Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 20 de noviembre de 2024
Define la competencia
La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Cecilia Choque Choque, Bruno Choque Guarachi y Zulma Quispe Mamani, miembros del Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, provincia Aroma y el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los hechos denunciados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancias de Pedro Choque Salazar contra Mario Choque Flores y otros por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos referidos, a tal efecto se desarrollarán los siguientes fundamentos: 1) El conflicto de competencias jurisdiccionales es una figura jurídica autónoma y diferente a los institutos procesales de la jurisdicción ordinaria; 2) Los conflictos de competencia jurisdiccionales y los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 85.I.3 del Código Procesal Constitucional resuelve: 1º Declarar COMPETENTE a las Autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya provincia Aroma del Departamento de La Paz, para que conozcan y resuelvan la problemática jurídica objeto de la presente. 2º Disponer que, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, se inhiba del conocimiento del caso y remita los antecedentes correspondientes a la autoridad o instancia correspondiente declarada competente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2024 Sucre, 20 de noviembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 54405-2023-110-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Cecilia Choque Choque, Bruno Choque Guarachi y Zulma Quispe Mamani, miembros del Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, provincia Aroma y el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de abril de 2023, cursante de fs. 19 a 27 vta., las citadas autoridades indígena originario campesino manifestaron que el 26 de mayo de 2018, hubo una reunión ordinaria de la Sub Central San Martín de Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, con presencia de las autoridades de seis comunidades, en la cual, surgió un problema por el saneamiento de tierras; puesto que, fueron engañados por un presunto Comité de Saneamiento a la cabeza de Amador Nina, Alejandro Salome y Luis Lima Laura, encontrándose detrás de esas acciones ilegales el ex Senador Jorge Choque Salome, quien junto a un grupo de personas denominados como "los sin tierra", pretendían apoderarse de una extensión de 914 ha perteneciente al ex Instituto Boliviano Tecnológico (IBT), por esa situación el proceso de saneamiento fue suspendido y también ocasionó una división de comunidades. Como consecuencia de aquello, se reconstituyó la Sub Central Iquiaca Umala con dos comunidades Alto Patacamaya y Amachuma municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz; empero, Jorge Choque Salome continuó dividiendo y creando sindicatos paralelos para adueñarse del terreno de 914 ha para urbanizarlas, existiendo persecución judicial hacia las autoridades indígenas originarias que se opusieron a estos actos delincuenciales, siendo que el prenombrado en su condición de ex senador, también habría sido observado por las bases de Amachuma teniendo tres procesos penales por falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y de asistencia familiar. En diciembre de 2022, Pedro Choque Salazar se autonombró como Sub Central de San Martín de Iquíaca en representación de la comunidad Amachuma y Luis Fernando Choque Salomé -hermano del ex senador- como Secretario General de dicha Comunidad, frente a esos actos ilegales, las bases y las autoridades legítimas elegidas por rotación de cargos de esa Comunidad, en el marco de la justicia indígena, el 11 de enero de 2023, sacaron la vestimenta y los símbolos de autoridad como sanción por suplantar a las autoridades legítimas de la comunidad Amachuma. En ese sentido, el Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, planteó conflicto de competencias jurisdiccionales ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, dando cumplimiento al art. 102 del Código Procesal Constitucional (CPCo), quien rechazó dicha solicitud por incumplimiento a los tres ámbitos de vigencia. El Consejo de Justicia no es otra cosa que la restitución del referido Consejo Amawtico Ancestral que los abuelos tenían como altos cargos en la administración del Ayllu; al efecto dicho Consejo de Amachuma exige respeto al derecho de ejercer la justicia indígena. En el presente caso se cumplió con el ámbito de vigencia personal, establecido en el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-; por cuanto, el demandante como los demandados son miembros de la comunidad Amachuma, Sub Central Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, tal como se demuestra con las cédulas de identidad adjuntas; asimismo, respecto al ámbito de vigencia material se tiene que los delitos de lesiones graves y leves denunciados en la justicia ordinaria no se encuentran proscritos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, empero, el art. 10 de dicha Ley, ocasiona una flagrante vulneración de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos por la restricción en su competencia, vulnerando derechos y principios como la libre determinación, la autonomía y el autogobierno el pluralismo jurídico, la interculturalidad así como… "la IGUALDAD JERÁRQUICA CON LA JURISDICCIÓN ORDINARIA" (sic) establecido en el art. 179.II de la Constitución Política del Estado (CPE). En cuanto al ámbito de vigencia territorial descrito en el art. 11 de la LDJ concurre la misma, siendo que los hechos ocurridos se habrían suscitado en el lugar frente al “Cuartel” en el territorio de la comunidad Amachuma en la Sub Central Iquiaca Umala del municipio de Patacamaya de la provincia Aroma del departamento de La Paz.
Por Resolución 029/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 1 a 2 vta. el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, declaró "SIN LUGAR e INFUNDADO" el petitorio de apartamiento interpuesto por las citadas autoridades indígenas originario campesinas, asumiendo y ratificando el conocimiento del presente caso, todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación al ámbito de vigencia personal, se estableció que los denunciados e investigados en el caso en análisis son seis personas y de la revisión minuciosa del expediente no se llega a determinar si quiera el nombre de alguno de ellos; asimismo, de las fotocopias de actas de nombramiento de Secretario General de la comunidad Amachuma, se advierte que el 18 de diciembre de 2022, se designó en dicho cargo a Benedicto Ramos Choque (uno de los denunciados) cuya posesión fue el 31 de diciembre del mismo año; por lo que, respecto al nombrado sí estaría acreditado los tres ámbitos de vigencia; empero, respecto a los otros cinco denunciados no se tiene certeza sobre el cumplimiento de los tres referidos ámbitos de vigencia; b) En cuanto al ámbito de vigencia territorial, se estableció que el hecho en cuestión conforme al dato del inicio de investigaciones hubieran ocurrido en la localidad de Patacamaya frente al cuartel Calama a horas 16:20 el 11 de enero de 2023, y no al interior de la Sub Central Iquiaca de Umala, tal como refiere el petitorio del alejamiento; y, c) Sobre el ámbito de vigencia material, el art. 10.II inc. a) de la LDJ expone un catálogo de delitos que la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) no debe conocer, en la que no está consignado el delito de lesiones graves y leves; por lo que, no está limitado ni prohibido al conocimiento y resolución por la JIOC.
La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Auto Constitucional 0175/2023-CA de 18 de abril, cursante de fs. 50 a 55 notificado al Juez el 21 de agosto de 2023, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Cecilia Choque Choque, Bruno Choque Guarachi y Zulma Quispe Mamani, miembros del Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, provincia Aroma y el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz, disponiendo la suspensión de la tramitación del proceso de referencia en la citada jurisdicción ordinaria como en la indígena originaria campesina.
La presente causa fue sorteada el 28 de marzo de 2024 y por decreto de 3 de abril del mismo año, cursante a fs. 73 se dispuso la suspensión del plazo, a fin de que el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, remita antecedentes del proceso penal objeto de la presente.
Remitidos lo requerido, por Decreto Constitucional de 12 de noviembre de 2024, cursante a fs. 281 se reanudó el plazo para la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, la misma es pronunciada dentro del plazo legal.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Se tiene copia de Personalidad Jurídica de la comunidad de Amachuma de 23 de octubre de 2017, otorgada por el Gobernador del Departamento de La Paz, la misma está ubicada en el municipio de Patacamaya, provincia Aroma del señalado departamento. (fs. 36). II.2. Cursa copia de Formulario de Denuncia de 12 de enero de 2023, en cuya relación de hechos señaló:
“EL 11 DE ENERO DE 2023 A HORAS 10:20 APROXIMADAMENTE EN PATACAMAYA PROVINCIA AROMA CANTÓN SAN MARTIN IQUICA (…) VÍCTIMA DE NOMBRE PEDRO CHOQUE SALAZAR, REFIERE QUE SUFRIÓ UNA AGRESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR FIDEL CHOQUE CAPIA, ELVIRA CAPIA DE CHOQUE, MARIO CHOQUE FLORES, BENEDICTO RAMOS CHOQUE, FELIX ALVARADO BAUTISTA, ELMEREGILDO ALVARADO, HECHO SUSCITADO EN LA LOCALIDAD PATACAMAYA, PROVINCIA AROMA, FRENTE AL CUARTEL CALAMA, A HORAS A 10:20AM APROXIMADAMENTE, EN FECHA MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, HECHO OCURRIDO CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA PASANDO AL FRENTE DEL CUARTEL CALAMA CONJUNTAMENTE CON OTRAS AUTORIDADES DEL CANTÓN ES CUANDO CRUZA LA AV. DIRIGIÉNDOSE A UN TAXI QUE LE ESTABA ESPERANDO, EN ESE MOMENTO SIENTE QUE ALGUIEN LE JALA DE SU PONCHO HACIA ATRÁS, Y VE QUE ERA EL DENUNCIADO FIDEL CHOQUE, QUIEN LE SUJETABA A LA VÍCTIMA INTENTA DEFENDERSE, PERO NO PUDO HACERLO YA QUE LE APRETABA EL CUELLO CON EL PONCHO, LOS DENUNCIADOS PRETENDÍAN QUITARLE EL MALETÍN E INTENTANDO QUITARLE SU MALETÍN ES EN ESO QUE LA VÍCTIMA SE CAE AL PISO, EL DENUNCIADO BENEDICTO RAMOS CHOQUE LE PISA EL BRAZO Y EL DE DENUNCIADO MARIO CHOQUE FLORES DE LA UNA PATADA EN EL PECHO, Y LOS DENUNCIADOS FELIX ALVARADO, ELVIRA CAPIA DE HOQUE LE DAN PATADAS EN TODO EL CUERPO, EL DENUNCIADO ELMEREGILDO ALVARADO LE DA UN PUÑETE EN EL ROSTRO, LA DENUNCIADA ELVIRA CAPIA LE QUITA SU CHUSPA Y SE LO LLEVA, COMO TAMBIÉN EL CHICOTE Y SU CHALINA, LA VICTIMA LOGRA LEVANTARSE Y SE VA CORRIENDO A LA MOVILIDAD. DENUNCIANTE PRESUME QUE LAS AGRESIONES FUERON A CONSECUENCIA DE QUE EL MISMO HABRÍA SIDO NOMBRADO NUEVA AUTORIDAD DEL LUGAR, Y QUE LOS DENUNCIADOS ESTARÍAN ALEJADOS DEL LUGAR., JALONES, SUSTRACCIÓN DE PRENDAS” (sic [fs. 151]). II.3. A través de escrito presentado el 13 de enero de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso, a instancias de Pedro Choque Salazar comunicó ante el Juez de Instrucción Penal de Turno de El Alto del departamento de La Paz, el inicio de investigaciones contra Benedicto Ramos Choque, Mario Choque Flores, Eulalia Capia Lima, Hermenegildo Alvarado Alvarado, Félix Alvarado Bautista, Fidel Choque Capia, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves tipificado en el art. 271 del Código Penal (CP); al efecto por decreto de la misma fecha, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del señalado departamento, tuvo por informado el inicio de investigaciones (fs. 150 y vta.). II.4. Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, la Fiscal de Materia asignada al caso, solicitó al Juez de control jurisdiccional, la declinatoria de competencia en razón de jurisdicción, siendo que los hechos se habrían suscitado el 11 del mismo mes y año en la localidad de Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz (fs. 154 y vta.); por lo que, la autoridad judicial mediante Resolución 061/2023 de 30 de enero, en aplicación de los arts. 49.1 y 2 del CPP, decidió declinar competencia en razón de territorio al Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del señalado departamento, para la prosecución del caso (fs. 156); al efecto por decreto de 7 de febrero del señalado año, el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del indicado departamento radicó la causa (fs. 162). II.5. Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2023, Zulma Quispe Mamani, Bruno Choque Huarachi y Celia Choque Choque, miembros del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Sub Central Iquiaca de Umala provincia Aroma del departamento de La Paz, plantearon al Juez de control jurisdiccional conflicto de competencias (fs. 164 a 171 vta.), por lo que la autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 029/2023 de 15 de marzo, declaró sin lugar e INFUNDADO el petitorio de apartamiento del caso interpuesto por las citadas autoridades indígena originario campesinos (fs. 174 a 175 vta.). II.6. A través de memorial presentado el 3 de julio de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso, a denuncia de Pedro Choque Salazar -con domicilio real en la zona Asunción, Av. del Ejercito s/n Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz-; formuló ante el Juez de la causa imputación formal contra Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Hermenegildo Alvarado Alvarado, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; al efecto solicitó medidas cautelares de carácter personal (fs. 191 a 194 vta.); por lo que, la autoridad judicial por providencia de 4 de julio del mismo año, fijó audiencia virtual de consideración de medidas cautelares para el 19 del citado mes y año (fs. 195). II.7. Se tiene escrito presentado el 4 de agosto de 2023, Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, mayores de edad, comunarios, con domicilio real en la comunidad de Amachuma del cantón Iquiaca de Umala municipio de Patacamaya de la provincia Aroma del departamento de La Paz, se apersonaron ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del señalado departamento, purgando rebeldía; asimismo impetraron nulidad de notificación con la imputación formal (fs. 211 a 213 vta.) II.8. La Autoridad judicial de la causa, por Resolución 132/2023 de 8 de agosto, revocó la Resolución 119/2023 de 19 de julio, que declara la rebeldía de los imputados, dejando sin efecto las ordenes de aprehensión y arraigo; asimismo fijó audiencia virtual para el 11 de agosto de 2023 a fin de resolver el incidente de nulidad de notificación (fs. 214 y vta.), al efecto consta Resolución 133/2023 de 11 de agosto, por el cual el Juez de la causa declaró fundado el incidente de nulidad de notificación con la imputación formal realizado el 12 de julio de 2023 (fs. 217 a 219 vta.). II.9. Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, por escrito presentado el 18 de agosto de 2023, plantearon incidente de actividad procesal defectuosa pidiendo la nulidad de imputación (fs. 221 a 223 vta.); por lo que, el Juez de la causa, por providencia de la misma fecha mes y año, fijó audiencia virtual para el 23 del citado mes y año (fs. 224). II.10. El Fiscal de Materia asignado al caso, mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2023, en aplicación de los arts. 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, 301.3 y 304.2 y 3 del CPP, formuló ante el Juez de control jurisdiccional Resolución de Rechazo de denuncia en favor de los denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima (fs. 234 a 235 vta.), al efecto la autoridad judicial por decreto de la misma fecha, mes y año señaló: “Estese al proveído de fs. 219 que suspende la tramitación de la causa y se proveerá en su oportunidad siempre y cuando corresponda” (fs. 236). II.11. Consta Informe de la Secretaría Técnica y Descolonización TCP/STyD/JIOC 006/2024 solicitado por medio de Decreto Constitucional de 3 de abril de 2024, el cual entre otros aspectos concluyó que:
“La comunidad Amachuma es una organización social ancestral de la cultura milenaria de la nación aymara, que tiene como legítimo derecho mantener y fortalecer su propia identidad cultural, histórico, lengua, expresión espiritual y material de su pueblo, de acuerdo a su propia cosmovisión que, desde nuestros antepasados, hemos convivido de acuerdo a nuestras normas y leyes comunales basados en nuestros usos y costumbres.
(…) Según lo manifestado por las autoridades de la Comunidad de Amachuma, cuenta con autoridades propias para aplicar su propio sistema jurídico, se basan en sus normas, procedimientos, y sanciones propias por lo que según los comunarios señalaron que todos los conflictos se resolvieron dentro de la comunidad.
Modos de asumir la Justicia Indígena Originario Campesino en relación a los delitos atribuidos en la Comunidad de Amachuma.
Según lo manifestado por el señor. Alfredo Miranda Alvarado, Sub Central Tupac Katari de lquiaca, acota lo siguiente:
Cuando ocurre un conflicto en la comunidad, nosotros resolvemos los conflictos una de las partes hace conocer la denuncia a la primera autoridad de la comunidad posteriormente el mismo secretario general a través del secretario de Justicia hace conocer al Consejo Amawtico de la Justicia, mediante las autoridades de la comunidad se resuelve en la comunidad todos los conflictos, a pesar que no hubo problemas de gran magnitud.
(…)
Según lo manifestado por la señora: Manuela Choque, secretaría general de la Comunidad de Amachuma, acota lo siguiente:
Que todos los demandados son de la comunidad Amachuma, los cuales son:
Benedicto Ramos Choque, Fidel Choque Capia, Félix Alvarado Bautista, Mario Choque Flores, Hermigildo Alvarado Alvarado, todos son afiliados en la comunidad asimismo viven en la comunidad, el Pedro Choque Salazar también es de la comunidad vive en esta comunidad.
(…) Se recomienda que las futuras comisiones, incluyan como otro objetivo la capacitación, referente a la Justicia Indígena Originaria Campesina” (sic [fs. 86 a 95]). II.12. Consta copias de cédulas de identidad del denunciante Pedro Choque Salazar con domicilio en la zona Asunción, Av. del Ejercito s/n Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz, cuyos denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Elvira Capia Lima, todos con domicilio en Amachuma Iquiaca de Umala, de la citada provincia y departamento (fs. 12 a 18).
La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Cecilia Choque Choque, Bruno Choque Guarachi y Zulma Quispe Mamani, miembros del Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, provincia Aroma y el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los hechos denunciados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancias de Pedro Choque Salazar contra Mario Choque Flores y otros por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos referidos, a tal efecto se desarrollarán los siguientes fundamentos: 1) El conflicto de competencias jurisdiccionales es una figura jurídica autónoma y diferente a los institutos procesales de la jurisdicción ordinaria; 2) Los conflictos de competencia jurisdiccionales y los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC; y, 3) Análisis del caso concreto.
El art. 1 de la CPE, configura la naturaleza plurinacional del Estado boliviano; es el artículo que funda la naturaleza del Estado Plurinacional, cuando expresa: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (el resaltado nos corresponde). Por su parte, el art. 3 de la Norma Suprema expresa:
“La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (las negrillas nos pertenecen).
En un Estado Plurinacional de derecho comunitario, las competencias se asignan a diversas instituciones entre los que se encuentra organizado el poder público; en ese sentido, en el ámbito jurisdiccional, al haberse constituido un único órgano judicial de carácter plurinacional, lo normal es que se produzcan conflictos de competencia en su ejercicio. Estos conflictos de competencia jurisdiccionales, desde ese punto de vista, se configuran como procesos constitucionales regulados por el Código Procesal Constitucional, en ese sentido, los conflictos de competencia jurisdiccionales son diferentes a los conflictos de competencia existentes en la jurisdicción indígena como son las excepciones de competencia o las inhibitorias de competencia vigentes en el área civil o penal.
En ese sentido, la SCP 0007/2017 de 23 de marzo, reiterando los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0055/2016 de 13 de abril, señala que el conflicto de competencia jurisdiccional es una figura jurídica autónoma de naturaleza constitucional que no está sometida a las normas procesales de la jurisdicción ordinaria como son las excepciones, los incidentes o las inhibitorias:
“Tal como establece el art. 202.11 de la CPE, conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional; en este marco, según el art. 101 del Código Procesal Constitucional (CPCo), esa demanda será planteada por cualquier autoridad IOC cuando estime que una controversia jurídica, está siendo tramitada por una autoridad de la jurisdicción ordinaria o agroambiental sin competencia y se solicitará apartarse del conocimiento de la causa correspondiente. En sentido contrario, estas autoridades también podrán suscitar conflicto de competencias jurisdiccionales ante las autoridades IOC.
El conflicto de competencias jurisdiccionales es una figura jurídica autónoma que no está sometida en sentido estricto a las normas procesales de carácter ordinario, cuyo contenido implica suscitar el conflicto, entendido como promover o iniciar un acto jurídico, por parte de una autoridad jurisdiccional que se estima competente para conocer y resolver una determinada causa, a su similar, cuestionando la competencia con la pretensión de que se aparte del conocimiento del proceso judicial y se remitan los antecedentes a la autoridad reclamante. Entonces, la noción de esta figura, procesalmente, no debe confundirse con los institutos de inhibitoria o declinatoria, que se encuentran regulados por las normas de orden procesal ordinario. Tampoco debe manejarse como si fuera una excepción de incompetencia.
Las competencias jurisdiccionales, emergen de la Constitución Política del Estado; así, el art. 190 de la misma, señala que las NPIOC ejercerán funciones de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, entendidos como un sistema jurídico, para conocer y resolver controversias que afecten la vida de los IOC que viven en sus territorios ocupados desde tiempos inmemoriales o fuera de ella, pero de alguna manera se caracterizan por su identidad cultural.
Respecto de las autoridades ordinarias, su jurisdicción y competencias, surgen de los arts. 181 y 186 de la CPE, y una de sus particularidades es la división en diferentes materias, así como el civil, comercial, penal, familiar, agraria, etc., lo que no sucede en el caso de las autoridades IOC, sus competencias son de carácter integral; es decir, conocen y resuelven conflictos, tomando en cuenta la afectación de sus principios, valores y bienes jurídicos relacionados con la pacífica y armoniosa convivencia en comunidad” (el resaltado es nuestro).
Por otra parte, el derecho de acceso a la jurisdicción al que tienen derecho los pueblos y naciones indígenas, se desarrolla en el marco del mandato constitucional del art. 30.II.14 y 18 que disponen:
“II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión (…) 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado” (énfasis añadido). Es decir, el derecho a la propia jurisdicción de los pueblos y naciones indígenas es un derecho constitucional de carácter colectivo, es el derecho al juez natural en cuanto que la colectividad humana en el marco de la diversidad y la pluralidad que caracteriza a las bases sociales y al sistema jurídico plural del Estado Plurinacional; el derecho a la jurisdicción propia de los pueblos y naciones indígenas es un derecho constitucional de cuarta generación, el derecho de las colectividades que en un Estado Constitucional de Derecho es de su interés conservarlo y fortalecerlo.
En ese sentido, es un mandato constitucional el fortalecimiento de las instituciones propias de los pueblos y naciones indígenas, entre ellos, el de sus instituciones de JIOC y, por ello el art. 192.III de la Norma Suprema, ordena: “El estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina” y el art.192.I y II, mandan de forma terminante: “I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado” (las negrillas son agregadas). Este último punto, equipara a las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales IOC con las resoluciones de las autoridades de cualesquier otra jurisdicción componente del sistema jurídico plural del Estado Plurinacional así como embiste de plenas facultades para hacer cumplir sus resoluciones aún con el auxilio de la fuerza pública con la que respalda el estado el cumplimiento de toda resolución de carácter judicial.
En las demandas de conflicto de competencias jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a resolver si es la autoridad de la jurisdicción indígena originaria campesina o el de la jurisdicción ordinaria o agroambiental, la autoridad competente para conocer y juzgar el caso y, en ese sentido, el conflicto de competencia jurisdiccionales es una acción constitucional específico del derecho procesal constitucional que tiene la finalidad de resguardar la garantía del juez natural, imparcial e independiente; por lo que, al declarar competente a una determinada autoridad, debe resguardar al mismo tiempo el derecho al debido proceso de las partes expresado, principalmente, en la imparcialidad y la objetividad que debe primar en el conocimiento del caso por la autoridad al que declare competente; sin embargo, el conflicto de competencias jurisdiccionales no tutela derechos constitucionales ni toma en cuenta si en el caso hay parcialización de la autoridad jurisdiccional con una de las partes, o si existe o no cosa juzgada; puesto que, estos asuntos se deben resolver en la vía que corresponda. El art. 191 de la CPE, expresa:
“I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”. En cumplimiento de la disposición del art. 191.II.2 de la CPE, se emitió la Ley de Deslinde Jurisdiccional cuyo art. 8 dispone: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente” (las negrillas son nuestras). Asimismo, debe tomarse en cuenta para dicho cometido, la vasta jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de la siguiente manera:
Al respecto se debe tomar en cuenta la conceptualización de pueblo y nación indígena efectuada por el art. 30.I de la CPE que expresa: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, debiendo tomarse en cuenta lo dispuesto por el art. 2 de la CPE que hace referencia a dos elementos cuya expresión simultánea se trasunta en “la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…” que, en ese sentido, “garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. En desarrollo del mandato constitucional, el art. 9 de la LDJ establece que: “están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino” (las negrillas nos corresponden); por lo que, a los fines del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena originaria campesina, se debe distinguir dos instancias de organización social como son la nación y el pueblo y los elementos emergentes de ello. A partir de estas consideraciones de orden doctrinal constitucional, podemos señalar que el ámbito de vigencia personal, desde el punto de vista de la jurisdicción indígena originaria campesina, alcanza a los miembros de los pueblos y naciones indígenas que comparten una identidad cultural expresada en el idioma, formas de vida, tradición histórica, instituciones comunes, cosmovisión y filosofía de vida común expresada en el dominio ancestral sobre un territorio determinado desde la época precolonial; por lo que, estos dos elementos como son la precolonialidad y la ancestralidad, fundan su carácter de pueblos indígena originario campesinos, pudiendo, a partir de ello, variar sus formas de organización y composición social; por lo que, su estructura organizativa, en función a razones de orden social e histórico se expresa en organizaciones campesinas, juntas vecinales, organizaciones sindicales periurbanas y otras modalidades organizativas que reflejan el complejo proceso de mestizaje y de paulatina integración social a la que están sometidas, conservando en medio de todo ello su identidad colectiva basada en su idioma, identidad cultural, organización social y administrativa, organización territorial ancestral, ritualidad y cosmovisión propia que hacen a su compleja identidad nacional originaria y ancestral. Por otra parte, para establecer la pertenencia de las personas dentro de un grupo, pueblo o nación indígena originaria campesina, se debe tomar en cuenta la adscripción de la identidad indígena que hacen muchas personas a tenor del art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que expresa que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SCP 0005/2016 de 14 de enero, señala:
“De acuerdo al art. 30.II.14 de la CPE, las NPIOC gozan del derecho al ejercicio de sus sistemas jurídicos. En todo conglomerado social existe una racionalidad o coherencia y la institucionalidad propias, generadas como consecuencia de la vida social y el avance histórico. El núcleo esencial de esta realidad es la regulación social orientada a permitir, prohibir realizar uno o más actos humanos.
Para la aplicación práctica de ese derecho fundamental, el art. 190.I de la Norma Suprema establece que: ‘Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios’. De este enunciado se infiere que las autoridades IOC, constitucionalmente, están legitimadas para conocer y resolver controversias, sustentados en su legitimidad propia que equivale a la jurisdicción. Respecto a la competencia propia relacionada con la resolución de problemas, dimanan de sus instancias de decisión, que pueden ser: reunión, consejo, ampliado y tantachawi. Al aplicar la normatividad jurídica, deberán respetar el derecho a la vida, a la defensa y otros derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, de todas las personas sin ninguna discriminación, constituyéndose de esta manera, el contenido de tales derechos, en el límite, al ejercicio de las funciones o atribuciones de todas las autoridades del sistema judicial.
Del art. 191.I de la CPE, se deriva dos dimensiones que explican la jurisdicción propia: 1) El concreto o restringido, que fundamenta el vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIO; es decir, tienen domicilio permanente en él, sin que ello signifique, que tal miembro no pueda trasladarse a otros lugares del país, por motivos que atingen a sus intereses legítimos y de su familia; ya sea por un corto tiempo o prolongado. En esta comprensión, la posición de la concurrencia simultánea de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial establecido por el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010 (LDJ), corresponde al criterio señalado; y, 2) El extensivo, se desprende del art. 191.II de la Norma Suprema en relación con los arts. 13.I y II y 30.II.14 de dicha Norma Fundamental. El primer artículo nombrado señala que: ‘La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial’. Sobre este punto, resulta necesario remarcar que, el constituyente prefirió utilizar el término vigencia, en vez de la palabra competencia, con el propósito de evitar, la asimilación del sistema jurídico propio al derecho escrito de aplicación predominante en los Estados-nación, de carácter monocultural y de tendencia liberal, en contradicción de la concepción filosófica del Estado Plurinacional.
Del art. 191.II de la Norma Suprema, antes mencionado, desde la perspectiva extensiva, se comprende que: i) Sobre el ámbito de vigencia personal, están sujetos a esa jurisdicción, los miembros de la NIOPC, involucrados en un problema que afecte, principalmente, la vida comunitaria cuyas raíces se encuentran en la institucionalidad del territorio histórico del Qullasuyu y Abya Yala.
Desde la posición de la interpretación extensiva de la norma jurídica, ese enunciado referido, alcanza a las personas que no necesariamente viven o residen con permanencia en una comunidad IOC; pero que, están vinculadas por ciertos intereses legítimos, por ejemplo la tenencia de tierras de cultivo, descendencia familiar o que se expresen someterse voluntariamente a la JIOC; sustentados en los principios de pluralismo e interculturalidad jurídica” (el resaltado es nuestro).
Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0388/2014 de 25 de febrero, señala:
“A un entendimiento similar, arribó la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, que estableció: ‘…que la identificación de naciones y pueblos indígenas originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia, para la aplicación de los derechos colectivos consagrados por el régimen constitucional imperante, deberá contemplar la existencia de los elementos de cohesión referentes a la identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras características de cohesión colectiva.
Ahora bien, los aspectos antes citados, configuran a los pueblos y naciones indígena originario campesinas como sujetos colectivos de derecho; en ese orden, por razones de orden sociohistóricas, debe entenderse a este término como un concepto compuesto e inescindible, que comprende a poblaciones indígenas de tierras altas, tierras bajas y zonas geográficas intermedias sometidas a un proceso de mestizaje, razón por la cual este concepto se compone de los elementos indígena-originario-campesino con una semántica socio-histórica indivisible.
En coherencia con lo señalado, debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras; por tanto, a pesar de la influencia de elementos organizativos propios de un proceso de mestizaje, en la medida en la cual se identifique cualquiera de los elementos de cohesión colectiva antes señalados, la colectividad será sujeta de derechos colectivos y le será aplicables todos los efectos del art. 30 en sus dos parágrafos de la Constitución, así como los efectos del principio de libre-determinación inherente a los pueblos y naciones indígenas originario y campesinos plasmado en el segundo artículo de la CPE”. Finalmente, en lo referido al ámbito de vigencia personal, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, señala que el primer presupuesto para el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina son los vínculos personales, por lo que:
“Para desarrollar este primer criterio, es pertinente en principio, realizar la interpretación del art. 191 de la CPE, en sus dos parágrafos; por tanto, en estricta coherencia con lo señalado, debe precisarse que el art. 191.I de la Constitución, en su tenor literal, señala que la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino, por cuanto, para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, idiomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino. El postulado expuesto, constituye precedente jurisprudencial vinculante.
El resultado hermenéutico anotado anteriormente, responde a las dos pautas hermenéuticas utilizadas en el presente fallo; es decir, a la interpretación a través del principio de unidad constitucional y la interpretación de acuerdo a las directrices y pautas rectoras del modelo constitucional imperante; por tanto, el art. 9 de la LDJ, en una interpretación “Desde y Conforme al Bloque de Constitucionalidad”, debe dársele el alcance interpretativo transcrito líneas arriba, para determinar el alcance del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena originario campesina” (el resaltad es propio del texto).
Es decir, que, para la concurrencia del ámbito de vigencia personal, las partes -denunciantes, víctimas, querellantes, imputados- deben ser miembros de la Comunidad indígena, o en su caso en ejercicio de su derecho a la autodeterminación personal haber expresado de forma expresa o tácita la pertenencia a dicha comunidad.
Al respecto el art. 191.II.3 de la CPE, señala: Esta jurisdicción -la JIOC- se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Dicha previsión constitucional que ha sido desarrollado por el art. 11 de la LDJ, que expresa:
“El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley” (las negrillas fueron añadidas).
Por su parte, sobre el ámbito de vigencia territorial, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3.3 señaló que:
“Además del ámbito de vigencia personal y del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria y campesina, el cual tal como se señaló en el parágrafo anterior debe ser interpretado de manera extensiva y progresiva, debiendo además interpretarse las exclusiones competenciales disciplinadas en el art. 10.II de la LDJ de manera restrictiva, es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella. Este postulado, se configura como precedente jurisprudencial vinculante" (el resaltado es nuestro).
Siguiendo esa línea interpretativa, la SCP 0070/2022 de 24 de octubre, en relación al ámbito de vigencia territorial, en su Fundamento Jurídico III.2, realizó la siguiente precisión constitucional:
“Asimismo, teniendo en cuenta que los miembros de los pueblos y naciones indígenas originario campesinas están sometidos a migraciones constantes por los avatares de la vida, la jurisdicción indígena originaria campesina también se aplica a hechos o acciones producidas fuera del territorio ancestral y de dominio histórico del pueblo o nación indígena; pero, sobre el que tiene directa incidencia, afectando la convivencia comunitaria y colectiva cuando, por ejemplo, dos migrantes del mismo pueblo o nación indígena incurran en la comisión de hechos que se consideran delictivos por las que son sometidas a la jurisdicción ordinaria por autoridades ajenas a su pueblo o nación y en un territorio ajeno al de su dominio ancestral, afectando la vida de dicha comunidad, por lo que estos procesos podrán ser conocidas, previo trámite del conflicto de competencias, por las autoridades jurisdiccionales indígenas que corresponda” (el resaltado nos pertenece).
La razón jurisprudencial abordada por la indicada SCP 0070/2022, en relación al ámbito de vigencia territorial, se constituye en un aporte esencial para que la instancia constitucional pueda dirimir conflictos competenciales, en razón a que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional apoyándose inclusive de manera ilustrativa en un supuesto entiende que, también es posible aplicar la Justicia Indígena Originaria Campesina desde el ámbito territorial a hechos producidos fuera del mismo territorio indígena originario campesino cuyos efectos trasciendan al interior de la NPIOC afectando la convivencia comunitaria y colectiva, criterio que mantiene correspondencia con el art. 191.II.3 de la CPE, cuando al referirse sobre el ámbito territorial dispone que: " Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino" (resaltado ilustrativo).
Consecuentemente, es posible concluir en que, resulta aplicable el ámbito de vigencia territorial: i) Sobre relaciones y hechos producidos en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las NPIOC; o, ii) Cuando las relaciones y hechos son producidos fuera del espacio geográfico de las NPIOC, pero que sus efectos trascienden al interior de la jurisdicción territorial afectando la convivencia comunitaria y colectiva.
Al respecto el art. 10 de la Ley 073 establece que:
“I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derechos Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario;
c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas;
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas”. A ese efecto, se debe señalar de igual manera que la jurisdicción indígena originario campesina conoce y juzga la existencia de actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes y cuyo conocimiento es inherente a la esencia de la plurinacionalidad y al ejercicio de su libre determinación, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación al ámbito de vigencia material en la SCP 0764/2014 de 15 de abril, expresó:
“El tenor literal del art. 191.II.2 de la CPE, señala que: ‘Esta jurisdicción conoce asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’; en ese orden, el art. 10 de la antes mencionada Ley, establece un ámbito de vigencia material para la aplicación de la jurisdicción indígena originario campesina, disposición que en el primer parágrafo, señala que dicha jurisdicción, conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación; por su parte, el segundo parágrafo del art. 10 de la misma Ley, desarrolla un catálogo de materias a las cuales no alcanza el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina. En este marco, corresponde interpretar el art. 191.II de la CPE, bajo las dos pautas hermenéuticas establecidas para su utilización en el presente fallo, para luego, interpretar el ya citado art. 10 de la LDJ ‘desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad’.
En efecto, de acuerdo a los principios de progresividad y de favorabilidad para el ejercicio pleno y eficaz del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, postulado que encuentra sustento en una interpretación armónica de los arts. 13.I, 256 y 2 de la CPE, se tiene que todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, son de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, por tanto, el ámbito de aplicación material de esta jurisdicción, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El postulado expuesto, constituye precedente jurisprudencial vinculante.
En un análisis del art. 10.I de la LDJ “desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”, el postulado antes señalado, debe ser el alcance interpretativo que debe dársele a la referida disposición infra-constitucional.
Asimismo, a efectos de un entendimiento acorde con una interpretación armónica y sistémica del bloque de constitucionalidad imperante, se tiene que el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su tenor literal previene que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados partes, grupo o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ésta, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. En ese marco, este mismo criterio debe ser aplicado para la interpretación del ordenamiento tanto constitucional como infra-constitucional boliviano.
En atención a lo expresado y al amparo de la pauta de interpretación plasmada en el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que en su art. 10.II disciplina las exclusiones competenciales de la jurisdicción indígena originario campesina, debe ser interpretado de manera restrictiva y excepcional, para evitar así suprimir el ejercicio al derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; en ese orden, el numeral primero de dicha disposición, debe ser interpretado a la luz de pautas progresivas y extensivas de interpretación, para consolidar así una máxima eficacia y plena vigencia del principio de libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aspecto coherente con el postulado de plurinacionalidad igualitaria, con armonía social y respeto, bases del orden constitucional establecido a partir de la Constitución Política del Estado de 2009. Este postulado, se configura como precedente jurisprudencial vinculante.
Además, a partir de la garantía de goce efectivo del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, consagrado en el art. 2 de la CPE, si bien el art. 10.I de la LDJ y por ende la aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina debe ser interpretada de manera extensiva y no restrictiva o limitativamente, no es menos cierto que en aquellos casos en los cuales las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos, decidan de manera voluntaria, someter asuntos de su jurisdicción a la jurisdicción ordinaria, ésta deberá sustanciar y resolver la problemática, considerando las particularidades del caso y aplicando criterios de complementariedad e interculturalidad” (el resaltado es propio del texto).
Por otra parte, en lo referido al encausamiento de las diversas autoridades indígenas, si bien ejercen el cargo en representación de las naciones y pueblos indígena originario campesinas, las funciones que ejercen lo hacen en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el art. 30.II, numerales 5, 14 y 18 referido “a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado” como una expresión del derecho colectivo “al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” y el derecho “a la participación en los órganos e instituciones del Estado”; es decir, el accionar de las autoridades indígenas es la materialización de la incorporación de los pueblos y naciones indígenas en la estructura general del Estado, por lo que a partir de esa situación, el encausamiento de las autoridades indígenas corresponde a la justicia ordinaria; por lo que, se aplica lo dispuesto en la SCP 0672/2014 de 8 de abril que expresa:
“De la relación entre los tres ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y el contexto mayor en el que se desenvuelve; es decir, un ámbito nacional y otro internacional, es lógico concluir que no tiene competencia para conocer todas las problemáticas que se presenten en su territorio sino que nuestra Constitución Política del Estado, distribuyó las competencias jurisdiccionales entre el ámbito local, nacional e internacional, último caso regido bajo el principio de subsidiariedad.
En efecto, la Norma Suprema a la vez de reconocer a las autoridades IOC, admite paralelamente a autoridades con jurisdicción nacional así las del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Electoral y las del Judicial, quienes por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones; es decir, en representación no de la colectividad IOC, sino del nivel nacional deben ser juzgadas conforme a los procedimientos del nivel central, de lo cual además se concluye que toda problemática emergente de la misma es de fuero nacional, lo contrario implicaría burlar el ámbito competencial dispuesto por la Constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).
Concluyéndose que el ámbito de vigencia material no sólo se cumple con la evidencia de que un caso en específico lo hayan conocido ancestralmente, sino también, cuando estos no se encuentren prohibidos de su conocimiento conforme al art. 10.II de la Ley 073, en tales casos al no existir un impedimento legal las autoridades IOC podrán tramitar la causa en disputa con la jurisdicción ordinaria o agroambiental.
La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Cecilia Choque Choque, Bruno Choque Guarachi y Zulma Quispe Mamani, miembros del Consejo Amawtico de Justicia de la comunidad Amachuma, provincia Aroma y el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz, respecto al conocimiento y resolución de los hechos denunciados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Pedro Choque Salazar contra Mario Choque Flores y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves.
En ese contexto, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional se tiene copia de Personalidad Jurídica de la comunidad de Amachuma de 23 de octubre de 2017, otorgada por el Gobernador del Departamento de La Paz; así mismo, consta denuncia de 12 de enero de 2023, realizada por Pedro Choque Salazar ante la representación del Ministerio Público, cuyo inicio de investigaciones fue comunicada ante el Juez de control jurisdiccional el 13 del mismo mes y año, al efecto por decreto de la misma fecha, mes y año, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del señalado departamento, tuvo por informado el inicio de investigaciones; empero, el 27 del citado mes y año, la Fiscal de Materia, solicitó a la autoridad judicial declinatoria de competencia, que fue efectivizada mediante Resolución 061/2023 de 30 de enero, al Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del citado departamento, para la prosecución del caso que radicó la causa por decreto de 7 de febrero del referido año (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5).
El 6 de marzo de 2023, el Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Sub Central Iquiaca de Umala provincia Aroma del departamento de La Paz plantearon al Juez de control jurisdiccional conflicto de competencias; por lo que, la autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 029/2023 de 15 de marzo, declaró sin lugar e INFUNDADO dicho petitorio; ulteriormente, el Fiscal de Materia el 3 de julio del mismo año, formuló ante el Juez de la causa imputación formal contra Fidel Choque Capia y otros, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves; al efecto la autoridad judicial por providencia de 4 de julio del señalado año, fijó audiencia virtual de consideración de medidas cautelares para el 19 de julio del citado año; empero, los denunciados el 4 de agosto del referido año, se apersonaron ante el Juez de la causa purgando rebeldía; asimismo, impetraron nulidad de notificación con la imputación formal. Finalmente se tiene copias de cédulas de identidad del denunciante y denunciados (Conclusiones II.6, II.7, II.8 y II.12).
La Autoridad judicial de la causa, por Resolución 132/2023 de 8 de agosto, revocó la Resolución 119/2023 de 19 de julio que declara la rebeldía de los imputados; asimismo fijó audiencia virtual para el 11 de agosto de 2023, a fin de resolver el incidente de nulidad de notificación, al efecto consta Resolución 133/2023 de 11 de agosto, por el cual, el Juez de la causa declaró fundado el incidente de nulidad de notificación con la imputación formal; empero, Fidel Choque Capia y otros, el 18 de agosto del mismo año, plantearon incidente de actividad procesal defectuosa; por lo que, el Juez de la causa, por providencia de la misma fecha, mes y año, fijó audiencia virtual para el 23 del mismo mes y año; posteriormente el Fiscal de Materia, el 28 del citado mes y año, formuló ante el Juez, Resolución de Rechazo de denuncia en favor de los denunciados Fidel Choque Capia y otros, al efecto cursa decreto de la citada fecha, mes y año que señala: “Estese al proveído de fs. 219 que suspende la tramitación de la causa…”, finalmente consta Informe de la Secretaría Técnica y Descolonización TCP/STyD/JIOC 006/2024 (Conclusiones II.9, II.10 y II.11).
En ese orden, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, este Tribunal tiene competencia para dilucidar los conflictos de competencias jurisdiccionales entre la Jurisdicción indígena originaria campesina y la Jurisdicción ordinaria. En dicha labor se debe tomar en cuenta que la atribución de este Tribunal está limitada única y exclusivamente a determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional, en el marco del ejercicio del control competencial de constitucionalidad en sujeción a los arts. 202.11 de la CPE y 100 del CPCo. Por lo tanto, corresponde verificar de acuerdo a los antecedentes y evidencias expuestas, la concurrencia simultánea o no de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial de acuerdo a lo previsto en los arts. 191.I y II de la CPE; 8, 9, 10 y 11 de la LDJ y los criterios expuestos en los Fundamentos Jurídicos de este fallo, y como resultado del análisis declarar la competencia de la autoridad jurisdiccional para conocer el presente caso.
a) En relación al ámbito de vigencia personal
Dicho aspecto entendido por la jurisprudencia constitucional
-Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional- como la:
“…existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, idiomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino...” (las negrillas son nuestras). En el caso presente, de acuerdo a los antecedentes remitidos, se tiene Personalidad Jurídica de la comunidad de Amachuma municipio de Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz; en ese antecedente, cursa copia del formulario de denuncia de 12 de enero de 2023; por el que, Pedro Choque Salazar presume que las agresiones sufridas el 11 del citado mes y año en Patacamaya “…FUERON A CONSECUENCIA DE QUE EL MISMO HABRIA SIDO NOMBRADO NUEVA AUTORIDAD DEL LUGAR Y QUE LOS DENUNCIADOS ESTARIAN ALEJADOS DEL LUGAR…” (sic); posteriormente consta memorial de imputación formal de 3 de julio del mismo año, por el cual, el Fiscal de Materia asignado al caso refiere que la supuesta víctima y denunciante Pedro Choque Salazar tiene domicilio real en la zona Asunción, Av. del Ejercito s/n de Patacamaya de la señalada provincia y departamento; asimismo, cursa memorial presentado el 4 de agosto del citado año; por el cual, los denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, señalando domicilio real en la comunidad de Amachuma del cantón Iquiaca Umala municipio de Patacamaya de la citada provincia y departamento, se apersonaron ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del referido departamento; en el que, además de purgar rebeldía, impetraron la nulidad de notificación con la imputación formal; de la misma forma, se tiene Informe de la Secretearía Técnica y Descolonización TCP/STyD/JIOC 006/2024, el cual entre otros aspectos concluye: “Que todos los demandados son de la comunidad Amachuma, los cuales son: Benedicto Ramos Choque, Fidel Choque Capia, Félix Alvarado Bautista, Mario Choque Flores, Hermigildo Alvarado Alvarado, todos son afiliados en la comunidad asimismo viven en la comunidad, el Pedro Choque Salazar también es de la comunidad vive en esta comunidad"; finalmente consta copias de cédulas de identidad del denunciante y los denunciados estos últimos señalaron su domicilio real en Amachuma Iquiaca Umala, de la señalada provincia y departamento. De lo precisado en el párrafo precedente, conforme la imputación formal de 3 de julio de 2023, se tiene que el denunciante o supuesta víctima de lesiones graves y leves, Pedro Choque Salazar tiene su domicilio real en la zona Asunción, Av. del Ejercito s/n de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz; al efecto consta copia de cédula de identidad del nombrado que también señala como su domicilio real esa misma dirección; cuya denuncia del prenombrado es presentado el 12 de enero del referido año, indicando que las agresiones serian como consecuencia de haber sido nombrado como nueva autoridad del lugar (comunidad de Amachuma cantón Iquiaca); contextos que denotan que, la parte denunciante del referido proceso penal, en observancia del precitado Fundamento Jurídico relativo al ámbito de vigencia personal, tiene un vínculo de pertenencia o permanencia con la comunidad de Amachuma -que tiene personería jurídica desde el 23 de octubre de 2017- cantón Iquiaca, Umala, municipio de Patacamaya, provincia Aroma del referido departamento; aspecto que en contrastación con el Informe TCP/STyD/JIOC 006/2024 que en su última parte concluye que el denunciante Pedro Choque Salazar también tiene su domicilio en la citada comunidad de Amachuma municipio de Patacamaya, provincia Aroma del citado departamento, confirma la concurrencia en el caso concreto de un vínculo de pertenencia o permanencia del denunciante o supuesta víctima con la referida comunidad.
En relación a los denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, conforme al memorial de apersonamiento de 4 de agosto de 2023, se tiene que los mismos, al igual que sus cédulas de identidad señalan su domicilio real en la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz; aspecto que una vez contrastado con el Informe TCP/STyD/JIOC 006/2024 que refiere que los denunciados son de la indicada comunidad de Amachuma, permiten concluir que los denunciados o imputados por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves tienen un vínculo de pertenencia o permanencia en la señalada comunidad del municipio de Patacamaya de la citada provincia y departamento.
En consecuencia, al haberse demostrado que el denunciante Pedro Choque Salazar, así como los denunciados o imputados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves, tienen un vínculo de pertenencia o permanencia en la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, queda determinado el vínculo personal de las partes a dicha comunidad de Amachuma, tal como exige el art. 9 de la LDJ al establecer que: “Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”, como ocurre en el presente caso, en tal sentido, se establece la concurrencia del ámbito de vigencia personal, por cuanto ambas partes -denunciante y denunciados- tienen un vínculo de pertenencia o permanencia, ejerciendo cargos dentro de la citada comunidad ubicado en el municipio de Patacamaya de la señalada provincia y departamento. b) En lo referido al ámbito de vigencia territorial
Dicho ámbito también fue plasmado en el Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se establece que la JIOC se aplica: a) Sobre relaciones y hechos producidos en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las NPIOC; o, b) Cuando las relaciones y hechos son producidos fuera del espacio geográfico de las NPIOC, pero que sus efectos trascienden al interior de la jurisdicción territorial afectando la convivencia comunitaria y colectiva.
En ese marco, de la revisión de antecedentes se tiene formulario de denuncia de 12 de enero de 2023, por el cual, Pedro Choque Salazar, señaló que: “EL 11 DE ENERO DE 2023 A HORAS 10:20 APROXIMADAMENTE EN PATACAMAYA PROVINCIA AROMA CANTÓN SAN MARTIN IQUICA (…) VÍCTIMA DE NOMBRE PEDRO CHOQUE SALAZAR, REFIERE QUE SUFRIÓ UNA AGRESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR FIDEL CHOQUE CAPIA, ELVIRA CAPIA DE CHOQUE, MARIO CHOQUE FLORES, BENEDICTO RAMOS CHOQUE, FELIX ALVARADO BAUTISTA, ELMEREGILDO ALVARADO, HECHO SUSCITADO EN LA LOCALIDAD PATACAMAYA, PROVINCIA AROMA, FRENTE AL CUARTEL CALAMA, A HORAS A 10:20AM APROXIMADAMENTE, EN FECHA MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, HECHO OCURRIDO CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA PASANDO AL FRENTE DEL CUARTEL CALAMA CONJUNTAMENTE CON OTRAS AUTORIDADES DEL CANTÓN ES CUANDO CRUZA LA AV. DIRIGIENDOSE A UN TAXI QUE LE ESTABA ESPERANDO, EN ESE MOMENTO SIENTE QUE ALGUIEN LE JALA DE SU PONCHO HACIA ATRÁS, Y VE QUE ERA EL DENUNCIADO FIDEL CHOQUE, QUIEN LE SUJETABA A LA VÍCTIMA INTENTA DEFENDERSE, PERO NO PUDO HACERLO YA QUE LE APRETABA EL CUELLO CON EL PONCHO, LOS DENUNCIADOS PRETENDÍAN QUITARLE EL MALETÍN E INTENTANDO QUITARLE SU MALETÍN ES EN ESO QUE LA VÍCTIMA SE CAE AL PISO, EL DENUNCIADO BENEDICTO RAMOS CHOQUE LE PISA EL BRAZO Y EL DE DENUNCIADO MARIO CHOQUE FLORES DE LA UNA PATADA EN EL PECHO, Y LOS DENUNCIADOS FELIX ALVARADO, ELVIRA CAPIA DE HOQUE LE DAN PATADAS EN TODO EL CUERPO, EL DENUNCIADO ELMEREGILDO ALVARADO LE DA UN PUENTE EN EL ROSTRO, LA DENUNCIADA ELVIRA CAPIA LE QUITA SU CHUSPA Y SE LO LLEVA, COMO TAMBIÉN EL CHICOTE Y SU CHALINA, LA VICTIMA LOGRA LEVANTARSE Y SE VA CORRIENDO A LA MOVILIDAD.DENUNCIANTE PRESUME QUE LAS AGRESIONES FUERON A CONSECUENCIA DE QUE EL MISMO HABRÍA SIDO NOMBRADO NUEVA AUTORIDAD DEL LUGAR, Y QUE LOS DENUNCIADOS ESTARÍAN ALEJADOS DEL LUGAR., JALONES, SUSTRACCIÓN DE PRENDAS” (sic).
De lo expuesto y precisado en el párrafo precedente se establece que a horas 10:20 el 11 de enero de 2023, los denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, habrían agredido físicamente al denunciante Pedro Choque Salazar cuando este estaba cruzando la avenida frente al cuartel Calama, ubicado en el municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, donde los denunciados con patadas y puñetes en todo el cuerpo lo tendieron en el piso -según alega el denunciante- presumiblemente a consecuencia de que el mismo habría sido nombrado como nueva autoridad de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala del municipio de Patacamaya; aspecto que evidencia que el presunto hecho objeto del proceso penal por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves que se sustancia en el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, sucedió en la localidad de Patacamaya municipio del mismo nombre; sin embargo, se tiene que dicho problema o hecho repercute en la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya; toda vez que, el conflicto trae consigo la afectación a la convivencia pacífica de la Comunidad; aspecto que a su vez, hizo que concurra el ámbito de vigencia territorial debido a que conforme al referido Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional, la JIOC se aplica a las relaciones y hechos producidos fuera del espacio geográfico de las NPIOC, pero que sus efectos trascienden al interior de la jurisdicción territorial, afectando la convivencia comunitaria y colectiva -tal como se tiene precisado supra- en este caso, de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya provincia Aroma del citado departamento. c) En relación al ámbito de vigencia material
En lo concerniente a la concurrencia del ámbito de vigencia material, de conformidad al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación; asimismo, conforme al art. 10.II de la LDJ, las autoridades indígena originaria campesinas no tiene competencia en materia penal, que señala: “Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL).
conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derechos Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; (…)
jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas” (las negrillas nos corresponde).
En ese marco, de la revisión de los antecedentes se tiene formulario de denuncia de 12 de enero de 2023; por el cual, Pedro Choque Salazar alega que a horas 10:20 el 11 del referido mes y año, cuando estaba cruzando la avenida frente al cuartel Calama, ubicado en el municipio de Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz, fue agredido físicamente con patadas y puñetes por parte de los denunciados Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, es decir, provocándole lesiones graves y leves en su cuerpo; al efecto, se tiene memorial presentado el 3 de julio del citado año, por el cual, el Fiscal de Materia asignado al caso, a denuncia de Pedro Choque Salazar formula ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, imputación formal contra los prenombrados, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves.
Ahora bien, de lo precisado en el párrafo precedente, la denuncia de 12 de enero de 2023 y la imputación formal de 3 de julio del mismo año, claramente se advierte que el proceso penal seguido por Pedro Choque Salazar contra Fidel Choque Capia, Mario Choque Flores, Félix Alvarado Bautista, Benedicto Ramos Choque y Eulalia Capia Lima, se tramita ante el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, por el supuesto hecho o delito de lesiones graves y leves; aspecto que en observancia del art. 10.II. inc. a) de la LDJ, no está excluido del conocimiento de la JIOC por no tratarse de un delito contra “…el Derechos Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio…” (sic); asimismo de la revisión del Informe TCP/STyD/JIOC 006/2024 se tiene que la autoridad de la Sub Central Tupac Katari manifiesta que “Cuando ocurre un conflicto en la comunidad nosotros resolvemos los conflictos (…) a pesar que no hubo problemas de magnitud…”(sic), aspecto que permite concluir y confirmar que el proceso objeto de la presente no está excluido para el conocimiento y resolución de la JIOC, en este caso de las autoridades de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala del municipio de Patacamaya provincia Aroma del Departamento de La Paz, siendo que al no ser el presente caso un hecho de magnitud, dieron a entender que históricamente resolvieron ese tipo de hechos en la Comunidad.
Finalmente, por lo expuesto, y la concurrencia simultánea de los tres ámbitos de vigencia personal, territorial y material, conforme exigen los arts. 191.I de la CPE; y, 8, 9, 10 y 11 de la LDJ, corresponde a este Tribunal, en ejercicio del control plural de constitucionalidad, en el ámbito competencial jurisdiccional y conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 declarar competente a la JIOC de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala del municipio de Patacamaya provincia Aroma del departamento de La Paz, para que conforme a sus modos de ejercer justicia, conozcan la controversia principal suscitada, y resuelvan la problemática conforme a sus normas y procedimientos propios.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 85.I.3 del Código Procesal Constitucional resuelve: 1º Declarar COMPETENTE a las Autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de la comunidad de Amachuma cantón Iquiaca Umala, municipio de Patacamaya provincia Aroma del Departamento de La Paz, para que conozcan y resuelvan la problemática jurídica objeto de la presente. 2º Disponer que, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, se inhiba del conocimiento del caso y remita los antecedentes correspondientes a la autoridad o instancia correspondiente declarada competente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Isidora Jiménez Castro es de Voto Disidente.
Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
René Yván Espada Navia
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2024.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): ccfb3788c0f742b67420251c533030dc04dd06af34690ca250d13212d6e975a7
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