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SCP 0079/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 28 de agosto de 2023

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
46664-2022-94-CCJ
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Doctrina de unificación jurisprudencial

Qué se discutió

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública de Familia Tercera, ambos de Quillacollo del departamento de Cochabamba; quienes, a su turno, consideran no contar con competencia para conocer y resolver una demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, que según la demandante correspondería a un bien ganancial, adquirido dentro del matrimonio, que ésta contrajo con el vendedor del inmueble, quien no la tomó en cuenta al momento de transferir el señalado inmueble ubicado en el sector Potrero del municipio de Quillacollo. En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, para que conozca y resuelva la demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, interpuesta por Estefanía Bustamante Fuentes contra Eulogio Ulunque Flores y Celia Quispe Cuba Vda. de Cabrera.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control competencial jurisdiccional de constitucionalidad
  2. III.2. Conflicto negativo de competencias
  3. III.3. Competencia de la jurisdicción ordinaria y agroambiental para conocer y resolver acciones reales sobre bienes inmuebles
  4. III.4. Derechos emergentes de la unión conyugal, y la jurisdicción competente para conocer y resolver demandas por desconocimiento de estos
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2023 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 46664-2022-94-CCJ Departamento: Cochabamba El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública de Familia Tercera, ambos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Resolución del Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba

Por Resolución de 2 de febrero de 2022, cursante de fs. 30 a 31, Cristhian Enrique Rodo Hartel, Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, al declararse incompetente para conocer y resolver una demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, ubicado en la zona Potrero, Distrito 7 del municipio de Quillacollo, determinó declinar competencia en razón de materia a la jurisdicción ordinaria, conforme a los siguientes antecedentes y argumentos: a) El 9 de noviembre de 2021, Estefanía Bustamante de Ulunque a través de sus representantes Wilson Edson Choque Quino y Edgar René Escobar Escobar, interpuso demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de 6 has, ubicado en la zona Potrero del municipio de Quillacollo contra Eulogio Ulunque Flores y Celia Quispe Vda. de Cabrera, argumentando que, habiendo contraído matrimonio con el primer demandado, éste sin ninguna consulta o información, menos consentimiento de su esposa –hoy demandante–, hubiera transferido dicho bien inmueble el 26 de noviembre de 2007 a la segunda demandada, mismo que tiene la calidad de bien ganancial, por la precitada relación matrimonial que se formalizó en 1979; b) La minuta de transferencia no tiene la firma de la demandante, dicho instrumento carece de legalidad, siendo nulo, conforme instituye los arts. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–; y, 452 del Código Civil (CC), pues el mismo no cuenta con el consentimiento de una de las propietarias del inmueble; c) La pretensión de la demandante no solo es la de declarar la nulidad de una trasferencia del bien inmueble sino además de que se reconozca que el mismo se constituye en un bien ganancial, obtenido dentro del matrimonio, lo que escapa de su competencia, ello en sujeción a la jurisdicción y competencia reservada para la jurisdicción agroambiental, según lo establece en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria –Ley 1715 de 18 de octubre de 1996–; d) Siendo que el objeto de la demanda de nulidad de una transferencia sobre un bien ganancial, corresponde a la jurisdicción ordinaria familiar, la cual debe resolverse conforme dispone los arts. 192 del CFPF; y, 70.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, e) Según establecen la SCP 0569/2019-S4 de 29 de julio y el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 02/2019 de 6 de febrero, remitió obrados al Juez competente.

I.2. Resolución de la Autoridad Jurisdiccional Ordinaria

Mercedes Huanca López, Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 24 de marzo de 2022, cursante a fs. 33 y vta., señalando promover conflicto de competencias jurisdiccionales y ordenó la remisión de obrados a este Tribunal conforme los siguientes argumentos: 1) Según determina el art. 70 de la LOJ, es competencia de los Juzgados en materia familiar, conocer y decidir causas de comprobación, de nulidad y anulabilidad del matrimonio; por otro lado, el art. 421 del CFPF, establece que los Juzgados en materia familiar, resuelven demandas de nulidad de matrimonio o de unión libre y nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial; sin embargo, no tiene competencia para resolver la nulidad de transferencia de bienes inmuebles; 2) Si bien existen otras causales de nulidad y anulabilidad dispuestas en los arts. 549 y 554, estas se tramitan en la vía civil en caso de encontrarse el bien en área urbana y la instancia agroambiental en caso de que el bien se encuentre en área rural; 3) Siendo que el bien inmueble objeto de la demanda de nulidad de contrato, según antecedentes se encuentra en área rural, es competencia del Juez Agroambiental resolver la señalada demanda conforme instituye los arts. 23 y 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA); 4) Como antecedentes se tiene que la Sentencia 021/2010 de 29 de octubre, pronunciada por la Jueza Agraria del departamento de Tarija, que fue confirmada en recurso de casación mediante Auto Nacional Agrario 357/2011, resolvió la nulidad del documento de compra y venta de terrenos agrarios; y, 5) Dado que la demanda refiere sobre nulidad de documento de contrato de compra y venta de un bien agrario y no la nulidad de la ganancialidad dentro de un matrimonio, la competencia para resolver esta demanda, le corresponde a la Jurisdicción Agroambiental.

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0135/2022-CA de 27 de abril, cursante de fs. 37 a 41, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública de Familia Tercera, ambos de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 22 de febrero de 2023 (fs. 50) se dispuso la suspensión del cómputo del plazo, con la finalidad de obtener mayores elementos sobre la línea jurisprudencial de este Tribunal, respecto a la competencia de la jurisdicción agroambiental sobre demandas en las que se dilucide la propiedad de bienes gananciales; esta Relatoría, solicitó a la Comisión de Admisión, se ordene a la Unidad de Unificación Jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, remita un Informe sobre lo señalado; reanudándose el mismo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 16 de agosto de 2023 (fs. 72); por lo que, la presente Sentencia Constitucional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Certificado de Matrimonio emitido en Cochabamba el 12 de agosto de 2015, con fecha de partida de 24 de abril de 1979; por el cual, se establece que Eulogio Ulunque Flores y Estefanía Bustamante Fuentes inscribieron su matrimonio en el Libro 3, Partida 42, Folio 29 de la Oficialía de Registro Civil 1405 de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 2). II.2. Consta Minuta de transferencia de bien inmueble de 26 de noviembre de 2007, mediante la cual se evidencia que, Eulogio Ulunque Flores, transfiere en su totalidad un terreno de 60 000m² registrado en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) a fojas 3476, Partida 3476 del Libro Primero de propiedad de la provincia Quillacollo de 24 de octubre de 1991, a Celia Quispe Cuba Vda. de Cabrera por un monto total de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos [fs. 4 y vta.]); cursa además reconocimiento de firmas de ambas personas suscribientes de la referida Minuta en Notaría de Fe Pública 7 de Quillacollo (fs. 5). II.3. Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2021, Wilson Edson Choque Quino y Edgar René Escobar Escobar, en representación legal de Estefanía Bustamante de Ulunque, presentan al Juzgado Agroambiental de Quillacollo del indicado departamento, demanda ordinaria de nulidad de escritura de trasferencia de lote de terreno, respecto al documento de transferencia de 26 de noviembre de 2007 (fs. 18 a 22); lo que mereció proveído de 10 de noviembre de 2021, por el cual, José Edwin Pérez Mejía, Juez Agroambiental de Quillacollo de dicho departamento, dispuso que con carácter previo de la admisión, la impetrante deba acompañar documentación del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo en la cual se demuestre la condición actual del citado lote de terreno (22 vta.).

II.4. Cursa Certificación de área de 19 de enero de 2022, firmada por Jhony Tapia Melgarejo, Director de Ordenamiento Territorial y Límites del precitado ente municipal; por el cual, certificó que, revisados los documentos presentados y debidamente legalizados, el predio ubicado en la zona Potrero, Distrito 7, del municipio de Quillacollo, cuenta con una superficie total de 6 has, registrado a fojas 3476, Partida 3476 a nombre de Eulogio Ulunque Flores, el mismo que se encuentra fuera del radio urbano del municipio de Quillacollo; por lo tanto, no tienen conocimiento si el predio esta fraccionado; empero, se constató que en el terreno existen edificaciones en el lado oeste, concretamente cinco construcciones sobre lotes presumiblemente ya fraccionados (fs. 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública de Familia Tercera, ambos de Quillacollo del departamento de Cochabamba; quienes, a su turno, consideran no contar con competencia para conocer y resolver una demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, que según la demandante correspondería a un bien ganancial, adquirido dentro del matrimonio, que ésta contrajo con el vendedor del inmueble, quien no la tomó en cuenta al momento de transferir el señalado inmueble ubicado en el sector Potrero del municipio de Quillacollo. En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

III.1. El control competencial jurisdiccional de constitucionalidad

De conformidad con el art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE): “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. Reconocida que se encuentra la vigencia de tres jurisdicciones en la Norma Suprema, dentro de las atribuciones de este Tribunal, según lo dispuesto por el art. 202.11 de la CPE, se encuentra la de conocer y resolver “los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. En la misma línea normativa, el art. 85.I.3 y principalmente el art. 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determinan que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los conflictos de competencias entre las Jurisdicciones Indígena Originaria Campesina, Ordinaria y Agroambiental”, atribución que tiene la finalidad de regular las competencias, dentro del marco de la cooperación y coordinación jurisdiccional, en este sentido, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, sostuvo que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas son nuestras). A su turno, la SC 0001/2005 de 2 de febrero, asumió que: “El conflicto de competencia, en la Jurisdicción Constitucional, se configura cuando sobre la tramitación de un determinado asunto existen dos autoridades que reivindican para sí la competencia, es decir, una autoridad que tramita un asunto, sin tener, en apariencia, competencia para ello, y una segunda autoridad que, en apariencia, sí tiene competencia para tramitar ese asunto, en cuyo caso corresponde al Tribunal Constitucional dirimir el conflicto señalando cuál es la autoridad competente”, en este segundo ámbito de entendimiento, los conflictos de competencia negativos, también deben ser parte del conocimiento y resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues se debe dirimir, qué autoridad es competente para resolver un aspecto del cual dos autoridades rehúsan o no aceptan la competencia emanada de la Constitución y las leyes.

III.2. Conflicto negativo de competencias

Los conflictos negativos de competencias, de acuerdo a su naturaleza jurídica, se producen cuando dos autoridades rechazan el conocimiento de determinada pretensión, dicho de otro modo, se rehúsan a resolver una controversia puesta en su conocimiento, al considerarse incompetentes para resolver la misma, razonamiento asumido en la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, la cual sostuvo que: “…la función judicial, podría generar conflictos de competencia ya sea positivos o negativos. Positivos, cuando en aplicación de mecanismos intra-procesales para el resguardo de esta garantía normativa, dos o más autoridades jurisdiccionales se consideran competentes para el conocimiento y resolución de una problemática determinada. Por el contrario, el conflicto jurisdiccional negativo, opera cuando mediante la utilización de mecanismos intraprocesales para el cuestionamiento de la competencia, dos o más autoridades jurisdiccionales se inhiben del conocimiento de la causa por considerarse incompetentes” (las negrillas nos pertenecen). Sobre la configuración de este tipo de conflicto, la SCP 1536/2012 de 24 de septiembre, estableció lo siguiente: “…es menester precisar que desde un punto de vista procesal, el inicio del conflicto de competencias negativo, está dado por el momento en el cual, la autoridad jurisdiccional a la cual, por declinatoria de competencia se le reenvía el conocimiento de una causa, no se allane al conocimiento de la misma” (las negrillas nos corresponden). Dicho de otro modo, este tipo de conflictos se produce cuando la autoridad jurisdiccional se niega a conocer y resolver la pretensión de la parte por considerarse, también incompetente, situación en la cual se produce un vacío competencial, que debe ser resuelto por esta instancia, declarando, en virtud de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia constitucional, qué autoridad es competente para conocer y resolver una determinada demanda, momento en el cual se proseguirá el trámite procesal, en la jurisdicción declarada competente según la determinación de esta jurisdicción constitucional.

III.3. Competencia de la jurisdicción ordinaria y agroambiental para conocer y resolver acciones reales sobre bienes inmuebles

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal estableció que: “…tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerara la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla” (las negrillas son nuestras [SCP 2140/2012 de 8 de noviembre]). Recientemente, interpretando el alcance de la señalada línea jurisprudencial, la SCP 0015/2019 de 13 de marzo, sostuvo lo siguiente: “Si bien, ese es el precedente aplicable a la generalidad de los casos; sin embargo, pueden presentarse supuestos en los cuales existe una causa principal que fue conocida por una u otra jurisdicción, y procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal), en los cuales, por el destino de la propiedad objeto del conflicto, la jurisdicción competente puede variar, con relación a la causa principal. En estos casos, considerando los principios de celeridad, seguridad jurídica (art. 178 de la CPE), eficacia, eficiencia, accesibilidad y verdad material (art. 180.I de la CPE), integralidad e inmediatez (art. 186 de la CPE), debe entenderse que la jurisdicción que conoció la causa principal es competente para conocer los subsiguientes procesos; pues sólo de esa manera, es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso. Un entendimiento contrario, podría generar que existan razonamientos hasta discrepantes en procesos que tienen como base un mismo problema jurídico, lo que evidentemente ocasionaría inseguridad jurídica y restaría eficacia y eficiencia a la función judicial.

Consecuentemente, para determinar la competencia entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, deben considerarse las siguientes reglas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble en litigio, sea ésta urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del mismo y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que, si está destinado al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que, si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales; sin embargo, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso, aun el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla establecida en el inciso anterior” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Derechos emergentes de la unión conyugal, y la jurisdicción competente para conocer y resolver demandas por desconocimiento de estos

El art. 63.I de la CPE, establece que: “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges” generándose jurídicamente un vínculo familiar; en tal sentido, “El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus miembros” (las negrillas nos corresponden [art. 4.I del CFPF]). Respecto a la unión conyugal, el art. 173 del CFPF, determina lo siguiente: “Los cónyuges tienen los mismos derechos y deberes en la dirección y gestión de los asuntos del matrimonio o de la unión libre como el mantenimiento y responsabilidades del hogar y la formación integral de las y los hijos, si los hay”, formalizada la unión conyugal “I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye, aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II. Disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes” (art. 176 del CFPF); constituyéndose en un derecho emergente de la vinculación conyugal, “I. La comunidad de gananciales se regula por la Ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad de pleno derecho. II. Si la o el cónyuge por voluntad propia quiere disponer de sus bienes a favor de sus hijas e hijos lo hará mediante escritura pública, bajo pena de nulidad” (las negrillas nos corresponden [art. 177 del CFPF]); lo que implica el entendimiento de que todo acuerdo que efectuado por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro respecto a la disposición de estos bienes, es nulo, así como que solamente estos bienes pueden ser transferidos a los hijos, pero solo en perfeccionamiento de acuerdo expresado en escritura pública, caso contrario dicha decisión también será declarada nula. Por otro lado, el mismo cuerpo normativa, establece que son bienes comunes, aquellos adquiridos por modo directo o por sustitución dentro de la unión conyugal, lo que implica una igualdad de derechos sobre estos respecto a ambos cónyuges; en tal sentido, el art. 192 del CFPF, señala con claridad que: “I. Para enajenar, hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda los bienes comunes es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, dado por sí, con poder especial, o por medio de una o un apoderado con poder especial. Cuando no sea posible obtener este poder y en caso de ausencia o imposibilidad de ejercer la administración por uno de los cónyuges, debe obtenerse la autorización judicial respectiva. II. Los actos de disposición como enajenar, hipotecar, gravar, dejar en prenda, mutuo, usufructo y uso, comodato, anticresis, entre otros, de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a demanda de la o el otro cónyuge, salvo que ésta o éste prefiera reivindicar a título exclusivo la parte que le corresponda en el bien dispuesto, si ello es posible, u obtener el valor real de la misma” (las negrillas son nuestras). “La comunidad ganancial termina por: a) Desvinculación conyugal. b) Declaración de nulidad del matrimonio. c) Separación judicial de bienes, en los casos en que procede” (art. 198 del CFPF). “I. En virtud de la terminación de la comunidad ganancial, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, incluidos los que le han sido asignados como participación en los comunes, sin comunicar en lo sucesivo las ganancias a la o el otro, pero debe contribuir a los gastos comunes en la proporción que le corresponda.

II. En el caso de separación judicial de bienes, las y los acreedores sólo pueden ejecutar los bienes de la o el cónyuge deudor, por los créditos asumidos de manera posterior a la separación” (art. 199 del CFPF). En un análisis de la normativa glosada supra, se puede establecer que, con la unión conyugal, se generan derechos para ambos cónyuges, como miembros de un núcleo familiar jurídicamente constituido, uno de ellos el derecho a decidir sobre los bienes gananciales generados dentro de la unión conyugal, el mismo que no puede ser modificado por convenios particulares, bajo pena de nulidad; es decir, se constituye en un derecho que implica un respeto en su protección y ejercicio, que bien pudiera ser transferido a los hijos, pero solo mediante escritura pública; por otro lado, corresponde señalar que estos bienes gananciales, se convierten en bienes comunes, pues es de disposición de ambos cónyuges, quienes deben otorgar su autorización para hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda, los mismos; en un igual contexto, cuando uno de los cónyuges dispone de estos bienes comunes sin autorización del otro, este acto puede ser anulado a petición del agraviado, debiendo en consecuencia, la jurisdicción ordinaria familiar, resolver estas controversias. En consecuencia, los derechos adquiridos por unión conyugal, sea matrimonio o unión libre, y un posible desconocimiento de los mismos, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria familiar, como jurisdicción especializada en la protección judicial efectiva de las familias y los miembros del núcleo familiar; por lo cual, toda controversia surgida del desconocimiento de los derechos que implica los bienes gananciales y bienes comunes, debe ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria familiar, la misma que en aplicación del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el Código Civil y Código Procesal Civil, debe resolver demandas que tengan la finalidad de reivindicar en derecho de uno de los cónyuges sobre los bienes gananciales y bienes comunes.

III.5. Análisis del caso concreto

Conocidos los argumentos de ambas autoridades jurisdiccionales, conforme se tiene del análisis del presente conflicto negativo de competencias, corresponde inicialmente señalar que, mediante resolución fundamentada, tanto el Juez Agroambiental de Quillacollo como la Jueza Pública de Familia Tercera del mismo municipio, ambos del departamento de Cochabamba, se declararon incompetentes para conocer y resolver una demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, ubicado en la zona Potrero, Distrito 7 del municipio de Quillacollo, la cual fue interpuesta por Estefanía Bustamante Fuentes, bajo el argumento de que al ser el citado inmueble un bien ganancial, no otorgó a su esposo –Eulogio Ulunque Flores– la autorización para trasferir el mismo en su totalidad a Celia Quispe Cuba Vda. de Cabrera.

En tal sentido, de las Conclusiones II.1. y II.2. de este fallo constitucional, se advierte que, evidentemente Estefanía Bustamante Fuentes contrajo matrimonio civil con Eulogio Ulunque Flores el 24 de abril de 1979, y siendo que el certificado de matrimonio que se presentó como prueba fue emitido el 12 de agosto de 2015, al menos hasta esa fecha dicha relación conyugal se encontraba vigente; ahora bien, también se puede constatar que el 26 de noviembre de 2007, Eulogio Ulunque Flores, transfirió un bien inmueble de 60 000m² en favor de Celia Quispe Cuba Vda. de Cabrera por un monto total de Bs80 000.-, cursando además documento de la misma fecha de reconocimiento de firmas de ambas personas suscribientes de la referida Minuta en Notaría de Fe Pública 7 de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Ante dicha circunstancia, e intentando reivindicar sus derechos sobre lo que la demandante señala se constituye en un bien ganancial, el 9 de noviembre de 2021, a través de dos apoderados, interpuso ante el Juez Agroambiental de Quillacollo, demanda ordinaria de nulidad de escritura de trasferencia del antes citado lote de terreno, y previo a su admisión en el citado Juzgado, su titular, ordenó que a través de la instancia correspondiente del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se emita un informe sobre la condición actual del inmueble objeto de la demanda; mereciendo Certificación de área de 19 de enero de 2022 firmada por Jhony Tapia Melgarejo, Director de Ordenamiento Territorial y Límites del indicado ente municipal, por la cual da a conocer que, la superficie cuenta con una extensión de 6 has, la misma que se encuentra fuera del área urbana del municipio de Quillacollo; empero, se constató que en el terreno existen edificaciones en el lado oeste, cinco construcciones sobre lotes presumiblemente fraccionados (Conclusiones II.3. y II.4.). En compulsa de tales antecedentes, y siendo una atribución de la jurisdicción constitucional conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción ordinaria, sean estos positivos, cuando ambas autoridades se consideran competentes para conocer una determinada demanda, o negativos, cuando ninguna de las dos autoridades considera ser competente para resolver una demanda, por ende declinan competencia a la otra autoridad jurisdiccional (Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2.), le corresponde a este Tribunal, mediante el análisis normativo y jurisprudencial aplicable al caso, determinar a qué autoridad jurisdiccional –agroambiental u ordinaria– le corresponde la competencia para conocer y resolver la señalada demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has en el municipio de Quillacollo. En ese entendido, del Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, si bien los jueces ordinarios como los agroambientales, tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas, se debe considerar que, para determinar la competencia de una de estas dos jurisdicciones, no solo se deberá considerar la ordenanza municipal que establezca los límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; sin embargo, la jurisprudencia constitucional reciente, ha establecido que, para determinar la competencia de una autoridad jurisdiccional, también se debe buscar una solución integral al problema jurídico planteado en la demanda principal. En tal sentido, si bien en una primera instancia se debe analizar la ubicación geográfica del bien inmueble en litigio, y establecer si el mismo, más allá de encontrarse en área urbana o rural, tiene una vocación agropecuaria o se encuentra destinado a vivienda; también es posible analizar la vinculación de la demanda con el cumplimiento de un derecho u obligación consolidado, sea a través de un acuerdo jurídico o mediante una resolución jurisdiccional; en ese contexto deberá declararse competente a la autoridad que hubiere conocido o resuelto el acuerdo o proceso con anterioridad. En el presente caso, la demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, no solo busca dejar sin efecto el referido acuerdo de compra y venta, sino además reivindicar el derecho de Estefanía Bustamante Fuentes, quien considera que al ser un bien ganancial el referido inmueble su esposo debió consultarle antes de perfeccionar la señalada transferencia, dicho de otro modo, la demandante busca además el reconocimiento de su derecho sobre el inmueble al ser éste según alega, un bien ganancial. Bajo esas precisiones, del Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, se tiene que, dentro de los derechos que una persona adquiere en una unión conyugal, se encuentra el reconocimiento a ambos cónyuges de los bienes gananciales, derecho que no puede renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad, cuyos bienes gananciales también se constituyen en bienes comunes, y cuya disposición debe pasar por acuerdo y conocimiento de ambos cónyuges, bajo pena de nulidad, a demanda de uno de ellos, concretamente del cónyuge a quien no se le consultó sobre dicha disposición. En el presente caso, como bien se manifestó, no solo se intenta la nulidad del documento de transferencia sino también el reconocimiento de un derecho sobre los que la demandante indica es un bien ganancial; por lo cual, conforme a la protección de derechos de las familias y los miembros del núcleo familiar; así como, de la especialidad que tiene la jurisdicción ordinaria familiar, en tal sentido, la autoridad competente para resolver la señalada demanda, debe ser la Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública de Familia Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, para que conozca y resuelva la demanda de nulidad de escritura de transferencia de un lote de terreno de 6 has, interpuesta por Estefanía Bustamante Fuentes contra Eulogio Ulunque Flores y Celia Quispe Cuba Vda. de Cabrera. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, por ser de Voto Disidente; por otro lado, los Magistrados René Yván Espada Navía y el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori, son de Voto Aclaratorio.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0079_2023.pdf · páginas 1 a 13.

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