determinaran al respecto; y, 3) El 8 de octubre de 2022, se pretendió celebrar los bautizos comunales de más de treinta personas; empero, no se pudo por las medidas de hecho asumidas por la ahora accionada; por lo que, se celebró en el campo deportivo de la comunidad. Respondiendo a la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional, respecto a las actividades realizadas en la capilla de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, Javier Nina Quispe, Secretario de Organización, manifestó que: “Desde que yo tengo uso de razón, señor presidente yo a la iglesia siempre lo visitaba, yo tuve ahí en la comunidad mi primera comunión en esa capilla, ahora dice que la señora Paola Rueda de que la comunidad nunca alzo una piedra, pero sin embargo, yo aclaro eso, mi papá esta acá, tiene 84 años, es casi directamente una de las personas que ha servido al patrón, es una hacienda esa parte, entonces donde se daba misas había fiestas patronales en esta iglesia, se hizo primeras comuniones, bautizos, matrimonios incluso en esta iglesia, hace años…” (sic [fs. 155]).

I.2.2. Informe de la persona particular accionada

Paulina Rueda Mejía, mediante informe presentado en audiencia, a través de su abogado manifestó que: i) “…ha adquirido este bien inmueble en la comunidad ahora denominada, así como refiere Magdalena de Cayo, hace 36 años atrás, pero (…) no existe ninguna iglesia, pero si vamos a hablar de una capilla, que existía hace 100 años atrás…” (sic) y habita junto a su familia por ese lapso de tiempo; ii) La propiedad no es eterna, se fue desgastando y tuvo que realizar trabajos de restauración, asumiendo todos los gastos; por lo que, la comunidad ni la iglesia aportaron para el mejoramiento de la capilla; iii) “A la fecha” esa comunidad -Magdalena de Cayo-, ya no es una comunidad Indígena Originaria Campesina porque el 2009 mediante una resolución técnico administrativa fue reconocido como la Urbanización María Magdalena y en ese entonces sus autoridades hicieron reclamos respecto a la capilla, acudiendo incluso a la Defensoría del Pueblo, quien después de constatar que se trata de una propiedad privada, señaló a la parte accionante que debían conversar con la propietaria si deseaban acceder a la capilla; a partir de ello, la parte accionante solicitaba mediante notas el ingreso a la capilla; iv) El 2022 presentaron la última nota, firmada por Wilmer Ramón Nina Quispe, hijo de uno de los comunarios y abogado, para el acceso a la capilla simplemente en determinadas fechas de cada año; empero, no para la realización de bautizos y otros acontecimientos; v) El 2023 la parte accionante ya no envió ninguna nota y pretendieron ingresar a la fuerza y tomar la capilla, afectando su propiedad y sorprendiéndola porque estaba sola, su esposo Vitaliano Tancara, a quien pedían permiso, ya falleció, en ese entendido si ellos envían nuevamente sus notas de solicitud “…con el mayor gusto, no va existir ninguna prohibición para que puedan ingresar, por qué, porque es propiedad privada…” (sic); y, vi) Para que sea considerado patrimonio cultural, debe existir una declaratoria, que debe ser tramitada. Por lo expuesto pide se rechace la acción popular. Ante la pregunta realizada por el Vocal Constitucional manifestó que, asumió con su esposo el compromiso de compensar un espacio o fracción de terreno para edificar una nueva iglesia “… se tenía ese compromiso, pero el compromiso no era de que yo haga la Iglesia, nosotros hemos asignado un lugar, hemos ofrecido, pero ellos han rechazado el terreno” (sic).

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Percy Lorenzo Galván Flores, Arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del señalado departamento, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción popular, pese a sus notificaciones cursante a fs. 92.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 205/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 157 a 162, concedió -en parte- la tutela solicitada por afectación del derecho a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad prácticas y costumbres, así como el derecho a la libertad de reunión y asociación con fines lícitos que le asiste a la parte accionante y denegó con relación a los demás derechos denunciados como vulnerados, ordenándose a la hoy accionada: a) Permita que la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, así como el Párroco Diego Aldahir Aguirre Roca, accionante, puedan realizar las dos celebraciones religiosas del “Señor de la Cruz”, los primeros días de mayo y el “Señor de la Exaltación” el 14 y 15 de septiembre en la capilla enclavada en la propiedad de la ahora accionada, siendo necesario que la comunidad IOC Magdalena de Cayo del señalado municipio mantenga en vigor esa relación con su espiritualidad y creencia religiosa; b) Tomando en cuenta la flexibilidad de la legitimación, la hoy accionada y los copropietarios Víctor Rueda Mejía, Maribel Rueda Condori que no estuvieron presentes, están obligados a permitir el acceso a la iglesia en los términos señalados; c) Se ordena la remisión de la resolución al Obispo o Arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, representado por el Monseñor Percy Lorenzo Galván Flores para hacerle conocer de la problemática presentada en esta acción de defensa; y, d) Concluido el año, sin perjuicio de que las partes puedan realizar con anterioridad, se deberá generar un inventario de las imágenes religiosas y de los bienes existentes en la capilla, junto al Párroco, la hoy accionada deberá efectuar la devolución de esas imágenes que conllevan una relación con el contexto religioso y que no pueden ser retenidos por la nombrada. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) No se puede desconocer el derecho de propiedad privada acreditada por la ahora accionada, la cual no es objeto de la acción popular; por consiguiente, de modo alguno provocó la vulneración a la libertad de religión y culto; asimismo, la parte accionante tiene la facultad de ejercer ese derecho sin ninguna restricción, independientemente de los hechos atribuidos a la hoy accionada; 2) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la acción popular no es el mecanismo idóneo para tutelar el derecho de propiedad privada y/o colectiva, debiendo ser tutelado por la acción de amparo constitucional; 3) Si bien la parte accionante alega la connotación de patrimonio de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del señalado departamento respecto a la capilla enclavada en la propiedad de la ahora accionada; no obstante, no hay evidencia que esa declaratoria hubiese ocurrido; por lo que, no se advierte que la hoy accionada hubiere provocado alguna afectación al patrimonio de la señalada comunidad; 4) No se pudo advertir la intermediación de la Defensoría del Pueblo, asimismo, la ahora accionada se comprometió a dar en cesión en beneficio de dicha comunidad una área destinada a la construcción de la iglesia, cuyo cumplimiento tampoco será objeto de dilucidación en la jurisdicción constitucional; empero, lo que se rescata del Acta de Compromiso de “12 de marzo”, es el hecho de que la ahora accionada se comprometió a que no existiría impedimento alguno para la celebración de esas dos festividades (3 de mayo y 14 de septiembre) de cada año, según sus usos y costumbres, sin trastocar el derecho de propiedad privada que le asiste a la nombrada; por lo tanto, la demanda al impedir la realización de esas festividades religiosas patronales, restringieron el derecho colectivo que le asiste a la comunidad, vinculado a la libertad de reunión y de asociación; 5) Respecto a la pretensión de la restitución inmediata de la capilla como de la plazuela que estaría circundante a la capilla, esa área está vinculada al derecho a la propiedad privada de la ahora accionada y si los accionantes pretenden cuestionarlo tienen las vías o mecanismos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico; y, 6) Procede la tutela de la acción popular vinculado al acceso a la iglesia o capilla únicamente respecto a esas dos actividades que de manera reiterada durante varias gestiones fueron solicitando las autoridades de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del indicado departamento, más aún si a la fecha, debido a la dejadez de la autoridad eclesiástica, en su interior se requiere mucho trabajo de reparación y que la parte accionante deberá tomar en cuenta. En vía de complementación y enmienda la parte accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional, complemente respecto a que en las fiestas patronales implican que los devotos, y los miembros de la comunidad, constantemente necesitaran ingresar para rezar y hacer sus oraciones, dejar flores a los santos; por lo que, solicita complementación al respecto. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional mediante Auto de 12 de octubre de 2023, manifestó que; si bien se estableció que por un año calendario los accionantes puedan hacer uso de la capilla en las dos fechas indicadas, la parte accionante debe comprender que la autorización no es para generar un abuso respecto a la propiedad de la ahora accionada, sino el preparado de alguna novena y otra actividad únicamente el 3 de mayo y 14 de septiembre, excepcionalmente dos días antes la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, podrá realizar alguna limpieza, preparación del altar, llevar algún material para poder tomar asiento y el Párroco pueda realizar la misa de manera digna y dos días después para realizar una misa de diana y retirar todos esos enseres de la manera más respetuosa y cordial, conforme a las notas que así presente la señalada comunidad; las actividades posteriores a la misa debe ser organizada en algún espacio u otro salón u otro ambiente y no puede realizarse en la propiedad privada de la ahora accionada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan placas fotográficas que muestran la capilla o iglesia de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, desde diferentes ángulos y las celebraciones religiosas dirigidas por el Sacerdote y con la participación de los comunarios (fs. 45 a 48). II.2. Mediante Acta de Compromiso de “12 de marzo”, suscrito en la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, en el lugar denominado Calvario, por Paulina Rueda Mejía -ahora accionada- con cédula de identidad 2263224, Rene Pérez Alejo, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del citado departamento, Autoridades y miembros de la señalada comunidad -hoy accionantes-; por la cual, las partes asumen compromisos vinculados a la iglesia de la indicada comunidad, en cuyo numeral 1 la ahora accionada se comprometió a ceder el lote 5-D de 603,02 m, de la Urbanización; en el numeral 3, se establece que mientras se realice la construcción de la iglesia “…los usos y costumbres religiosas continuaran en la actual iglesia sin oposición de la familia Rueda” (sic [fs. 106 a 107]). II.3. Cursan Notas de 24 de abril y 5 de septiembre de 2009, de 30 de abril de 2014, de 2 de mayo de 2017, de 10 de febrero de 2019, de 28 de abril y 6 de septiembre de 2021, y 26 de abril de 2022, dirigidas a Vitaliano Tancara y a la ahora accionada; por la cual, la parte accionante, solicitó el uso de la iglesia o capilla para las festividades patronales de la indicada comunidad (fs. 139 a 147).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de religión y culto, libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, a la libre determinación, y a su propia cosmovisión, a la protección de sus lugares sagrados y el derecho a la propiedad colectiva; puesto que, la ahora accionada les impide el acceso a la capilla y su respectiva plazuela, destinada a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz por décadas, para la celebración de sus festividades patronales, bautizos comunales, matrimonios, misas dominicales, como parte de la práctica de sus creencias religiosas, espiritualidades, costumbres y a su propia cosmovisión, en suma forma parte de su identidad cultural, encontrándose obligados a realizar algunas de esas actividades en el campo deportivo de la señalada comunidad.

III.1. De la naturaleza de la acción popular y su ámbito de protección

La acción popular prevista por el art. 135 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas individuales o colectivas que las vulneren o amenacen vulnerar; en ese marco constitucional, el Código Procesal Constitucional, reitera el contenido de esa garantía jurisdiccional cuando refiere al objeto de la acción popular, en el mismo sentido. Además, la Norma Fundamental establece que la acción popular puede interponerse por cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, imponiéndole al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo el deber de promoverla cuando tenga conocimiento de esos actos en el ejercicio de sus funciones, durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza, sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir, cuyo procedimiento será el de la acción de amparo constitucional.

Esas reglas básicas, encuentran correspondencia con un aspecto importante a destacar en la Constitución Política de Estado, el cual es el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos fundamentales, incluyendo a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), que exigió al constituyente la incorporación de garantías jurisdiccionales acordes para la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos incluidos en el amplio catálogo de derechos, a través de la acción popular distinta a cualquier otro proceso constitucional de tutela de derechos individuales, que impone deberes diferenciados a los administradores de justicia y a la ciudadanía, promoviendo una cultura en la administración de justicia, basada en la idea de solidaridad. En esa comprensión, no obstante, el carácter autónomo de esta acción de defensa, la misma norma constitucional citada en líneas precedentes, establece que el procedimiento que regule la acción popular, será el de la acción de amparo constitucional, en ese marco constitucional, podemos señalar en cuanto a su naturaleza jurídica que se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima puesto que a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito se promueve la restitución o restablecimiento de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas individuales o colectivas que las vulneren o amenacen vulnerarlos. Se encuentra regido, además, por reglas específicas como:

II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional”. 4 La SCP 0707/2018-S2 de 31 de octubre, señaló que: “Ello, supone que con la incorporación del proceso constitucional de la acción popular, se ingresa a una nueva lógica de litigio en sede constitucional, distinta a cualquier otro proceso constitucional de tutela de derechos individuales -acciones de amparo constitucional, de protección de privacidad y de cumplimiento, aunque con algunas similitudes con la acción de libertad- que impone deberes diferenciados a los administradores de justicia y a la ciudadanía, en aras de generar una cultura en la administración de justicia, basada en la idea de solidaridad que rebasa la idea de la justiciabilidad de derechos sustentada en la individualidad” (las negrillas nos pertenecen). 5 Respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, expresó textualmente: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección” (las negrillas son nuestras), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual. 6 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, señaló que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas nos corresponden).

“…la legitimación procesal -activa y pasiva-, la intervención de terceros interesados, la actuación del amicus curiae, la no exigibilidad del agotamiento de recursos ordinarios judiciales o administrativos, la inexistencia del plazo de caducidad, la carga de la prueba, la conversión de acciones de defensa, los efectos de la sentencia, el sistema de reparación de derechos colectivos e intereses difusos, etc.; visibilizando con ello, un proceso constitucional especial, revestido de informalidad y flexibilidad; cuyo diseño, en definitiva, responde a la finalidad de materializar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos y difusos a través del acceso a la justicia constitucional sin obstáculos o ritualidades procesales que lo impidan”. En ese marco constitucional y legal, la labor interpretativa de la jurisprudencia constitucional, haciendo referencia a los intereses y derechos colectivos, a los intereses y derechos difusos y a los intereses de grupo o intereses individuales homogéneos, cuyo elemento común es la existencia de una pluralidad de personas, estableció las siguientes precisiones: i) Los intereses y derechos colectivos se distinguen porque son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común, por ello se encuentra claramente determinado, así menciona como ejemplo el derecho a la libre determinación y territorialidad, previsto por el art. 30.4 de la CPE, como un derecho colectivo; por cuanto, el titular es una NPIOC, un grupo determinado cuyos miembros tienen una vinculación común; ii) Los intereses y derechos difusos cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad, citando para el efecto el derecho al medio ambiente establecido por el art. 33 de la CPE, que se constituye en un derecho difuso, por cuanto la titularidad del mismo descansa en todas y cada una de las personas y, por lo mismo no existe un grupo o una colectividad claramente determinada, es necesario destacar de los casos precedentes las características de ser transindividuales e indivisibles, porque los intereses incumben a una colectividad y la vulneración o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; y, iii) Los intereses de grupo o intereses individuales homogéneos, en ese caso el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, denominándose por ello intereses accidentalmente colectivos; por lo que, se demandan la satisfacción de sus intereses individuales para que se les reconozca el perjuicio ocasionado y se les pague la indemnización que corresponda, la suma de intereses individuales configura la llamada acción de grupo; diferenciación que fue afianzada por la jurisprudencia constitucional de manera uniforme. La misma jurisprudencia constitucional concluyó que la acción popular además de los derechos e intereses colectivos, protege los derechos e intereses difusos, aglutinados con la denominación jurídica de “Derechos Colectivos”, en esa comprensión cualquier persona que pertenece a una colectividad o comunidad afectada puede presentar esa acción de defensa; en cambio los intereses de grupo no encuentran protección en la acción popular; puesto que, en esos casos no existe un interés común -colectivo ni difuso-, sino un interés individual que, podrá ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional, posición 8 Respecto a los rasgos comunes y las diferencias de los intereses y derechos colectivos, a los intereses y derechos difusos y a los intereses de grupo o intereses individuales homogéneos, sobre la base del texto constitucional de la acción popular, la SC 1018/2011-R de 22 de junio, señaló que: “El texto transcrito nos plantea dos problemas esenciales para la determinación del ámbito de protección de la acción popular: a) La definición de los intereses y derechos colectivos, y b) La aparente exclusión en su ámbito de protección, de los intereses y derechos difusos. Para resolver ambos problemas, es preciso distinguir los intereses y derechos colectivos de los difusos y, luego, efectuar una interpretación de dicho texto constitucional (art. 135).

a. Los intereses y derechos colectivos, los intereses y derechos difusos y los intereses de grupo

Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; sin embargo, se distinguen en que los colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada; en tanto que son difusos los intereses cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad (OVALLE FAVELA, José, acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos, en similar sentido, SABSAY, Daniel Alberto, El ‘Amparo Colectivo’).

Así, por ejemplo, el derecho a la libre determinación y territorialidad, previsto en el art. 30.4) de la CPE, se constituye en un derecho colectivo, en tanto es titular del mismo una nación y pueblo indígena originario campesino; es decir, un grupo determinado cuyos miembros tienen una vinculación común. Diferente es el derecho al medio ambiente previsto en el art. 33 de la CPE, que se constituye en un derecho difuso, por cuanto la titularidad del mismo descansa en todas y cada una de las personas y, por lo mismo no existe un grupo o una colectividad claramente determinada.

La distinción efectuada, no es compartida por otro sector de la doctrina, que considera como sinónimos a los intereses difusos y colectivos, e inclusive, la legislación colombiana únicamente hace referencia a los derechos colectivos, entre los que se incluyen, claro está, a los intereses difusos.

Por su parte, en los intereses de grupo (o intereses individuales homogéneos) si bien existe una pluralidad de personas; empero, el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, por ello han sido denominados como intereses accidentalmente colectivos. En los intereses de grupo, las personas demandan la satisfacción de sus intereses individuales para que se les reconozca el perjuicio ocasionado y se les pague la indemnización que corresponda; es más, puede alegarse lesión a derechos colectivos o difusos, empero, debe existir una afectación directa a sus intereses individuales. La suma de intereses individuales configura la llamada acción de grupo” (las negrillas nos pertenecen), citado a su vez por la SCP 1096/2015-S1 de 5 de noviembre, entre otros. 9 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0176/2012 de 14 de mayo; 0300/2012 de 18 de junio y 0645/2012 de 23 de julio, entre otros.

10 La SC 1018/2011-R, concluye estableciendo el objeto de protección de la acción popular y de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos: “Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris “Derechos Colectivos”- y, en ese sentido, cualquier persona perteneciente a colectividad o comunidad afectada puede presentar esta acción que, como su nombre indica, es popular.

Cabe aclarar que los intereses de grupo no encuentran protección en la acción popular, pues, como se tiene señalado, en esos casos no existe un interés común -colectivo ni difuso-, sino un interés individual que, en todo caso, podrá ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional, previa unificación de la representación.

Asimismo, se debe hacer referencia a que la Constitución Política del Estado, a través de una cláusula abierta, permitirá la integración de otros derechos similares a partir del bloque de constitucionalidad y el que fue afianzada por la jurisprudencia constitucional al señalar que: “La acción de amparo constitucional resguarda los derechos fundamentales y garantías constitucionales que no estén dentro del ámbito de protección de las acciones de libertad, de protección a la privacidad y popular; esto debido a que, ante la existencia de acciones de defensa específicas, el amparo constitucional, que se constituye en el género, no puede suplirlas” (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, de una interpretación extensiva y progresiva de los derechos, el ámbito de protección de la acción popular, comprende también otros derechos colectivos o difusos no contemplados expresamente en la norma constitucional que cita expresamente los derechos e intereses colectivos vinculados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente.

III.2. La acción popular como medio idóneo para la protección de los derechos de las NPIOC

En el marco del modelo del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, diseñado en la Constitución Política del Estado y tomando en cuenta el objeto de protección de la acción popular -los derechos e intereses colectivos y difusos-, la jurisprudencia constitucional estableció que el medio o mecanismo idóneo para la defensa de los derechos de las NPIOC es: “…la acción popular es el mecanismo idóneo, para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, frente a actos u omisiones de las autoridades o personas individuales o colectivas que violen los derechos colectivos previstos en el art. 30 de la CPE, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los otros derechos subjetivos previstos tanto en nuestra Constitución como los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, ejercitados colectivamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el marco de lo previsto por el art. 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que: ‘Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos’; dimensión colectiva de los derechos que ya se encontraba prevista en el art. 3 del Convenio 169 de la OIT, que señala: ‘Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos’.

En ese sentido, al ser la acción popular el medio idóneo para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, es esa vía la que debe ser utilizada cuando acudan a la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales propiamente colectivos, como los previstos en el art. 30 de la CPE, u otros derechos fundamentales ejercidos colectivamente; sin embargo, en el marco de la descolonización y la posibilidad de reconducir procesalmente las acciones, en los casos en que las naciones y pueblos indígena originario campesinos equivocaron la vía procesal para la defensa de dichos derechos, este Tribunal debe reconducir la acción tutelar interpuesta a la acción popular, que como se ha visto es el medio idóneo para la tutela de sus derechos”. En el amplio catálogo de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, se reconocen en forma expresa en el art. 30 de la citada Norma Suprema, los derechos de las NPIOC, entre los que destacan el derecho a la libre determinación, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

13 SCP 0487/2014 de 25 de febrero. 14 Los derechos de las NPIOC se encuentran precisados ampliamente por el art. 30 de la CPE, en los siguientes términos:

“I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 10 A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

El derecho a la libre determinación de las NPIOC tiene sustento en su existencia precolonial y el dominio ancestral sobre sus territorios, reconocidos por el art. 2 de la CPE. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional señalo que el influjo que los territorios de las NPIOC puedan experimentar por los procesos de urbanización y la ampliación de los radios urbanos en las ciudades, no pueden afectarles automática e indefectible porque: “…el reconocimiento de las tierras y territorios de las naciones y pueblos indígenas por parte del Estado debe respetar la forma de tenencia de los mismos, así como sus costumbres y tradiciones, sin que sea válido, por tanto, que se imponga una forma de tenencia ajena a su forma de vida, a sus costumbres, tradiciones y, en general a la forma integral en que concibe su territorio, menos aún efectuar divisiones en su territorio bajo la lógica occidental, como por ejemplo, la zonificación del mismo en área urbana y rural; pues ello, no responde a la forma en que tradicionalmente han manejado su territorio que, conforme se ha visto, no responde a la lógica de cambio, sino al lugar donde desarrollan de manera integral todas sus actividades; lo que significa que, independientemente del carácter urbano o rural del territorio de las naciones y pueblos indígenas -que se reitera, se constituyen en delimitaciones ajenas a la propia cosmovisión de los pueblos indígenas- éstos deben desarrollar su cultura, historia y sus propias formas de organización social y política, ejerciendo el control sobre los recursos naturales y desarrollando todas sus instituciones” (las negrillas nos pertenecen). En ese marco y sobre la base de los instrumentos internacionales destinados a la protección de los derechos de los pueblos IOC se señaló que: “…la libre determinación es un derecho inherente y preexistente desde sus propias cosmovisiones, historias y derecho propio, y que no proviene de las leyes nacionales ni del derecho internacional, sino que es un derecho originario”. La jurisprudencia constitucional entendió que el alcance del derecho a la libre determinación; “…se establece que el contenido irradiador de este derecho, principio y valor, asegura en el Estado Plurinacional de Bolivia para las naciones y pueblos indígena originario campesinos los siguientes aspectos: a) La determinación libre de su condición política; b) La libre determinación de su visión de desarrollo económico, social y cultural; c) El derecho a su autonomía; d) El derecho colectivo al autogobierno; e) El derecho a su cultura, identidad e integridad cultural; y, f) El derecho colectivo al reconocimiento de sus instituciones, entre otros. Con lo precedentemente referido, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, a la luz del derecho a la libre determinación y en el marco de los derechos colectivos anotados precedentemente, de acuerdo a sus valores, prácticas e instituciones, pueden asumir decisiones, destinadas a un libre ejercicio de su condición política o a la manifestación de su libre determinación en relación a su visión de desarrollo económico, social y cultural. En correspondencia con lo anterior, las decisiones que puedan ser asumidas por las naciones y pueblos indígena originario campesinos encuentran fundamento en el derecho a su autonomía, el cual, de acuerdo a su cosmovisión y valores propios, garantiza que estos colectivos, determinen su proyecto colectivo de vida, su forma de organización política, social, institucional, económica y sus formas propias de gestión comunal, aspectos que además encuentran sustento en los elementos fundantes del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, en la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de religión y culto, libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, a la libre determinación, y a su propia cosmovisión, a la protección de sus lugares sagrados y el derecho a la propiedad colectiva; puesto que, la ahora accionada les impide el acceso a la capilla y su respectiva plazuela, destinada a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz por décadas, para la celebración de sus festividades patronales, bautizos comunales, matrimonios, misas dominicales, como parte de la práctica de sus creencias religiosas, espiritualidades, costumbres y a su propia cosmovisión, en suma forma parte de su identidad cultural, encontrándose obligados a realizar algunas de esas actividades en el campo deportivo de la señalada comunidad. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que la capilla o iglesia instalada hace muchas décadas atrás, en el interior de la propiedad de la hoy accionada, fue usada continuamente por la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, para los distintos servicios religiosos y las festividades patronales de la señalada comunidad, correspondientes a cada 3 de mayo y 14 de septiembre de cada año, en forma regular; hecho admitido y reconocido por las partes en la presente causa y corroborado por las placas fotográficas (Conclusión II.1.); asimismo, cursa el Acta de Compromiso de “12 de marzo”, firmado por la ahora accionada, así como por el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del citado departamento, autoridades y comunarios de la citada comunidad (Conclusión II.2.); de igual manera, cursan las Notas de solicitud para el acceso a la iglesia para las festividades patronales de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del indicado municipio, dirigidas a la ahora accionada y su esposo Vitaliano Tancara, ahora fallecido. En ese contexto, se debe tener presente que el objeto de protección de la acción popular son los derechos e intereses colectivos y los derechos e intereses difusos, aglutinados bajo la denominación jurídica de “Derechos Colectivos” en el que se incluye los derechos de las NPIOC, que se diferencian de los derechos e intereses de grupo, es decir, intereses o derechos individuales que fortuitamente pueden llegar a coincidir en un grupo y que llegan a constituir el objeto de protección de la acción de amparo constitucional, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En el ámbito de las NPIOC cuya libre determinación se encuentra sustentado en su existencia precolonial y el dominio ancestral de sus territorios; por lo que, su cualidad no queda extinguida, anulada o disuelta de manera automática e irremisible por el influjo que sus territorios puedan experimentar por los procesos de urbanización y la ampliación de los radios urbanos en las ciudades, esa cualidad de NPIOC subsiste; por cuanto, el Estado debe respetar entre otros, su forma de vida, sus costumbres, tradiciones su desarrollo cultural, sus manifestaciones religiosas y espiritualidad conforme a su cosmovisión, su historia y sus propias formas de organización económica, social y política y sus instituciones, aspectos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional.

En esa comprensión, los accionantes son autoridades de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz -excluyendo al Párroco o Sacerdote-, representan a la comunidad en su conjunto, extremo reconocido por la hoy accionada, al expresar que su propiedad fue adquirida en la “…comunidad ahora denominada Magdalena de Cayo” (sic) hace treinta y seis años, las Notas de solicitud de acceso a la iglesia dirigidas a nombrada, se encuentran suscritas por las autoridades de la comunidad; por consiguiente, los derechos cuya protección se reclaman, se encuentran en el ámbito de los derechos de las NPIOC, objeto de protección de la acción popular. Los cuestionamientos formulados al respecto, por el hecho de que en el área se encuentra instalada la “Urbanización María Magdalena” solicitada y aprobada por la entidad municipal a solicitud de la hoy accionada, no afectan a la comunidad, puesto que la cualidad de NPIOC no queda extinguida, anulada o disuelta de manera automática e irremisible por el emplazamiento de la Urbanización, al contrario, subsiste porque permanecen las formas de vida, sus costumbres, tradiciones su desarrollo cultural, sus manifestaciones religiosas y espiritualidad conforme a su cosmovisión y sus propias formas de organización económica, social y política y sus instituciones de la comunidad IOC Magdalena de Cayo en el municipio de Achocalla del departamento de La Paz, independientemente del carácter urbano o rural del área territorial donde se encuentra asentada dicha comunidad. En consecuencia, las celebraciones de las festividades patronales de cada 3 de mayo y 14 de septiembre de cada año, en forma regular, los bautizos comunales, matrimonios y misas dominicales celebradas en la iglesia de la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, bajo la dirección del Párroco o Sacerdote, forman parte de su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas, costumbres y a su propia cosmovisión, como parte de su libre determinación, cuya práctica se remonta a casi un siglo atrás, como lo reconocen textualmente las partes, al expresar la ahora accionada por ejemplo que, cuando adquirió el bien inmueble hace treinta y seis años atrás, la capilla “…existía hace 100 años atrás…” (sic); de manera coincidente el Secretario de Relaciones de la comunidad, manifestó que desde que tiene uso de razón, visitaba a la iglesia, hizo su primera comunión, que en los tiempos de su papá de ochenta y cuatro años de edad y que sirvió al “patrón”, “…se daba misas había fiestas patronales en esta iglesia, se hizo primeras comuniones, bautizos, matrimonios incluso…” (sic [fs. 155]); por lo que, esas prácticas religiosas y manifestaciones de espiritualidad que forman parte de la identidad cultural de la comunidad, tienen data desde hace varias generaciones atrás, desde los tiempos en que se encontraban vigentes las casas de hacienda.

La apertura y acceso a la iglesia por la ahora accionada, se encuentran garantizados por los compromisos asumido por la nombrada en el Acta de Compromiso de “12 de marzo”, quien asume que “…los usos y costumbres religiosas continuaran en la actual iglesia sin oposición de la familia Rueda” (sic [fs. 106 a 107]), mientras se realice la construcción de la iglesia en el terreno (lote 5-D de 603,02 m, de la Urbanización), cedido por la hoy accionada (fs. 106 a 107). En las condiciones anotadas, la ahora accionada no puede restringir a la comunidad, el acceso a la iglesia, para la realización de las distintas manifestaciones de religiosidad y espiritualidad que regularmente se realizan; puesto que, su traslado o renovación se encuentra condicionado a la construcción de otra iglesia. Tampoco los comunarios se encuentran autorizados para realizar actividades ajenas a las manifestaciones señaladas o peor aún, a desplegar conductas que distorsionen esas prácticas religiosas y de espiritualidad o causen daño a la iglesia. En ese contexto, ambas partes se encuentran obligados a honrar sus compromisos con la finalidad de alcanzar el respeto mutuo de sus derechos. Por consiguiente, al establecer restricciones de manera paulatina al acceso de la iglesia para la realización las diferentes celebraciones y manifestaciones religiosas y espirituales, desconociendo los compromisos asumidos, la hoy accionada afectó los derechos a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, como parte de su derecho a la libre determinación que corresponde a la comunidad IOC Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, en el ámbito de los derechos de las NPIOC. Si bien, esos derechos se encuentran relacionados con el derecho a la libertad religiosa y de culto; empero, en el ámbito de los derechos individuales, en la presente causa no se llega a efectuar un análisis al respecto porque la acción popular no tiene por objeto, la protección de derechos individuales, cuya acción o mecanismo idóneo de protección es la acción de amparo constitucional, al igual que del derecho a la propiedad privada, que en algunos pasajes de la presente acción de defensa se llegó a mencionar; no obstante, tampoco se debatió, es más, la parte accionante llego a reconocer expresamente el derecho propietario de la ahora accionada, dentro el cual se encuentra instalada la iglesia; justificación que se hace extensiva para los demás derechos denunciados como vulnerados, la libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos. Si bien se denunció la transgresión del derecho a la propiedad colectiva, la parte accionante en ninguna parte de su acción popular, tampoco en la audiencia desplegó la carga argumentativa respecto a la propiedad colectiva de la comunidad o los actos lesivos que la afectan, impidiendo a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, la posibilidad de su análisis y revisión. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 205/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 157 a 162, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al derecho a la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, como parte de su derecho a la libre determinación que corresponde a la comunidad Indígena Originario Campesina Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, disponiendo: a) Que la ahora accionada permita el acceso a la iglesia de los comunarios y el Párroco o Sacerdote para la celebración de las festividades patronales de cada 3 de mayo y 14 de septiembre de cada año, los bautizos comunales, matrimonios y misas dominicales, disposición que se encuentra condicionada al cumplimiento del Acta de Compromiso de “12 de marzo”, suscrito por las autoridades de la comunidad, por el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del departamento de La Paz y comunarios; y, b) Dado que las mencionadas actividades en la iglesia requieren la realización de actos preparativos previamente y actos posteriores a su conclusión, se dispone la coordinación de los mismos, con el Párroco y las autoridades de la comunidad Indígena Originario Campesina Magdalena de Cayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad de religión y de culto, la libertad de reunión y asociación en forma pública para fines lícitos, y el derecho a la propiedad colectiva.

3º Exhortar a las partes a llevar a cabo gestiones permanentes entre sí y/o con la concurrencia de autoridades municipales y eclesiásticas, para honrar los compromisos asumidos en el Acta de Compromiso de “12 de marzo”, suscrito por las autoridades de la comunidad, el entones Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico y Productivo de Achocalla del departamento de La Paz y comunarios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 135 de la CPE, establece que: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución” (las negrillas son nuestras).

2 El art. 68 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: “La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados” (las negrillas nos pertenecen).

3 El art. 136 de la CPE, respecto a las reglas básicas de la acción popular expresamente establece que: “I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.

7 Doctrina constitucional sobre las características especificad de la acción popular expresada en la SCP 0707/2018-S2 de 31 de octubre, entre otras.

Derecho Internacional de Derechos Humanos” (las negrillas nos pertenecen), citado a su vez por la SCP 1096/2015- S1, entre otros.

11 La SC 1977/2011-R de 7 de diciembre.

12 La SCP 0778/2014 de 21 de abril, señaló que: “… los derechos de naturaleza colectiva o difusa, tutelados por esta acción, deben estar vinculados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución, (…) sin embargo, cabe precisar que en una interpretación extensiva y progresiva de derechos, el ámbito de protección de esta acción de defensa, comprende también otros derechos colectivos o difusos no contemplados expresamente en la citada disposición constitucional” (la negrillas nos pertenecen).

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley” (las negrillas son nuestras).

15 El art. 2 de la CPE establece que: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (las negrillas nos pertenecen).

16 SCP 0487/2014 de 25 de febrero.

17 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 413. 28 diciembre 2021 Original: español. Pág. 14.

18 DCP 0006/2013 de 5 de junio.

Más sobre Acción popular — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0199_2024-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): d14a909aeb725786132800e520752adb10534bb2545da3cbfb6eeaff50c6c558

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