Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 26 de diciembre de 2024
Define la competencia
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el conflicto de competencias jurisdiccionales formulado entre las Autoridades IOC de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, para conocer y resolver los hechos tipificados como el delito de lesiones graves y leves, dentro del proceso penal dentro del cual emerge esta controversia competencial. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 la Constitución Política del Estado y 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE a las Autoridades Indígenas Originarias Campesinas de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, para conocer la problemática que dio origen al presente conflicto competencial, conforme a los fundamentos jurídicos constitucionales expresados en este fallo constitucional; y,
2° Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, se retire del conocimiento del caso y remita los antecedentes del proceso penal en cuestión, a las autoridades de la referida Comunidad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2024 Sucre, 26 de diciembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 50101-2022-101-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Eliodoro Bautista Callisaya, Secretario General; Gregorio Bautista Mamani, Secretario de Relaciones; y, Eugenio Sirpa Ticona, Secretario de Hacienda, todos Autoridades Indígenas Originario Campesinas (IOC) de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz.
Originaria Campesina (JIOC) Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 185 a 190, las Autoridades IOC de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, formularon ante Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del citado departamento, conflicto de competencia jurisdiccional, solicitándole que se aparte del conocimiento del proceso seguido por el Ministerio Público a instancias de Javier Mamani Ajllahuanca contra Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP); toda vez que, como autoridades indígenas tienen pleno conocimiento de los hechos denunciados, suscitados el 2 de febrero de 2022, a horas 23:30, por inmediaciones de la Plaza de esa Comunidad. En ese entendido, se debe considerar que concurren los ámbitos de vigencia de la JIOC, reconocidos por el art. 191 de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con los arts. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ). Respecto al ámbito de vigencia personal, se tiene que la supuesta víctima y denunciante del proceso penal de origen, Javier Mamani Ajllahuanca, tiene su domicilio establecido en la Comunidad Tajocachi -Originaria Península-, conforme se evidencia de su cédula de identidad; y por otra parte, Braulio Bautista “Portillo”, quien es padre de Remberto Bautista Portillo -ambos imputados en el señalado proceso-, tiene su domicilio en la indicada Comunidad, donde se encuentran con detención domiciliaria, conforme a lo dispuesto por autoridad judicial. Asimismo, Remberto Bautista Portillo vive en el domicilio de sus padres, cumpliendo con los usos y costumbres dentro de la aludida Comunidad, conforme se tiene de la documentación adjunta; es por eso que, tanto la supuesta víctima como los imputados en el señalado proceso, cuentan con su domicilio dentro de ese lugar, siendo comunarios; razones por las que, se cumple con ese ámbito. En cuanto al ámbito de vigencia material, se tiene que el delito que presuntamente se cometió por parte de los imputados, es el de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, no encontrándose excluido del conocimiento de la justicia indígena originaria campesina, de conformidad a lo establecido por el art. 10.II. inc. a) de la LDJ, por lo que ese presupuesto también se cumple a cabalidad. Con relación al ámbito de vigencia territorial, se tiene que los hechos denunciados e investigados ocurrieron en la Plaza de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz; es decir, dentro de su Comunidad; consecuentemente, el tercer ámbito también se cumple. Por lo mencionado, solicitaron al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, que se aparte del conocimiento del proceso penal y decline competencia a la JIOC.
Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz La mencionada autoridad judicial, mediante Resolución 203/2022 de 8 de junio, cursante de fs. 192 a 195, rechazó el conflicto de competencia jurisdiccional suscitado por la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, constituida en justicia IOC, por no darse cumplimiento a los ámbitos de vigencia y carecer la autoridad ordinaria de competencia para resolver el mismo en la vía incidental, bajo los siguientes fundamentos: a) Con base en los principios de objetividad y verdad material que rigen a la jurisdicción ordinaria, además del análisis integral del conflicto de competencias suscitado por la autoridad IOC, en aplicación del art. 102.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), se dispuso que la autoridad fiscal remita todos los antecedentes investigados cursantes en el cuaderno de investigaciones, de donde se extrae lo siguiente: 1) Inicio de investigación y Resolución de Imputación Formal 013/2022 de 4 de febrero, contra Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista, por la -presunta-comisión del delito de lesiones graves y leves; 2) Órdenes de aprehensión contra los referidos imputados; 3) Resolución 06/2022 de 3 de febrero de requerimiento fundamentado de aprehensión; 4) Informe de intervención policial preventiva acción directa; 5) Acta de declaraciones de Clara Luz Coterhuanco Saavedra, Maria Bautista Apaza y Carlos Bautista Alanoca, en calidad de testigos de cargo; 6) Certificado Médico de Javier Mamani Ajllahuanca con diagnóstico policontuso, herida contusa cortante en cara y antebrazo, “VIOLENCIA DOMÉSTICA”, expedida por el Centro de Salud Tajocachi; 7) Acta de declaración de Javier Mamani Ajllahuanca, en calidad de denunciante, en la cual se adjunta su cédula de identidad; 8) Certificado médico legal forense correspondiente a Javier Mamani Ajllahuanca que señala: “…POLICONTUSO GRAVE, CON EDEMAS, EXCORIACION Y HERIDAS CORTANTES SUTURADAS…” (sic), en la que se le otorga diecisiete días de incapacidad médico legal; 9) Registro del lugar del hecho de 4 de febrero de 2022, con muestrario fotográfico, donde se observa el lugar en el que sucedió la agresión, manchas rojizas en el piso y la víctima con el rostro cortado; y, 10) Querella de Javier Mamani Ajllahuanca contra Braulio Bautista Bautista y Remberto Bautista Portillo, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; y, b) Así, de los antecedentes se establecen las siguientes conclusiones: i) El art. 102.I y II del CPCo, establece que si una autoridad considera que una competencia corresponde a otra jurisdicción, debe solicitar que dicha jurisdicción se aparte del caso; y, en el supuesto de que la jurisdicción requerida no responda o rechace lo impetrado en un plazo de siete días después de la petición, la autoridad solicitante puede presentar el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, esto significa que la autoridad a la que se le impugna la competencia debe responder en un plazo de siete días; si no lo hace, el solicitante tiene el derecho de plantear el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá emitir el pronunciamiento correspondiente de acuerdo a ley; ii) El art. 179.I de la CPE, señala que: "‘La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina por sus propias autoridades; existirían jurisdicciones especializadas reguladas por la ley’" (sic); y en ese contexto, se debe considerar que la JIOC es anterior a la jurisdicción ordinaria -conforme al art. 2 de la CPE-; iii) El art. 179.II de la Norma Suprema, establece que: “‘La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de jerarquía”’ (sic), lo que implica una relación de cooperación y coordinación; por lo tanto, de acuerdo a los arts. 179.I y 190 de la Ley Fundamental, la función judicial es única e incluye la JIOC, que ejerce sus funciones a través de sus autoridades naturales; en consecuencia, ambas jurisdicciones tienen igual jerarquía; iv) En el presente caso, es necesario determinar a qué jurisdicción y competencia corresponde resolver el presente
“conflicto”, sin necesidad de entrar en cuestionamientos procesales específicos de cada jurisdicción, los cuales tienen su propio trámite especial según su naturaleza; sin embargo, es necesario emitir un pronunciamiento para eliminar la incertidumbre jurídica y garantizar la tutela judicial efectiva; v) Con relación al ámbito de vigencia personal, el art. 9 de la LDJ, señala que están sujetos a la JIOC, los miembros de la respectiva Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC), habiendo la jurisprudencia constitucional, interpretado los alcances del ámbito de vigencia personal a través de la SCP 0026/2013 de 4 de enero; y, en el caso concreto, se tiene acreditado que la denuncia fue presentada por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, por Javier Mamani Ajllahuanca, natural de “Yaluni”, provincia Omasuyos del departamento de La Paz contra Braulio Bautista Bautista, natural de “Kalaque Tajocachi”, de la misma provincia y departamento y Remberto Bautista Portillo, natural de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, al respecto, se tiene que todos los partícipes no son originarios de la provincia Omasuyos, por lo que se llega a la conclusión que los denunciados no son miembros de una comunidad IOC, conforme a las diligencias preliminares; de modo que, el primer ámbito no concurre; vi) En cuanto a la vigencia material, se tiene que el art. 10.I de la LDJ, indica que la JIOC conoce los asuntos de conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación; y, por su parte, la SCP “026/2013”, refiere que, respecto al art. 191.II.2 de la CPE, se tiene que el ámbito de vigencia material, señala que la JIOC, conoce los asuntos IOC de conformidad a lo establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, y es entonces que sus autoridades tienen competencias para administrar justicia de acuerdo al art. 10.II de la LDJ, en materia penal enumerando las causas, asuntos y/o conflictos que se excluyen de su conocimiento, de donde se infiere que los hechos denunciados e investigados conforme al cuaderno de investigaciones del Caso 202102072200029 por la presunta comisión del ilícito de lesiones graves y leves, son hechos que no están excluidos de la justicia IOC; por lo que, el segundo ámbito concurre; vii) Sobre el ámbito de vigencia territorial, el art. 11 de la LDJ, determina que el mismo se aplica a las relaciones y los hechos jurídicos que realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC), siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado; y, por su parte, la SCP 0034/2019 de 31 de julio, reiteró dicho precepto normativo; por lo que, tomando en cuenta que la vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un PIOC, siempre y cuando no concurran los otros ámbitos de vigencia; entonces, al no concurrir el ámbito de vigencia personal, no concurre tampoco lo hace el de vigencia territorial; viii) La SCP 0050/2019 de 12 de septiembre, aclara que el principio de igual jerarquía debe aplicarse cuando las autoridades de la JIOC, de manera incorrecta, presentan una solicitud en la vía incidental como una excepción de incompetencia, en tal caso, las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental están obligadas a procesar la solicitud conforme al Código Procesal Constitucional; y, no mediante el procedimiento incidental aplicado en sus propias jurisdicciones; ix) La SCP 0029/2018 de 1 de agosto, establece que el procedimiento previo previsto en el art. 102 del CPCo, debe seguirse de manera estricta, según lo estipulado en dicho Código, siendo que este procedimiento es exclusivo para conflictos de competencias, regulado en los arts. 100 y ss. del mencionado cuerpo normativo, es independiente del caso que se esté tratando en cada jurisdicción; x) El referido fallo constitucional, también aclara que no es válido utilizar procedimientos legales específicos de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental o especializada en el proceso previo de conflicto competencial, dado que ese procedimiento es constitucional y está regido por el Código Procesal Constitucional y, solo las jurisdicciones competentes, como la IOC, agroambiental o la justicia ordinaria, están legitimadas para promover conflictos de competencias según los arts. 100 y 101 del CPCo; xi) En ese contexto, la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, se establece como parte de la JIOC, confirmando su capacidad para participar en el conflicto planteado; xii) Se debe considerar que ante un conflicto de competencias entre la justicia IOC y la jurisdicción ordinaria, el único órgano competente para resolver dicho conflicto es el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual se basa en el art. 85.I.3 del CPCo y, de acuerdo con la SCP 0034/2019 de 31 de julio, el referido Tribunal está encargado de resolver esos conflictos jurisdiccionales, debido a la coexistencia de diversas jurisdicciones dentro del mismo sistema, lo cual puede generar controversias en la resolución de casos específicos; xiii) El legislador y el constituyente crearon el "…conflicto de competencias jurisdiccionales…" (sic) como una herramienta procesal constitucional para determinar qué autoridad es la adecuada para conocer y resolver un caso, considerando la importancia de garantizar el derecho al juez natural; y, xiv) El art. 202 de la CPE, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe conocer y resolver conflictos de competencia entre la JIOC y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, esa disposición también se refleja en el art. 14.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), lo cual refiere que, el Tribunal Constitucional Plurinacional es el encargado de resolver los conflictos de jurisdicción entre las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesina; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la facultad de resolver controversias entre las jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado, asegurando el control competencial jurisdiccional para decidir quién es la autoridad adecuada para conocer y resolver una controversia.
El conflicto de competencias jurisdiccionales fue admitido mediante Auto Constitucional (AC) 0318/2023-CA de 20 de julio, emitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 230 a 235).
Mediante decreto constitucional de 17 de septiembre de 2024 (fs. 247), se dispuso la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria.
Recibida la documentación, por decreto constitucional de 24 de diciembre de 2024, se reanudó el cómputo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo previsto por el Código Procesal Constitucional.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa “KARDEX PERSONAL DEL PRIVADO DE LIBERTAD” (sic)
correspondiente a Remberto Bautista Portillo, nacido en “Bolivia-La Paz-Murillo-La Paz” (sic [fs. 31]). II.2. Se tiene “KARDEX PERSONAL DEL PRIVADO DE LIBERTAD” (sic)
correspondiente a Braulio Bautista Bautista, nacido en “Bolivia-La Paz-Omasuyos-Kalaque” (sic [fs. 32]). II.3. Consta fotocopia de cédula de identidad de Braulio Bautista Bautista, que señala como lugar de nacimiento “LA PAZ-OMASUYOS-KALAQUE TAJOCACHI” (sic) y domicilio en “RESD. EN TAJOCACHI” (sic [fs. 110]). II.4. Se tiene fotocopia de cédula de identidad de Remberto Bautista Portillo, nacido en “LA PAZ-MURILLO-NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” (sic) y domicilio en Kalaque, provincia Omasuyos (fs. 111). II.5. Cursa factura 368142 de la Distribuidora de Electricidad La Paz Sociedad Anónima (DELAPAZ S.A.), que consiga como datos del consumidor a Braulio Bautista Bautista -imputado en el proceso penal de origen-, con dirección “RH/PROV.OMASUYOS.MUN.STG.DE.HUATA.COM.TAJOCACHI” (sic), actividad “VIVIENDA”, correspondiente a diciembre de 2021 (fs. 97). II.6. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en el que se identifica como víctima a Javier Mamani Ajllahuanca e imputados a Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista, el Fiscal de Materia asignado al caso, el 5 de febrero de 2022, presentó ante el Juez de Instrucción Penal de El Alto de turno, en suplencia legal del “…JUZGADO PÚBLICO MIXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE ACHACACHI” (sic) del departamento de La Paz, el inicio de investigaciones e imputación formal contra los antes mencionados; y, solicitó su detención preventiva por el plazo de dos meses (fs. 7 a 11); mereciendo el decreto de 5 de dicho mes y año, por el que se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares personales -virtual- para esa misma fecha (fs. 12). II.7. Se tiene acta de audiencia de consideración de medidas cautelares
-virtual- de 5 de febrero de 2022, en la que Mirian Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de la misma fecha, dispuso la detención preventiva de Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, por el plazo de dos meses, fijándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 5 de abril de 2022, a horas 10:00; y en ese mismo acto procesal, la defensa de los imputados hizo reserva del recurso de apelación, ante lo cual la señalada Jueza tuvo presente lo manifestado (fs. 24 a 26 vta.). II.8. Cursan mandamientos de detención preventiva de 5 de febrero de 2022, expedidos por la precitada Jueza, contra Braulio Bautista Bautista y Remberto Bautista Portillo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 32/2022 (fs. 27 y 28). II.9. A través del Auto de Vista 113/2022 de 21 de febrero, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por Braulio Bautista Bautista y Remberto Bautista Portillo contra el Auto Interlocutorio 32/2022, con el argumento de que, la defensa de los antes nombrados, en la audiencia de medidas cautelares, solo expresó la reserva del indicado recurso, incumpliendo así lo señalado por los arts. 251 del CPP y 33 del “…Reglamento Nº 12/2019…” (sic) creado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 83 a 84). II.10.Cursa acta de verificación domiciliaria de 8 de marzo de 2022, en la cual se consigna que el domicilio de los imputados se encuentra en la Comunidad de Tajocachi del Municipio de Santiago de Huata (fs. 108). II.11.Consta Informe 01/2022 de 8 de marzo, por el que Lorenzo Condori Choquehuanca, Secretario General y el Mallku Originario -no consiga aclaración de firma-, ambos de Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, indicaron que Braulio Bautista Bautista “…tuvo su domicilio en esta Comunidad Originaria Península Tajocachi, antes y actualmente perteneciente a la provincia Omasuyos” (sic [fs. 120]). II.12.Se tiene copia legalizada del acta de buena conducta suscrita en la División de Actas y Garantías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Omasuyos, en la que se consigna que en la localidad de Huarina de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, el 9 de marzo de 2022, Braulio Bautista Bautista indicó dentro de sus generales de ley, ser natural de la Provincia Omasuyos y tener su domicilio en la Comunidad de Tajocachi, de esa Provincia; y, Remberto Bautista Portillo, consignó ser natural de la aludida Provincia y tener su domicilio en la nombrada Comunidad del Municipio de Santiago de Huata, de la misma Provincia, ambos en el departamento de La Paz (fs. 99 y vta.).
II.13.Se tiene Certificado de 20 de marzo de 2022, por el que Lorenzo Condori Choquehuanca, Secretario General y el Mallku Originario -sin aclaración de firma-, ambos de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, indicaron que Remberto Bautista Portillo “…Quien es nacido en esta Comunidad Tajocachi del Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, vivía con su esposa junto a sus padres (…), asimismo NO TIENE CASA EN LA CIUDAD DE LA PAZ NI EN EL ALTO LA PAZ…” (sic [fs. 121] ). II.14.Cursa acta de audiencia de consideración de situación jurídica -virtual- de Braulio Bautista Bautista y Remberto Bautista Portillo de 11 de abril de 2022, en la que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 097/2022 de idéntica fecha, por el que dispuso la cesación de la detención preventiva de los antes mencionados, disponiendo, entre otras medidas, su detención domiciliaria (fs. 124 a 129 vta.). II.15.Consta Informe TCP-UUJ 0180/2024 de 26 de septiembre, por el cual, Luis Alberto Velasco Álvarez, Letrado de la Unidad de Unificación Jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, remitió al Presidente de la Comisión de Admisión del mismo Tribunal, el desarrollo de la línea jurisprudencial sobre el ámbito de vigencia personal, dentro de conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre las JIOC y ordinaria penal, que emergen de procesos penales cuando una o más de las partes procesales no es miembro de la Comunidad, y el presupuesto de autoidentificación o autopertenencia, en el que se consigna a la SCP 0014/2023 de 15 de febrero, en la que resolviendo un conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la jurisdicción ordinaria penal en la que el Juez que conoció el conflicto rechazó el mismo, por considerar que no se cumplió con el ámbito de vigencia personal, porque no se determinó que: “…todos pertenezcan o sean miembros de la comunidad…”, sostuvo que: “‘Así, conforme lo establece a su vez la Norma Suprema, están sujetos a la JIOC los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciado o imputado; de esta forma, de la denuncia formal presentada ante el ‘SEÑOR FISCAL DE LA LOCALIDAD DE SACACA’ por Pedro Flores Mamani y Martha Choque Mamani -esposos-, estos señalaron como domicilio la comunidad de ‘Mallcucota’ de la provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí; de igual manera, el primero, realiza actividades agrícolas trabajando en casa de su padre -aporcando su papa-, denotando los vínculos familiares y afectivos con personas de la indicada comunidad; además, de la relación circunstanciada de los hechos se desprende que el problema de origen -adulterio denunciado en la JIOC- del cual surgió el proceso penal por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, fue conocido y resuelto previamente por las autoridades IOC de ‘Mallku Qota’; también, los denunciados dentro de la indicada causa penal, a tiempo de interponer excepción de falta de acción por existir impedimento legal, señalaron ser ‘…autoridades originarios y agricultores, domiciliados en la comunidad de Mallku K’ota y Calachaca, provincia Alonso de Ibañez del Departamento de Potosí…’ (sic), actuaciones procesales que muestran que las partes procesales un vínculo de pertenencia con la comunidad de ‘Mallku Qota’, Ayllu Sullka Jilatikani del municipio de Sacaca, provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí.’” (las negrillas nos corresponden [fs. 251 a 275]).
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el conflicto de competencias jurisdiccionales formulado entre las Autoridades IOC de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos; y, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, todos del departamento de La Paz, para conocer y resolver los hechos tipificados como el delito de lesiones graves y leves, dentro del proceso penal dentro del cual emerge esta controversia competencial. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
El art. 1 de la CPE, establece que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
Asimismo, el art. 179.I de la Norma Fundamental determina que, aun siendo la función judicial única en Bolivia, son distinguibles una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e IOC, esta última ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbres, y su sistema institucional propio de funcionamiento. Ahora bien, en el ámbito del control competencial de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado en su art. 202, dispone que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional; además, de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental” (las negrillas nos corresponden).
En torno a esa atribución, la jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, reiteró que el conflicto de competencias tiene su fundamento en el principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones, conforme prevé el art. 179 de la CPE; así como también, todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, deben actuar en el marco del respeto de los derechos y garantías de las personas. En ese marco, la SCP 0874/2014 de 12 de mayo, expresó lo que sigue: “…en el ámbito del control competencial de constitucionalidad, de conformidad al art. 202 de la CPE, es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer los conflictos de competencia y atribuciones entre órganos del poder público; los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas, y los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.
(…)
En ese ámbito, debe señalarse que el conflicto de competencias entre jurisdicciones del órgano judicial, entre las que se encuentra la jurisdicción indígena originaria campesina, tiene su fundamento en el principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones que se encuentra prevista en el art. 179.II de la CPE, precautelando así este principio, pero además, indirectamente, el derecho al juez natural, que tiene entre sus elementos a la competencia, y el derecho colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesinas a ejercer sus sistemas jurídicos…” (las negrillas nos corresponden).
A su vez, la SCP 0300/2012 de 18 de junio, reiteró que: “…la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), debiendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Conforme a ello, la Constitución Política del Estado, sobre la base del carácter plurinacional del Estado y el principio de interculturalidad, ha diseñado a la justicia constitucional, y en especial al Tribunal Constitucional Plurinacional, como una institución encargada de ejercer el control sobre todas las jurisdicciones y, en general sobre todos los órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable en este órgano, que tiene la representación de los dos sistemas de justicia, el ordinario y el indígena originario campesino” (las negrillas fueron añadidas).
jurisdicciones ordinaria y la indígena originaria campesina
Al respecto, la SCP 0023/2018 de 26 de junio, sostuvo que: “El art. 179.I de la CPE, determina que: 'La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades…'. Este artículo, en su parágrafo segundo dispone que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, por lo que ninguna de ellas podrá asumir la facultad de revisar lo resuelto por la otra. Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones, el art. 202.11 de la CPE faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. Producido que fuera un conflicto de esa naturaleza, la autoridad que considere que se usurpa su competencia ‘…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento’ y ‘Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 102.I y II del CPCo)’”.
Sobre este tópico, el citado fallo constitucional estableció que: «A partir del mandato contenido en el art. 2 de la CPE, que prevé: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones…”, de ahí que las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), en ejercicio de su libre determinación ejercen la potestad de impartir justicia en el marco de sus normas y procedimientos propios. Ahora, para considerar como tal a un pueblo o nación como indígena originario campesino en el territorio nacional, el constituyente estableció en el art. 30.I de la Norma Suprema, que: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”. En ese ámbito, corresponde hacer referencia al primer artículo constitucional que clara y expresamente establece que Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. A su vez, el art. 30.II de la CPE, determina que: “…las naciones y pueblos indígena originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión”. Mandato constitucional que se encuentra en coherencia con instrumentos internacionales referidos a los pueblos y naciones indígenas, así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la 76ª Conferencia de esa Organización que se realizó el 27 de junio de 1989, reconoce la diversidad étnica y cultural dentro de un Estado, en el que pueden coexistir varios sistemas jurídicos, dejando de lado el criterio de la primacía del Derecho Estatal. En ese Convenio los Estados reconocieron la existencia de un derecho consuetudinario, a ser aplicado en las naciones y pueblos indígenas, sin que el Estado pueda intervenir en absoluto en la toma de decisiones. También, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, manifiesta: “Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. De tales instrumentos internacionales se tiene que, los derechos de los pueblos y naciones indígenas, se encuentran plenamente garantizados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades originarias, así como la aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios en base al derecho consuetudinario. Ahora bien, en el ámbito del derecho comparado, corresponde referirse a la Sentencia T-397/16 expedida por la Corte Constitucional de Colombia respecto al alcance y elementos de la jurisdicción indígena, que establece: “…El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de una jurisdicción especial indígena, en el sentido de que: ‘[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional’. ...En punto al alcance de la jurisdicción indígena reconocida en la citada disposición constitucional, la Corte ha explicado que su contenido normativo comprende: (i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de disponer de sus propias normas y procedimientos; (iii) la sujeción de los elementos anteriores a la Constitución y la ley; y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. ‘Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas, que se extiende no solo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de normas y procedimientos, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional, con el fin de hacer efectivo el principio de la diversidad dentro de la unidad’. …En tal virtud, ha puntualizado que resulta ‘una figura fundamental para un Estado pluralista que se funda en la autonomía de los pueblos indígenas, en la diversidad étnica y cultural, en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana que permite el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no sean contrarios a la Carta Política y a la Ley’”. En Bolivia, el alcance de la jurisdicción indígena originaria campesina fue ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus uniformes fallos, entre ellos la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, en la que se señaló que las NPIOC: “…tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el marco de sus normas y procedimientos, los cuales, tal como se dijo en el Fundamento Jurídico VI.1, de la presente Sentencia, constituyen fuente directa de derecho. En el orden señalado, el art. 190.1 de la Constitución, dispone que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones y competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, por tanto, merced al pluralismo jurídico y de acuerdo a la concepción de la inter-legalidad descrita en el Fundamento Jurídico VI.1. del presente fallo, esta jurisdicción es autónoma y jerárquicamente idéntica a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción agroambiental, generándose entre ellas una relación de coordinación más no de subordinación entre ellas”. Finalmente, cabe remitirse al art. 10 de la LDJ, que prevé: “I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas”» (las negrillas fueron agregadas).
A partir de lo dispuesto por el art. 191 de la CPE, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, desarrolló los ámbitos de vigencia en función a los cuales se ejerce la JIOC, así sostuvo que:
“…Ámbito de vigencia personal El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’. En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:
1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios (…)
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo particular que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina (…)
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.
…Ámbito de vigencia territorial
(…)
i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.
ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación. …Ámbito de vigencia material
Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (las negrillas corresponden al texto original).
Conforme se tiene precedentemente establecido, la labor de control de constitucionalidad de este Tribunal Constitucional Plurinacional entre las facetas que se desarrollará, contempla la dilucidación competencial, para lo cual, conforme a los entendimientos citados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, ambos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es importante, como razonamiento inicial, señalar que este proceso constitucional de índole competencial jurisdiccional, dentro del marco de la normativa constitucional y procesal -art. 202.11 de la CPE-tiene como único fin definir la jurisdicción competente a la cual le corresponde la tramitación y resolución del caso -del cual deviene el conflicto suscitado-, lo que implica que la jurisdicción constitucional no pueda emitir pronunciamiento o criterio alguno sobre el problema de fondo, puesto que el ejercicio de este control de constitucionalidad se encuentra enmarcado a la definición de la competencia para alguna de las jurisdicciones en conflicto; vale decir, entre la IOC y la ordinaria, las cuales, por previsión del art. 179.II de la Norma Suprema, gozan de igualdad jerárquica. Con ese preámbulo argumentativo e ingresando al examen del caso de verificación y dilucidación competencial, dentro de los actuados cursantes en el expediente constitucional y como elemento de importancia para el desarrollo de actuaciones posteriores, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, en el cual se identifica como víctima a Javier Mamani Ajllahuanca e imputados a Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista, el Fiscal de Materia asignado al caso, el 5 de febrero de 2022, presentó ante el Juez de Instrucción Penal de El Alto de turno, en suplencia legal del “…JUEZ PÚBLICO MIXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE ACHACACHI…” (sic) del departamento de La Paz, el inicio de investigaciones e imputación formal contra los antes mencionados; y, solicitó su detención preventiva por el plazo de dos meses; mereciendo el decreto de 5 de dicho mes y año, por el que se fijó audiencia virtual de consideración de medidas cautelares -virtual- para esa misma fecha a horas 11:00 (Conclusión II.6).
Posteriormente, en la misma data se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de 5 de febrero, dispuso la detención preventiva de los dos imputados en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, por el plazo de dos meses, fijándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 5 de abril de 2022, a horas 10:00; y en ese mismo acto procesal, la defensa de los nombrados hizo reserva del recurso de apelación, ante lo cual la indicada Jueza tuvo presente lo manifestado (Conclusión II.7); en mérito a ello, se expidieron los respectivos mandamientos de detención preventiva (Conclusión II.8). Asimismo, a través del Auto de Vista 113/2022 de 21 de febrero, el Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el citado recurso de apelación incidental, con el argumento de que la defensa de los imputados en la audiencia de medidas cautelares solo expresó la reserva del indicado recurso, incumpliendo así lo señalado por los arts. 251 del CPP y 33 del “…Reglamento Nº 12/2019…” (sic) creado por la Ley 1173 (Conclusión II.9). Así también, consta acta de audiencia de consideración de situación jurídica de Braulio Bautista Bautista y Remberto Bautista Portillo de 11 de abril de 2022, en la que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 097/2022 de idéntica fecha, por el que dispuso la cesación de la detención preventiva de los antes mencionados, disponiendo, entre otras medidas, su detención domiciliaria (Conclusión II.14).
Ahora bien, conocidos los antecedentes fácticos procesales y, en función al conflicto de competencias formulado, en aplicación a lo establecido en el art. 191.II del CPE y tal cual se tiene del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, corresponde verificar si concurren o no simultáneamente los ámbitos de vigencia de la JIOC: personal, territorial y material, para, con base en ello, dilucidar la controversia competencial y determinar a qué jurisdicción corresponde conocer los hechos por los que se promovió la acción penal de origen, de acuerdo a lo siguiente:
De acuerdo a lo anotado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y conforme reiteró este Tribunal en distintos fallos, se entiende por NPIOC a toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; debiendo, considerarse al efecto dos elementos esenciales: la existencia pre colonial de las NPIOC y su dominio ancestral sobre sus territorios, y que la JIOC se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIOC.
Así, conforme lo establece a su vez la Norma Suprema, están sujetos a la JIOC los miembros de la NPIOC, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciado o imputado; de esta forma, en el caso que se analiza se tiene inicialmente en antecedentes, kardex personales de los imputados privados de libertad y de sus cédulas de identidad, que consigan los siguientes datos: a) Remberto Bautista Portillo, nacido en “Bolivia-La Paz-Murillo-La Paz” (sic [Conclusión II.1]). b) Braulio Bautista Bautista, nacido en “Bolivia-La Paz-Omasuyos-Kalaque” (sic [Conclusión II.2]).
c) Braulio Bautista Bautista, nacido en “LA PAZ-OMASUYOS-KALAQUE TAJOCACHI” (sic), con domicilio en “RESD: EN TAJOCACHI” (sic [Conclusión II.3]).
d) Remberto Bautista Portillo, nacido en “LA PAZ-MURILLO-NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” (sic), con domicilio en Kalaque, provincia Omasuyos (Conclusión II.4).
Por su parte, de las actuaciones procesales desplegadas dentro del proceso penal del cual deviene el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, se obtiene la siguiente información:
En la imputación formal presentada por Francisco Rodríguez Mamani, Fiscal de Materia, se establece como denunciante a Javier Mamani Ajllahuanca, con domicilio en la comunidad de Tojocachi, zona Pucuro de la provincia Omasuyos; y, como imputados a: Remberto Bautista Portillo y Braulio Bautista Bautista, con domicilio en la comunidad de Tojocachi, zona Pata Marca de la provincia Omasuyos (fs. 7 y vta.), describiendo en la relación circunstanciada de los hechos denunciados que el “…03 de febrero de 2022 a horas 10:30 a.m. aprox. se habría apersonado a dependencias policiales de la comunidad de Santiago de Huata el padre de la víctima haciendo conocer que su hijo JAVIER MAMANI AJLLAHUANCA habría sido agredido por dos personas y que se encontraba en el Centro de Salud de Tojocachi, por lo que los referidos funcionarios policiales se constituyeron al referido Centro de Salud tomando contacto con el Médico Dr. Ernesto Cordero Lopez quien les refirió que la víctima JAVIER MAMANI AJLLAHUANCA se habría retirado a su domicilio luego de las curaciones y les extendió un certificado médico con el diagnóstico de POLICONTUSO, HERIDA CONTUSA CORTANTE EN CARA Y ANTEBRAZO, posteriormente tomaron contacto con la victima, quien les relató el hecho sucedido afirmando que sus agresores serían los señores REMBERTO BAUTISTA PORTILLO Y BRAULIO BAUTISTA BAUTISTA (…), con esta información los referidos funcionarios policiales se trasladaron al domicilio de los sindicados con la finalidad de indagar sobre la denuncia realizada y en el lugar los sindicados se habrían puesto muy agresivos (…), posteriormente habrían salido otros familiares quienes de igual forma muy agresivos les manifestaron que las autoridades comunitarias solucionarán el caso y los policías no tenían nada que hacer en el lugar, momento que fue aprovechado por los sindicados para darse a la fuga y los funcionarios policiales solicitaron apoyo a la estación policial de Santiago de Huata de donde les enviaron refuerzo con dos policías y juntamente con dichos funcionarios policiales lograron arrestar a REMBERTO BAUTISTA PORTILLO conduciendo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Huarina a horas 12:45 p.m. en calidad de arrestado y a horas 13:30 p.m, se habría apersonado el otro sindicado el señor BRAULIO BAUTISTA BAUTISTA por lo que habiendo identificado como uno de los agresores se procedió al arresto del mismo.
Que, durante el curso de las investigaciones preliminares se ha establecido la existencia del hecho penal y la participación de los imputados en el mismo, es decir que en la comunidad de Tojocachi del municipio de Santiago de Huata había una fiesta patronal y en el mismo habría estado la víctima JAVIER MAMANI AJLLAHUANCA…” (sic [las negrillas fueron agregadas]).
De lo anterior, y según los datos que resalta tal actuado fiscal, se puede evidenciar que, existe constancia que la presunta víctima y los imputados tienen su domicilio en la Comunidad Tojocachi, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz.
Dicha afirmación de índole verificativa competencial, se encuentra respaldada además en la información obtenida de los antecedentes remitidos a esta jurisdicción constitucional, de la cual se advierte que los imputados, a efectos de obtener el cese de la detención preventiva que les fue impuesta, por memorial presentado el 11 de abril de 2022 (fs. 122 y vta.), ante el Juez Público Mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achacachi del departamento de La Paz, adjuntaron una serie de documentos que demuestran que ellos mismos consigan su domicilio en la Comunidad de Tojocachi, Provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, conforme a lo siguiente: 1) Factura 368142 de DELAPAZ S.A., que consiga como datos del consumidor a Braulio Bautista Bautista -imputado en el proceso penal-, con dirección “RH/PROV.OMASUYOS.MUN.STGO.DE.HUATA.COM.TA JOCACHI” (sic), actividad “VIVIENDA”, correspondiente a diciembre de 2021 (Conclusión II.5).
2) Acta de verificación domiciliaria de 8 de marzo de 2022, en la que se consigna que el domicilio de los imputados está en la Comunidad de Tajocachi (Conclusión II.10).
3) Informe 01/2022 de 8 de marzo, por el que Lorenzo Condori Choquehuanca, Secretario General y el Mallku Originario -sin aclaración de firma-, ambos de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, indicaron que Braulio Bautista Bautista “…tuvo su domicilio en esta Comunidad Originaria Penísula Tajocachi, antes y actualmente perteneciente a la provincia Omasuyos” (sic [Conclusión II.11]).
4) Copia legalizada del acta de buena conducta suscrita en la División de Actas y Garantías de la FELCC de Omasuyos, en la que se consigna que en la localidad de Huarina de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, el 9 de marzo de 2022, Braulio Bautista Bautista indicó dentro de sus generales de ley, ser natural de la Provincia Omasuyos y tener su domicilio en la Comunidad de Tajocachi, de esa Provincia; y, Remberto Bautista Portillo, consignó ser natural de la aludida Provincia y tener su domicilio en la nombrada Comunidad del Municipio de Santiago de Huata, de la misma Provincia, ambos en el departamento de La Paz (Conclusión II.12).
5) Certificado de 20 de marzo de 2022, por el que Lorenzo Condori Choquehuanca, Secretario General y el Mallku Originario -sin aclaración de firma-, ambos de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, indicaron que Remberto Bautista Portillo “…Quien es nacido en esta Comunidad Tajocachi del Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, vivía con su esposa junto a sus padres (…), asimismo NO TIENE CASA EN LA CIUDAD DE LA PAZ NI EN EL ALTO LA PAZ…” (sic [Conclusión II.13]).
Así, de dichas constancias, emergentes de actuaciones procesales presentadas por los propios imputados, se demuestra que los mismos asumen su autoidentificación de pertenecer a la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, y en coherencia con ello, se denota su vínculo de pertenencia. Al respecto y en cuanto al tópico del vínculo de pertenencia, este Tribunal a través de la SCP 0014/2023 de 15 de febrero -contenida en el Informe TCP-UUJ 0180/2024 de 26 de septiembre (Conclusión II.15)-, sostuvo que: “‘Así, conforme lo establece a su vez la Norma Suprema, están sujetos a la JIOC los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciado o imputado; de esta forma, de la denuncia formal presentada ante el ‘SEÑOR FISCAL DE LA LOCALIDAD DE SACACA’ por Pedro Flores Mamani y Martha Choque Mamani -esposos-, estos señalaron como domicilio la comunidad de ‘Mallcucota’ de la provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí; de igual manera, el primero, realiza actividades agrícolas trabajando en casa de su padre -aporcando su papa-, denotando los vínculos familiares y afectivos con personas de la indicada comunidad; además, de la relación circunstanciada de los hechos se desprende que el problema de origen -adulterio denunciado en la JIOC- del cual surgió el proceso penal por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, fue conocido y resuelto previamente por las autoridades IOC de 'Mallku Qota'; también, los denunciados dentro de la indicada causa penal, a tiempo de interponer excepción de falta de acción por existir impedimento legal, señalaron ser ‘…autoridades originarios y agricultores, domiciliados en la comunidad de Mallku K’ota y Calachaca, provincia Alonso de Ibañez del Departamento de Potosí…’ (sic), actuaciones procesales que muestran que las partes procesales un vínculo de pertenencia con la comunidad de ‘Mallku Qota’, Ayllu Sullka Jilatikani del municipio de Sacaca, provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí.’” (las negrillas nos corresponden [Conclusión II.15]). De lo expuesto, se concluye de manera indubitable que, la presunta víctima y los imputados dentro del proceso penal -del cual deriva el presente conflicto competencial-, resultan ser miembros de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, por lo que, concurre el ámbito de vigencia personal.
En el marco de lo dispuesto por el art. 191.II.3 de la CPE, así como de la previsión contenida en el art. 11 de la LDJ, para determinar el ámbito de vigencia territorial, debe tenerse en cuenta que la JIOC se aplica en los territorios ancestrales y respecto de hechos cometidos en el espacio físico del territorio IOC o fuera de ellos, pero que puedan afectar la cohesión social colectiva, así se tiene desarrollado en la SCP 0026/2013 citada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
A partir de ello, en el caso que se analiza, también concurre ese ámbito, en razón a que, los hechos que dieron origen al proceso penal por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves, se suscitaron en la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, en una “fiesta patronal” (fs. 8); y -conforme se tiene anotado precedentemente-, las actuaciones investigativas desplegadas vinculadas al hecho denunciado se realizaron en distintas inmediaciones de la Provincia Omasuyos; en consecuencia, las relaciones y hechos jurídicos a ser resueltos por la jurisdicción correspondiente, se realizaron y produjeron sus efectos dentro de los territorios ancestrales de la mencionada Comunidad Originaria.
Según se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, el ámbito de vigencia material se determina en función a que: “…las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (SCP 0026/2013 [las negrillas nos corresponden]).
Es así que, el art. 10.II inc. a) de la LDJ, prevé: “El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio”.
Es decir, para que un determinado asunto sea de conocimiento de la JIOC, previamente se deberá verificar si éste se encuentra fuera de los tipos penales descritos y excluidos en la citada disposición legal, en cuyo caso será dicha Jurisdicción la que conozca y resuelva el asunto o conflicto, de lo contrario corresponderá a la jurisdicción ordinaria.
A partir de ese contexto normativo y jurisprudencial, teniendo en cuenta la imputación formal e inicio de investigación, y la documentación con relación a la obtención de la detención domiciliaria de los imputados, queda demostrado que el referido proceso penal, que dio lugar al presente conflicto de competencias jurisdiccionales, se instauró por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, que no se encuentra excluido expresamente por la Ley de Deslinde Jurisdiccional para el conocimiento de las autoridades de la JIOC de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz; por lo que, el ámbito de vigencia material también concurre.
En esa misma línea de análisis, en cuanto a este ámbito de aplicación de la JIOC, corresponde precisar que, conforme a lo dispuesto por el art. 10.I de la LDJ, que cumpliendo el mandato establecido por el art. 191.II.2 de la CPE prevé que, la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación; en el caso de examen competencial no se advierte que, los hechos que originaron el proceso penal y que fueron tipificados como lesiones graves y leves, no hayan sido conocidos y resueltos con anterioridad, conforme a ello, al no existir una prohibición normativa -a partir de lo estipulado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional-, ni tampoco un desconocimiento ancestral de este tipo de situaciones de conflictos entre comunarios -de acuerdo a sus usos y costumbres- los hechos que dieron origen al presente conflicto competencial, pueden ser resueltos por la JIOC, conforme a sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a su libre determinación -entendimiento que también fue asumido por la precitada SCP 0014/2023-.
Conforme a lo desarrollado ut supra, se establece la concurrencia de los tres ámbitos de vigencia personal, territorial y material que hacen al ejercicio de la JIOC, previstos en el art. 191.II de la CPE; por lo que, corresponde declarar competente a la JIOC de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, para conocer el proceso penal del cual emerge el presente conflicto de competencias jurisdiccionales examinado y resuelto.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 la Constitución Política del Estado y 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE a las Autoridades Indígenas Originarias Campesinas de la Comunidad Originaria Península Tajocachi, Municipio Santiago de Huata, Cantón Kalaque, Provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, para conocer la problemática que dio origen al presente conflicto competencial, conforme a los fundamentos jurídicos constitucionales expresados en este fallo constitucional; y,
2° Disponer que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, se retire del conocimiento del caso y remita los antecedentes del proceso penal en cuestión, a las autoridades de la referida Comunidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. No interviene la Magistrada, MSc. Isidora Jiménez Castro, por ser de Voto Disidente.
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0095_2024.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3ceed428df02f65a63f2b0247f8bdbe334de5b709d1e512312f61b6aa88bbc7
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →