B.IA.LEGAL

SCP 0072/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Recurso directo de nulidad · Sala Plena · 31 de octubre de 2024

Improcedente

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
31 de octubre de 2024
Acción
Recurso directo de nulidad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
62086-2024-125-RDN
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Funcionarios públicos / estatuto

Qué se discutió

La recurrente denuncia que desde la gestión 2002, al presente, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, de forma arbitraria y usurpando funciones, aprobó setenta y seis planimetrías -del Distrito 8- y ciento noventa y tres -del Distrito 10- de zonas y/o urbanizaciones que se encuentran asentadas dentro de la jurisdicción de la ciudad de El Alto; actos administrativos que serían nulos de pleno derecho, encontrándose a la fecha otros en trámite administrativo de aceptación por el municipio Ecológico Productivo de Achocalla, actuando dicha entidad fuera de su jurisdicción municipal, sobreponiéndose al territorio y población del municipio de El Alto, sin considerar que toda autoridad administrativa o municipal puede ejercer sus competencias dentro del territorio y población previamente definida, delimitada y demarcada, no así fuera de su jurisdicción. En ese orden, solicita la nulidad de las “…Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACI[Ó]N DE PLANIMETR[Í]AS y todo tipo de acto administrativo (…) en los Distritos Municipales No. 8 y 10, así como en las [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO- Distrito Municipal 1 y 2) de la ciudad de El Alto…” (sic). En consecuencia, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a efectos de declarar la nulidad o no de los actos recurridos.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve:

1° Declarar IMPROCEDENTE el recurso directo de nulidad interpuesto por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, por las consideraciones que han sido expuestas en el presente fallo constitucional; 2° Exhortar a las autoridades Ejecutivas y Legislativas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, como del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, observar el desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, instando a los mismos a resolver la divergencia suscitada, en estricta observancia de la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico infraconstitucional, el derecho a la cultura de la paz, respetando en todo momento derechos y garantías fundamentales de sus administrados; y, 3° Dejar sin efecto la suspensión de la competencia de los recurridos, dispuesta en el AC 0097/2024-CA de 11 de marzo, debiendo la administración del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, obrar en el marco estricto de sus atribuciones y competencias.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad
  2. III.2. No procede el recurso directo de nulidad ante la existencia de conflicto sobre delimitación territorial entre dos municipios
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2024 Sucre, 31 de octubre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Recurso directo de nulidad Expediente: 62086-2024-125-RDN Departamento: La Paz El recurso directo de nulidad interpuesto por Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto contra Manuel Lucio Condori Quispe, Alcalde y Willy Huaylluco Condori, Presidente del Concejo Municipal, ambos del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla; demandando la nulidad de las “…Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACI[Ó]N DE PLANIMETR[Í]AS y todo tipo de acto administrativo(Certificaciones y planos visados de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales Línea Nivel y otros), EN [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO), (…) en los Distritos Municipales No. 8 y 10, así como en las [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO- Distrito Municipal 1 y 2) de la ciudad de El Alto…” (sic).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2024, cursante de fs. 51 a 63 vta., la recurrente expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Conforme a Leyes Nacionales, Decretos Supremos y demarcaciones efectuadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), el municipio de El Alto, tiene definidos sus límites territoriales, contando con catorce Distritos Municipales, en los que, el referido Gobierno Autónomo Municipal ejerce las atribuciones y competencias reguladas en la Constitución Política del Estado y las leyes, siendo El Alto, “…el Único Municipio dentro la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, que CUENTA CON UNA LEY DE CREACI[Ó]N Y UNA LEY NACIONAL DE DELIMITACI[Ó]N TERRITORIAL(Ley 2337 y Decreto Supremo Anexo a la Ley 2337)…” (sic); lo que no sucede con el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, mismo que “…NO CUENTA con una Ley Nacional de Delimitación, por lo cual se desconoce sus límites territoriales” (sic). Los Informes CITE: SADM-10 /RRP/004/2024 de 20 de febrero; y, CITE: SADM-8/UAU/AL/CCB/014/2024 y CITE:SADM-8 AAU/INF/LPA/01/2024, ambos de 22 de ese mes, establecieron que, desde la gestión 2002, “hasta la presente”, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, de forma arbitraria y usurpando funciones, aprobó setenta y seis planimetrías de zonas y/o urbanizaciones que se encuentran asentadas dentro de la jurisdicción del Distrito Municipal 8 de la ciudad de El Alto; asimismo, la admisión de ciento noventa y tres planimetrías de zonas y/o urbanizaciones del Distrito Municipal 10 de la citada ciudad; actos administrativos nulos de pleno derecho, encontrándose a la fecha otros en trámite administrativo de aceptación “…por el Municipio de Achocalla sobre Zonas y/o Urbanizaciones que se encuentran dentro la Jurisdicción territorial del municipio de El Alto…” (sic). De la información brindada por la Subalcaldía de los Distritos Municipales 8 y 10, se tendría entre otras Resoluciones de aprobación y homologación de planimetrías de zonas y/o urbanizaciones que se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de El Alto, las siguientes: a) Resolución Técnica Administrativa y Jurídica 008/04 de 22 de febrero de 2004; b) Resolución Municipal 059/2003-2004 de 15 de marzo; y, c) Resolución Técnica Ejecutiva Municipal 021/23 de 16 de agosto de 2023. Resultando innegable que, además de la usurpación de funciones en la aprobación y homologación de planimetrías, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, “…se da la tarea de APROBAR Y CERTIFICAR PLANOS VISADOS de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales y Línea Nivel, dentro el [Á]REA DE RIESGO(ARCIFINIO), del municipio de El Alto, los mismos están contemplados entre los puntos 17 y 18 de la Fase 1 de la Demarcación realizada por el Instituto Geográfico Militar, el mismo se encuentra descrito en la Ley 2337 Art. 1, es decir personas inescrupulosas con estas Certificaciones y planos visados de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales y Línea Nivel, emitido por el Órgano Ejecutivo del Municipio de Achocalla, en [Á]REAS DE RIES[G]O DENTRO LA JURISDICCI[Ó]N DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, VAN REALIZANDO E[X]CAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES, manifestando tener la autorización del Municipio de Achocalla, sin tomar en cuenta que es una [Á]REA DE RIESGO, toda vez que se encuentra en el pico o l[í]mite de la pendiente o quebrada en el Municipio de El Alto y Achocalla, y con estos movimientos de tierra y construcciones, nos encontramos ante un fatal deslizamiento y perjudicar a las Zonas y/o Urbanizaciones que se encuentran en los Distritos 1 y 2 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto” (sic). En ese marco, aludió existir flagrante vulneración a la jurisdicción y territorio del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por los actos administrativos emitidos por los funcionarios públicos del municipio Ecológico Productivo de Achocalla, respecto a Resoluciones Técnicas Administrativas, Municipales, certificaciones y planos visados de lotes de terreno, certificaciones catastrales y línea y nivel, expedidos dentro de la jurisdicción del municipio de El Alto, desde la gestión 2002, actuando “…fuera de su jurisdicción municipal, al sobreponerse al territorio y población de la Ciudad de El Alto, en sus Distritos Municipales No. 8 y 10 del G.A.M.E.A…” (sic); obviando que toda autoridad administrativa o municipal puede ejercer sus competencias dentro del territorio y población previamente definida, delimitada y demarcada, no pudiendo dictar resoluciones u otro tipo de acto administrativo fuera de su jurisdicción, bajo alternativa de nulidad.

I.1.2. Autoridades recurridas y petitorio

Se activa el presente mecanismo constitucional contra Manuel Lucio Condori Quispe, Alcalde y Willy Huaylluco Condori, Presidente del Concejo Municipal, ambos del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla; solicitando se declare fundado el recurso de nulidad planteado; y, por ende: 1) “…se declaren NULAS todos las Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACION DE PLANIMETRIAS y todo tipo de acto administrativo(Certificaciones y planos visados de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales Línea Nivel y otros), EN AREAS DE RIESGO(ARCIFINIO), emitidos por el ALCALDE MUNICIPAL(Ing. Lucio Manuel Condori Quispe) y CONCEJO MUNICIPAL(Sr. Willy Huaylluco Condori Presidente) y funcionarios públicos del G.A.M.E.P.A. desde la gestión 2002 hasta la presente en los Distritos Municipales No. 8 y 10, así como en las AREAS DE RIESGO(ARCIFINIO- Distrito Municipal 1 y 2) de la ciudad de El Alto, por la USURPACION DE FUNCIONES del G.A.M.E.A. referente al ámbito de su jurisdicción, al emitir Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de aprobación de planimetrías de Zonas y/o Urbanizaciones que se encuentran dentro la Jurisdicción del Municipio de El Alto, con precisión en los Distritos Municipales No. 8 Y 10, toda vez que el G.A.M.E.A. es el único ente municipal competente para la aprobación y homologación de planimetrías de Zonas y/o Urbanizaciones que se encuentran dentro nuestra Jurisdicción territorial, y están legalmente y técnicamente definida…” (sic); 2) Se ordene “…el cese de la emisión de todo acto administrativo (Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACION DE PLANIMETRIAS, Certificaciones y planos visados de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales, Línea Nivel y otros), EN AREAS DE RIESGO(ARCIFINIO), por parte del G.A.M.E.P.A., dentro los Distritos Municipales 1, 2, 8 y 10 del Municipio de El Alto…” (sic); y, 3) Se remitan antecedentes al Ministerio Público a efectos del procesamiento de dichos actos al no ajustarse al ordenamiento jurídico, siendo arbitrarios y totalmente nulos.

I.2. Admisión y citación

Por AC 0097/2024-CA de 11 de marzo, cursante de fs. 64 a 69, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió el presente recurso directo de nulidad, disponiendo la citación de las autoridades recurridas, a objeto que de forma inmediata remitan los antecedentes correspondientes a este Tribunal, relativos al caso en análisis; habiéndose practicado la citación respectiva -a esas autoridades-, el 26 de septiembre del mismo año, a través de diligencia efectuada por el Operador de Notificaciones, Regional de El Alto de este Tribunal (fs. 119 y 120).

I.3. Informe de las autoridades recurridas

Manuel Lucio Condori Quispe, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, presentó informe escrito el 3 de octubre de 2024, cursante de fs. 246 a 269 vta., mediante el que solicitó declarar infundado el recurso de nulidad planteado por la Alcaldesa de la entidad edil de El Alto, en mérito a los siguientes argumentos: i) La recurrente falseó la verdad y los antecedentes de creación del municipio de El Alto, buscando sorprender la buena fe de los componentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de lograr resoluciones en su favor, haciendo referencias que no existen en la Ley 728 de 6 de marzo de 1985, de creación de El Alto; Ley que omite la colindancia con el municipio de Achocalla, ignorando su existencia material, infiriéndose, por ende, “…que el ente alteño, no tiene ni nunca tuvo delimitación geográfica con el municipio de Achocalla por la sencilla razón que su ley 728 no hace referencia al Municipio de Achocalla que es la capital de la tercera sección de la provincia Murillo del Departamento de La Paz, por tanto el ente alteño, NADA tiene que reclamar territorialmente al municipio de Achocalla, al contrario, al haber sido creado El Alto sobre territorio de Achocalla, que llegaba hasta el cantón de Zongo, pasando por las zonas hoy llamadas, 12 de Octubre, 16 de Julio, Río Seco, siendo que la existencia de Achocalla se remite a la época de la colonia, y ratificada en la Ley del 24 de octubre de 1947, y la creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo con capital El Alto, es del 6 de marzo del año 1985, por tanto es Achocalla que tiene reclamos territoriales al ente alteño, porque El Alto es quien se ha sobrepuesto al territorio de Achocalla y no a la inversa” (sic); ii) La recurrente confiesa en el memorial del recurso directo de nulidad, que en 1970, El Alto era solo una Subalcaldía, que se entiende tiene como jurisdicción al ámbito territorial denominado distrito municipal; por lo que, la afirmación en sentido que dicha ciudad nació con siete distritos municipales, seis urbanos y uno rural, “…choca y contradice a su aseveración posterior (…), que al presente fueran 14 distritos municipales…” (sic), lo que resulta absurdo, porque daría a entender que, en pocos años, El Alto habría triplicado su territorio; resultando innegable el falseamiento de la verdad y de la creación del ente alteño, haciendo referencias que no existen en la Ley 728; iii) No constan coordenadas geográficas exactas que delimiten al ente alteño; por lo que, el IGM se encontraba imposibilitado de demarcar territorio en 1990, siendo “…una grave mentira…” (sic) la existencia de un contrato de demarcación con ese Instituto; en ese marco, en “…informe del IGM que se adjunta al presente, en fotocopia legalizada, por el propio IGM, en las partes relevantes dice que el IGM NUNCA han realizado trabajos de demarcación oficiales en relación a la ley 2337 del 12 marzo 2022, de límites de El Alto, así dice las partes más relevantes del INFORME del I.G.M. del 30 marzo 2023 remitido a la Dirección de Límites de la Gobernación del Departamento de La Paz, en los intentos conciliatorios de límites entre El Alto y la Alcaldía de Achocalla realizados el año 2023…” (sic), estableciendo que el citado IGM, no emitió ningún informe en la proyección de la Ley 2337, afirmando que, “…más al contrario se establece que en la ejecución del proceso demarcatorio de la Ley 2337, los Municipios colindantes demostraron su disconformidad que motivaron al Municipio de El Alto a librar actas, para realizar la modificación de la superficie de la Ley 2337…” (sic); determinando incluso que, al “…proyectar la Ley 2337 (…), se puede evidenciar que no se cumplió con los previstos en los Art. 18 y 19 de la ley 2150, por tanto afecta el procedimiento de demarcación, tomando en cuenta que el trabajo realizó la mencionada Ley fue realizada solo en gabinete y no así en campo como debería ser lo correcto…” (sic), añadiendo que, “…por tanto al no cumplir con lo señalado (…), se debe establecer que el trabajo realizado no fue terminado ni remitido de manera satisfactoria conforme a normativa” (sic); y, que: “Revisada la documentación existente, se establece que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto no ha gestionado satisfactoriamente los compromisos pactados para la ejecución del proyecto de demarcación de la Ley 2337, dejando inconcluso la ejecución del proyecto por no contemplar la continuidad territorial como principio fundamental del proceso de demarcación establecida en la Ley 2150” (sic); iv) Ninguna de las doscientos sesenta y nueve urbanizaciones situadas en El Alto, se encuentran en el límite arcifinio; por ende, afirmar que correrían riesgo de un deslizamiento fatal es falso y solo busca confundir a la justicia constitucional; al respecto, el arcifinio que se refiere al accidente geográfico notable, “…se aplica donde la planicie del altiplano se interrumpe y nace la hoyada y quebradas, pero la frase completa es: ‘…el límite arcifinio es la Ceja de El Alto…’ circunscribe el límite arcifinio solo a la zona denominada ‘…Ceja de El Alto...’ zona que únicamente colinda con la alcaldía de Ntra. Sra. de La Paz, y no así respecto al límite arcifinio con Achocalla; porque este solo vale para los limites de la alcaldía de La Paz y El Alto…”(sic); cuestionando cómo podría El Alto referir la concurrencia de un peligro de desastre provocado supuestamente por Achocalla, aprobando planimetrías en el “límite arcifinio”, “…si este ‘arcifinio’ que por acuerdo de El Alto y La Paz, es un acuerdo en el que nada tiene que ver el Municipio de Achocalla, ya no es un accidente geográfico natural, sino un cordón de acera en la Avenida Panorámica, cordón que NO llega hasta Achocalla, por tanto, no existe la osada aseveración del memorial del recurso Directo de Nulidad…” (sic); v) Si la preocupación del riesgo de deslizamiento de tierra fuera cierto, toda el área de límites entre los municipios de El Alto y de La Paz, también serían zona de riesgo por solo ser el arcifinio; y, en consecuencia, El Alto podría pedir también al Tribunal Constitucional Plurinacional prohíba al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobar planos de construcción, línea y nivel, y certificaciones catastrales, como se pide “para y contra” Achocalla; tratándose en el fondo de una disputa por tributos y población, siendo lo correcto en lealtad y honestidad que, la recurrente retire el recurso directo de nulidad por impertinente y plantee un conflicto de “competencias tributarias”; y, por otra parte, “…se proceda a la consulta al vecino, para que decida a que jurisdicción quiere pertenecer…”(sic); vi) Declarar fundado el recurso interpuesto, conllevaría un gigantesco conflicto social entre los vecinos y administrados, víctimas de una pretensión del Alto, por anular las resoluciones municipales emitidas desde 2002, a presente, obviando que, en buena fe, los vecinos de Achocalla respetaron su antecedente dominial, implicando la anulación de sus resoluciones que queden sin documentos legales y sean obligados a migrar a El Alto, con el consiguiente perjuicio no solo económico para los afectados; vii) Corresponde declarar infundado el recurso directo de nulidad cuyos argumentos son erróneos, contradictorios, ambiguos y falsos, con fines distintos al objetivo de un recurso de esta naturaleza, siendo ineludible “…en lo inmediato, revocar la SUSPENSION DE LA COMPETENCIA dispuesta en el Auto Constitucional 97/2024 del 11 de marzo 2024 por no estar justificada y ser muy perjudicial a los más de medio millón de propietarios y/o titulares de los lotes de terrenos afectados con este RDN” (sic); más ante la existencia del informe de 30 de marzo de 2023, expedido por el IGM, que desvirtúa lo aseverado por la recurrente; viii) La Alcaldesa recurrente, transgrede el art. 269 de la Constitución Política del Estado (CPE), no habiéndose consultado jamás a quienes viven en las urbanizaciones citadas en el recurso directo de nulidad, si quieren pertenecer a El Alto, pretendiendo llevarlos a su jurisdicción por la fuerza, sin respetar la voluntad democrática de los habitantes; atentando, además, contra el derecho a la propiedad privada de los titulares de las doscientas sesenta y nueve urbanizaciones, a quienes no se notificó como terceros interesados, dejándolos en total indefensión; ix) El recurso directo de nulidad debió ser rechazado por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo aplicable al efecto, lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2573/2012 de 21 de diciembre, 1182/2014 de 10 de junio y 1253/2015-S1 de 14 de diciembre, debiendo considerar que, los trámites de planimetrías, planos, línea y nivel, son de naturaleza voluntaria; es decir, que el Municipio no impone el mismo ni actúa de oficio; y, ante una petición voluntaria, “…es el vecino o los vecinos interesados que actúan de forma unilateral y en la vía voluntaria porque no tienen opositor o contrario, por tanto, las resoluciones a peticiones de planimetrías u otros, no TIENEN CARÁCTER DECISORIO, y por tanto estarían excluidos de un Recurso Directo de Nulidad, menos cuando todas estas 269 urbanizaciones tienen como antecedente dominial registrado en Derechos Reales en el componente de Ubicación, la jurisdicción de Achocalla, (…) y esto ocurre no solo por la jurisdicción territorial de Achocalla, sino también por voluntad de los vecinos, que COMO PROPIETARIOS, voluntariamente y según su antecedente dominial al municipio de Achocalla, realizan actos administrativos ante la Administración Municipal de Achocalla…” (sic); y, x) La recurrente pide se declaren nulas resoluciones municipales desde el 2002, hasta la presente fecha, sin tomar en cuenta que los propietarios de los terrenos consintieron conforme lo antes anotado, la competencia de Achocalla, resultando un acto consentido del propietario, generándose derechos consolidados no siendo posible anularlos en una errada ponderación de derechos entre la pretensión del municipio de El Alto, contra los derechos de los administrados y propietarios de lotes individualizados que son de más de medio millón de personas que estarían sin documentos de sus inmuebles, sin seguridad jurídica y administrativa; con efectos negativos además en materia de activos fijos y bienes municipales de las urbanizaciones, educativa, salud e inversión pública, entre otros. Virginia Illanes de Santander, Presidenta; Grover Gamarra Rivas, Vicepresidente; Pedro Ninaja Villca, Marleny Pamela Chávez Echave, Juana Huacoto López, Teodora Quispe Casillo y Willy Huaylluco Condori, Concejales, todos del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, presentaron informe el 3 de octubre de 2024, cursante de fs. 1016 a 1018 vta., mediante el que solicitaron declarar infundado el recurso directo de nulidad planteado por la Alcaldesa del municipio de El Alto, en mérito a los siguientes argumentos: a) La recurrente incurrió en contradicciones, no habiendo especificado con claridad y precisión qué actos del Ejecutivo y Legislativo Municipal, pide sean declarados nulos, más aún, no precisó qué actos o resoluciones son del Órgano Ejecutivo Municipal y cuáles del Legislativo Municipal, obviando que, entre el ente ejecutivo -Alcalde- y legislativo -Concejales-, tienen facultades y competencias distintas que se encuentran reguladas por la Carta Orgánica Municipal de Achocalla y el Reglamento General del Concejo Municipal de ese Gobierno Autónomo Municipal, vulnerando “…este tipo de recursos, (…) el derecho al debido proceso, seguridad jurídica y la legalidad administrativa” (sic); b) En el punto nueve del memorial del recurso, la recurrente consignó que, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, habría aprobado setenta y seis planimetrías de zonas y/o urbanizaciones que se encontrarían asentadas dentro de la jurisdicción del Distrito Municipal 8 de la ciudad de El Alto; así también que, habría convalidado ciento noventa y tres planimetrías del Distrito Municipal 10 de ese Municipio, siendo esos actos nulos de pleno derecho “…porque fueron emitidos desde la gestión 2002 hasta el presente” (sic). En ese sentido, la autoridad mencionada no consideró que cualquier recurso o acción constitucional debe ser activado en su debido momento y oportuno; empero, transcurrieron más de veintidós años, hasta la presentación de este recurso, el 27 de febrero de 2024, sin que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, hubiera activado un recurso anterior, existiendo actos consentidos “…por las anteriores y actuales autoridades…” (sic) de ese Gobierno Autónomo Municipal; c) Conforme al punto 3 del Informe Técnico CITE: CMA/AT/RMCA/INF 003-2024 -no consignan la fecha-, concluido el análisis estadístico, habiendo cuantificado la cantidad de urbanizaciones, “…al menos el 51% de estas quedan fuera de los vértices señalados en la Ley 2337, al menos 22% de estos tienen error en su nominación o no se encuentran en los registros del municipio, y el 30% de estos sin afectados por el trazo lineal entre vértices afectado lotes que quedan al medio de la línea limítrofe. Por lo que al menos 81% de estas urbanizaciones no deberían ser sujetas al Auto Constitucional” (sic). En ese marco, sería innegable la existencia de un conflicto de límites entre ambas jurisdicciones municipales; es decir, entre los Gobiernos Autónomos Municipales Ecológico Productivo de Achocalla y de El Alto; por cuanto, “…la Ley No. 2337 y su Decreto Supremo Anexo a la ley 2337, no regula ni ha sido reglamentada específica y expresamente en relación a los límites de ambas jurisdicciones” (sic); y, d) Ante el conflicto de límites entre los señalados Municipios, existen mecanismos de solución de los mismos, debiendo agotarse las instancias de conciliación de ambas jurisdicciones municipales, en forma previa a una decisión judicial o constitucional. Al respecto, el art. 17 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, prevé que, los conflictos de límites existentes entre municipios deben ser resueltos en la vía conciliatoria considerando criterios históricos y culturales; por lo que, en el supuesto de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite administrativo establecido en ley especial, los conflictos de límites entre las unidades territoriales municipales de un mismo departamento y que no comprometan límites departamentales, corresponden ser dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de ley, y administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota IGM. AS. JUR. 734/2024 de 27 de junio, dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Acochalla, Johony Ernesto Yucra Gutiérrez, Comandante del IGM, remitió el informe de 30 de marzo de 2023, con objeto “Ejecución de Demarcación Territorial del Municipio de El Alto, Fase I, II, III, en cumplimiento a la Ley 2337”, (sic), señalando que, dicho documento fue socializado con ambos Municipios, precisando que el proyecto no fue concluido, considerando que, “…los vértices establecidos en la Ley, no fueron demarcados y se establecieron otros puntos a requerimiento del municipio con la finalidad de realizar el trámite correspondiente para modificar la Ley No. 2337” (sic [fs. 192 a 199)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente denuncia que desde la gestión 2002, al presente, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, de forma arbitraria y usurpando funciones, aprobó setenta y seis planimetrías -del Distrito 8- y ciento noventa y tres -del Distrito 10- de zonas y/o urbanizaciones que se encuentran asentadas dentro de la jurisdicción de la ciudad de El Alto; actos administrativos que serían nulos de pleno derecho, encontrándose a la fecha otros en trámite administrativo de aceptación por el municipio Ecológico Productivo de Achocalla, actuando dicha entidad fuera de su jurisdicción municipal, sobreponiéndose al territorio y población del municipio de El Alto, sin considerar que toda autoridad administrativa o municipal puede ejercer sus competencias dentro del territorio y población previamente definida, delimitada y demarcada, no así fuera de su jurisdicción. En ese orden, solicita la nulidad de las “…Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACI[Ó]N DE PLANIMETR[Í]AS y todo tipo de acto administrativo (…) en los Distritos Municipales No. 8 y 10, así como en las [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO- Distrito Municipal 1 y 2) de la ciudad de El Alto…” (sic). En consecuencia, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a efectos de declarar la nulidad o no de los actos recurridos.

III.1. Naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad

El art. 202 de la Norma Suprema, establece las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, regulando en su numeral 12 la de conocer y resolver el recurso directo de nulidad, cuya base constitucional se encuentra en el art. 122 de la CPE, que prevé: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. En concordancia con esta disposición constitucional, el art. 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo), regula: “El Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”. En ese marco, el recurso directo de nulidad se halla configurado como un mecanismo constitucional de control competencial sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas cuya finalidad es declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución Política del Estado y las leyes; es decir, que se constituye en un mecanismo reparador. de los actos emanados sin jurisdicción ni competencia, pues la sanción de nulidad es la respuesta de la justicia constitucional a un actuar jurisdiccional o competencial al margen de la constitucionalidad y/o legalidad, precautelando no solamente a la institucionalidad estatal, sino también los derechos subjetivos de los habitantes del pueblo boliviano de ser gobernados en un Estado Constitucional de Derecho en el cual nadie ejerza aquello que la Norma Suprema y las leyes no le han encomendado. Al respecto, la SCP 0006/2015 de 6 de febrero, establece que el recurso directo de nulidad: “…es una acción de orden constitucional sobre los actos o resoluciones de las personas o autoridades que ejercen jurisdicción o competencia que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes, su finalidad es preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano ha realizado en miras de garantizar para las bolivianas y bolivianos, que ninguna decisión de interés público, sea asumida por quien no goce de la facultad jurídica para hacerlo.

En ese marco, el recurso directo de nulidad es un mecanismo reparador de los actos emanados sin jurisdicción ni competencia, pues la sanción de nulidad Constitucional, es la respuesta a un actuar jurisdiccional o competencial al margen de la constitucionalidad y/o legalidad, precautelando no solamente a la institucionalidad estatal, sino también los derechos subjetivos del pueblo boliviano de ser gobernados en un Estado Constitucional de Derecho, en el cual nadie ejerza aquello que la Norma Suprema y las leyes no le han encomendado. Dentro del Capítulo Primero del Título IV de la Constitución Política del Estado, referido a ‘Garantías Jurisdiccionales’ se encuentra el art. 122, que precisa ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’. De ahí que la procedencia del recurso se da en dos supuestos: a) Usurpación de funciones sin competencia, referido al ejercicio de funciones ajenas; y, b) Ejercicio de potestad o jurisdicción no asignada por la Norma Suprema o las leyes, referido al ejercicio de funciones inexistentes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha sido en el Estado Plurinacional de Bolivia, configurado como un órgano jurisdiccional llamado a precautelar el sistema constitucional boliviano, para hacerlo se le han encomendado tres tipos de atribuciones: 1) El control de constitucionalidad; 2) La supervisión de la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y, 3) El control competencial del ejercicio del poder público. Contexto normativo en el cual el recurso directo de nulidad es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por decisión del constituyente debe ejercer en los casos previstos el rol de ser un dirimidor competencial y un contralor del respeto de las atribuciones jurisdiccionales y competenciales que ejerzan una función pública” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 0014/2017 de 2 de mayo, expuso que este recurso: “…tiene por objeto proteger al ciudadano del ejercicio abusivo del poder, pues las autoridades y servidores públicos pueden ejercer únicamente aquellas facultades y/o atribuciones que expresamente les reconoce el ordenamiento constitucional y legal; dado que, toda extralimitación en el ámbito de su jurisdicción y competencia está sancionada de antemano con la nulidad; enmarcándose entonces este recurso, dentro del ámbito del control de constitucionalidad de carácter competencial, a través del cual el Tribunal Constitucional Plurinacional declara la nulidad de los actos invasivos o usurpativos de jurisdicción y competencia, en los casos en que las autoridades y/o servidores públicos hayan ejercido atribuciones o potestades que corresponden a otras autoridades y/o servidores públicos, o cuando el ordenamiento constitucional y legal no les atribuye expresamente el ejercicio de tales atribuciones; siendo que, en un Estado Constitucional de Derecho, la competencia es de orden público y sólo emana de la ley (principio de legalidad), con el advertido de que esta última debe ser entendida en un sentido amplio en cuanto ley, decreto supremo, resolución reglamentaria, etc. En ese sentido, el recurso directo de nulidad procede en tres situaciones específicas, a saber: 1) Contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen; 2) Contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley; y, 3) Contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado. En tales casos, a la justicia constitucional sólo le atañe determinar si el órgano o autoridad pública recurridos al dictar la resolución o actos impugnados, actuaron con jurisdicción y competencia, o si por el contrario, usurparon funciones que no les competen, sin que pueda referirse a otras cuestiones propias de vías legales diferentes, como el contenido y/o alcances del acto o resolución, ni la forma o modo en que fueron proferidas o resueltas; por lo que, en el recurso directo de nulidad no es posible ingresar al examen del acto o resolución en particular, sino únicamente a establecer si se actuó o no con jurisdicción y competencia emanada de la ley” (el resaltado nos pertenece).

III.2. No procede el recurso directo de nulidad ante la existencia de conflicto sobre delimitación territorial entre dos municipios

Respecto al intitulado, la SCP 2573/2012 de 21 de diciembre, resolvió un recurso directo de nulidad planteado por Elba Teresa Gutiérrez de Vilela contra Luis Antonio Revilla Herrero, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, demandando la nulidad del proceso técnico administrativo 148/2012, instaurado en su contra por dicho Municipio, por una supuesta infracción al construir un muro de cerco en su propiedad ubicada en la exhacienda “Achumani”, que según la indicada, se encontraba en el área rural perteneciente a la circunscripción del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, de donde obtuvo licencia para dicha construcción, por su pertenencia a esa circunscripción territorial y fuera de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Recurso que fue declarado improcedente, en aplicación de los siguientes entendimientos: “Existe conflicto sobre delimitación territorial entre dos municipios, cuando entre éstos no se ha establecido con precisión el ámbito de su jurisdicción territorial, sea porque no existe certera demarcación de los límites o porque éstos se encuentran en trámite de delimitación ante autoridad competente, tomando en cuenta que de acuerdo al art. 269.II de la CPE, ‘La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley’ (…). En tales casos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve imposibilitado materialmente de ingresar a resolver los recursos directos de nulidad, de las autoridades que se presume hubieran dictado resoluciones sin tener jurisdicción ni competencia; puesto que, el ámbito territorial donde se hubiera dictado la resolución o ejercido el acto cuestionado, no se encuentra plenamente definido; es decir, no se conoce con precisión, en el territorio de cuál de los municipios en cuestión se produjo el acto reclamado, conflicto que se hace patente cuando ambos municipios reclaman para sí el ejercicio de la competencia, afirmando que el acto se suscitó o que el mismo corresponde o tiene que ver con su jurisdicción territorial, generándose propiamente un conflicto positivo de competencias entre entidades territoriales autónomas, que debe ser resuelto conforme a lo establecido en los arts. 202.3 de la CPE y 92 y ss. del CPCo. En cambio, de acuerdo a lo establecido en la SCP 0265/2012 de 4 de junio, ‘…ha de entenderse que el recurso directo de nulidad tiene como finalidad declarar la invalidez de aquellos actos de cualquier persona o autoridad que usurpe funciones que se arroga sin que la Constitución Política del Estado le confiera tal autoridad. (…) Por otra parte, cuando de una potestad o jurisdicción se trata, en el ámbito administrativo en particular, se entenderá que tal potestad o jurisdicción será aquella que ejerza una autoridad administrativa para asumir una determinación ejecutiva aplicable en un caso concreto o para conocer y resolver un proceso o procedimiento administrativo. (…) Así pues, el recurso directo de nulidad busca dotar al ciudadano de un medio de impugnación directo, rápido y oportuno; empero, si en la vía procesal de donde emerge la problemática existen medios, como ser excepciones o incidentes, éstos deben ser agotados, y si no está previsto un recurso ulterior no es posible entrar a la consideración de dicho recurso’. Esto supone que ‘…el recurso directo de nulidad se interpondrá contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley, aclarando que también procede sólo contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado; tomando en cuenta el contexto anotado, ha de entenderse que el recurso directo de nulidad tiene como finalidad declarar la invalidez de aquellos actos de cualquier persona o autoridad que usurpe funciones que se arroga sin que la Constitución Política del Estado le confiera tal autoridad. En ese contexto, son funciones del Estado, primero, aquellas que son propias de los órganos del poder público como las de juzgar (Órgano Judicial), Legislar (Órgano Legislativo) o administrar (Órganos Ejecutivo y Electoral); segundo, los que fungen, conforme prevé el art. 12.II de la CPE, funciones del Estado las de control (Contraloría), defensa de la sociedad (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo) o defensa del Estado (Procuraduría), y finalmente, tercero, otros órganos a los que la Norma Suprema expresamente les asigna determinadas funciones. Por otra parte, cuando de una potestad o jurisdicción se trata, en el ámbito administrativo en particular, se entenderá que tal potestad o jurisdicción será aquella que ejerza una autoridad administrativa para asumir una determinación ejecutiva aplicable en un caso concreto o para conocer y resolver un proceso o procedimiento administrativo. En este contexto, con la excepción que establece la ley para su aplicación en los casos en los que las autoridades judiciales hubieran dictado resoluciones estando suspendida en sus funciones o hubiere cesado; en el ámbito administrativo, el recurso directo de nulidad, en vía de control constitucional de funciones, procederá cuando haya usurpación de funciones que no les corresponde y cuando se ejerza una potestad o jurisdicción que no emane de la ley, siendo posible observar la competencia ilegal de las autoridades administrativas, en tanto las mismas estén vinculadas al ejercicio de una función, potestad o jurisdicción no reconocida por la Constitución Política del Estado. Toda vez que las acciones de defensa y conflictos de competencia tratan cuestiones relativas a la competencia y, según el caso, pueden terminar por declarar la invalidez de los actos impugnados, debe sin embargo asumirse que cada uno de estos procedimientos constitucionales tienen una naturaleza propia y su tratamiento es independiente uno del otro’" (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Razonamientos en virtud a los que, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyó en el análisis del caso concreto, que: “…se evidencia que tanto el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, se arrogan el dominio de la jurisdicción territorial donde se encuentra el inmueble objeto de la presente controversia, sin que en obrados exista documento fehaciente que demuestre haberse resuelto la delimitación territorial que corresponde de cada municipio, infiriéndose que existe conflicto de delimitación territorial entre ambos municipios, en relación a la jurisdicción territorial del lugar donde se encuentra el predio de la recurrente. En consecuencia, al no existir una delimitación territorial definida entre ambos Municipios, en especial, respecto al lugar preciso donde se encuentra el inmueble de la recurrente, surge un hecho controvertido, que debe ser resuelto previamente a través de otras vías destinadas al efecto y por autoridades llamadas por ley. Controversia que según lo relacionado en las Conclusiones del presente fallo surge a partir de que tanto el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, sostienen que el predio de la recurrente se encuentra en su jurisdicción territorial; (…) motivos por los cuales el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve impedido de pronunciarse sobre el presente recurso directo de nulidad, por no estar -se reitera- plenamente definida la delimitación territorial entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, por lo que no es posible atribuir o reconocer la competencia de uno u otro municipio para el conocimiento o no del proceso técnico administrativo en cuestión. Bajo ese razonamiento, corresponde declarar la improcedencia del presente recurso, dado que no existe posibilidad de ingresar al análisis de fondo; con la aclaración de que si bien el art. 148 del CPCo, no prevé la declaratoria de improcedencia como una de las formas de resolución en el recurso directo de nulidad; empero, no puede desconocerse que se trata de una forma de resolución, cuando no sea posible examinar el fondo del recurso” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).

III.3. Análisis del caso concreto

La recurrente solicita la nulidad de las “…Resoluciones Técnicas Administrativas y Resoluciones Municipales de APROBACIÓN Y HOMOLOGACI[Ó]N DE PLANIMETR[Í]AS y todo tipo de acto administrativo(Certificaciones y planos visados de Lote de Terreno, planos de Construcción, Certificaciones catastrales Línea Nivel y otros), EN [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO), (…) en los Distritos Municipales No. 8 y 10, así como en las [Á]REAS DE RIESGO(ARCIFINIO- Distrito Municipal 1 y 2) de la ciudad de El Alto…” (sic). En ese marco, cuestiona que los demandados desde la gestión 2002, al presente, habrían aprobado numerosas planimetrías de los Distritos 8 y 10, de zonas y/o urbanizaciones que se encuentran asentadas dentro de la jurisdicción del municipio de El Alto; actos administrativos que serían nulos de pleno derecho. Obrando el municipio de Achocalla fuera de su jurisdicción municipal, sobreponiéndose al territorio y población de El Alto, sin considerar que toda autoridad administrativa o municipal puede ejercer sus competencias dentro del territorio y población previamente definida, delimitad y demarcada, no así fuera de su jurisdicción, bajo pena de nulidad. En ese marco, respecto a la problemática, se tiene que, la Ley 2337 de 12 de marzo de 2002, en su contenido establece: “Artículo 1°. (Modificado).- Apruébase la Delimitación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo de conformidad al Artículo 2°, de la Ley de ‘Creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, con su capital El Alto’, de fecha 6 de marzo de 1985, con las siguientes coordenadas. (…). Artículo 2°.- Apruébase el anexo 1: Mapa Jurisdiccional que guarde conformidad con el Artículo 1°, de la presente Ley.

Artículo 3°.- De conformidad con el Artículo 29°, del parágrafo 1 de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000, el Instituto Geográfico Militar, queda encargado de la demarcación correspondiente.

Artículo 4°.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley” (negrillas y subrayado añadidos).

Por su parte, el art. 29 de la Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs) -Ley 2150 de 20 de noviembre de 2000-, instituye: “…(Instituto Geográfico Militar)

I. El Instituto Geográfico Militar es el único organismo técnico encargado de realizar la demarcación de las Unidades

Político - Administrativas en el territorio nacional. En esa condición coadyuvará en la organización de la base de datos político administrativa nacional, así como en la red informática interinstitucional.

II. La Presidencia de la República enviará al Instituto Geográfico Militar, dentro de las 48 horas posteriores a su promulgación, copia legalizada de las leyes de creación, reposición, supresión, y delimitación de las Unidades Político - Administrativas para efectos de demarcación y levantamiento cartográfico nacional” (el resaltado y subrayado son nuestros).

Ahora bien, del informe de 30 de marzo de 2023, suscrito por el Comandante del IGM (Conclusión II.1 de este fallo constitucional), se tiene que en cumplimiento a Oficio IGMDPTOIIIOPSLIMITES01170223, referente a la demarcación territorial del municipio de El Alto, se llegaron a las siguientes conclusiones: “A. El Instituto Geográfico Militar no emitió ningún informe en la proyección de la Ley No 2337 conforme los señala el Art. 18 de la Ley 2150 por lo tanto se deja constancia que el Instituto Geográfico Militar, no participo en la proyección y posterior promulgación de la Ley 2337. B. Revisados los antecedentes para la ejecución del proyecto no se encuentra documentación de respaldo respecto a las consultas a los municipios colindantes, en cumplimiento al Art. 19 de la Ley 2150, mas al contrario se establece que en la ejecución del proceso demarcatorio de la Ley 2337, los Municipios colindantes demostraron su disconformidad que motivaron al Municipio de El Alto a librar actas, para realizar la modificación de la superficie de la Ley 2337, conforme se demuestra en la documentación adjunta al presente. C. Realizado el trabajo de campo y verificadas las coordenadas inmersas en la Ley 2337 de 12 de marzo de 2012, se estableció que estas afectan la continuidad territorial de la Unidad Político Administrativa, en ese contexto de manera oportuna y dentro de la ejecución del proyecto, se informo al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mismos que empezaron a librar Actas de Conformidad: entre los Municipios de Laja y El Alto de fecha 21 de Noviembre de 2005, entre los Municipios de Pucarani y El Alto de fecha 07 de diciembre de 2001, entre los Municipios de El Alto y la ciudad de Viacha de fecha 14 de marzo de 2006, reconociendo los trámites para gestionar el proyecto de modificación de superficie a la Ley 2337, modificando coordenadas, por tanto es absoluta responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, realizar los procedimientos establecidos que validen el proyecto ejecutado en la gestión 2004. (…) E. El Instituto Geográfico Militar, deslinda cualquier responsabilidad respecto a la proyección de la Ley 2337 en cuanto a la continuidad territorial de la Unidad Político Administrativa, así también al compromiso a presentar un proyecto de aclaración de superficie a la Ley 2337 de 12 de marzo de 2012, que validen el proyecto adjudicado al IGM, mediante proceso administrativo por invitación directa No. CE/063/03 iniciado por el municipio. F. En tiempo hábil y oportuno se hizo conocer al Ministerio de Planificación y Desarrollo, el análisis técnico del proceso de demarcación territorial de la ciudad de El Alto, sobre la desavenencia de la Ley 2337, para que esta cartera de estado gestione el proyecto de modificación de superficie a la Ley 2337, para concluir con el trabajo demarcatorio. G. Al proyectar la Ley 2337 que establece los límites del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se puede evidenciar que no se cumplió con los previsto en los Art.18 y 19 de la Ley 2150, por tanto afecta el procedimiento de demarcación, tomando en cuenta que el trabajo realizo en la mencionada Ley fue realizada solo en gabinete y no así en campo como debería ser lo correcto. H. Respecto al oficio CITE: GAMEA/MAE/N.E./No. 095/2023 de fecha 14 de febrero de 2023, debo informar que la Ley 2150 señala en el Artículo 29° que ‘…el Instituto Geográfico Militar es el único organismo técnico encargado de realizar la demarcación de las Unidades Político-Administrativas en el territorio nacional. En esa condición coadyuvará en la organización de la base de datos político administrativa nacional, así como en la red informática interinstitucional…’ P. Respecto al oficio CITE: GAMEA/MAE/N.E./No. 095/2023 de fecha 14 de febrero de 2023, se debe señalar que se ejecuto el proyecto de el Instituto Geográfico Militar mediante proceso de contratación bajo la modalidad invitación directa No. CE/063/03, fue contratado para la ejecución del proyecto de demarcación en cumplimento al Art. 3 de la Ley 2337 (ley de limitación de El Alto) regidos a proceso administrativo por invitación directa No. CE/063/03 y en cumplimiento a los términos de referencia elaborados por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en el cual se determino que la Ley 2337, no contaba con la continuidad territorial de la Unidad Político Administrativa, reconocido el mismo por el propio Gobierno Autónomo Municipal de El Alto comprometiéndose a gestionar el proyecto de modificación de superficie a la Ley 2337, para modificar coordenadas que permitan la continuidad territorial, así se reflejan en actas elaboradas por el propio municipio, (documentación que se adjunta para fines consiguientes) por tanto al no cumplir con lo señalado líneas ut supra, se debe establecer que el trabajo realizado no fue terminado ni remitido de manera satisfactoria conforme a normativa. (…)

R. Revisada la documentación existente, se establece que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no ha gestionado satisfactoriamente los compromisos pactados para la ejecución del proyecto de demarcación de la Ley 2337, dejando inconcluso la ejecución del proyecto por no contemplar la continuidad territorial como principio fundamental del proceso de demarcación establecida en la Ley 2150” (sic).

En ese marco, resultan aplicables al caso, los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional; por cuanto, en el caso, según el citado informe, cuyas Conclusiones fueron desarrolladas supra, se tiene que, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no habría gestionado de forma satisfactoria los compromisos pactados para la ejecución del proyecto de demarcación de la Ley 2337, dejando inconclusa su ejecución; destacando que, “…en la ejecución del proceso demarcatorio de la Ley 2337, los Municipios colindantes demostraron su disconformidad…” (sic), no habiendo cumplido el municipio de El Alto, lo regulado “…en los Art.18 y 19 de la ley 2150, por tanto afecta el procedimiento de demarcación, tomando en cuenta que el trabajo realizo en la mencionada Ley fue realizada solo en gabinete y no así en campo como debería ser lo correcto” (sic [negrillas y subrayado añadidos]). En mérito a lo desarrollado, en virtud a la naturaleza del recurso directo de nulidad, no procede ante la existencia de conflictos sobre la delimitación territorial entre dos municipios, cuando entre estos no se ha establecido con precisión el ámbito de su jurisdicción territorial, sea porque no existe certera demarcación de los límites o porque estos se hallen en trámite de delimitación por autoridad competente; lo que sucede en el presente caso, en el que, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto -recurrente-, denuncia que, desde la gestión 2002, hasta el presente, el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, aprobó planimetrías, certificaciones, planos visados de terreno, planos de construcción, certificaciones catastrales y línea nivel, de zonas y/o urbanizaciones que alega se encontrarían asentadas dentro de los Distritos Municipales 8 y 10 de la ciudad de El Alto, invocando, por ende, su nulidad. No obstante, las autoridades demandadas del referido Municipio, en los informes que presentaron, adujeron que la Ley 728, de creación de El Alto, omitió la colindancia con el mismo, siendo creado El Alto, en sobreposición a Achocalla, no así a la inversa; habiéndose encontrado el IGM imposibilitado de demarcar territorio en 1990, Instituto que por su parte, conforme al antes descrito informe de 30 de marzo de 2023, afirmó que no realizó trabajos de demarcación oficial respecto a la Ley 2337, sino que al contrario, -se reitera- “…los Municipios colindantes exteriorizaron su disconformidad…”, estableciendo que al proyectarse la citada Ley, no se cumplieron los arts. 18 y 19 de la Ley 2150, afectando el procedimiento de demarcación, considerando que el trabajo se efectuó solo en gabinete, no así en campo que debía ser lo correcto; por lo que, no fue concluido de manera satisfactoria, no habiendo el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, gestionado de forma idónea los compromisos pactados para la ejecución del proyecto de demarcación de la nombrada Ley 2337, dejando inconclusa la ejecución del proyecto por no contemplar la continuidad territorial como principio fundamental del proceso de demarcación establecido en la Ley 2150. Resulta innegable, en consecuencia, la existencia de hechos controvertidos relativos a los límites territoriales entre los municipios de El Alto y Achocalla, encontrándose pendientes las tareas establecidas por el IGM, en el precitado informe; por lo que, este Tribunal se halla impedido de ingresar a revolver el fondo de lo requerido, existiendo dos Municipios que reclaman para sí el ejercicio de la competencia dentro de los alcances de su jurisdicción territorial; lo que, en todo caso, concierne ser resuelto mediante las vías legales pertinentes al efecto, o en su caso, a través de un conflicto positivo de competencias entre Entidades Territoriales Autónomas (ETA) conforme a lo previsto en los arts. 202.3 de la CPE; y, 92 y ss. del CPCo. Procediendo el recurso directo de nulidad, en el ámbito administrativo, ante la existencia de usurpación de funciones o cuando se ejerza una potestad o jurisdicción que no emane de la ley, pudiendo observarse la competencia ilegal de las autoridades administrativas, siempre que estén vinculadas al ejercicio de una función, potestad o jurisdicción no reconocida por la Constitución Política del Estado, lo que no ocurre en el presente caso; resultando improcedente el presente recurso que busca la nulidad de Resoluciones y actos administrativos que tienen data desde 2002, que además de no ser identificados de forma individual, no pueden ser dejados sin efecto, atribuyendo o reconociendo la competencia de uno u otro municipio, estando su delimitación territorial pendiente de definición. Se concluye entonces que, la Alcaldesa recurrente incurrió en un equívoco planteamiento del recurso en cuestión a los fines de la nulidad impetrada, cuyo control, se reitera, resulta ajeno al mecanismo procesal activado; no orientándose los argumentos del recurso a una usurpación de competencias en el marco de lo instituido en el art. 122 de la CPE, sino a denunciar la vulneración a la jurisdicción y territorio del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y una supuesta sobreposición del municipio de Achocalla, a los Distritos 8 y 10, del primero de los nombrados; problemática que, en virtud a las razones ya anotadas, no merece pronunciamiento de fondo alguno, al no corresponder a la naturaleza y alcances del recurso directo de nulidad.

Finalmente, corresponde resaltar que pese a constar la admisión de una acción de inconstitucionalidad, conflicto de competencias y atribuciones, consulta y/o recurso -como en el presente caso, el recurso directo de nulidad-, formulado ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a al Capítulo Quinto “NORMAS COMUNES EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS DE COMPETENCIAS, CONSULTAS Y RECURSOS” del CPCo, ello no obliga automáticamente a su Sala Plena, a analizar el fondo de la problemática, si acaso se advierte que no se cumplieron con las condiciones mínimas para un pronunciamiento en ese sentido; respecto a lo que, la SCP 0646/2012 de 23 de julio, indicó lo siguiente: “…la Comisión de Admisión al admitir la acción realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad guiado necesariamente por el principio pro actione, de manera que al momento de conocer el fondo, no existe impedimento para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda observar el incumplimiento de requisitos o condiciones que den mérito a un pronunciamiento de fondo de la problemática” (negrillas y subrayado añadidos).

III.3. Otras consideraciones

El contexto analizado por esta jurisdicción constitucional, deja en evidencia la existencia de un conflicto entre dos municipios sobre cuestiones relativas a demarcación territorial, mismo que no es de data reciente, al contrario, incluso tiene que ver con los antecedentes de la fundación misma del -ahora- Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, como del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla. En ese entendido, las actuales representaciones Ejecutivas como Legislativas de los citados Municipios, no deben perder de vista el mandato constitucional regulado por el art. 108.1 de la CPE, que refiere, que son deberes de las bolivianas y los bolivianos: “…Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes”, sobre cuya base emerge la responsabilidad y obligación de viabilizar la solución de divergencias, en el marco estricto de lo dispuesto por la Norma Suprema, así como lo específicamente regulado por la normativa infraconstitucional, es decir, el abordaje de la presente problemática que atinge a ambas entidades territoriales autónomas, debe ser resuelta con la intervención de las entidades competentes llamadas por ley, a las cuales la norma les ha asignado facultades para coadyuvar y viabilizar la resolución de este tipo de incidencias. Verbigracia: El Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Autonomías, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Departamento de La Paz, el Instituto Geográfico Militar, entre otras, debiendo en tal sentido, ambas entidades municipales buscar el respectivo consenso, para luego arribar a una solución pacífica con la intervención activa de las citadas entidades y las que corresponda intervenir en el caso.

En ese entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional realza en el presente acápite, lo previsto por el art. 10.I de la CPE, que refiere: “…Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados” (las negrillas son nuestras), siendo esa precisamente la base que impulsa a este Tribunal a exhortar a los citados Municipios, a que puedan analizar y consensuar el problema suscitado, observando la cultura de la paz y el derecho a la paz que tienen las y los bolivianos, además del marco normativo respectivo, pues tal como ha hecho conocer el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, en el área en conflicto se encuentran asentadas distintas urbanizaciones, que a la fecha demandan atención en los ámbitos de salud, educación, vivienda, servicios básicos y otros, constituyéndose en razón suficiente, para obrar en el marco del citado derecho, así como respetando los demás derechos y garantías constitucionales reconocidos por nuestra Ley Fundamental. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la improcedencia del recurso directo de nulidad incoado.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve:

1° Declarar IMPROCEDENTE el recurso directo de nulidad interpuesto por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, por las consideraciones que han sido expuestas en el presente fallo constitucional; 2° Exhortar a las autoridades Ejecutivas y Legislativas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, como del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, observar el desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, instando a los mismos a resolver la divergencia suscitada, en estricta observancia de la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico infraconstitucional, el derecho a la cultura de la paz, respetando en todo momento derechos y garantías fundamentales de sus administrados; y, 3° Dejar sin efecto la suspensión de la competencia de los recurridos, dispuesta en el AC 0097/2024-CA de 11 de marzo, debiendo la administración del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla, obrar en el marco estricto de sus atribuciones y competencias. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0072_2024.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): cb344d825d892895e788a87293be50de82e3960ce4a39e2524b04d9a996b8268

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